Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 98580
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a los recursos concedidos el 03/02/2020, y en consecuencia revocar la sentencia interlocutoria del 12/11/2019, en cuanto aprobó la liquidación practicada por el actor incurriendo en anatocismo. Una vez devueltas las actuaciones deberá practicarse nueva liquidación computando sobre el capital de condena intereses simples, conforme las pautas brindadas en la sentencia de remate (242, 246 CPCC; 17 CN; 7, 10, 770 inc. "c", 771 CCyCN). Costas de ambas instancias por la presente incidencia a la parte actora vencida (arts. 69 y 274 CPCC).
Expte. Nº 98580: BARRAGAN, ORLANDO A. C/ OLIVER DE RACIOPPE, ELENA Y OTRO S/ EJECUCION.
I. Contra la interlocutoria del 12/11/2019, dedujeron apelación los ejecutados Racioppe y De Paco el 13/12/2019 (v, fs. 637 y 638, respectivamente), ambos con el patrocinio del Dr. Nimer Echave. Concedidos los recursos el 3/02/2020 (fs. 642), han sido sostenidos mediante fundamentación de fecha 12/02/2020, efectuada por el letrado como gestor procesal en los términos del art. 48 del rito, ratificada en tiempo oportuno el 20/02/2020 (fs. 655/656), replicados por la accionante con fecha 27/2/20.
La resolución en crisis rechazó las impugnaciones de fs. 604/605 y fs. 606/607 planteadas por los ejecutados y, en consecuencia, aprobó la liquidación practicada por la actora el 01/07/2019 (14:15:34 hs.), que asciende a U$S 22.702,92; con costas a la parte ejecutada (v, resol. del 12/11/2019).
II. Agravios.
Idéntico resulta el agravio expuesto en sendos memoriales de los ejecutados Racioppe y De Paco, y consiste en que el a quo omitió valorar los fundamentos vertidos al momento de impugnar la liquidación practicada por la actora, cuenta que aprobó apartándose del texto de la ley que debe regir el caso. Califican de arbitraria la decisión cuestionada.
Postulan que para que funcione como un fundamento válido el antecedente de esta Alzada en el que el Juez apoyó su decisión "causa nº 97.892", debió efectuar una valoración que demuestre que el sustrato fáctico de aquél guarda estricta relación con los hechos que se ventilan en la presente causa; y ello ha sido, de acuerdo a lo que afirman, omitido por el juzgador.
Apuntan que el pilar de la impugnación a la liquidación practicada por la actora consistió precisamente en la ausencia de intimación de pago de la anterior liquidación aprobada el 07/05/2010 "que obra en soporte papel a fs. 388", y que ascendía a U$S 14.588; lo que resulta determinante e implica la prohibición del anatocismo en el caso de marras.
Así es que se desconforman por cuanto el juez a quo consideró que el supuesto de autos encuadra en la previsión del inciso "c" del art. 770 del CCyCN, por encontrarse la liquidación anterior aprobada a fs. 388 y notificada a los ejecutados (fs. 389/390); cuando en realidad, para que pueda ser admitida la pretendida capitalización de los intereses, la norma exige que el juez mande a pagar la suma liquidada y el deudor resulte moroso.
Solicitan, en definitiva, que sea dejada sin efecto la interlocutoria apelada.
III. A tenor de la objeción al recurso planteada por el apelado al contestar el trasaldo, déjase constancia que la resolución que resuelve acerca de las impugnaciones a la liquidación practicada en la etapa de ejecución, escapa por sus consecuencias definitivas a la regla de inapelabilidad contenida en el art. 591 CPCC.
IV. Surge del trámite que el letrado apoderado de la actora procedió a actualizar la liquidación que había sido aprobada por U$S 14.588 mediante resolución del 07/05/2010, arribando en tal faena a la suma de U$S 22.702,92 (v, presentación del 01/07/19 y cuenta adjunta).
Para llegar a dicho monto, partió de la suma de U$S 14.588, comprensiva del capital de condena con más los intereses devengados desde la mora hasta la fecha de la anterior liquidación, y sobre la misma volvió a aplicar intereses a la tasa ordenada en la sentencia de remate que dio origen a la ejecución.
Es decir que al efectuar la actualización, capitalizó los intereses devengados en la primera etapa, incurriendo en la figura denominada anatocismo (también conocida como interés compuesto o capitalización de intereses).
No es ocioso recordar que el anatocismo consiste en sumar a una deuda de dinero intereses ya devengados por la misma; para que ambos, juntos o sumados, vuelvan a su vez a producir nuevos intereses.
El juez de grado consideró que el caso encuadraba en el supuesto previsto en el inciso "c" del art. 770 del CCyCN, por existir liquidación anterior aprobada a fs. 388, la que fuera notificada a la ejecutada a fs. 389/390.
La cuestión consiste entonces, en determinar si la capitalización de los intereses contemplada en la liquidación aprobada, resulta legítima en la especie.
A fin de su dilucidación, corresponde estarse a la regla sustancial contenida en el art. 770 CCyCN, en tanto establece que "...No se deben intereses de los intereses, excepto que: [..] c) la obligación se liquide judicialmente; en este caso, la capitalización se produce desde que el juez manda pagar la suma resultante y el deudor es moroso en hacerlo...".
De allí se extrae el principio general de prohibición del anatocismo, que sólo cede en los supuestos expresamente contemplados en la norma, los que -dado su carácter de excepción a la regla y el orden público involucrado- no pueden ser interpretados extensivamente (arts. 1, 2 y 12 CCyCN).
Así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dejando claro que son descalificables los pronunciamientos que autorizan la violación de la norma expresa de orden público que veda la capitalización de intereses, sin que concurran los supuestos legales de excepción (Fallos: 316:3131; 324:2471; 325:2652; 329:5467; 339:1722).
Y en el supuesto de excepción que aquí se estudia, la regla es clara: se permite la capitalización desde que el juez manda a pagar la suma resultante de una liquidación aprobada judicialmente y el deudor fuere moroso en hacerlo.
Recurriendo nuevamente a la hermenéutica del Máximo Tribunal Nacional, la capitalización de los accesorios solo procede cuando liquidada la deuda, el juez mandase pagar la suma resultante y el deudor fuere moroso en hacerlo.
Y para que ello ocurra, una vez aceptada la cuenta por el juez, el deudor debe ser intimado al pago, pues solo si entonces éste no lo efectiviza, cae en mora y, como consecuencia de la mora derivada de la nueva interpelación, debe intereses sobre el monto total de la liquidación impaga (CSJN; Fallos: 326:4567).
Así las cosas, se aprecia del derrotero que siguió este proceso que una vez firme la resolución que aprobó la liquidación con fecha 07/05/2010 (lo que recién aconteció luego de vencido el plazo que para recurrirla tenían los interesados), no hubo ningún acto procesal donde el juez haya mandado a cumplir la misma, es decir, a abonar la suma resultante de la cuenta.
Claramente, el no intimar el pago de la deuda liquidada no significa que el deudor no deba satisfacerla, de hecho la deuda se mantiene y sigue generando los intereses moratorios que como sanción se han fijado en la sentencia de remate; mas aquella omisión atenta contra la pretensión de capitalizar los accesorios devengados desde la mora hasta el momento de la anterior liquidación.
La aplicación de la norma sustantiva y de orden público, contenida en el art. 770 inc. "c" del CCyCN, no importa un premio al deudor que no cumple; sino que opera como un freno a la pretensión del accionante que persigue aumentar exponencialmente el monto de su crédito a través del transcurso del tiempo.
Resulta imposible soslayar en los claros términos del art. 771 CCyCN, que el crédito en cuestión se halla reconocido en moneda extranjera que no ha sufrido negativamente los avatares de la devaluación del signo nacional, y cuenta con una tasa de interés vigente del 6% anual, sin dudas superior a las que rigen en el mercado financiero para operaciones concertadas en dólares estadounidenses.
Por otra parte, dado el criterio restrictivo con que cabe admitir las excepciones a la regla general de prohibición del anatocismo, no resulta apropiado inferir tácitamente la interpelación que exige la norma como recaudo previo para la capitalización, ya sea de la notificación de la liquidación anterior, o bien de los propios trámites de la ejecución.
En conclusión, no se verifican en la especie los tres recaudos exigidos por la ley para admitir la capitalización de intereses que contiene la liquidación practicada el 01/07/19; a saber: liquidación aprobada judicialmente, intimación de su pago al deudor y que éste hubiese sido moroso en el cumplimiento (art. 770 CCyCN).
Sólo agregaremos con relación al precedente invocado por el juez de grado, que un reestudio del tema y la necesidad de acatar los lineamientos sentados por el Cimero Tribunal de la Nación, han llevado a esta Cámara a adoptar la postura expuesta en el presente, la que ya hemos tenido oportunidad de plasmar en la causa 98.552 (sentencia del 14/07/2020), donde sostuvimos que la exigencia de una interpelación al deudor, posterior a la aprobación judicial de la liquidación, no es un mero capricho del legislador sino que tiene consonancia con las normas constitucionales y el plexo normativo de fondo; en tanto si bien el acreedor tiene derecho a percibir lo que le es debido, es lo cierto que no debe incurrir en abuso de derecho con su conducta; situación que se daría en caso de autorizarse la capitalización pretendida por el ejecutante -arts. 17 CN; 10 CCyCN-.
Por los fundamentos dados, este Tribunal RESUELVE: Hacer lugar a los recursos concedidos el 03/02/2020, y en consecuencia revocar la sentencia interlocutoria del 12/11/2019, en cuanto aprobó la liquidación practicada por el actor incurriendo en anatocismo. Una vez devueltas las actuaciones deberá practicarse nueva liquidación computando sobre el capital de condena intereses simples, conforme las pautas brindadas en la sentencia de remate (242, 246 CPCC; 17 CN; 7, 10, 770 inc. "c", 771 CCyCN). Costas de ambas instancias por la presente incidencia a la parte actora vencida (arts. 69 y 274 CPCC).
Regístrese. Devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 11/08/2020 08:57:49 - DABADIE María Rosa -
Funcionario Firmante: 11/08/2020 09:12:39 - JANKA Mauricio -
Funcionario Firmante: 11/08/2020 10:08:34 - Gaston Cesar Fernandez - SECRETARIOS (Legajo: 719235)
Fin de la sentencia