Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122902
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHabiéndose planteado agravios desestimados por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, rechazar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
La Plata, 13 de Febrero de 2019.
Los señores Jueces doctores Genoud y Negri y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mercedes, en lo que importa destacar, confirmó la sentencia de primer grado que -a su turno- hiciera lugar a la ejecución hipotecaria promovida por Pedro García Hernández y Filiberto Pisonero del Pozo contra Margarita Llompart, al encontrar reunidos los extremos necesarios para su progreso (v. fs. 241/247 y fs. 269/272).
II. Frente a ello, la ejecutada vencida -por medio de asistencia letrada- interpone recurso extraordinario de nulidad por el que aduce la preterición de un tópico esencial y falta de fundamentación legal. Asimismo, esboza los vicios de absurdo y arbitrariedad y alega conculcación de garantías constitucionales que cita (v. fs. 276/282 vta.).
III. El intento anulativo no puede prosperar, en atención a lo resuelto por este Superior Tribunal en casos sustancialmente análogos (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC).
III.1. Ha manifestado esta Corte -en reiteradas oportunidades- que la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que provoca la nulidad de la sentencia no es aquélla en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o expresamente, pues lo que sanciona con nulidad el art. 168 de la Constitución provincial es la falta de respuesta a una cuestión esencial por descuido o inadvertencia del juzgador y no la forma en que ésta fue resuelta (conf. doctr. causas C. 119.798, "Rodríguez", resol. de 10-VI-2015; C. 120.588, "Faienza", resol. de 30-III-2016; C. 121.486, "Poy", resol. de 23-V-2017; entre muchas).
Además, se ha dicho que temáticas esenciales son aquéllas que hacen a la estructura de la traba de la litis y que conforman el esquema jurídico que el fallo debe atender para la solución del litigio y no las que las partes consideren como tales. En virtud de ello, los argumentos de derecho o de hecho en los que los contendientes sustentan su pretensión, no revisten aquel carácter, por lo que su eventual falta de consideración no genera la nulidad del pronunciamiento, ya que la obligación de tratar todos los temas esenciales no conlleva la de seguir a los litigantes en todas sus argumentaciones (conf. doctr. causas C. 120.221, "Parisi", resol. de 2-XII-2015; C. 120.744, "Del Vasto", resol. de 15-VI-2016; C. 121.440, "Agroservicios El Sauce S.R.L.", resol. de 23-V-2017; entre tantas).
Sentado ello, cabe destacar que una atenta lectura del fallo atacado deja advertir que la temática central, relacionada con la excepción de pago, ha sido abordada expresamente, sólo que en sentido desfavorable para la interesada (v. fs. 270/271). En consecuencia, los argumentos emparentados con el depósito efectuado, se erigen en un cuestionamiento al acierto jurídico de la sentencia, los que resultan extraños a la vía intentada, pues reposan sobre el mérito de la decisión (v. fs. 279/282 vta.; conf. doctr. causas C. 119.932, "Varela", resol. de 1-VII-2015; C. 120.728, "Macovoz", resol. de 29-VI-2016; C. 121.609, "Sánchez", resol. de 28-VI-2017; e. o.).
III.2. Igual suerte adversa debe correr el agravio que denuncia violación al art. 171 de la Constitución provincial (v. fs. 279 y sigs.), en tanto ella sólo se produce cuando la sentencia carece de fundamentación jurídica, faltando la referencia de los preceptos legales pertinentes, circunstancia que no se configura en el caso, ya que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (v. fs. 270/271; conf. doctr. causas C. 119.237, "Giorgini", resol. de 3-VI-2015; C. 120.618, "Wichser", resol. de 29-VI-2016; C. 121.304, "L. M., R. C.", resol. de 8-III-2017; e. v.).
III.3. Finalmente, tampoco pueden ser atendidos los agravios emparentados con los vicios de absurdo, arbitrariedad y las infracciones a las garantías constitucionales nacionales que se citan (v. fs. 279 y sigs.), toda vez que los mismos se erigen en ataques impropios de este medio revisor y, por tanto, devienen inabordables, pues reposan sobre el mérito de la decisión (conf. doctr. causas C. 120.402, "Rodríguez", resol. de 2-III-2016; C. 121.186, "Ciolfi", resol. de 28-XII-2016; C. 121.765, "Unzué", resol. de 22-XI-2017; etc.).
Lo dicho, basta para repeler la impugnación intentada (arts. 298 y 31 bis, cits.).
El señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Adhiero a lo expuesto por mis colegas en el punto III apartados 1 y 3 de la presente.
II. Sobre el apartado 2 del mismo acápite, debo decir que la postura respecto del deber de motivación y fundamentación de las sentencias, que sustenté en la causa Ac. 56.599, "Blanco" (sent. de 23-II-1999) ha resultado minoritaria.
En dicho precedente, en prieta síntesis, sostuve que el art. 171 de la Constitución de Buenos Aires impone que las sentencias sean "fundadas en el texto expreso de la ley; y a falta de éste, en los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de éstos, en los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancia del caso". Este último pasaje final del texto constitucional reviste definitoria trascendencia. Para satisfacer la exigencia de fundamentación la cláusula en examen no impone únicamente la cita del precepto. La labor no se agota allí. Según la Constitución ha de indicarse el texto expreso de la ley o de los principios aplicables, "teniendo en consideración las circunstancias del caso", esto es, complementando esa cita con la referencia explícita, puntual y concreta de las particulares modalidades por las cuales esa ley o esos principios se relacionan con el caso.
En otras palabras, el propio art. 171 desalienta la mención ritual o automática de la ley, erigiendo la indicación de su cabal relación con las circunstancias de la causa en elemento igualmente esencial. Sin embargo, la mayoría de esta Suprema Corte ha ratificado los principios que informa la doctrina según la cual la exigencia del art. 171 de la Constitución de la Provincia está dirigida a sancionar aquellas decisiones que no tienen otro fundamento que el arbitrio de los juzgadores, por lo que no se viola dicha norma si la sentencia se encuentra fundada en ley, aún cuando supuestamente no hubiese sido acertada la invocación de las normas (conf. causa C. 53.392, "Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 12-VIII-1997 y sus citas). Vale decir que a los efectos de la procedencia del carril extraordinario de nulidad nada importa el acierto de la decisión atacada, ya que lo que interesa es que esté basada en una norma, aunque no se apoye en la pertinente, es decir, aún en la situación que el precepto invocado nada tenga que ver con el caso juzgado. La reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema y lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 me llevan (siempre dejando a salvo mi opinión al respecto), a adherir a lo expresado por los colegas que me preceden.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Habiéndose planteado agravios desestimados por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, rechazar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
HECTOR NEGRI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia