Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123152
C. 123.152 "PERRONI, CARLOS ERNESTO C/ PERRONI, ROBERTO OSCAR S/ EJECUCION HIPOTECARIA" y su acumulada.
I. La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón confirmó el fallo único de origen que -a su turno- rechazara la acción de consignación de sumas de dinero incoada por Roberto Oscar Perroni contra Carlos Ernesto Perroni, al no encontrar reunidos los extremos necesarios para su progreso (v. sentencias electrónicas de fecha 28-II-2018 y 18-IX-2019).
II. Frente a ello, el accionante vencido -por medio de asistencia letrada- interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que aduce infracción a los arts. 7, 263 y 907 del Código Civil y Comercial. Asimismo, esgrime absurdo en la ponderación de la prueba y transgresión de doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 10-X-2018).
III. El remedio no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada en su sentencia de fecha 18 de septiembre de 2018 -a la luz de las pruebas colectadas en la presente causa y su acumulada- para confirmar el pronunciamiento de primer grado sostuvo que "... la acción intentada y la excepción opuesta resultan improcedentes, dado que la prestación consignada no reúne los requisitos de identidad del pago conforme la prestación comprometida, por lo que corresponde rechazar los agravios en tratamiento." (v. pág. 11).
Tal fundamento, que se erige en el pilar jurídico del fallo cuestionado, no logra ser conmovido por los agravios volcados en las págs. 15/23 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (relacionados con la normativa aplicable al caso, la imposibilidad de adquirir divisas extranjeras y los recaudos de admisión de la pretensión) se desentienden de los expuestos por el a quo , limitándose a ofrecer una mera disconformidad con el resultado obtenido, esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre las temáticas en crisis (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.).
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el iter lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Lo dicho, basta para desestimar esta fracción revisora y permite, asimismo, descartar las infracciones normativas indicadas en la pág. 3 del escrito electrónico (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. El mismo déficit porta el achaque sobre la imposición de los gastos causídicos (v. págs. 15/16 de la impugnación), puesto que constituyendo esta temática una típica cuestión de hecho propia de las instancias de mérito y exenta, como tal, de censura en casación, salvo absurdo, esto es, que se haya alterado burdamente el carácter de vencido o exista iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (conf. doctr. causas C. 119.237, "Giorgini", resol. de 3-VI-2015; C. 119.933, "Martinetti", resol. de 26-X-2016 y C. 121.805, "Conciencia Ciudadana Mejorar Asociación Civil", resol. de 13-IX-2017), al no haberse acreditado ninguna de estas situaciones, no queda otro camino que su repulsa (conf. art. 279, CPCC).
III.3. Tampoco cabe atender el tópico sobre la violación a la doctrina legal alegada en dicha pág. 3, toda vez que en los casos en los cuales se endilga dicha infracción es indispensable que primeramente la misma sea individualizada y luego se exponga su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación (conf. doctr. causas C. 119.452, "Benítez", resol. de 17-XII-2014; C. 120.343, "Fortunato", resol. de 25-XI-2015; C. 121.131, "Ceratto", resol. de 21-XII-2016; e. v.), carga ésta última no abastecida por el impugnante que conlleva a repeler este segmento de la protesta.
III.4. Finalmente, no puede ser abordado el reproche vinculado con la tasa de interés, en tanto su detenida lectura deja advertir que dicho ataque no ha sido llevado a consideración del juzgador de grado anterior (v. fs. 254/261 vta.; art. 279, CPCC). Sobre tal proceder, ha dicho este Superior Tribunal que no pueden ser atendidos los agravios que se sustentan en una circunstancia o pretensión diferente a la que fueran sometidos ante la instancia de grado porque ello traduce el intento, extemporáneo, de modificar en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el enfoque, alcance y dimensión con que las temáticas han sido articuladas previamente (conf. arts. 272 y 279, CPCC y doctr. causas C. 120.034, "Arregui", resol. de 2-IX-2015; C. 120.761, "Gauna", resol. de 13-VII-2016; C. 120.213, "G., D. N.", resol. de 15-III-2017; entre muchas).
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
El depósito previo de $57.500, queda perdido (art. 294, CPCC), debiendo el Tribunal de Alzada dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto según Resol. 3.135/2013).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/06/2021 17:30:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2021 19:12:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/06/2021 10:25:54 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/06/2021 16:44:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2021 14:27:33 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia