Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 129585
JS
COMITE DE ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO DE RECUP. CREDITICIA C/ BAUEN S.R.L. Y OTROS S/EJECUCION HIPOTECARIA
Causa: 129585
La Plata, 12 de Octubre de 2023.-
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
1.a. Mediante resolución dictada el día 4 de julio de 2023, el Sr. Juez de la instancia expuso que al punto 1 de la decisión dictada el 26 de marzo de 2021 se desestimó la impugnación efectuada por el ejecutante, con costas a su cargo; y dejó establecido que lo resuelto al punto 2 de la misma lo fue sin costas.
En virtud de ello, fijó en $50.077.455,07 la base regulatoria a los fines de determinar los honorarios por la labor que desarrollaran los profesionales en la incidencia allí resuelta; en virtud de ser la diferencia existente entre la liquidación de la parte actora de $64.292.370,70 y la aprobada por $14.214.915,63.
1.b. Contra dicha forma de resolver se alzó el accionante, a través del recurso que viene fundado en la pieza del día 1 de septiembre de 2023; donde comenzó por referir que el Magistrado, a efectos de regular los honorarios por dicha incidencia, tomó como base una suma que supera ampliamente el monto por el cual ha sido admitida la acción principal, dejando a su parte en una situación de indefensión que le causa un gravamen irreparable, al vulnerar el derecho de propiedad y la garantía del debido proceso; correspondiendo en su lugar que aquella pauta sea determinada en el monto de Pesos $15.807.910,92 que es la que representa el cálculo aprobado.
Luego de ello, reseñó los antecedentes y la finalidad del Fideicomiso de Recuperación Crediticia -que es recuperar bienes beneficiando a la Provincia de Buenos Aires y a sus habitantes, sin perseguir un fin de lucro-; dijo que lo resuelto no sólo afecta el patrimonio de tal órgano, que es el de los bonaerenses, sino que se aparta de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 14.967, que dispone que en los juicios en los que se reclaman sumas de dinero la base regulatoria será el total reclamado en la demanda o bien la que surja de la liquidación final, si fuera mayor; y que tomando la base regulatoria que utilizó el Magistrado no se respetaría lo establecido en el artículo 1º de la ley 24.432, que modifica el artículo 505 del Código Civil; además de conllevar irremediablemente a una situación inequitativa e irrazonable, en tanto el Fideicomiso vería totalmente frustrado su derecho crediticio, al tener que abonar honorarios desproporcionados con relación al monto del crédito que, se aclara, aún no ha sido percibido.
Expuso también que los montos regulados en la resolución apelada no han sido apelados por no corresponderle el pago, atento que la incidencia en primera instancia fue resuelta sin costas, y tal resolución fue consentida por el letrado de la demandada; pero considerando que la Alzada si ha impuesto costas a su parte, corresponde recurrir que las mismas sean calculadas tomando una base que no está fundada en ley.
Finalmente, discurrió sobre lo que considera una impropia interpretación de la ley; manifestó que entender que los emolumentos por la incidencia deban ser fijados en base a una suma excesivamente superior a aquella que eventualmente cancelará la deuda aquí reconocida, no pareciera ser un supuesto que se compadezca ni con las constancias de la causa, ni con la protección del bien público, ni con las consecuencias benévolas y justas señaladas; que la suma regulada por la incidencia de la liquidación representa aproximadamente el 10% del monto de condena, es decir que, por una única incidencia, se está regulando para un solo profesional casi la mitad del porcentaje admitido para las costas del proceso, fijado en el 25% del monto de la sentencia, conforme lo establecido en el artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación, receptado por el artículo 21 de la Ley de honorarios (14967); y que la regulación también resulta contraria a lo establecido en el artículo 47 de la ley 14967, que establece que en el caso de incidencias los honorarios deberán regularse entre el diez (10) y el treinta (30) por ciento de la escala del artículo 21, que fija el tope receptado del Código Civil y Comercial, de allí que se ha regulado por una sola incidencia un monto que termina siendo mayor al que se regula por todas las demás etapas del proceso.
1.c. Dicha postura llega replicada por el Dr. Victor Rubén Junco a través del escrito interpuesto el 6 de septiembre de 2023, donde solicitó que se declaré improcedente el recurso interpuesto.
2.a. Liminarmente y a través de una lectura conjunta de los decisorios dictados en la instancia de origen los días 26 de marzo de 2021 y 23 de abril de 2021 (aclaratorio del previo) y en esta Alzada el 24 de agosto de 2021, es posible concluir que en autos se terminó desestimando la impugnación efectuada por el ejecutante y, en su mérito, se aprobó -en cuanto hubiera lugar por derecho- la liquidación presentada el 3 de noviembre del 2020 por la suma total de Pesos $14.214.915,63; incidencia que se decidió entonces, de manera expresa, sin costas.
Considerando dichas circunstancias, es posible adelantar que la resolución puesta en crisis, en cuanto dejó expresadas las diferencias que habrían entre el punto 1 y el punto 2 de la decisión del 26 de marzo de 2021 respecto al tema costas, ha omitido tener en cuenta los términos de la resolución aclaratoria dictada el 23 de abril de 2021 (citada también al pto. 2 último párrafo de nuestro decisorio). Eso produjo que el Sr. Juez partiera entonces de una falsa premisa, lo que habilitó luego un pronunciamiento que desatiende las constancias de la causa.
En efecto, el inconsistente pronunciamiento que se dictara el 26 de marzo de 2021 sobre el tema costas motivó que la parte actora solicitara una aclaratoria el 14 de abril de 2023; y, como consecuencia de ello, a través de la resolución del día 23 de igual mes y año, el juzgador expuso: "siendo exacto lo expuesto en el escrito en proveimiento, aclárase en cuanto ha lugar por derecho la resolución de fecha 26 de marzo de 2021, en el sentido de dejar sin efecto lo dispuesto en el apartado 1° de la parte resolutiva en donde se dispuso la imposición de costas y dejar establecido que dicha incidencia fue resuelta sin costas conforme lo dispuesto en el punto 3 de la referida providencia".
Esa providencia fue notificada por cédula electrónica a la contraria (26 de abril de 2021), quien con su silencio posterior consintió los términos en que fuera dictada y, claro está, las consecuencias que la misma generó; esto es, que la totalidad de la incidencia fue decidida sin costas (art. 150, 155 del CPCC).
2.b. En este sentido, no se nos escapa el criterio que fijó la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el Ac. 75189, del 28 de marzo de 2001, respecto de las decisiones que resuelven utilizando la expresión "sin costas"; al decir que "ello importa afirmar elípticamente que [...] no hubo trabajos que retribuir o que los habidos han merecido la tácita calificación de inoficiosos; si estas situaciones no concurren, los trabajos deben ser retribuidos en calidad de costas, debiendo determinarse a cargo de quién están, con lo que se evidencia que sin costas no es equivalente a costas por su orden o alguna expresión similar".
A pesar de lo expuesto, la determinación de dicho alcance fue hecha por el Máximo Tribunal local en el marco de la plena competencia que le cupo con motivo de un recurso deducido a este respecto; lo cual es claramente diferente al caso de marras, pues aquí la cuestión no ha sido puesta en debate por ninguna de las partes y, por ende, arriba firme en este estadio, sin que exista posibilidad de reinterpretación posterior que no conlleve -a la vez- una alteración sustancial de lo decidido (art. 17, 18 CN; 8 CADH).
Como corolario de las condiciones descriptas, la regulación de honorarios que se efectuara en la instancia de origen "por la incidencia resuelta con fecha 26 de Marzo de 2021" y respecto de las tareas allí cumplidas ha perdido todo sustento, habida cuenta que, como lógica consecuencia de haberse resuelto la cuestión "sin costas", no resulta ajustado a ello efectuar entonces una fijación de estipendios por tales labores, la que debe ser dejada sin efecto (arts. cits. CN; 15, 16 y ccs. de la ley 14.967; 270, 272 del CPCC).
2.c. Ahora bien, teniendo en cuenta que, a diferencia de lo ocurrido en primera instancia, por la labor cumplida en esta Alzada se han impuesto costas a la parte actora (ver parte dispositiva de la sentencia dictada el 24 de agosto de 2021) y habiéndose ya brindado la pertinente discusión respecto a la base aplicable, es dable recordar que el art. 47 de la ley 14.967 establece de manera expresa que "Los incidentes [...] serán considerados por separado del juicio principal, debiendo regularse los honorarios del diez (10) al treinta (30) por ciento de la escala del artículo 21, teniendo en cuenta las siguientes pautas: [...] b) El monto del juicio principal o el del incidente o tercería si el de estos fuere menor".
Allí se impone entonces la utilización de una pauta estipendial clara: comparar el monto del juicio principal y el del incidente y, luego de ello, valerse del que resulte menor (cfr. Quadri, Gabriel H. -dir-, Honorarios profesionales, Erreius, 2018, pág. 274; Valdez, Carlos F., Ley de honorarios..., Hammurabi, 2018, pág. 206).
Con anterioridad a la nueva ley arancelaria y durante la vigencia del dec. ley 8904/77, la Suprema Corte de Justicia local sostuvo en la misma línea que la base debe determinarse por el importe menor, ya sea éste del juicio principal o la incidencia, sin perjuicio de que, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, se gradúe la regulación en base a la escala prevista en el último párrafo del citado artículo (SCBA, Ac 77312, en DJBA 159- 271; Ac. 42.151, del 2-10-1990); postura que también ha seguido esta Sala (causa 94.058, RSI 688/02, del 14/11/02).
En análoga inteligencia se afirmó que tratándose pues de la promoción de incidentes referidos a bienes o montos determinados, serán dichos valores los que se tendrán en consideración, siempre y cuando no superen la cuantía económica del bien principal, lo cual es justo y lógico, pues de lo contrario se podría llegar al absurdo de meritar un monto superior al reclamado en el principal (cfr. CC0202 LP, 47.834, del 13-3-1980).
Bajo tales premisas y en el caso, es posible advertir que la pauta tomada en cuenta para fijar los honorarios -cuya determinación aquí se dejó sin efecto- supera con creces a la restante referencia, esto es, el alcance económico del juicio principal.
Nótese en este sentido que el juzgador consideró que la base estaba dada por la suma de Pesos $50.077.455,07 por ser la diferencia entre la liquidación oportunamente propuesta por la actora y aquella que a la postre se aprobara, en línea con la que formulara la contraria. Este razonamiento responde de manera acertada a pautas jurisprudenciales claras y uniformes que imperan por regla en la temática, esto es, que el contenido de esa particular incidencia está dado -en principio- por el monto que represente la disparidad de criterios de las partes sobre la liquidación.
Sin embargo, como ya dijéramos, esa manera de interpretar reconoce un límite, consistente en el importe del proceso principal al cual dicha discusión accede y que en el caso estaba dado -por aquel entonces- por la suma de Pesos $14.214.915,63; debiendo ser entonces dicho monto el que será utilizado como base por esta Alzada a los fines de estimar los honorarios de los profesionales por las labores cumplidas en esta segunda instancia (arts. cits.; 164 del CPCC).
POR ELLO, y fundamentos expuestos, corresponde: 1) revocar la resolución dictada el 4 de julio de 2023 en cuanto fijó honorarios por la labor cumplida en la incidencia descripta, debiendo dejarse sin efecto dicha regulación; 2) dejar establecido que, a los fines de fijar los emolumentos correspondientes a las tareas cumplidas en la Alzada, la base estará dada por la suma de Pesos $14.214.915,63; y 3) imponer las costas por su orden, atento que el agravio proviene de la omisión descripta al pto. 2.a del presente (art. 68, 69 del CPCC). REGISTRESE. NOTIFÍQUESE. Y vuelvan los autos al Acuerdo.
Fin de la sentencia