Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 128286
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma el apelado decisorio del día 24/6/2020 en todo lo que decide y ha sido materia de recurso y agravios, y se imponen las costas de Alzada al apelante en su condición de vencido (art. 68 del C.P.C.C.)..
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVII
Causa N° 128286; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº19 - LA PLATA
ARMANINO GABRIEL EDUARDO C/ ALVAREZ CARLOS ALFREDO S/ EJECUCION DE HONORARIOS
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los dieciocho días del mes de febrero de dos mil veintiuno, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 128286, caratulada: "ARMANINO GABRIEL EDUARDO C/ ALVAREZ CARLOS ALFREDO S/ EJECUCION DE HONORARIOS", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la resolución apelada del día 24/6/2020?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La resolución del día 24/6/2020 desestima la ejecución de honorarios promovida por el doctor Armanino al hacer lugar a la excepción de pago planteada; asimismo rechaza el pedido de cómputo de intereses formulado e impone las costas de la ejecución al actor vencido.
Ese modo de resolver es apelado por el actor el día 26/6/2020, habiéndose concedido el recurso el día 29/6/2020. Se fundó el mismo a través del escrito del 8/7/2020. Se declaró extemporánea la contestación del demandado (v. escrito del día 17/8/2020 y proveído del 20/8/2020).
2. En el caso de autos, se opone como excepción de pago el realizado a favor del ejecutante por una tercera (actora en el juicio principal), ello producto de un acuerdo entre la misma y el demandado ahora ejecutado.
El accionado se presentó espontáneamente el 22/2/2019 alegando el pago de los honorarios que fuera realizado por la actora principal del juicio de desalojo, ello en virtud de un acuerdo posterior con él alcanzado por la compra del inmueble base de aquélla acción. Acompañó copia de ese recibo y demás documentación (v. fs. 27/34).
Cuando se le corrió traslado al letrado ejecutante, el día 6/3/2020, negó la incidencia del pago, indicando que los acuerdos que hubiera celebrado esas partes no le son oponibles; sostuvo que el deudor de los honorarios del juicio de desalojo como condenado en costas es el ejecutado, quien se encontraba en mora. Indicó que éste no podía oponer el pago efectuado por la actora, diciendo que sí esta los efectuó, lo fue en virtud de un acuerdo de cuota litis realizado entre él y la misma, del cual no debía por qué enterarse el demandado Álvarez y menos aún explicitarse en este juicio.
Argumentó que no podía oponerse la excepción de pago porque el demandado no pagó nada que tenga que ver con sus honorarios, sino sólo con la supuesta adquisición de una vivienda a la actora. Destacó que no tuvo intervención ni prestó anuencia de lo pactado en el boleto.
Solicitó en subsidio que, de prosperar la excepción, igual se hiciera lugar a la acción al menos en relación a los intereses devengados desde que el ejecutado entró en mora y hasta el total y efectivo pago, como así se lo cargue con las costas, puesto que motivó el inicio del juicio al no abonar en tiempo y forma los honorarios a su cargo (notificados el 5/7/2018).
3. La resolución atacada hizo lugar a la excepción de pago opuesta por entender que más allá que el actor -luego de sostener que el acuerdo no le era oponible- adujo que si la Sra. Janefer (actora juicio principal) efectuó ese pago, lo hizo en virtud de un acuerdo de cuota litis realizado con él, debate que no tenía que explicitarse, por ser ajeno, en este proceso.
Indicó expresamente el resolutorio: “…no puede dejar de tenerse presente que pese a ser copias simples, el mismo actor le ha dado entidad a los hechos que documentan los recibos en cuestión. En consecuencia, por la teoría de los propios actos según la cual resulta inatendible la pretensión que importe ponerse en contradicción con los comportamientos anteriores jurídicamente relevantes y plenamente eficaces, no puede el actor en una contestación posterior negar lo que en un principio reconoció…”.
Sostuvo la señora Juez de Primera Instancia que si bien en un principio es el deudor de la obligación quien posee la legitimación activa del pago, no es el único habilitado para efectuarlo, ya que también pueden pagar otras personas en calidad de terceros (arts. 879, 881 y 882 C.C.C.N.). Al analizar la documentación, indicó que el letrado indicó que el pago abonado por la actora se debió a un pacto de cuota litis, no obstante lo cual el recibo acompañado consigna que la suma fue por "honorarios judiciales en autos Janefer Ángelica c/Álvarez Carlos s/ desalojo Juzg. Civ. y Com. n°19 La Plata", por lo que consideró que del instrumento surgía claramente que el pago respondió emolumentos regulados en el proceso judicial y que coincide con el monto de $ 60.000 con la suma regulada en el juicio principal (ver fs. 285), concluyendo que se demostró que esa era obligación se buscó saldar.
También meritó, como elemento de interés, que en la cláusula quinta del boleto de compraventa acompañado (que contaba con firmas certificadas) se estableció que la vendedora (actora) sería la que abonaría los honorarios regulados al Dr. Armanino.
Estimó, entonces, que se cumplió con el pago de los emolumentos del letrado ejecutante y en su consecuencia, hizo lugar a la excepción de pago.
Respecto del pedido subsidiario de intereses consideró que si bien el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, si extiende recibo por el pago de la prestación principal sin los intereses sin efectuar reserva alguna, los accesorios quedaban extinguidos (arts. 869, 899 inc. “c” C.C.C.N)
En virtud de ello rechazó la ejecución promovida, con costas.
4. Se queja el letrado apelante por entender que ha sido incorrecta la interpretación que se le ha dado a su presentación, ya que la toma como una confesión o reconocimiento del pago invocado, indicando que él negó terminantemente la existencia de tal y la autenticidad del recibo acompañado que fue agregado en copia simple, cuestionamientos que fueron pasados por alto en el resolutorio. Indica que todas las otras consideraciones de su contestación fueron realizadas en forma subsidiaria y que no puede considerarse ello en un reconocimiento de pago similar a una confesión, por lo que la excepción debió ser rechazada.
Por otro lado, también se agravia de la consideración errónea que sostiene que el pago de $ 60.000 salda el monto total de lo reclamado al no haber hecho expresa reserva en cuanto a los intereses, ya que no sólo reclamó los accesorios, sino también el 10% correspondiente a los aportes previsionales, dejando aclarado que ello lo es siempre que se tenga por válido el recibo de pago en copia simple adjuntado.
Considera que, de darse valor legal al recibo, solo se deben tener por abonados los honorarios ($ 60.000), quedando pendientes de pago los aportes previsionales, con intereses hasta la fecha, por lo que en su caso la ejecución debe proceder por los $ 6.000 de aportes previsionales a cargo de la parte que fueran incluidos en la demanda ejecutiva y que nunca se abonaron. Se queja por la imposición de costas.
Por último, argumenta como crítica que no obstante haberse notificado el ejecutado espontáneamente de la demanda instaurada y contestarla, tiempo después se le dio la posibilidad de contestar, donde replicó las mismas excepciones planteadas y acompañó nuevamente los documentos en copia simple, más en esta última oportunidad se consideró la situación de que esa parte reserve los originales, por resultar operativa la previsión adoptada en torno a la pandemia de público conocimiento.
5. Cabe indicar en primer término que la negativa a que la alude el letrado apelante fue la efectuada en la oportunidad de oponer excepciones el demandado, más no en la primera oportunidad en la que el accionado refirió el pago y que el actor –letrado en causa propia- pretendió rebatir.
Así, se verifica que habiéndose presentado espontáneamente el ejecutado a fs. 32 esgrimiendo el pago (v. escrito adjunto a la cédula librada al actor el día 1/3/2019), el actor se presentó el día 6/3/2019 efectuando consideraciones, sin que surja del escrito una negativa férrea del pago alegado, sino -en definitiva- la afirmación que ese eventual pago –que no se desconoció- no se vinculaba con los honorarios que aquí se pretendían ejecutar sino que respondían a un pacto de cuota litis entre el letrado y su cliente por el juicio de desalojo, en el que se regularon los estipendios que dio base a la presente ejecución.
Posteriormente, frente al pedido expreso del doctor Armanino para que dicte sentencia (v. escrito del 13/3/2020), la Juez de grado ordenó se efectivice la respectiva citación de venta (17/4/2020), dando lugar a la oposición de la excepción de pago del día 13/5/2020, y a su réplica del día 21/5/2020, donde si allí el actor efectúa una negativa expresa de la documentación que pretendía documentar el pago.
6. Se trata de la ejecución de honorarios de un letrado, quien siendo un hombre de derecho no puede ponerse en contradicción con anteriores actos que le son propios y que fueron libremente expresados en las actuaciones, violando con ello la doctrina de los propios actos.
Si en su primera réplica no negó expresamente la documentación sino la falta de vinculación de la misma con el objeto de este juicio y afirmó que ese pago –que según él le resultaba inoponible- se debió a un pacto de cuota litis entre la actora del juicio principal (tercero) que no era invocable por el aquí demandado, no puede luego pretender quitarles entidad suficiente a esos dichos por haber negado posteriormente la documentación presentada en copia.
Es decir, el letrado no desconoció expresamente y en forma categórica la existencia del pago que daba cuenta la copia de recibo acompañada por el ejecutado (arg. arts. 354 inc. 1°, 356, y conc. del C.P.C.C.), sino la falta de vinculación del mismo con la deuda que aquí se reclamaba.
Resulta incongruente y reñido con la doctrina de los propios actos que los justiciables –más aun siendo uno de ellos letrado en causa propia- se pongan en contradicción con sus propias conductas libremente asumidas. Así, no puede el ejecutante por un lado no desconocer el pago sino negarle efectos jurídicos para la presente causa y luego, posteriormente, efectuar una negativa de la copia del documento que con anterioridad no había atacado.
Coincido, entonces, con la señora Jueza que en su fallo señala esta conducta contradictoria. Debe ponerse en resalto que no se advierte del decisorio que se haga caso omiso a la negativa formulada por el actor, sino que se valoró los dichos del accionante en la primera oportunidad que el pago se opuso en el juicio (arg. arts. 330, 354 inc. 1, 384 y conc. del C.P.C.C.).
Asimismo, resulta también contradictoria la posición que se invoca en el agravio IV ya que por un lado se pretende se le dé entidad a la negativa formulada por el ejecutante en su segunda presentación, pero se queja que la señora Juez le hubiese permitido al demandado conservar los originales en su poder productos de la normativa y directivas dictadas durante la pandemia.
7. Más allá de los aspectos reseñados, en términos genéricos cabe indicar que corresponde meritar otras circunstancias procesales de la causa, si es que surgen de la misma, para dilucidar si en el caso concreto se ha configurado el pago que se alegue como excepción.
Los recaudos formales establecidos en la ley se organizan siempre en función del aseguramiento de los derechos, más no importan un fin en sí mismos; nunca deben prevalecer sobre el derecho que la norma consagra, pues ello sería frustrante y conducirían al vaciamiento de su contenido. Tal es la doctrina invariablemente sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosos pronunciamientos en que, con una y otra forma de expresión, ha concluido afirmando la limitación que comporta la interpretación del cumplimiento efectivo de recaudos formales establecidos en las leyes (Fallos 268-414 y sus citas).
Sentado ello y no habiendo sido desconocida la existencia del pago por parte de la señora Janefer (tercera y quien fuera actora en el juicio de desalojo) ni la negativa expresa de la copia del documento en la primera presentación, resulta acertado hacer mérito suficiente de esas circunstancias, tal como se ha efectuado en el fallo atacado (art. 384 del C.P.C.C.).
El recibo da cuenta del pago de la suma de $ 60.000 por parte de la señora Janefer en concepto de "honorarios judiciales en autos Janefer Ángelica c/ Álvarez Carlos s/ desalojo Juzg. Civ. y Com. n°19 La Plata", por lo que mal puede vincularse –entonces- a un pacto de cuota litis, que en todo caso y de haber existido, debió haber sido acompañado por el profesional ante la obligación del deber de explicarse.
No olvidemos que el artículo 4 del decreto ley 8904/77 y 3° de la ley 14967 prescriben que el contrato de cuota litis debe ser redactado por escrito, en doble ejemplar, en virtud de lo cual y a los fines de acreditar sus dichos, quedaba en cabeza del abogado demostrar lo que había afirmado, más allá de la carga de la prueba que el artículo 375 del C.P.C.C. distribuye entre los litigantes.
No solo la copia del recibo da cuenta de un pago, sino que la existencia de éste no fue negada por el profesional ya que afirmó que el mismo tenía otra causa que la esgrimida por el ejecutado, hecho que luego no probó. Por ello, el contenido del recibo no deja dudas en cuanto a que la cancelación de honorarios lo fue por los emolumentos regulados en el juicio de desalojo y no por un pacto de cuota litis, ello en el entendimiento que no se verifica la existencia en los autos principales de honorarios a cargo de la actora de ese juicio en concepto de costas, por lo que se concluye que se cancelaron los adeudados por el aquí ejecutado.
El principio de buena fe y lealtad procesal, que subsume el deber de cooperación, impone cada vez más la necesidad de exigir a las partes conductas positivas dentro del proceso. El quebrantamiento de éste deber de colaboración, configurado por una conducta omisiva, en punto a posibilitar la demostración de las afirmaciones debe jugar contra el infractor, a la hora de decidir (doct. arts. 163 inc. 5º, 375, 384 C.P.C.C).
En éste aspecto el decisorio se ajusta a derecho y debe ser confirmado.
8. En torno al agravio relativo al pago de los aportes previsionales, cabe adelantar que también debe ser desestimado.
Es cierto que la pretensión de la presente ejecución importaba el reclamo de éste accesorio, a cargo de la parte, más surge del juicio de desalojo principal caratulado “Janefer Angélica Noemí C/ Álvarez Carlos Alfredo S/ Desalojo” la cancelación de esa carga cuando la actora cumplió con el pago dispuesto por el artículo 21 de la ley 6716 a los efectos de poder efectivizar el lanzamiento ordenado en la sentencia (v. escrito y documentación adjunta del día 30/8/2018, pago del 14/8/2018).
Así la providencia del día 17/9/2020 indica: “…Tiénese con la copia digitalizada adjuntada, por cumplido con lo dispuesto a fs. 297 (art. 3° del Anexo Único del Ac. 3886/18). Agréguese y téngase presente lo manifestado. Dése con las boletas acompañadas por cumplido con el art. 21 de la ley 6716 y el pago del impuesto a los ingresos brutos del Dr. Gabriel Eduardo Armanino respecto de la regulación de honorarios de fs. 285/287 vta…”.
Por ende, el reclamo de éste rubro por parte del profesional no es viable, porque ya se encuentra pago y cancelado (art. 542 inc. 6 y conc. del C.P.C.C.).
9. Por último, respecto de la queja por el modo de imposición de las costas, la decisión se justifica acabadamente por el principio objetivo de la derrota, ya que el ejecutante ha sido vencido en el pleito y entonces debe cargar con la mismas (art. 68 del C.P.C.C.), sin que se advierta configurada ninguna excepción que merezca apartarse de dicho precepto.
Voto por la AFIRMATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde confirmar el apelado decisorio del día 24/6/2020 en todo lo que decide y ha sido materia de recurso y agravios, e imponer las costas de Alzada al apelante en su condición de vencido (art. 68 del C.P.C.C.).
ASI LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma el apelado decisorio del día 24/6/2020 en todo lo que decide y ha sido materia de recurso y agravios, y se imponen las costas de Alzada al apelante en su condición de vencido (art. 68 del C.P.C.C.).. REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del art. 1 de la Ac. 3991 del 21/10/20. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia