Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 5126
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, confirmando en un todo el pronunciamiento apelado.
2Imponer las costas de Alzada a la demandada vencida (art. 68/69 del CPCCBA).
3Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad respectiva (art. 31 de la ley 14.697).
En la ciudad de Pergamino, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 5126-23 caratulada "AMORI FRANCO Y OTRO/A C/ CAMPOCAM S.A. S/ EJECUCION HIPOTECARIA", Expte. N° 45330 del Juzgado de Paz Letrado de Colón Departamental, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Roberto Degleue y Graciela Scaraffia, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor Juez Roberto Degleue dijo:
La señora Jueza de grado rechazó las excepciones de inhabilidad de título y espera esgrimidas y mandó llevar adelante la ejecución hasta tanto el ejecutado CAMPOCAM S.A. haga a los acreedores Alis Amori y Franco Amoris íntegro pago del capital reclamado de U$S 91.700, con más sus intereses y costas de la ejecución. Difirió la regulación de honorarios del letrado interviniente hasta que obre en autos liquidación firme. Contra dicho fallo la apelante dedujo recurso de apelación el 25-9-2023, concedido en relación con efecto suspensivo el 9-10-2023. En fundamento de lo decidido, la Jueza de grado sostuvo que no se hallaba configurada la espera invocada por la parte demandada como argumento dirimente de la pretensión promovida, toda vez que de las pruebas obrantes en autos no surgía la concesión de un nuevo y mayor plazo para el pago. Asimismo, desestimó la excepción de inhabilidad de título, por entender que la misma que el plazo estaba vencido en función de lo expresado anteriormente, que ya habían transcurrido en consecuencia los 180 días pactados desde la mora y que no se trataba de un contrato de larga duración, sino la compraventa de un campo garantizada mediante constitución de hipoteca.
En sustento de su crítica recursiva, la parte apelante expresó los siguientes puntos de agravios: 1) ausencia de fundamentación por falta de valoración de la prueba de descargo aportada, 2) no consideración del sometimiento voluntario de las partes al procedimiento de adquisición de moneda norteamericana previsto en la comunicación A6770 y A6869 del BCRA -y las notas que posterior y consecuentemente se cursaron- como hechos reveladores de la aquiescencia de la parte actora para conceder una extensión del plazo de pago. 3) no consideración de la conducta de las partes como fuente de interpretación del contrato, 4) adopción por parte de la Jueza de grado de la falsa premisa de que la parte demandada contaba con obligaciones alternativas de pago a su mera elección, 5) errónea calificación del contrato al excluirlo de la categoría de acuerdo de larga duración, por cuanto aquí el tiempo revestiría una función esencial, 6) Omisión del incumplimiento del plazo de 180 días el que se debió contarse desde la frustración de las negociaciones extrajudiciales tendientes a solucionar los diferendos suscitados.
A su turno, la parte demandada contestó el traslado correspondiente a la expresión de agravios, planteando los siguientes puntos: 1) No hubo ausencia de fundamentación sino simple discrepancia con el criterio interpretativo adoptado por el a quo. 2) la prueba aportada no documenta de modo claro y preciso la voluntad de prorrogar el plazo de pago, 3) desconoce la conducta proactiva de la parte demandada quien intentó enmendar la situación de incumplimiento transcurrido considerable tiempo desde el vencimiento de la cuarta cuota, 4) que la Juez de grado no dio por cierto que la parte demandada contaba con obligaciones alternativas de pago a su mera elección, 5) correcta exclusión del contrato como de larga duración atento a que el contenido contractual quedó definido al momento de la celebración.
Entrando a resolver, he de advertir que la cuestión litigiosa principal que atraviesa a la presente causa gira alrededor de la procedencia de la ejecución hipotecaria promovida y, en particular, de la exigibilidad de la obligación de pago asumida por la parte demandada según se entienda que el plazo para la cancelación de la deuda se hallaba vencido al momento de la interposición del presente juicio o mediaba una espera consentida por la accionante que inhabilitaba temporalmente al título base de la ejecución. Sobre la base de este contexto jurídico general, iré analizando los diferentes agravios expresados por la parte apelante.
I. En primer término, y en relación a la crítica basada en la pretendida nulidad por falta de fundamentación de la sentencia por no haberse valorado la prueba producida, he de anticipar que la misma no puede prosperar.
Como punto de partida, es menester remarcar que los jueces no tienen el deber de señalar todas las pruebas producidas sino únicamente las que fueran esenciales y decisivas para el fallo, sin olvidar que con todas ellas, las señaladas y las no especificadas, formará su convicción conforme las reglas de la sana crítica.
En este tónica, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata ha dicho que: "Los jueces no se encuentran obligados a la merituación de todos los elementos de prueba aportados al proceso, pues se halla dentro de sus facultades legalmente regladas, la de preferir uno sobre otros sin siquiera hacer mención de estos últimos, cuando no resulten relevantes para la dilucidación de la cuestión litigiosa (art. 384 del CPCC), ni tienen el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa" (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, CC0201, "SARANITTES CARLOS ANTONIO y otrosC/ DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION S/DAÑOS Y PERJUICIOS RESP. CONTRACTUAL ESTADO " LP 119413 rsd19/16 S 22/02/2016).
De manera que la sola identificación de prueba producida no considerada en la sentencia carece de eficacia para invalidar el acto jurisdiccional, toda vez que el magistrado de origen no tiene la obligación de considerar todos los argumentos fácticos y probatorios expuestos por el demandado aún cuando éste último los reputase relevantes.
Por otra parte, no es rigurosamente cierto que el juzgador ha omitido considerar la prueba de descargo del apelante. Lo que ha ocurrido más bien es que se ha inclinado por una metodología de valoración global o conjunta de la prueba en lugar de considerar separada e individualmente cada una de las probanzas incorporadas al proceso judicial.
Al respecto, es importante aclarar que la forma en que ha de desplegarse la motivación del fallo no es necesariamente unívoca, habida cuenta de que la suficiencia en la fundamentación de un pronunciamiento puede alcanzarse tanto mediante el análisis particularizado de la prueba como mediante una evaluación conglobada de las probanzas oportunamente producidas.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que: "no cabe establecer un monopolio metodológico respecto a la operatoria de fundamentación de la sentencia, toda vez que el único límite constitucional que condiciona la validez de una resolución judicial definitiva es la razonabilidad y suficiencia de la motivación (arts. 1, 18, 28, 33, 75 inc. 22 de la CN y art. 3 del CCyC) y no una determinada forma, modalidad o molde a través de la cual ésta debe expresarse" (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Pergamino, causa N° 3931-20 caratulados "CONSORCIO PROP.CDAD.DEP.CLUB SIRIO LIBANES PE C/ LENTOCHNIK FABIAN ADOLFO Y OTRO/A S/ COBRO EJECUTIVO DE EXPENSAS" , 28 de Agosto de 2020).
A mayor abundamiento, corresponde efectuar una distinción fundamental, cuál es que la fundamentación de la sentencia no puede ser calificada con el mismo grado de exigencia argumental según se remita a un juicio lógico positivo o negativo. Quiero decir que cuando el sentido de la decisión del magistrado se basa en la falta de acreditación de un determinado hecho resulta claro que el fallo se motiva en una ausencia o insuficiencia probatoria (no del Juez sino del litigante) por lo que mal puede imponérsele al juzgador que analice precisamente aquello que no existe o aquello que falta. De la nada, nada se puede decir.
Lo contrario implicaría convalidar una falacia lógica que se manifestaría en la exigencia de que el Juez compruebe positivamente lo que no existe. En todo caso, si el apelante entiende que la mentada ausencia probatoria no es tal tiene la carga de manifestarlo en la apelación, como efectivamente y con gran despliegue argumental lo ha hecho en los sucesivos puntos de agravio. Pero la discusión ya no se librará en el terreno de la validez de la sentencia, sino de su juridicidad material.
II. El segundo agravio edificado sobre la base de que el sometimiento voluntario de las partes al procedimiento de adquisición de moneda norteamericana previsto en la comunicación A6770 y A6869 del BCRA -y las notas que posterior y consecuentemente se cursaron- habría implicado un consentimiento para prorrogar el plazo de pago, considero que tampoco merece favorable acogida.
Es que de la prueba informativa incorporada electrónicamente mediante escritos de fecha 1/6/2022, pericia informática de fecha 2/5/2022, contestación de oficio del Dr. Ricardo Labaronnie de fecha 13 de Abril de 2022 y contestación de oficio Banco Provincia Bs. As. de fecha 30/9/ 2021, se desprende que las partes se sometieron voluntariamente al procedimiento de adquisición de moneda extranjera para el cumplimiento de compromisos contractuales asumidos acordándose en consecuencia la cancelación de la cuota 4 -vencida a la fecha de inicio del mentado procedimiento- por medio de transferencias a las cuentas bancarias indicadas.
Si bien habré de tener por cierta la base fáctica anteriormente referida validando en tal sentido la versión ofrecida por el apelante, disiento en la interpretación jurídica que el recurrente pretende imprimirle a tales circunstancias. Ello así, por cuanto a mi criterio el contenido del invocado acuerdo realizado entre las partes versó sobre la posibilidad de acudir a una determinada forma o modalidad de pago para cancelar la obligación, más no implicó una dispensa de la mora efectivamente operada el día del vencimiento de la cuota (15/1/2021) ni la concesión de un nuevo plazo de espera.
Con esto quiero significar que en la medida de que no se consumara el acto solutorio alternativo que fuera programado posteriormente por las partes, el estado de mora continuaba pendiente y, por ende, también las posibilidades de agresión patrimonial derivadas del título de la obligación conforme se desprende de la escritura pública de compraventa e hipoteca por saldo de precio obrante en archivo adjunto a escrito electrónico de fecha 26/10/2021.
Y más allá de los avatares que sobrevinieron en lo sucesivo y de la menor o mayor diligencia que hayan podido tener las partes para concretar este modo alternativo de cancelación de la deuda -circunstancia cuya plena dilucidación excede el estrecho marco cognoscitivo de la vía promovida-, lo cierto es que el pago no se verificó mediante la modalidad proyectada, con lo cual la mora nunca llegó a purgarse.
En esta dirección, habré de refrendar la tesitura asumida por la Jueza interviniente en la instancia de grado al entender que la colaboración prestada por la accionante debía ser interpretada como una actitud tendiente a flexibilizar y facilitar la operación de cobro, pero en ningún caso como una renuncia a la mora que se iniciare con motivo del vencimiento del plazo contractual.
Sobre esta cuestión, sostiene Pizarro y Vallespinos que la renuncia temporal o definitiva del acreedor a los efectos de la mora requieren que el acto de remisión sea inequívoco ya que sus efectos no se presumen. En caso de duda acerca de si una determinada manifestación de voluntad del acreedor importa o no renuncia, habrá que estar por la negativa. Es que, como regla, no es posible inferir que las tratativas posteriores a la constitución en mora puedan ser tomadas como una renuncia a los efectos de la mora (Cf. PIZARRO, Ramón Daniel, VALLESPINOS, Gustavo Carlos, Instituciones de Derecho Privado, Obligaciones, Tomo 2, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2006, pag. 568).
De manera que si el demandado pretendía asegurarse un plazo de espera determinado en el que estuviera a resguardo de cualquier tipo de reclamo judicial que pudiese plantearle el acreedor con motivo de la mora operada desde el vencimiento de la cuota cuarta, debió haberlo convenido con el acreedor de manera inequívoca y categórica. Máxime cuando por tratarse de una empresa dedicada a la adquisición y explotación de propiedades rurales, ha de presumirse que cuenta con un mayor conocimiento y especialidad en la materia y, por ende, pesa sobre sí un deber de actuar con mayor prudencia y pleno conocimiento de las cosas siéndole exigible un estándar de diligencia más elevado.
Al respecto, el art. 1725 del CCyC respalda esta lógica interpretativa al disponer que: "Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible al agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias". La ley trae aquí un ingrediente relativo a la posición y condición de quien obra, propio del sujeto mismo como para establecer la existencia o ausencia de la reprochabilidad de su acto.
Para culminar el tratamiento del punto en crisis, he de adicionar que toda espera, por su propia naturaleza técnica, supone la concesión de un término temporal para abonar la obligación adeudada sin que resulte imputable al deudor el no pago durante la vigencia del lapso otorgado. La pregunta entonces es: ¿Cuál fue ese término? Y la respuesta resultante de las antecedentes de la causa es ninguno. En rigor, no consta en autos que se le haya otorgado un plazo a la parte demandada para cancelar la obligación adeudada y, por consiguiente, no puede sostenerse válidamente la existencia de un período de espera que suspenda el ejercicio de la facultad de cobro del acreedor.
El tercer agravio basado en la no consideración del valor probatorio de la conducta de las partes tampoco puede tener recepción positiva, habida cuenta de que el comportamiento de los litigantes fue valorado efectivamente por el juzgador, con la salvedad de que éste último le confirió un valor probatorio distinto al que quiso otorgarle el apelante. Todavía más, entiendo que la crítica dirigida a la Jueza de grado por no convalidar la interpretación conductual propuesta por el apelante deviene inconsistente en términos lógicos ya que encubre un falso dilema. A saber, la parte recurrente sostiene que el a quo ha incurrido en un razonamiento contradictorio por cuanto "O bien la actora simplemente no concedió espera alguna y reclamó el pago de manera fehaciente en tiempo y forma o bien, la conducta observada por la actora, esto es, dicha “colaboración” para cobrar, constituyó una verdadera concesión de espera a la aprobación del trámite previsto por el BCRA para el acceso a la compra de dólares en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC)".
En otras palabras, la crítica expresada reduce el escenario a dos hipótesis fácticas cuando entiendo que la realidad del caso se decanta por una tercera vía que, mediante la formulación del dilema esbozado, procura ser tácitamente excluida. Considero en tal sentido que la parte actora colaboró temporalmente para facilitar el pago a través de otro medio alternativo hasta que decidió hacer valer los efectos de la mora que -como he dicho- continuaban pendientes no obstante los actos colaborativos realizados por la parte accionante.
El cuarto agravio habrá de ser desestimado por la crítica se edifica sobre una premisa falsa, esto es, que la Jueza de grado habría afirmado que la deudora contaba con obligaciones alternativas de cumplimiento en sumas de pesos equivalente a quintales de soja y/o kilos de carne. Sin embargo, a poco que se examina la sentencia atacada, resulta evidente que tal aseveración no fue traída por la juzgadora como un posicionamiento propio, sino como una simple referencia a la postura esbozada por la parte actora, por lo que el disgusto no puede ser atendido. Y amén de lo señalado, cabe puntualizar también que la decisión adoptada se sustenta autónomamente en razones diversas a tal alusión.
El quinto agravio basado en la errónea calificación del contrato al excluirlo de la categoría de acuerdo de larga duración por cuanto aquí el tiempo revistiría una función esencial, no responde al criterio doctrinario dominante de nominación contractual y trasunta una confusión entre el contrato de larga duración y el contrato de ejecución diferida. Cabe aclarar al respecto que, en estos últimos, el tiempo es considerado como distancia porque separa distintos actos: la celebración se aleja de la ejecución. Esta categoría pone el acento pues en que el tiempo es tomado en cuenta por las partes para separar la ejecución de la celebración. En esta especie de acuerdos la temporalidad se incorpora a través de modalidades accidentales de la obligación, como el plazo o el cargo, o a través de la falta de presupuestos que tienen la entidad como para separar la celebración del cumplimiento.
En los contratos de larga duración, en cambio, el tiempo es esencial para el cumplimiento y no accesorio, como ocurre en la ejecución diferida. El interés del acreedor no es satisfecho sino a través de una prestación continua o reiterada en el tiempo. Por tal motivo, se dice que el tiempo se vincula con el objeto del contrato, ya que el mismo no puede cumplirse sino a través de una prolongación temporal. A ello se refiere precisamente el art. 1011 cuando dispone que "el tiempo es esencial para el cumplimiento del objeto".
Desde una perspectiva funcional, podemos afirmar que en los contratos de larga duración, las partes pretenden satisfacer sus intereses a lo largo de una vinculación prolongada, y por ello no establecen su acuerdo definiendo materialmente los bienes, sino estableciendo normas procedimentales. De tal modo, no fijan el precio definitivo, porque suponen que habrá cambios inflacionarios; no disponen las características definitivas de las cosas, porque saben que habrá cambios tecnológicos; no aseguran una obligación de hacer determinada, porque seguramente habrá distintas maneras de prestar esa obligación a lo largo del tiempo (Cf. Lorenzetti, Ricardo Luis, Código Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Tomo V, Ed. Rubinzal Culzoni Editores, Buenos Aires, 2015, pag. 748).
En la especie, si bien es cierto que no hay ejecución instantánea toda vez que se pactó una modalidad de pago en cuotas (ejecución diferida), tampoco estamos ante un contrato de larga duración, por cuanto desde la misma suscripción del acuerdo ya existía una fijación definitiva de los términos del intercambio.
Cabe especificar que la compraventa celebrada con constitución de hipoteca carece de las notas tipificantes del contrato de larga duración. A saber: 1) la compraventa celebrada no tiene reciprocidad dinámica por cuanto el contenido queda definido desde la celebración y no se reformula en función de los cambios económicos y tecnológicos futuros, 2) las características del negocio no requieren una comprensión dinámica esencial por cuanto han quedado perfectamente determinadas en el instrumento contractual, 3) no hay necesidad de adaptación constante basada en reglas procedimentales para su determinación por cuanto el contenido del contrato ha quedado cristalizado en su proyección futura.
Justificada la exclusión de la categoría pretendida, no resultan aplicable los efectos propios de esta modalidad contractual previstos en el segundo y tercer párrafos del art. 1011 del Código Civil y Comercial y, por ende, el agravio expresado queda privado de fundamento.
Finalmente, el último agravio con sustento en la omisión del incumplimiento del plazo de 180 días el que a su criterio debió contarse desde la frustración de las negociaciones extrajudiciales tendientes a solucionar los diferendos suscitados, no puede ser recibido. Y esto resulta como consecuencia lógica directa del temperamento asumido en oportunidad de resolver el segundo agravio. Es decir, toda vez que entiendo que la mora por vencimiento del plazo de la cuota cuarta nunca llegó a suspender el plazo de 180 días, la misma no debe computarse -como pretende el apelante- desde la frustración de las negociaciones extrajudiciales, sino desde el momento del incumplimiento señalado (art. 886 del Código Civil y Comercial y cláusula II del contrato de escritura pública de compraventa e hipoteca por saldo de precio obrante en archivo adjunto a escrito electrónico de fecha 26/10/2021), por lo que la crítica ensayada queda privada de sustento.
Por las razones dadas, citas legales de referencia y con el alcance indicado, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.-
A la segunda cuestión el señor Juez Roberto Degleue dijo: De conformidad al resultado habido al tratarse la cuestión precedente, estimo que el pronunciamiento que corresponde dictar es:
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, confirmando en un todo el pronunciamiento apelado.
2. Imponer las costas de Alzada a la demandada vencida (art. 68/69 del CPCCBA).
3. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad respectiva (art. 31 de la ley 14.697).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.-
Con lo que terminó el presente Acuerdo, dictándose la siguiente;
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, confirmando en un todo el pronunciamiento apelado.
2. Imponer las costas de Alzada a la demandada vencida (art. 68/69 del CPCCBA).
3. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad respectiva (art. 31 de la ley 14.697).
Regístrese. Notifíquese por Secretaría (Ac. 4013 SCBA)
remitiéndose copia digital de la presente sentencia a los domicilios electrónicos de las respectivas partes. Devuélvase.
Fin de la sentencia