Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 174146
EXPEDIENTE N ° 174.146. JUZGADO N° 15.
En la ciudad de Mar del Plata reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "AGUIRRE TRINIDAD DELIA C/ CANDALECIO HILDA DORA S/ EJECUCION HIPOTECARIA" , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia de fecha 14-10-2021?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. En el pronunciamiento atacado el juez rechazó la excepción de inhabilidad de título, el planteo de nulidad y la aplicación de la teoría de la imprevisión opuestos por la ejecutada y, en consecuencia, mandó a llevar adelante la ejecución hasta tanto la Sra. Hilda Dora Candelacio hiciera a la acreedora Trinidad Delia Aguirre, íntegro pago del capital reclamado por la suma de dólares estadounidenses treinta y cinco mil (US$ 35.000), con más el interés del 4% anual por todo concepto por reputarse abusiva las tasas previstas en el contrato.
Respecto al monto de la condena dispuso que, por tratarse de moneda extranjera, si al momento del eventual pago continuaran las restricciones vigentes para su adquisición, se habilitaba a la demandada a cancelar la deuda tomando el valor del dólar al tipo de cambio oficial con el impuesto "PAÍS" agregado (art. 35 de la ley 27.541), sin la percepción adicional del 35% a cuenta del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales establecida por el B.C.R.A., reglamentada en la Resolución General de la A.F.I.P. 4815/2020.
II. El ejecutante apeló el 28-12-2021 y presentó el memorial el 1-2-2022. No medió réplica de la parte contraria.
Estructuró su embate en torno a dos agravios.
II.1. Cuestionó que se haya dispuesto una modalidad de pago en moneda de curso legal, omitiendo la solución que las mismas partes pactaran en la cláusula cuarta del título ejecutivo, esto es, que si al momento de efectuarse los pagos la tenencia o entrega de dólares no estuviera legalmente permitida, u otras circunstancias lo impidieran, a opción de la parte acreedora, los pagos debían ser hechos en moneda de curso legal en la República Argentina, tomando como base para la conversión la suma de pesos necesaria para adquirir la cantidad correspondiente de dólares estadounidenses en billetes tipo vendedor en los mercados financieros de Montevideo o Nueva York, de acuerdo a la cotización publicada por el Banco de la República de Uruguay (en su página web) y/o por el diario "Ámbito Financiero", "El Cronista Comercial" o "La Nación" a opción de la parte acreedora.
Manifestó que la decisión del magistrado resultaba arbitraria e inoponible a su parte, ya que se apartaba de lo libremente convenido sin haber expresado que la cláusula cuarta fuera nula, en todo o parte, o que su aplicación al caso fuera de imposible cumplimiento por alguna cuestión jurídica concreta.
Refirió que el art. 765 del CCyC no era orden público y por no resultar una norma imperativa no existía inconveniente en que las partes hicieran uso de la autonomía de la voluntad (arts. 958 y 962 del CCyC) y ejecutaran lo pactado en consonancia con el art. 766 del CCyC.
II.2. Aseveró que resultaba errónea la morigeración de la tasa de interés pactada, pues para ello se empleó como referencia comparativa un instrumento totalmente ajeno a la relación objeto de juzgamiento, como lo era la tasa promedio fijada por el B.C.R.A. para préstamos hipotecarios al “sector privado no financiero o sector privado”, perdiéndose de vista que el mentado promedio se originaba en razón de los datos que le brindaban las entidades financieras que operaban bajo la órbita del propio B.C.R.A. (bancos, casas de cambio y/o financieras), por lo que no contaba con información relativa a las operaciones entre particulares, lo que impedía en forma objetiva, cierta y eficaz brindar elemento de comparación que permitiera conocer cuál era el costo medio del dinero en la época de contratación.
III. Abordaré las quejas en el mismo orden en que fueron reseñadas.
III.1. En los autos "Demetrio, Pascual y ot. c/ Regno, Karina E. y ot. s/ Consignación de sumas de dinero" (causa nro. 162.186, RSD 66 del 30-3-2017), tuve oportunidad de analizar la normativa que suspendió primero y limitó después la posibilidad de adquirir moneda extranjera para atesoramiento, dando origen a lo que se dio en denominar el “cepo cambiario” (Comunicaciones "A" 5318, 5526 y 5850 del B.C.R.A.), por lo que transcribiré en lo pertinente la doctrina que allí adoptara -a la que adhiriera mi distinguido colega- por presentarse circunstancias análogas con la controversia bajo análisis.
Acuerdan doctrina y jurisprudencia que las aludidas restricciones cambiarias, aunque no pusieron la divisa extranjera fuera del comercio, constituyeron un supuesto de “fuerza mayor” derivado de actos del poder público que tornó de imposible cumplimiento la cancelación en dólares de las obligaciones pactadas en aquella moneda (arts. 513, 514 y conc. del Cód. Civ. -ley 340- y art. 1733 del CCyC; v. Eduardo Favier Dubois (h), “Obligaciones en moneda extranjera: cepo y diferencias cambiarias”, LL 11/6/2014, LL en línea AR/DOC/1898/2014; C.Civ.Com. de Pergamino, “Micheloni Alberto c/ Alvarez Gustavo s/ cobro ejecutivo” 6-3-2013; CNCiv. Sala H, “Subirana Beatriz c/ Trapani Maria Cristina s/ ejecución hipotecaria”, 6-11-2013; Sala I, “D.A.J. c/ D.M.A. s/ ejecución de convenio” S. 2-10-2013; Sala G, “Gama S.A. c/ Coppola Guillermo s/ división de condominio” S. 5-12-2012, entre otros).
En ese sentido, se interpretó que “La limitación cambiaria dispuesta por el Poder Ejecutivo no deriva de la voluntad del deudor y, como acto administrativo que es (…) se presume su legitimidad (…) Es decir, al momento se cuenta con una norma administrativa que, como tal, resulta irresistible para el deudor (…) Entonces, la conducta del demandado quedaría en principio cubierta por la fuerza mayor derivada de los actos del poder público (los llamados hechos del príncipe…)” (v. CNCiv. Sala G, “Gama S.A. c/ Coppola Guillermo s/ división de condominio” cit.).
No obstante, dicha circunstancia no habilita a la ejecutada a cancelar su adeudo en moneda de curso legal según el tipo de cambio que resulte más conveniente a sus intereses. Por el contrario, cuando –como en el caso- los contratantes anticiparon la eventual imposibilidad de adquirir la moneda extranjera estableciendo una modalidad alternativa de cumplimiento, es su deber atenerse estrictamente a lo oportunamente convenido (arts. 959, 1061, 2651 y conc. del CCyC).
En efecto, “si las partes previeron contractualmente de qué forma debían cancelarse las obligaciones en caso de que sobrevinieran restricciones cambiarias, deben cumplir con lo pactado que es ley para ambas partes. Cualquier pretensión de sustraerse a dicha consecuencia, debe estar fundada en alguna norma legal que prive a la convención de su efecto vinculante y/o en la invocación y demostración de la teoría de la imprevisión…” (cfr. Marcos Mazzinghi, “El “cepo cambiario” y las obligaciones de pago en moneda extranjera”, LL en línea AR/DOC/2603/2015; en el mismo sentido Pedro Galmarini, “Cepo cambiario: enfoque y alternativas” JA 2013-IV N° 7 del 13-11-2013; Eduardo Favier Dubois (h), “Obligaciones en moneda extranjera: cepo y diferencias cambiarias”, LL 11/6/2014, LL en línea AR/DOC/1898/2014; María del Luján Maciel, “Restricciones cambiarias: ¿acaso una cuestión política no justiciable?” DJ 10-4-2013, LL en línea AR/DOC/786/2013, entre otros).
En idéntica dirección, numerosos precedentes jurisprudenciales han puesto de resalto que “Si al celebrar un mutuo hipotecario en dólares, los contratantes tuvieron en cuenta el posible acaecimiento de circunstancias que imposibilitaran la adquisición de la divisa y, ante ello, previeron otros mecanismos para calcular la paridad de dicha moneda y efectuar el pago debido en pesos, corresponde que se atengan a dichas alternativas contractuales para la cancelación de la deuda ante la existencia del denominado “cepo cambiario” (v. CNCivil, sala M, “Guarnera, Norma c/ Villalba, Vanesa s/ ejecución hipotecaria” S. 7-11-2013 LL en línea AR/JUR/82919/2013; “M., G. L. y otro c. R., M. A. s/ ejecución hipotecaria” S. 7-2-2014 LL en línea AR/JUR/751/2014, entre otros).
Este panorama doctrinario y jurisprudencial no se vio conmovido con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, pues sea que se considere que el derecho de sustitución del art. 765 está contenido en una norma supletoria o que se la juzgue imperativa (art.962 CCyC), lo cierto que en el caso bajo análisis las partes contratantes anticiparon la eventual imposibilidad de adquirir la moneda extranjera estableciendo una modalidad alternativa de cumplimiento, por lo que cabe estar a los términos y alcances allí previstos (arts. 959, 1061, 2651 y conc. del CCyC).
Ello conduce a analizar la cláusula cuarta del contrato de mutuo con garantía hipotecaria suscripto por las partes el 9-3-2018, que constituye el título cuya ejecución se persigue.
Allí se consigna que: "La Deudora manifiesta estar en pleno conocimiento de la actual situación de crisis nacional e internacional a nivel económico, financiero y cambiario, siendo plenamente consciente de sus consecuencias y efectos. Manifiesta asimismo, haberse asesorado y estar en pleno conocimiento de dicha situación, renunciando desde ya a cualquier opción de pago en otra moneda que no sea la que por el presente se ha convenido, esto es, Dólares Estadounidenses (...) Convenido por los contratantes como condición de esta operación, que los pagos deberán ser hechos en billetes de la moneda pactada, si al momento de efectivizarse cada uno de los mismos, la tenencia o entrega de dólares no estuviera legalmente permitida, u otras circunstancias lo impidieran , a opción de la parte acreedora, los pagos deberán ser hechos en moneda de curso legal en la República Argentina, tomando como base para la conversión la suma de pesos necesaria para adquirir la cantidad correspondiente de Dólares Estadounidenses en billetes tipo vendedor en los mercados financieros de Montevideo o Nueva York, de acuerdo a la cotización publicada por el Banco de la República de Uruguay (en su página web) y/o por el Diario 'Ámbito Financiero', 'El Cronista Comercial' o 'La Nación' a opción de la parte acreedora..." .
La referida estipulación contempla, en primer lugar, el pago de las cuotas convenidas en dólares estadounidenses billetes y, en segundo lugar, de no ser ello posible por razones legales u otras circunstancias, en moneda de curso legal en la República Argentina tomando como base para la conversión la suma de pesos necesaria para adquirir la cantidad correspondiente a dicha divisa extranjera según el tipo vendedor en los mercados financieros de Montevideo o Nueva York, de acuerdo a la cotización publicada por el Banco de la República de Uruguay (en su página web) y/o por diarios de reconocida trayectoria en la plaza financiera, a opción de la parte acreedora.
Esta última alternativa es la que se tornó operativa con la entrada en vigencia de las Comunicaciones "A" 5318, 5526, 5850 y 6815 del B.C.R.A. y la ley 27.541, toda vez que con sus disposiciones se restringió la libre comercialización de la moneda extranjera, pues “la serie de medidas adoptadas por el Banco Central de la República Argentina –con la actuación coordinada de la Administración Federal de Ingresos Públicos- (…) en el existente 'mercado único y libre de cambios” extirparon normativamente el 'libre' y generaron los múltiples mercados de cotizaciones alternativas que tantas veces hemos visto en la historia nacional…” (v. Martín Paolantonio, op. cit.), donde “conviven varios tipos de cambio diferentes, algunos de los cuales son plenamente legales y que distan mucho de coincidir con el llamado tipo de cambio 'oficial' (...) En virtud de lo expuesto, no existe impedimento para que las partes voluntariamente escojan cuál va a ser el tipo de cambio a tomar en cuenta para realizar la conversión a la moneda de curso legal, que es finalmente la que se utilizará para extinguir la obligación…” (v. Marcos Mazzinghi, op. cit.).
Por tanto, para cumplimentar los requisitos de identidad e integridad del pago que imponen los arts. 868, 869 y conc. del CCyC, la ejecutada debe depositar el importe de las cuotas adeudadas en moneda de curso legal según la relación cambiaria con la divisa estadounidense vigente el día anterior a la fecha de vencimiento en el mercado libre de cambios de las ciudades de Montevideo o Nueva York o por los diarios de reconocida trayectoria en la plaza financiera, a opción de la parte acreedora, conforme convinieran en la cláusula cuarta del contrato que da origen a la presente controversia (arts. 959, 1061, 2651 y conc. del CCyC).
III.2. La segunda queja también es de recibo aunque con un alcance distinto al pretendido por el recurrente.
Y es que si bien coincido con el juez en que tratándose de un contrato de mutuo en dólares estadounidenses con garantía hipotecaria, la tasa de interés punitorio pactado en un 2% mensual se presenta como excesiva (amén del interés compensatorio convenido a una tasa con la misma alícuota), estimo que la morigeración dispuesta debe tener lugar pero en un porcentaje mayor al adoptado por aquél (4% anual por todo concepto), fijándose la tasa morigerada en el 8% anual por todo concepto.
A tal fin tengo en cuenta los parámetros que señalara mi distinguido colega el Dr. Loustaunau -al que adherí- al dictar sentencia en la causa caratulada "Cermelo, Agustín y ot. c/ Pompeyo, Introcaso s/ consignación de sumas de dinero" (causa nro. 164.597, RSD 94 del 17-4-2018), que me permito transcribir en lo pertinente por presentarse razones análogas para resolver la queja bajo análisis.
Para saber si la tasa pactada es excesiva, corresponde aplicar lo dispuesto por el art. 771 del CCyC en tanto se trata de una facultad especial que el nuevo Código otorga a los jueces, siempre que "( …) la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses excede, sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación" .
Pizarro señala que "El juez debe efectuar una ponderación integral de la operatoria, valorando toda la ecuación económica ligada al mismo y el resultado que ella arroja. Para esto debe calibrar no solo la tasa de interés aisladamente considerada, en función del costo medio del dinero para deudores en operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación... La naturaleza del negocio debe ser especialmente ponderada por el magistrado. La tasa de interés está frecuentemente ligada a ello, pues las condiciones suelen variar tratándose de créditos de consumo, para la construcción o refacción de viviendas, para el financiamiento de proyectos, o para pequeñas, medianas y grandes empresas, etc." (...) El plazo, las garantías y el riesgo de recupero, la moneda del préstamo, el monto del crédito y el sistema de amortización también deben ser ponderados como elementos que puedan justificar una tasa mayor o menor, a la hora de una posible revisión".
En particular, y "con relación a la tasa de interés punitorio debe tenerse en cuenta que ella -por definición- contiene un plus punitivo o sancionador que se proyecta cualitativa y cuantitativamente en la composición de la tasa. El Juez, en caso de morigerarla, no debe degradar su esencia y mantener siempre dicho plus sancionador. Como bien señala Rivera, no debe perderse de vista que uno de los objetivos de los intereses punitorios es servir de incentivo para el cumplimiento puntual, cuestión que adquiere especial relieve en los negocios masivos en los cuales el cumplimiento puntual es requisito del buen funcionamiento del sistema: la tarjeta de crédito; el ahorro previo para la adquisición de bienes o el acceso a créditos" (Pizarro Ramón Daniel, "Los intereses en el Código Civil y Comercial" en La Ley del 31.7.2017).
Con este instrumento, ya no resulta necesario contar con una acción del deudor que ataque el acto por lesivo para restablecer la proporción entre las prestaciones eliminando la ventaja patrimonial injustificada, y los intereses pueden morigerarse a petición de parte o de oficio (Pizarro, ob. cit., p. 9).
Otra herramienta en el mismo sentido, y conforme la doctrina legal de la Suprema corte provincial, es la reducción judicial de la cláusula penal excesiva, aplicable a los intereses punitorios "convencionales" en virtud de lo dispuesto por el art. 769 CCyC (con remisión al 2do. párrafo del art. 794) que podría tener lugar "de oficio" cuando el exceso aparece manifiesto ("Celulosa Carhué S.A. c/ Empresa Constructora Abel Pie - Michael Landau", 16 de marzo de 1971, E.D. 36-637), y no sea necesaria una investigación de hecho (Ac. 41.880; 56.234; 61.024), sea el abuso originario o constituya una consecuencia sobreviniente (Ac. C 120.055 del 23.11.2016).
En ese precedente, al igual que en el caso de autos, la comparación con operaciones similares es ciertamente dificultosa. Aquel se trataba de un mutuo con garantía hipotecaria celebrado en dólares estadounidenses entre particulares con fecha 25/06/14 y, del mismo modo que el contrato de mutuo con esa misma garantía real suscripto entre las Sras. Trinidad D. Aguirre e Hilda D. Candalecio, no contamos con información estadística formal a la cual se puede acudir para comparar las tasas convenidas y saber si son o no desproporcionadas, como denuncia el recurrente.
Tal como lo sostuve en la sentencia citada, "Con frecuencia se afirma que las entidades financieras no bancarias y los particulares son menos rigurosos en sus exigencias crediticias y por ello asumen un mayor riesgo de incobrabilidad que justificaría la percepción de un interés más alto. Es decir, prestan dinero a personas que no pueden o no quieren acudir al sistema financiero bancario (por caso, por no poder demostrar la solvencia que asegure mínimamente la debida devolución de lo prestado) y perciben por ello una tasa de interés sensiblemente mayor" .
De todos modos, este argumento puede llegar a justificar –eventualmente, y dentro de ciertos límites- que el mutuante obtenga intereses más altos que el mercado formal o que incluso preste el dinero en una moneda más fuerte que la de curso legal. Pero, en casos como el de autos, ¿puede arrojar como resultado del negocio la acumulación intereses de tal magnitud -2% mensual de compensatorios + 2% mensual de punitorios- que dupliquen la deuda en dos años cuando la moneda prestada es estable y el crédito cuenta con una garantía real?
La respuesta, en mi opinión, es negativa. Pero es necesario poder encontrar algún parámetro que justifique la morigeración, tanto para ajustarla a las exigencias del art 771 del CCyC, como para evitar que la determinación judicial no sea fruto de un desvío del ejercicio de la facultad legal conferida a los magistrados.
Para efectuar tal tarea, bien podríamos recurrir a las tasas bancarias en operaciones similares para establecer un piso sobre el cual fijar la tasa a aplicar, aunque incrementada en razón de las características del mercado no formal de créditos.
En este sentido el juez alude al informe estadístico mensual a la fecha de la celebración del título -marzo de 2018- emitido por el Banco Central de la República Argentina, en el que surge que la tasa de interés anual publicada correspondiente a préstamos hipotecarios en moneda extranjera al sector privado no financiero hasta cinco años de plazo al mes de marzo de 2018, era de 3,28 % anual.
Ahor
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.