Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 26870
Causa Nº MO-26870-2014 R.S.: 196/2020
Con fecha 28 de Julio de 2020, celebrando Acuerdo telemático -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020, las pautas dadas por la Res. 2135/18, la directiva de economización de los medios materiales contenida en la Res. 14/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados: "CLEMENTE GUELHO ANTONIO Y OTS C/ HEREDEROS Y/O SUCESORES DE AGUILAR LIDIA EMILIANA Y OTS S/EJECUCION HIPOTECARIA", Causa N º MO-26870-2014 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA , dijo:
Contra la sentencia de trance y remate dictada el 22 de mayo de 2019, por la Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°11 Departamental se alzaron tanto la ejecutante como la ejecutada, interponiendo los pertinentes recursos de apelación; siendo los mismos concedidos en relación, presentando los pertinentes memoriales con fecha 15/7/2019 y 10/6/2019 respectivamente, confiriéndose los respectivos traslados los días, mereciendo las réplicas de 26/9.-
2. A fs. 1081 vta., se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Agravios del ejecutante
Comienza su embate cuestionando el rechazo de la inconstitucionalidad de la normativa de emergencia.
Luego de ello, cuestiona la proporcionalidad de la pesificación.-
Asimismo, objeta en tercer término la imposición de las costas por el planteo de inconstitucionalidad rechazado.-
Agravios de la ejecutada
En primer lugar critica el tratamiento de la excepción de pago documentado.-
Luego de ello, cuestiona el porcentual de esfuerzo compartido y la tasa de interés fijada por la a quo.-
Culmina, atacando la imposición de las costas.-
A los términos de las fundamentaciones recursivas cabe remitirse brevitatis causae .-
Planteada así las cuestiones a resolver me avocare, a continuación, al análisis de las mismas.-
La magistrada de la instancia de origen, mediante el decisorio cuestionado, rechazó la excepción de pago opuesta por sus propios derechos por los coejecutados Gonzalo Xavier Aguilar, Jorge Enrique Rafael Aguilar, Maria Clara Aguilar, Maria Belen Aguilar, Maria Helena Aguilar y Maria Fernanda Aguilar; y en su calidad de herederos de los coejecutados fallecidos Maria Clara Jesus O'Reilly y Lidia Emiliana Aguilar en las personas de Gonzalo Xavier Aguilar, Jorge Enrique Rafael Aguilar, Maria Clara Aguilar y Maria Belen Aguilar.
Como vimos, ello genero el embate de los ejecutados.
Sentado ello, comencemos con el análisis del caso.-
Debemos partir destacando que el recibo como medio para acreditar el pago alegado, debe estar extendido en términos congruentes con su finalidad probatoria, de modo tal que no queden dudas de que se refiere a la deuda que con ellos se relaciona. Es decir, los instrumentos con los que se invoca el pago deben referirse claramente a la obligación que se ejecuta para que puedan admitirse, ello en razón de la sumariedad del proceso ejecutivo y la imposibilidad de introducir cuestiones que hagan a la causa de la obligación (conf. Colombo, Código Procesal Civil y Comercial, 1969, vol. IV, p. 148).-
En este sentido, desde esta alzada al decidir en la causa 34.360, Reg. Sent. 362/95 se ha destacado que " Es preciso comenzar refiriéndome al art. 725 del Código Civil: "El pago es el cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación, ya se trate de una obligación de hacer, ya de una obligación de dar", los principales efectos del pago son la extinción del crédito y la liberación del deudor; pero para que surta dichos efectos el pago debe haber sido realizado en tiempo oportuno, o sea, antes de la constitución en mora" .-
En este orden de ideas, cabe agregar que el instrumento de cancelación que posibilita la procedencia de la defensa en tratamiento, debe reunir ciertos requisitos inexcusables de validez tanto objetivos como subjetivos.-
Así, el instrumento cancelatorio debe emanar del acreedor, o en su caso de su representante, debe ser de fecha anterior a la constitución en mora y referirse precisamente a la obligación ejecutada, o sea, debe traducir el cumplimiento -total o parcial- de la prestación adeudada, abasteciendo todos los requisitos relativos al pago (objeto, modo y tiempo).-
Entonces, corresponde verificar si mediante la prueba documental glosada se ha acreditado la relación de causalidad adecuada existente entre el título base de la ejecución y el pretendido hecho extintivo.-
En este sentido, tiene dicho este Tribunal que la defensa de pago parcial o total debe acreditarse mediante recibo o instrumento público o privado emanado del ejecutante o de su representante y referirse clara y concretamente a la obligación que se ejecuta -conf. esta Sala en causa nº 35.471, R.S. 84/96 del 28-3-96, en autos "Guagliarena, Hugo Aníbal c/ Leguizamón, Angel s/ Cobro Ejecutivo"-.-
Bajo estos parámetros analizaré la excepción incoada en autos, en orden a determinar si están reunidos los requisitos fáctico-jurídicos que permitan acoger la defensa planteada a fin de otorgar los efectos cancelatorios pretendidos por la parte ejecutada.-
Situados, en el concreto caso de autos observamos que los excepcionantes pretenden alegar el mencionado pago, adunando al proceso numerosos recibos, los que se observan glosados a fs. 367/599.-
No obstante lo cual y más allá de la producción probatoria, resulta crucial situarnos en el acta glosada a fs.1012.-
De la lectura de la misma, observamos que en dicha oportunidad el ejecutante reconoció los recibos de pagos de fs. 370, 373/4, 377/8, 380/1, 384, 386, 389, 391/2, 398, 401/4, 407/8, 410/1, 415/6, 419/20, 423/4, 427, 429/46, 448/64, 468/73, 477/505, 509/11, 514/32, 534/49, 551/72, 574, 576/83 y 585/99.
Ahora bien, de los cuales haremos, en este punto, particular hincapié en los de fs.370, 373/374, 377/378, 380/381, 384, 386 y 389, los que fueron realizados respectivamente, por las sumas de u$s 3.666, u$s 114, u$s 3.886, u$s 1.500, u$s 1.000, u$s 1.052, u$s 948, u$s 3.288, u$s 1.878,91 correspondientes a las cuotas 1, 2, 3 y 4.-
¿Por que nos detenemos en ellos?
Porque son los únicos recibos extendidos con anterioridad a la fecha de mora y a cuenta de hipoteca -capital-, el resto o se efectuaron a imputación de intereses (fs. 391, 392, 398, 401/402, 403/404, 407/408, 410/411, 415/416, 419/20 y 423/4) o después de la fecha de mora (fs. 427, 429/46, 448/64, 468/73, 477/505, 509/11, 514/32, 534/49, 551/72, 574, 576/83 y 585/99) .-
Lo expuesto me lleva a no coincidir con la magistrada de la instancia de origen, en cuanto repele por completo la excepción de pago documentado, toda vez que entiendo que se debe receptar dicha defensa parcialmente (art. 542 del C.P.C.C.) por las sumas indicadas en los mencionados recibos de fs.370, 373/374, 377/378, 380/381, 384, 386 y 389, debiéndose descontar los pagos efectuados al capital reclamado.-
Consecuentemente, he de proponer que se modifique el decisorio cuestionado en este sentido, debiéndose acoger parcialmente la excepción de pago documentado.-
Frente a tal propuesta debemos realizar un ajuste en la imposición de costas de primera instancia, en los términos del art. 274 del CPCC.
Así he de proponer que se modifique la misma y por este apartado se impongan, por ambas instancias, las costas en un 80% a los ejecutados y el 20% restante al ejecutante atento al éxito parcial de la defensa (arts. 68 y 556 del C.P.C.C).-
La a quo, en la mentada sentencia de trance y remate, además de lo expuesto en el punto anterior, rechazó el planteo de inconstitucionalidad formulado por la parte actora en relación a la normativa de emergencia económica arts. 3 y 8 del decreto 214/02, ley 25.561, arts. 9, 11 y 16 de la ley 25.563. recibiendo el cuestionamiento recursivo del ejecutante.-
Analicemos la cuestión.-
Para ello, he de rememorar mi voto en la causa 53.653, R.S. 97/13.-
Alli sostuve que:
"En la materia aquí en cuestión tengo dicho que: “Ha sido un genuino hecho notorio la existencia de una situación de emergencia económica y social, producto de una de las crisis más severa que se ha abatido sobre la República en el año 2001.
Esta afirmación no sólo surge de la propia normativa que se cuestiona (el artículo primero de la ley 25.561 enuncia: “Declárese, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria...”), sino que también ha sido proclamada por la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, en diferentes pronunciamientos donde precisamente abordó la temática de la validez constitucional de la mentada legislación de emergencia. Así ha expresamente señalado que “...los acontecimientos políticos, sociales y económicos que dieron lugar a una de las crisis más graves en la historia contemporánea de nuestro país, constituyen hechos públicos y notorios...” ( ver, entre otros, Fallos 325:28, 325:366, 325:2059, 329:5913, 330:855).
Sentado ello cabe recordar que la teleología de las normas de emergencia es la necesidad de remediar, en el orden patrimonial, aquellas situaciones de gravedad. A fin de tornar viable el cumplimiento de las obligaciones y con ello atenuar su gravitación negativa sobre el orden económico e institucional de la totalidad del cuerpo social.
En estos casos el Máximo Tribunal de la Nación, viene reafirmado la potestad gubernamental para sancionar las leyes que considere convenientes para ese fin. Con el límite de que tal legislación sea razonable y no desconozca las garantías o las restricciones que impone la Constitución. Las medidas tendientes a conjurar la crisis deben, pues, ser razonables, limitadas en el tiempo. Deben erigirse en un remedio y no una mutación de la sustancia o esencia de la relación jurídica y tienen que estar sometidas al control jurisdiccional de constitucionalidad. Toda vez que la emergencia, a diferencia del estado de sitio, no suspende las garantías constitucionales." (conf. doctrina acuñada en Fallos 136: 161; 317: 1462, 243: 467, 323: 1566; 323: 2492, entre muchos otros).
En síntesis tanto la Constitución Nacional como así también los Tratados constitucionalizados, que se encuentran equiparados -a tenor de lo normado por el artículo 75 inciso 22- en su jerarquía normativa a la misma Ley Fundamental, consideran indudablemente por razones asociadas a cuestiones básicas de convivencia del grupo social, indispensable que los derechos y libertades sean regulados mediante leyes reglamentarias (arg. artículos 14, 17 y concs. de la Constitución Nacional, su doc. artículos 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 29. 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros). Mas dicho poder de policía ostenta mayor intensidad en los supuestos de emergencia, erigiéndose como valla insoslayable -en todos los casos- la razonabilidad de las medidas que se adopten.
El mentado principio de "razonabilidad" impone al Estado la prohibición de alterar la esencia de los derechos y, a su vez, obliga a ponderar que los medios que emplea el Poder Público para obtener los fines que se propone. Concretamente que guarden aptitud y proporción, con la emergencia que anhelan conjurar (ver Joaquín V. González "Manual de la Constitución Argentina", Editorial Estrada, Bs. As. 1986, pág. 127; Bianchi, Alberto, "Dinámica del Estado de Derecho", Abaco, Bs. As. 1996, pág. 99 y ss.; Bidart Campos, Germán J. "Manual de la Constitución Reformada", Editorial Ediar, Bs. As. 2001, Tomo I, pág. 517).
Desde dicho enfoque el Alto Tribunal Federal al juzgar sobre la constitucionalidad de la ley 25.561, del decreto 214/02 y demás normativa concordante ha considerado razonable el ejercicio del poder de policía ejercido por el Congreso de la Nación a través del dictado de la cuestionada legislación (Fallos 327:4455 330:855, entre varios otros).-.
Así las cosas cabe adentrarse en el examen de la cuestión constitucional concretamente deducida en autos.
La ley 25.561 (artículo 11), el Decreto 214/02 (art. 1ero.), el Decreto 320/02 (art. 1ero.) y la restante legislación análoga, transforman a pesos todas las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen (judiciales o extrajudiciales) expresadas en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras.
Como primera reflexión cabe ya apuntar que, a partir de la reforma introducida por la ley 25.820 al artículo 11 de la ley 25.561, ya no existen dudas acerca de su aplicabilidad aún en los supuestos en que el deudor se encuentre en mora. De modo que, como lo vienen sosteniendo el Máximo Tribunal nacional y el Superior provincial, no resulta ajustado a derecho discriminar la oportunidad de la mora a los fines de la operatividad de la legislación de mentas (CSJN, Fallos 330:855, SCBA C. 86.833 y C. 94.032, esta Sala, mi voto en la causa 56.324, R.S.:24/10, causa 51.636, R.S.:1/05, voto del Dr. Russo, entre otros precedentes).
Tal solución normativa no colisiona con las prescripciones constitucionales, en tanto y en cuanto no puede hacerse responsable al deudor de la situación de emergencia económica que motivara el dictado de tal normativa (CSJN Fallos 331: 1120, 331:843, entre otros).
Tampoco puede alegarse que a la fecha del nacimiento del vínculo obligacional, las leyes impugnadas no habían sido sancionadas lo que impediría su aplicación retroactiva.
Al respecto se encuentra por demás consolidada la doctrina acuñada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece que dicha circunstancia no lesiona la garantía de inviolabilidad de la propiedad. Ello porque no existe un derecho adquirido al mantenimiento de leyes y/o reglamentaciones. La facultad de dictar y/o cambiar las normas, es una cualidad inherente a la soberanía del estado (Fallos 308: 885, 310, 1080, 313:1007, entre muchos otros).
Asimismo el alegado hecho que la legislación económica de emergencia, “latu sensu” considerada, dispense diferente tratamiento entre determinados acreedores y/o deudores no amerita las pretensas objeciones constitucionales. Es que el principio de igualdad -fundamentalmente contenido en el artículo 16 de la Ley Suprema- no veda la discriminación entre las diversas situaciones. La garantía de “igualdad” constitucionalmente consagrada, se encuentra salvaguardada siempre y cuando se respete un trato igual frente a similares circunstancias. De lo que se trata, en definitiva, es de no privar a unos habitantes de aquello que se le reconoce a otros que están en igual situación. (CSJN, Fallos 330:445, 330:3853, 331:2169 entre otros).
He enfatizado que en el ejercicio del poder de policía de emergencia, el Estado se encuentra facultado para limitar con mayor intensidad las prerrogativas individuales. La única limitación es la razonabilidad; es decir proporcionalidad entre "medios y fines" y la no virtual eliminación del derecho comprometido (arg. artículos 14, 17, 19 , 28 y concs. de la Constitución Nacional).
La normativa de emergencia ha mutado el sistema monetario existente -paridad de peso con el dólar estadounidense- y ha dispuesto la conversión de las deudas expresadas en ésta última moneda a la especie "pesos". Tal proceder atento la suba de la divisa americana ha implicado, indudablemente, una pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional. Empero, y como modo de atenuar esa devaluación (y el consecuente detrimento que experimenta el acreedor en su crédito), las normas impugnadas como así también la ley 25.713, han diseñado una suerte de coeficiente "correctivo" ( C.E.R. y C.V.S.) cuyo objetivo es precisamente corregir la aludida disminución de la capacidad adquisitiva de las unidades monetarias representativas, objeto de las obligaciones de dar sumas de dinero.
Va de suyo entonces, y en especial si se pondera el valor actual en el mercado cambiario del dólar y la evolución del C.E.R., que no se está configurando una alteración sustancial del derecho de propiedad que se afirma lesionado. Pues la pérdida de poder adquisitivo (producto de la emergencia que afecta a todo el grupo social), si bien existe, no se configura con una magnitud de tal índole que permita predicar la "derogación" de la garantía de la inviolabilidad del derecho de propiedad. Es el propio Legislador el que ha diseñado un mecanismo normativo -indudablemente teñido del principio del favor debitoris- que se orienta a materializar el compartimiento -entre acreedor y deudor- de las incidencias disvaliosas provocadas por la crisis.
Más aún, y desde otra óptica, inclinarse por la redolarización importaría un auténtico enriquecimiento incausado para el acreedor. Es que, como lo señala Crivelli, "...en la economía argentina ha habido un crecimiento de los precios internos en pesos, del orden del 100%, mientras que el crecimiento del dólar ha sido del 350%; es decir que existe una enorme dispersión de poder adquisitivo entre el valor actual del dólar y el valor actual del peso." (ver Crivelli, Julio C. "Se avecina un gravísimo error: La Redolarización", J.A., ejemplar del día 18 de diciembre de 2002). En consecuencia la condena a pagar en la moneda extranjera originariamente acordada o su equivalente en pesos según la cotización del mercado, constituye -a todo evento- la entrega de una cantidad de unidades monetarias representativas de un mayor poder adquisitivo al que efectivamente se tenía durante la vigencia de la ley 23.928. Se está compensando de un modo excesivo la devaluación experimentada por el peso; pues ya no existe la paridad cambiaria "del uno a uno". Por ende el acreedor vería incrementada -de manera indebida- su capacidad de compra, recibiendo, incluso, mayor cantidad del dinero que efectivamente entregó y se condenaría así al deudor que aún padece las consecuencias de -tal vez- la más grave crisis económica de los últimos treinta años a hacer frente a una obligación que se torna prácticamente de cumplimiento imposible. Conclusión ésta que se ve reforzada, si se repara en el virtual congelamiento de los ingresos y en el acendrado incremento del índice de desocupación.
Esta tesis ha sido receptada expresamente por el Superior Tribunal Federal, en la aludida causa "Bustos" al puntualizarse expresamente en su considerando noveno: "...la pesificación se presenta como razonable mientras que el importe que se devuelva tenga el mismo o mayor poder adquisitivo..., ya que ello no causa perjuicio alguno al acreedor. Fue, por lo demás, una medida razonable frente a la situación de fuerza mayor trasuntada en la emergencia. Por el contrario, pretender la de
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.