Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 10093
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma el decisorio cuestionado en todo cuanto ha sido materia de agravio, con costas de alzada , al apelante atento su carácter de vencido (art. 68 del C.P.C.C.).
Se difiere la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
Causa Nº MO-10093-2014
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "DELALOYE JUAN CARLOS Y OTRO/A C/ SUCESORES DE CORTESE JOSÉ ARMANDO Y OT. S/ EJECUCION HIPOTECARIA Causa N º MO-10093-2014" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-CUNTO resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. Contra la sentencia de trance y remate del 29 de octubre del 2021, se alzó la parte ejecutada el 9 de noviembre del mismo año, interponiendo recurso de apelación; siendo el mismo concedido en relación, presentándose el respectivo memorial el 20 de diciembre del 2021, confiriéndose el respectivo traslado 3 de febrero del 2022, mereciendo la réplica del 11 de febrero del corriente año.
Cabe destacar que el 7 de diciembre del 2021, se ha dictado resolución aclaratoria.
2. El 22 de marzo del 2022, se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
Planteado así el caso de autos, a continuación he de analizar las cuestiones traídas a resolver, abordando cada uno de ellos de manera concreta y puntual.
Comencemos.
El magistrado de la instancia de origen rechazó la defensa oportunamente opuesta por la parte demandada, lo que derivo en el embate recursivo del mismo.
Ahora bien, para abordar el tema encuentro necesario establecer el pertinente encuadre normativo.
En este punto debemos resaltar liminarmente que el Sr. Juez de Grado abordó la cuestión a la luz de la normativa vigente al momento tanto de la celebración del contrato vinculante de las partes, como de la refinanciación, y del vencimientos de las cuotas pactadas, como de la misma interposición de la presente demanda, asumiendo idéntica postura a la que esta Sala ha sostenido (causa MO-23.280-09, R.S. 257/15, entre muchísimas otras).
El Sr. Juez de Grado hace concreta referencia a los artículos 3949 y 4027, del Código Civil hoy derogado.
Dichos normas establecen :
Artículo 3.949: La prescripción liberatoria es una excepción para repeler una acción por el solo hecho que el que la entabla, ha dejado durante un lapso de tiempo de intentarla, o de ejercer el derecho al cual ella se refiere.
Artículo 4.027: Se prescribe por cinco años, la obligación de pagar los atrasos:
1. De pensiones alimenticias;
2. Del importe de los arriendos, bien sea la finca rústica o urbana;
3. De todo lo que debe pagarse por años, o plazos periódicos más cortos.
La aplicación concreta de dichas normas en lo que respecta a los plazos y preceptos establecidos por el legislador, me llevan -sin perjuicio de los argumentos recursivos- a coincidIr, con el rechazo de la excepción de prescripción decidida, como adelantáramos, por el magistrado de la instancia de origen.
Dado que, compartiendo el lineamiento trazado por el a quo, resulta irrefutable el hecho concreto que la parte demandada, en las presentes actuaciones han concretamente señalado (fs. 75) que efectuaron el último pago en el mes de septiembre de 2009, razón por la cual no había transcurrido el plazo de 5 años, establecido por el art. 4027 citado al interponerse la demanda de la presente ejecución hipotecaria.
Atento lo expuesto y lo normado por los citados artículos 3949 y 4027 del C.C.N. considero que se deberá rechazar el agravio traído en este punto, confirmándose el decisorio recurrido en cuanto rechazó la excepción de prescripción.
Además, el Sr juez de origen, rechazó la defensa de pago parcial, decisión que también recibió el embate recursivo de la parte demandada.
A título introductorio, entiendo oportuno recordar lo establecido por el artículo 725 del Código Civil.-
Dicha norma textualmente establece: "el pago es el cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación, ya se trate de una obligación de hacer, ya de una obligación de dar" .-
Desde la doctrina se ha destacado, si tomamos al pago como acto de cumplimiento que " Quien paga cumple con la deuda que tenía a su cargo. El pago vale como acto de cumplimiento específico y en tanto sea voluntario y espontáneo clausura el primer tramo de la relación jurídica obligatoria: al cancelar la deuda impide el nacimiento de la segunda consecuencia -que se hallaba en germen- propia de la obligación: la responsabilidad. De más está decir que con el pago se agota la "expectativa favorable" en que se hallaba el acreedor y se concluye con la sujeción a que el deudor se encontraba vinculado 25. A través del pago el deudor realiza el contenido de la obligación, puesto que satisface el derecho de crédito del acreedor a través del medio o procedimiento programado en elacto constitutivo de la obligación" (Belluscio, "Código Civil, comentado, anotado y concordado", T: 3, pág.411/412).
Vemos así que uno de los efectos principales del pago es la "extinción del crédito".
Al respecto se destacó que "el pago o solutio desvincula a las partes vinculadas por la obligación: El acreedor satisface su expectativa y consecuentemente, el deudor queda liberado del vínculo que le restringía su libertad jurídica; por tanto, normalmente, el pago ocasiona la pérdida de esas categorías respectivas, el acreedor deja de serlo y el deudor también. Lo normal es que ambos efectos se produzcan en forma simultanea"(Bueres, Alberto J. "Código Civil...", T:2B, pág. 15) .
Avancemos, ahora, sobre el caso concreto.
De la atenta lectura de las presentes actuaciones, surge que el monto original de la deuda quedó refinanciado en U$S 70.000, tal lo que se observa del cuerpo del convenio adunado a fs. 23/25, reclamando el ejecutante en el escrito de inicio, el saldo impago.
Cabe destacar que el ejecutante, al contestar la defensa de pago parcial (fs. 106/107) reconoce, los pagos de u$s 34.000 al momento de la firma del convenio y posteriormente, de los recibos acompañados, u$s13.000 (depósito bancario) y U$S 3.000 (recibos emitidos por escribania Suarez) .
Observamos que un punto de desencuentro entre los litigantes se da en los pagos que la parte demandada dice haber efectuado en efectivo contra la entrega de cheques que oportunamente fueron entregados a la actora, de los cual tal como se destaca en el decisorio hoy cuestionado, no se observan en autos constancias que acrediten los mismos.
Al respecto Nuestro Superior Tribunal Provincial ha destacado que "Es claro el mandato legal que establece, para la admisibilidad de la excepción, que el pago sea documentado mediante un instrumento emanado del acreedor o de su legítimo representante con clara e inequívoca imputación al crédito que se ejecuta (arts. 725 y 775, Cód. Civ). El recibo que acredita el pago, pero que no lo vincula al documento base de la ejecución, carece de eficacia para sustentar tal excepción (arts. 773, 775 Cód. Civ. y arts. 542, inc. 6, C.P.C.C.)"(SCBA LP, 15/11/2011, "Antunes, Elvia Adelina c/Suniar Gonda, Gustavo A. y otros s/Cobro ejecutivo", Sumario juba B3901254).
Asimismo se ha sostenido desde la jurisprudencia bonaerense que "Sabido es que el medio idóneo por excelencia como prueba en la excepción de pago documentado es el recibo: el reconocimiento escrito de haberse recibido la prestación debida, que el deudor debe obtener para enervar la pretensión deducida en su contra"(C.Civ.y Com. San Martin, sala 3, 30/05/2015, "GUIDI MARGARITA C/ CARRIZO MARIA ANTONIA S/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA", Sumario Juba B3652018.
Así las cosas, considero que la defensa de pago parcial, tal como se plantea, no puede prosperar dado que el recurrente, más allá de los argumentos recursivos traídos, no ha podido acreditar su procedencia, mediante los recibos pertinentes; más aún, cuando en el monto reclamado en autos, el ejecutante ha reconocido los pagos efectuados.
Atento a lo cual, y lo normado por el art. 595 del C.P.C.C., no encuentro fundamento alguno para receptar la excepción de pago parcial articulada, por lo cual se deberá confirmar el decisorio recurrido.
3. Inoponibilidad de la modificacion de intereses en el convenio y morigeración
El recurrente hace referencia en sus agravios a la " inoponibildad a su respecto, de la modificación de los intereses pactados en el muto hipotecario, efectuado mediante instrumento privado y agregando intereses compensatorios no pactados originalmente" .
Ahora bien, para abordar el tema es necesario remitirnos a la presentación obrante a fs. 144/148, donde el Sr. Sergio Cortese plantea el tema.
En dicha ocasión solicita " .. se declare inoponible a mi respecto la modificación de los intereses pactados en el mutuo hipotecario por mi madre en instrumento privado sin conformidad de su cónyuge agregrándose intereses compensatorios no pactados originalmente ".
Avancemos sobre esa hipótesis entonces, dado que este tribunal tiene vedado abordar capítulos no propuestos oportunamente (art. 272 del C.P.C.C.).
Entiendo que la cuestión se resuelve remitiéndonos simplemente al instrumento en cuestión, el cual encontramos -como ya lo adelantáramos- glosado a fs. 24/25.
Situados en el mismo, observamos que si bien en el cuerpo se hace referencia a la Sra. Norma Noemi Woolay, en la ultima parte de dicho instrumento reza " ...el Sr. José Armando Cortese (...) cónyuge de la deudora y con su mismo domicilio, presta su conformidad. .. ".
Vemos así, que el argumento original del hoy recurrente en cuanto a la inoponibilidad del mismo carece de sustento, dada la expresa conformidad del Sr. José Cortese a la letra del convenio .
Pero, sigamos con el análisis, avanzando conceptual sobre los aspectos normativos de la "autonomía de la voluntad".
En este sentido, cabe recordar, que el art. 1.197 del Código de Velez reconoce aquel principio de la autonomía de la voluntad estableciendo que el "contrato" es ley de las partes; el contrato no es revisable por el órgano jurisdiccional salvo, obvio es decirlo, si se encuentra afectado el orden publico, la moral o las buenas costumbres o ante los casos de lesión enorme, error esencial o vicios de la voluntad, aspectos todos que en todo caso deberán ser examinados con criterio restrictivo para no aniquilar el principio esencial que hace al "pacta sunt servanda"; queda así excluida de la potestad judicial de revisión la rigurosidad de las obligaciones contraídas por las partes y la onerosidad de las mismas en tanto no se afecten en forma indudable aquellos principios fundamentales (Cfe. Salas - Trigo Represas, Código Civil Anotado, Tº 2, pág. 39).
La norma insita en el art. 1.198 de la ley de fondo sienta el principio conforme al cual en la ejecución de los contratos el principio de buena fe debe presidir la relación entre las partes de acuerdo a lo que las partes "entendieron o pudieron entender", obrando con cuidado y previsión"; y en tal interpretación signada por la buena fe debe estarse a la letra y al espiritu del contrato conjugando así aquel giro idiomático de Velez cuando nos habla de lo que las partes "entendieron o pudieron entender; y tal la importante función de la jurisdicción para llegar a un justo equilibrio en la interpretación de la voluntad de las partes; va de suyo que partiendo de la base que los contratos se hacen para ser cumplidos, en caso de duda interpretativa debe descartarse su nulidad y optarse por su validez (Cfme. autor y obra supra citados pág. 44/5.b).
Anclando tales conceptos al caso en análisis, me detengo en la solicitud del recurrente que "...se deje sin efecto la clausula tercera punto 4) en cuanto establece pago de intereses compensatorios del 12% anual a pagar con la ultima cuota...".
Ahora bien, en primer lugar cabe destacar que el magistrado de la instancia de origen, en el decisorio cuestionado, dispuso morigerar los intereses punitorios pactados en la clausula cuarta de 2% mensual, aplicando el a quo el acuerdo 543 de esta alzada.
Sentado ello, considero que en el caso puntual de los intereses compensatorios en debate, no corresponde morigeración alguna, toda vez que el pacto que los contratantes efectuaron (art. 1197 y 1198 del C.C.N.) en dicho convenio sobre dichos adicionales se materializó, como vimos en una suma de dinero concreta (U$s 4.695), la cual se suma a los U$S 70.000 refinanciados. no así, claro esta los punitorios.
No podemos perder de vista, tampoco, que el interés aplicado es inferior al de la clausula cuarta morigerada por el sentenciante.
Razón por la cual y las destacadas particularidades del convenio de refinanciación (art. 1197 y 1998 del C.C.N.) considero que no corresponde proceder a la morigeración solicitada.
En consecuencia se deberá rechazar tanto el planteo de inoponiblidad como la morigeracion de los intereses compensatorios, de la cláusula tercera.
El recurrente solicita que " se permita que el deudor deposite en la cuenta del ejecutante, la suma necesaria para el pago de la deuda liquidada, en pesos al valor de la cotización del dolar que resulte más adecuado para mantener la integridad de la contraprestación... ", argumentando en tal sentido.
Ahora bien, en el caso y mas allá de lo que pudiera haber expresado el Sr. Juez de Grado en la aclaratoria, no deviene de aplicación la regla del art. 765 del CCyCN.
Por lo demás, es importante destacar que -dada la fecha de la mora, que operó la traslación de los riesgos- y atento lo dispuesto por los arts. 617 y 619 del Código Civil, no cabe admitir el planteamiento.
Ello así, incluso, porque si el quejoso hubiera cumplido su obligación cuando correspondía, sencillamente podría haber abonado en moneda extranjera.
Luego, el paso del tiempo no puede beneficiarlo, cuando ha sido moroso en el cumplimiento de su obligación y, mas aun, cuando como se lo dice en el fallo no está demostrada la imposibilidad de cumplimiento absoluta del pago en moneda extranjera.
Consecuentemente, el agravio habrá de repelerse-
Las costas de esta instancia se deberán imponer al recurrente atento a su carácter de vencido (art. 68 del C.P.C.C.).
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor CUNTO por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Doctor GALLO.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA el decisorio cuestionado en todo cuanto ha sido materia de agravio, con costas de alzada , al apelante atento su carácter de vencido (art. 68 del C.P.C.C.).
SE DIFIERE la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.
REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del Acuerdo 4013/21 de la S.C.J.B.A., mediante resolución autonotificable, remitiendo copia de la presente a los siguientes domicilios electrónicos:
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE AL JUZGADO DE ORIGEN, DEJANDO CONSTANCIA DE QUE, PARA EL CASO DE SER NECESARIA LA ELEVACION DE LAS ACTUACIONES FRENTE A ALGUNA PRESENTACION DE LAS PARTES, LAS MISMAS SERÁN REQUERIDAS POR ESTE TRIBUNAL .
Firmas
Funcionario Firmante: 15/09/2022 11:51:17 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2022 12:05:55 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2022 12:17:04 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 15/09/2022 12:17:09 hs. bajo el número RS-313-2022 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia