Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 115213
LM-YAN
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justa la sentencia apelada?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor López Muro dijo:
1.a. Mediante resolución dictada el día 11 de diciembre de 2023 el Juzgado resolvió aprobar la liquidación practicada por la ejecutada a fs. 474 considerando que la misma se ajusta al monto del crédito ejecutado -conforme pautas fijadas en las Resoluciones de Cámara del 18/02/2018, y su aclaratoria de fecha 12/04/18- de $20.014.229,25 debitados los pagos parciales reconocidos que en su totalidad ascienden a la suma de pesos $ 4.870.696,15 arroja un saldo deudor de $ 15.143.533,1 al 30 de Octubre del 2023, resulta correcta, por lo cual corresponde su aprobación, en cuanto ha lugar por derecho, por la suma de pesos quince millones ciento cuarenta y tres mil quinientos treinta y tres con diez centavos ($15.143.533,10) al día 30 de octubre de 2023. Con costas a la parte accionante (art. 68 y 69, CPCC)
Consideró que la misma se efectuó conforme a los parámetros establecidos en las resoluciones de esta alzada, por cuanto a) realizó los cálculos allí indicados a fin de establecer el 50% de la brecha que existe entre un peso y la mencionada divisa utilizando la cotización del dólar oficial al tipo vendedor; b) aplicó la tasa de intereses del 7,5% anual calculado desde la mora ocurrida el 18/07/1999 durante los 8860 días hasta la fecha de la presentación de fs.474, c) descontó los pagos parciales debidamente reconocidos en autos de fecha 27/11/2001 de pesos $ 7.164.62 alcanzando el valor actual de $ 1.309.334,305 y los intereses del 7,5% anual por los 8007 días alcanzan el importe de $ 2.154.213,65 totalizando la suma de $ 3.463.547, 95 .así como el pago de fecha 27/11/2001 por $ 2.910.80 alcanzando el valor actual de $ 531.948,7 y los intereses del 7.5% anual por los 8007 días alcanzan el importe de $ 875.200,20 totalizando la suma de $ 1.407.148,20.
1.b. Contra dicha forma de resolver se alzó el Dr. Jannetti, por la actora, a través del recurso de apelación que viene fundado en la pieza del día 30 de enero de 2024. En prieta síntesis, argumenta que la sentencia del 11/12/2023 le causa perjuicio a sus representados alegando que el crédito, originado en 1995 debería haberse cancelado antes de los eventos económicos subsiguientes que afectaron la convertibilidad de la moneda.
Critica al fallo por basarse en criterios que no consideran el valor real del dólar y que contradicen los términos originales del mutuo hipotecario que especificaban el pago en dólares o su equivalente en pesos al tipo de cambio del día. Considera que la sentencia dictada no permite que el pago refleje el valor real del dólar sabiendo que la cotización oficial BNA (Banco Nación Argentina), no refleja las condiciones actuales del mercado y resulta un perjuicio para el acreedor, por lo que debería haberse aplicado el dólar MEP.
1.c. El 16 de febrero de 2024, contesta el memorial la Dra. Roberts Alcorta solicitando el rechazo de los agravios planteados y que se confirme la decisión judicial previa. Defiende la liquidación de deuda realizada conforme a parámetros establecidos judicialmente, detallando cómo se calculó el monto de la deuda, incluyendo intereses y pagos parciales, y justificando la metodología usada según precedentes y resoluciones judiciales.
Considera que el ejecutante no ha presentado una crítica concreta y razonada del fallo atacado, solo repitiendo posturas previamente rechazadas y no adaptándose a los cálculos de liquidación ajustados por la corte.
2. Tratamiento de los agravios.
2.1 Suficiencia recursiva
Ocupándome liminarmente del cuestionamiento que el apelado trae con relación a la fundamentación traída por el quejoso, sus alcances y requisitos, cabe señalar que de la lectura del memorial traído en sufragio de la pretensión revisora, se percibe claramente en qué consiste la protesta frente a lo decidido en la instancia de origen y más allá de los consabidos criterios amplios y flexibles que se imponen en la materia, no puede seriamente sostenerse que los agravios no satisfacen el mínimo de técnica exigido por las normas procesales, razón por la cual, corresponde desestimar el liminar pedido de deserción recursiva que propone la apelada; ello sin perjuicio de la suerte que en definitiva pueda merecer el alzamiento (art. 260 del C.P.C.C. y su doctrina).
2.2 Cotización del dólar aplicable al caso.
a) Sabido es que en lo referente a liquidaciones y cálculos se considera “en cuanto ha lugar por derecho” y que la SCBA ha señalado que "cuando la liquidación concluye en un resultado que quiebra toda norma de razonabilidad, violenta los principios establecidos en los Art. 953 y 1.071 del Código Civil y desnaturaliza la finalidad de la pretensión entablada… no puede mantenerse una liquidación, so color de un supuesto respeto al principio de la cosa juzgada, cuando resulta evidente que los mecanismos destinados a preservar la intangibilidad del crédito y el pago de los intereses moratorios no han sido apropiados para satisfacer los daños y perjuicios debidos ya que su monto ha excedido holgadamente toda expectativa de conservación patrimonial y la proporcionalidad que debe existir entre aquellos y el daño resarcido" (SCBA Ac. 95764, S.29/11/2006, carátula "B.,A. c/H.I.e.m.i. s/ daños y perjuicios").
Del análisis de las constancias de autos surge que en fecha 20 de febrero de 2018, esta Sala modificó la sentencia de trance y remate de la presente causa, dejándose establecido que se manda llevar adelante la ejecución por el monto de dólares treinta y ocho mil ochocientos (U$S 38.800) convertidos a razón de un peso por dólar estadounidense, más el CER o más el 50% de la brecha que exista entre un peso y la cotización de la mencionada divisa extranjera en el mercado oficial de cambio –tipo vendedor- del día en que corresponda efectuar el pago, si arrojare un resultado superior -en cuyo caso podrá tomarse éste-, con más los intereses, por todo concepto, del 7,5% anual no capitalizable, descontándose los pagos parciales realizados.
Que se aclararon las pautas a seguir para practicar la liquidación en la sentencia aclaratoria de esta Sala el 12 de abril de 2018 dejándose establecido que: “a) en primer lugar debe optarse por una de las alternativas de pesificación, siendo esta única la que se aplicará para todo el período a liquidar, no debiendo aplicarse alternada o sucesivamente una metodología u otra; b) elegida esa vía, el capital adeudado podrá liquidarse hasta la fecha de cada pago parcial descontándose, a esa fecha, los pagos parciales aplicándolos primero a intereses y luego al capital. El saldo obtenido continuará generando intereses hasta la fecha del siguiente pago parcial y así sucesivamente. Los intereses no se capitalizarán al practicarse la liquidación de cada pago parcial; c) como alternativa de la indicada modalidad podrá optarse por formular la liquidación de la totalidad de la deuda y de cada uno de los pagos parciales, a partir de su recepción por el acreedor, todos ellos hasta la fecha de la liquidación, de modo de que deuda y pagos se ajusten con los mismos criterios de conversión e intereses. Fijados todos ellos a la fecha actual se descontarán los pagos efectuados del total de la deuda liquidada. Ambos métodos expuestos deben dar, aritméticamente, el mismo y similar resultado, salvo error u omisión”.
b) Resulta claro entonces, que el ejecutado no debe entregar dólares para cancelar su deuda sino pesos. Lo que se cuestiona es el valor del dólar que se debe computar, habiéndose establecido por esta Sala en la resolución del año 2018 como cotización la “divisa extranjera en el mercado oficial de cambio”. ¿Eso significa aplicar el valor del dólar que fija el Banco Nación, denominado “oficial”, o el precio necesario para adquirir los dólares billetes en el mercado oficial, incluyendo los gastos que demande?
En el caso, considero que asiste razón al recurrente en cuanto al perjuicio que le acarrea que la conversión de los dólares a la cotización oficial Banco del Nación al no arrojar aquel una suma equivalente en pesos con la que pueda adquirir en el mercado de cambios la cantidad de dólares referida. En este sentido, es cierto que existe una gran diferencia entre los valores del dólar oficial y del dólar MEP, en particular en el año 2023 en el que se presenta la última liquidación que viene aprobada por la primera instancia (según presentación de la ejecutada, al 30 de Octubre del 2023 el dólar en el mercado oficial de cambio –tipo vendedor- posee una cotización de $ 365,50 por cada U$S, correspondiendo al 50 % del Esfuerzo Compartido un valor de $ 182,75 y según la actora Dólar MEP al 29/08/2023: U$S 1 = $670,79 Brecha del 50% = $ 334,89) (ver cálculos efectuados con valor dólar MEP y ver cálculos con dólar oficial).
Cabe admitir que las circunstancias económicas se han modificado sustancialmente desde que se dictó la sentencia definitiva en autos y recordar que ésta fue dictada a consecuencia de la normativa sobre emergencia económica (Dec. 214 y ley 25.561 de fecha Enero 6 de 2002). La salida de la convertibilidad fue el sinceramiento, en materia cambiaria, de una realidad económica que venía sosteniéndose artificialmente, al margen de la dinámica del mercado. Sabido es que el Estado Nacional, para mantener la paridad del dólar con el peso, se había obligado a no emitir sin el consiguiente respaldo (ley 23.928 de convertibilidad del austral).
Sin embargo, ese límite para la emisión no fue respetado y la emisión monetaria excedió entonces el respaldo en dólares. Tal situación, mantenida durante muchos años, importó una atraso de la paridad cambiaria respecto del resto de la economía que se “ajustó” en forma abrupta devaluando a un tercio el tipo de cambio, de modo que se triplicó en 24 horas el valor de la a fin de la divisa.
Frente a tal modificación de las condiciones económicas se dictaron las normas de “emergencia” citadas, a fin de permitir una transición de la situación económica preexistente basada en la paridad entre el peso y el dólar, paridad que, por cierto, afectaba en términos generales todos los precios del mercado.
Como lo dijéramos desde antaño y lo ha señalado recientemente la Suprema Corte, los jueces no pueden pasar por alto estas mutaciones en el ámbito económico. (ver, e.o. mi opinión de Revista del Calp Número 119, “El principio de realidad”, pp 19/29). La solución que propone el voto de Soria in re “Barrios” no deja de ser la que estamos aplicando en nuestra Sala y otros tribunales para fijar el precio actual de la cosa o bien dañado y ello no es más que alzar la vista y mirar la “plaza”, el “mercado” el que por cierto, a través de las distintas plataformas que pueden verse mediante las aplicaciones de Internet, resulta transparente y de público acceso y conocimiento.
En esa línea, entiendo que las soluciones que se propusieron mediante el sistema de conversión de las normas de emergencia económica han resultado válidas para tiempos pasados, en los que, como dije, la relación entre la divisa americana y la moneda argentina se había modificado abruptamente. Pero no es válido mantenerla cuando la economía ha ido acomodando los precios locales a las nuevas condiciones del mercado de cambios.
Debe agregarse a ello que, si en aquella anterior oportunidad quedó aclarado que el deudor no debía asumir las consecuencias de la alteración del mercado por el “hecho del príncipe”, tal excepción no puede mantenerse cuando, aclarado el nuevo importe de la deuda, se ha mantenido la situación de mora.
En cualquier caso, la cuestión no consiste en ajustar las deudas por índices, sino establecer de qué se vio privado el acreedor cuando no le devolvieron el dinero en tiempo y forma. La capacidad de compra que esa cantidad de dinero tenía entonces, traída a la actualidad con referencia a índices puede ser un modo de compensar el patrimonio.
Reitero: basta con una buena y prudente percepción de la realidad, iluminada por conocimiento de la materia y la suficiente claridad para aplicarlo a las diferentes situaciones.
c) Sobre este andarivel, ponderando la doctrina legal actual de la SCBA (Fallo “Barrios”) y los efectos del impacto del fenómeno económico particular que ha vivenciado nuestro país los últimos años, con la compleja fluctuación en el mercado de divisas extranjeras, considero que en la especie no se verificaría un reajuste equitativo si se tomara para el cálculo el valor del dólar oficial en virtud de que el precio “oficial” de la divisa no se corresponde con el real. Ello está expresado diariamente en la opinión de los principales economistas, y nutre los objetivos centrales de la política cambiaria propuesta por el Gobierno Nacional, destinados a suprimir este tipo de diferencias (se habla de “salir del cepo cambiario” pero lo que efectivamente se está proponiendo es abandonar la cotización del llamado “dólar oficial” que es el que actualmente se utiliza para compensar importaciones y exportaciones y que está “subsidiado” para algunos rubros específicos en mayor o menor medida mediante un alambicado y injustificable sistema de reglas excepcionales que, además, no alcanzan a los particulares, toda vez que siéstos pretenden utilizar el mecanismo deben soportar los impuestos –impuesto “País” o dólar “tarjeta” que incrementan extraordinariamente la “cotización”).
Por otra parte, la existencia de un mercado efectivamente libre, en el que tanto los particulares como las empresas pueden adquirir dólares (dólar MEP) permite ver con claridad la efectiva diferencia entre el precio de la divisa “oficial” y el que muestra el mercado.
Para decirlo claramente, el tipo de cambio publicado como “oficial” es inexistente.
Se trata, reitero, solo de una cotización subsidiada que no es accesible sino para casos específicos. Si un particular pretende adquirir este tipo de dólar, solo podrá hacerlo a razón de U$D 200 por mes, pero a condición de que aporte, por adelantado impuestos y recargos, lo que hace que el precio no sea el publicado¹. El valor “oficial” se mantiene a fin de que algunas empresas exportadoras e importadoras liquiden parte de sus operaciones. Algunas deben recurrir al dólar MEP para cubrir la diferencia y ello da un costo distinto, conocido en la jerga como “dólar blend”. Ciertamente el dólar no está disponible para el público en general al precio “oficial”. Repito: la cotización “oficial” no es un tipo de cambio, sino solamente restos de la anterior política económica, vinculada al sistema del “cepo”, que habrá de ir desapareciendo en la medida en que el gobierno central avance en su objetivo de recuperar las reservas del Banco Central y liberar el mercado cambiario.
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1. Nótese que actualmente el valor del dólar que puede adquirir un particular en un banco oficial tiene un 60% de recargos, por lo que ese tipo de dólar ronda a comienzos del mes en curso la suma de $ 1.525. (fuente Diario Clarín on line fecha 3/8/24).
En tal sentido, resulta también claro que, de confirmarse la resolución en crisis, al acreedor le resultará mejor solución la de esperar hasta que la “brecha” entre el tipo oficial y el dólar libre se achique o bien desaparezca. Cabe destacar que mientras se analiza esta sentencia el Sr. Presidente de la Nación ha anunciado que el impuesto PAIS se reducirá del 17,5% al 7,5% en septiembre de 2024 y se eliminará en diciembre de 2024 lo que importa un paso importante en la salida del llamado “cepo cambiario”. No parece adecuado que una sentencia genere un estímulo contrario a cancelar la deuda.
Ponderando el contexto económico y financiero actual, entiendo que la liquidación deberá hacerse de acuerdo a la cotización del dólar MEP al día del pago al tipo de cambio vendedor, debiendo el deudor sufragar la comisión de compra si la hubiere.
d) Habida cuenta que en anteriores oportunidades el actor ha practicado liquidaciones con otras pautas, y en esta oportunidad lo hizo recurriendo al dólar MEP corresponde analizar el punto.
He dicho más arriba que es obligación de los jueces aplicar la ley vigente. Ya me he referido más arriba a que las liquidaciones se practican y aprueban “en cuanto ha lugar por derecho”. Ello significa que el derecho a percibir una determinada cantidad de dinero surge de una fuente anterior (sentencia) y que la liquidación debe adecuarse a ella, por lo que está sujeta a las circunstancias y las modificaciones de éstas pueden modificar los términos de la liquidación.
Esta Sala se ha expedido en reiteradas oportunidades en favor de revisar las sentencias firmes que habían dispuesto determinadas tasa de interés, superando la formalidad de la cosa juzgada. En tal sentido, esta Sala por mayoría, ha admitido que corresponde revisar los intereses de oficio si se ha modificado o actualizado el capital (CAUSA 124.572. "ETCHEVARNE, AZUCENA BEATRIZ c/PEDERNERA, LEONARDO JAVIER Y OTRO/A s/DAÑOS Y PERJ. Autom. C/LES. O MUERTE (EXC. ESTADO).
Con mayor énfasis, esta Sala resolvió que: “la cosa juzgada es una cualidad que adquiere la sentencia cuando queda firme, y si bien los derechos alcanzados por la misma en principio integran el patrimonio del acreedor, no puede utilizarse el sistema jurídico como arma para cometer injusticias” (“PILMAN S.A. C/ ROMERO, MARIA ROSA S/COBRO EJECUTIVO”, causa: 110.507, sent. del 17/10/17). Y en ese sentido, por mayoría de opiniones, se revisó la sentencia, no obstante que la misma había pasado formalmente en autoridad de cosa juzgada (ver autos caratulados: "FINANPRO S.R.L. C/ MORA RODOLFO ALBERTO S/ COBRO EJECUTIVO " (causa: 129.062, por mayoría), sent. de fecha 13/7/21).
Y también se dispuso confirmar la resolución de grado que modifico de oficio los intereses de una sentencia firme en autos “VITALE LEONARDO ARIEL C/ CHIBLE SANDRA S/COBRO EJECUTIVO” (causa: 129.452)
Me remito, en honor a la brevedad, a los múltiples argumentos, doctrina y jurisprudencia citados particularmente en las causas 110.507 y 129062 y compartidas por la opinión mayoritaria.
(En el caso que nos ocupa, no cabe ninguna duda de que desde que se contrajo la deuda, mientras tramitó el proceso y después del dictado de la sentencia de esta Cámara hasta el presente se han modificado las condiciones de la plaza cambiaria, alterando por ello la finalidad que tuvo la sentencia cuando pretendió adecuar el contenido de la prestación adeudada.)
Ahora bien, en el citado fallo “Barrios” resulta claro que las prestaciones adeudadas pueden ser adecuadas al valor de plaza al tiempo del cumplimiento.
Señalo, a todo evento, que entonces se refirió a las obligaciones de “Valor”, manteniendo la distinción entre éstas y las “nominales” o bien las expresadas en moneda corriente distinción que si bien es válida, no debe llevarnos al error de considerar que las obligaciones de valor se pueden adecuar con criterios de actualidad y las de dinerarias no.
De allí que hay que considerar que los criterios de adecuación a valores actuales debe aplicarse tanto para las deudas de dinero o para las prestaciones llamadas de valor².
En ese entendimiento, por aplicación de la doctrina legal de "Barrios" a fin de qu
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.