Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 173324
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por la ejecutada, reduciendo el tope de los intereses en el 8% anual por todo concepto (comprensivo de los compensatorios y los punitorios);
II. Imponer las costas de ambas instancias en el 85% a cargo de la ejecutada y el 15% restante a los ejecutantes (art. 71 del CPC);
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14967).
EXPEDIENTE N ° 173324 JUZGADO N ° 6
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "ZABEO DIANA EDITH Y GENTILE PABLO JAVIER C/ POLLERA MARCELA VIVIAN S/ EJECUCION HIPOTECARIA" , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D. Monterisi.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia de 15.9.2021?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
I. En la sentencia dictada el día 15.9.2021, la Sra. Jueza rechazó la excepción de inhabilidad de título opuesta, mandando llevar adelante la ejecución hasta tanto la deudora Marcela Vivian Pollera haga a los acreedores Diana Edith Zabeo y Pablo Javier Gentile íntegro pago del capital reclamado de dólares estadounidenses veinticuatro mil trescientos (u$s 24.300) con más intereses, gastos, costos y costas del juicio.
Morigeró de oficio los intereses de conformidad a lo dispuesto por el art. 771 del CCyC, en tanto consideró que era excesiva la tasa pactada del 30% anual, ya que el negocio tiene una moneda de pago estable, que no se deprecia. Por este motivo, fijó los accesorios al 10% anual por todo concepto.
Explicó que debió acudir a los criterios establecidos por la jurisprudencia en casos análogos toda vez que se trata de una operación entre particulares, no financiera, y que no cuenta con información estadística pues, además, los bancos no ofrecen al público operaciones activas en moneda extranjera, a excepción de las autorizadas por el BCRA.
Descartó la aplicación de la doctrina de la SCBA citada por la ejecutada, conforme la cual debería reducirse la tasa al 2.5% anual por todo concepto (causa C 119835 del 29.8.2018, "De Almeida, Manuel y Carreño, María del Carmen c. Bernatta, Javier Adrian y otra s. incumplimiento de contrato de compraventa y daños y perjuicios" ), porque se trata de un caso diferente al de estos autos. Señaló que en esas actuaciones se había demandado la reparación de los daños sufridos como consecuencia de la falta de pago del saldo de precio de una compraventa celebrada el 25.11.1996 y que el marco normativo (ley de convertibilidad 23.928) era completamente diferente al vigente al momento de otorgar el instrumento base de esta ejecución, en el que la moneda extranjera fluctuaba libremente en el mercado inmobiliario, toda vez que fue otorgado el 16.10.2018.
II. Apeló la ejecutada con fecha 21.9.2021 y fundó su recurso con la presentación del 29.9.2021, que fue respondida el 04.10.2021.
1. En primer lugar se queja de la morigeración de los intereses, insistiendo en que debe aplicarse el 2.5% anual por todo concepto. Reitera la cita de la doctrina legal de la SCBA, transcribe distintos párrafos y señala que es obligatoria para los tribunales inferiores.
2. También se agravia de la imposición de las costas. Afirma que la morigeración de los intereses implica la admisión de su defensa, más allá del título (excepción o incidencia)
Considera que existe un progreso parcial de la ejecución que no exime al actor de resarcir las ocasionadas por su exceso en la petición.
Por este motivo, pide que se impongan las costas a la ejecutante en lo tocante a los intereses, tomando como base la diferencia entre los pretendidos y los legalmente admitidos.
II. La sentencia debe modificarse parcialmente, aunque por motivos y alcances diferentes a los expuestos por el apelante.
1. No le asiste razón al insistir con la aplicación de la doctrina de la SCBA establecida en la causa "De Almeida".
a . En primer lugar, debe recordarse que no existe en el ordenamiento jurídico bonaerense -como tampoco en la Nación- norma expresa alguna que obligue en forma directa a los jueces inferiores a resolver los litigios de conformidad con la doctrina legal fijada por la Suprema Corte de Justicia Provincial en casos análogos. Sus pronunciamientos no resultan vinculantes para el resto de los magistrados provinciales, más allá que por razones de celeridad y economía procesal, y también deber moral, los judicantes adecuen sus sentencias a la doctrina del Alto Tribunal, tal como lo señaló el Dr. Monterisi en la causa "Melegari, Bernardo Félix c. Risso,Gladys Noemí s. daños" (expte nº 167589, sentencia del 16.4.2020)
En esa oportunidad, mi estimado colega también explicó qie no obstante, "es cierto que desde finales de la década de 1950 la Casación había marcado con relativa firmeza la noción de «deber moral e institucional» de ajustar las decisiones a las interpretaciones que constituyen doctrina legal. Así, se afirmó que «los tribunales inferiores tienen el deber moral de conocer la doctrina legal del superior y -sea por la razón que fuere- si no la comparten, marcar sus diferencias » y que « el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley tiende a procurar y mantener unidad en la jurisprudencia y este propósito se frustraría si los tribunales de grado, apartándose del criterio de la Corte, insistiesen en propugnar soluciones que irremisiblemente habrían de ser casadas. Esto no menoscaba el deber de los jueces de fallar según su ciencia y conciencia, pues les basta con dejar a salvo sus opiniones personales » (SCBA, Ac. 2845 " Edelmann ..." del 17/11/1959, Ac. 31.507 " Provincia de Buenos Aires ..." del 26/10/1982c. 43.223 -“ Ramos ...”- del 17/1/1992, entre otros)."
Igualmente destacó que "esta postura ha sido flexibilizada en años recientes, sobre todo a partir de lo dicho en el caso “Salinas” (C.117.292 del 01/04/2015). Allí la Corte insistió en que sus pronunciamientos tienen efectos vinculantes sumamente fuertes respecto de las demás instancias, no obstante agregó que -y cito textual- « resolver de una forma contraria a lo que en ellos se establece (lo que, por supuesto, es posible) exige que sean exhibidas razones convincentes, decisivas y atinentes de opuesto sentido » [de fecha más reciente, véanse C.118.968, " Torres ", del 15/07/2015 y C. 120.890, " Canales ", del 18/04/2018, el resaltado me pertenece)."
"De lo dicho, se sigue que el deber moral e institucional de seguir al pie de la letra la doctrina legal de la SCBA (dejando a salvo la opinión personal del juez, si fuere distinta) no excluye un razonable margen de decisión para que los tribunales puedan resolver en modo diverso, prerrogativa que queda condicionada a que existan -y se vuelquen en el fallo- motivos fundados para así hacerlo."
b. Aclarado lo anterior, señalo mi coincidencia con lo expuesto por la Sra. Jueza de Primera Instancia en cuanto a que no es aplicable al caso la doctrina que cita la accionada.
Para que el deber moral vinculante de la doctrina de la Corte exista es preciso que el caso a resolver sea análogo, es decir, debe haber identidad entre la situación fáctica y jurídica del juicio antecedente que se invoca como sostenedor de la doctrina, y la del que se ha pretendido hacer valer, no siendo suficiente la simple analogía (ver Juan Carlos Hitters, "Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación" 2da edición, ps.329 y 339) Las cuestiones deben ser invocadas, además, en contextos normativos, históricos, económicos y sociológicos semejantes.
Esa situación no se presenta en el caso. La doctrina que invoca el recurrente corresponde a una relación diferente, la de un contrato de compraventa celebrado bajo el amparo de la ley de convertibilidad (año 1996) y que fue juzgado tras haber transcurrido 22 años de que fue celebrado, mientras que en aquí se ejecuta un mutuo hipotecario celebrado en octubre de 2018, tal como lo señala con acierto la Sra. Jueza.
A su vez, en el recurso, no encuentro argumentos suficientes para rebatir esta conclusión.
c . No obstante, considero que la tasa de interés debe ser fijada en el 8% anual comprensivo de compensatorios y punitorios.
Tengo presente alcances que jurisprudencialmente han tenido supuestos similares al de autos, en los que se ha receptado la morigeración judicial de las tasas pactadas en dólares a porcentajes que oscilan entre un 7 y 12% anual comprensivo de intereses compensatorios y punitorios (Cám. Nac. Civ., Sala H en causa “Mejalelaty Mario A. c. Rudman de Abraham Marta y otros s/ ejecución hipotecaria” del 27/03/2017 cita online: AR/JUR/6960/2017; Sala I en causa “Poliak Raúl I c. Goldsztein s. ejecución”, del 22/11/2016, cita online: AR/JUR/85843/2016; Sala B en causa “Pérez Marcial c. García María del Pilar s. ejecución hipotecaria” del 12/05/2016 cita online: AR/JUR/23725/2016), como así también los porcentajes aplicados por esta Sala en ocasión de expedirnos sobre la procedencia de la morigeración de oficio de los intereses pactados en mutuos celebrados en moneda extranjera, los que fluctuaron entre el 8 y 10% dependiendo si se había constituido una garantía real o personal (causas nº 158.764 RSI-100 del 6/4/2018, 165.195 RSD-875 del 12/4/218 y 164.597 RSD-94 del 17/4/2018; 127-S; tal como lo recordó mi colega en la causa nº165.497 RSD-127 del 24.05.2018)
2. En cuanto a las costas, entiendo que deben imponerse en atención al resultado obtenido, pues se ha hecho lugar parcialmente al planteo de la ejecutada sobre los intereses (art 71 del CPC)
De acuerdo a lo previsto por el art. 68 del CPC, el criterio rector es preferentemente objetivo y la consiguiente exención al vencido, total o parcial, se justifica sobre la base de las circunstancias objetivas, y muy fundadas, que tornen manifiestamente injusta su imposición al perdedor en el caso particular, con lo que debe acordarse excepcionalmente. En la duda, debe resolverse inclinándose hacia la aplicación del principio general (conf. lo explica Loutayf Ranea, Roberto; "Condena en costas en el proceso civil", Edit. Astrea, Bs. As., 1998, pág. 75y ss.. )
De todos modos, el hecho objetivo de la derrota no es absoluto, ya que el propio Código contempla distintas excepciones, algunas impuestas por la ley y otras libradas al arbitrio judicial (C 2da Civ y Com. La Plata, Sala I, 13/12/90, ED 143-631, cit. por Loutayf Ranea p.76 nota 161 de la obra mencionada). En el caso, entiendo que sobre la pretensión de los intereses, existe un vencimiento parcial y mutuo que amerita el apartamiento de tal principio (art.71 del CPC)
Aunque la Sra. Jueza rechazó la excepción de inhabilidad parcial opuesta por la abusividad de los intereses, lo cierto es que igualmente morigeró de oficio la tasa pactada, reduciéndola del 30% anual al 10% por todo concepto, de conformidad a lo previsto por el art. 771 del CCyC. Dicha decisión, incluso, he propuesto en el apartado anterior que sea modificada, llevando la reducción al 8% anual.
Este modo de resolver importa una modificación en la pretensión inicial de los ejecutantes que, al demandar, pidieron que se aplicara la tasa de interés pactada pues, aunque luego expresaron su conformidad a la que finalmente se fijara, fue la petición inicial lo que condicionó el planteo de la ejecutada y la decisión adoptada por la magistrada.
En este contexto, entiendo que existe un vencimiento parcial y mutuo que justifica la imposición de las costas en un 85% a cargo de la ejecutada y el 15% restante a los actores (art 71 del CPC).
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
En atención al modo en que ha sido resuelta la cuestión precedente, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso, disponiendo: a) modificar la sentencia apelada, reduciendo el tope de los intereses en el 8% anual por todo concepto (comprensivo de los compensatorios y los punitorios) y b) imponer las costas corridas en primera instancia en el 85% a cargo de la ejecutada y el 15% restante, atendiendo al resultado obtenido (art 71 del CPC)
Por otro lado, las costas por la actuación ante esta Alzada, corresponde imponerlas en la misma proporción (el 85% a cargo del apelante y el 15% restante a los ejecutantes), teniendo en cuenta el resultado obtenido en la cuestión de las costas y que la reducción de los intereses ha sido dispuesta de oficio, descartando la propuesta en el recurso (art.68, 71 y cdtes del CPC)
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por la ejecutada, reduciendo el tope de los intereses en el 8% anual por todo concepto (comprensivo de los compensatorios y los punitorios); II) Imponer las costas de ambas instancias en el 85% a cargo de la ejecutada y el 15% restante a los ejecutantes (art. 71 del CPC); III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE a través del sistema automatizado (Ac. 4013 de la SCBA). DEVU ÉLVASE.
En Mar del Plata se procede a firmar digitalmente la presente conforme Ac. 3975/20 SCBA
Firmas
Funcionario Firmante: 22/02/2022 11:48:49 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/02/2022 11:54:55 - LOUSTAUNAU Roberto Jose - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/02/2022 13:44:36 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 23/02/2022 09:57:55 hs. bajo el número RS-18-2022 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia