Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 121884
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe decreta de oficio la nulidad de todo lo actuado a partir de la incidencia suscitada a fs. 475/477 vta. (arts. 279 y 289, CPCC).
Costas por su orden, dada la forma en que se resuelve (art. 68, segunda parte, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Negri, Soria, Genoud, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 121.884, "Asociación Mutual de Venado Tuerto contra Baggini, Josefa Virginia. Ejecución hipotecaria".
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Trenque Lauquen confirmó la sentencia de origen que, a su turno y en el marco de una ejecución hipotecaria promovida por la Asociación Mutual de Venado Tuerto contra la señora Josefa Virginia Baggini, desestimara el planteo incidental incoado por el órgano sindical falencial, al no encontrar reunidos los presupuestos necesarios para su admisión (v. fs. 483/484 y 515/519 vta.).
Se interpuso, por la sindicatura vencida, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 549/554).
Oído lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 581/583 vta., dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de fs. 475/477 vta.?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En el marco del proceso ejecutivo promovido por la Asociación Mutual de Venado Tuerto contra la señora Josefa Virginia Baggini se presentó la señora Gladys Beatriz Benito en su carácter de síndico, designada en los autos "Baggini, Virginia Josefa. Quiebra" (v. fs. 475/477 vta.).
En tal cometido, solicitó que se dejara sin efecto la totalidad de los actos de ejecución realizados en autos y, consecuentemente, se procediese a un nuevo proceso liquidatorio. Todo ello en base a las consideraciones de hecho y de derecho que expuso (v. fs. 476).
II. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Trenque Lauquen mantuvo la solución de primer grado que, a su turno, rechazara el planteo incidental incoado por la síndico, al no encontrar reunidos los presupuestos necesarios para su progreso (v. fs. 515/519 vta.).
III. Frente a ello, el señor Fabián Alejandro Giacobbe, en representación del órgano sindical, interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que invoca el vicio de absurdo y aduce infracción a los arts. 21, 110 y 275 de la ley 24.522 (v. fs. 549/554).
En síntesis, por un lado, objeta la prosecución del trámite a tenor de la falta de intervención de la sindicatura y, por el otro, solicita la anulación de todo el trámite ejecutivo, con apoyo en las disposiciones legales concursales que invoca (v. fs. 551/553 vta.).
IV. Oído lo dictaminado por el señor Procurador General, considero que el tópico en debate merece favorable respuesta. Veamos.
IV.1. El letrado apoderado de la Asociación Mutual de Venado Tuerto promovió el presente juicio ejecutivo contra la señora Josefa Virginia Baggini por ante el Juzgado en lo Civil, Comercial y Laboral de la localidad de Melincué, Provincia de Santa Fe, en virtud de un contrato de mutuo insoluto garantizado con hipoteca en primer grado (v. fs. 21/22 vta.).
IV.2. La Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto confirmó el pronunciamiento de origen que, a su turno, por una parte, mandara llevar adelante la ejecución hasta tanto la actora cobrase íntegramente el capital reclamado, con más los intereses pactados desde la fecha de la mora y, por la otra, ordenara la venta pública en subasta del inmueble hipotecado (v. fs. 87/88 y 129/132).
IV.3. Radicados que fueran los autos en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 1 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, en virtud del fuero de atracción ejercido por el proceso falencial de la ejecutada, se presentó la señora Gladys Beatriz Benito, sin patrocinio letrado, en su carácter de síndico falencial, a tomar intervención en el expediente (v. fs. 475/477 vta.).
En dicha presentación, solicitó la anulación del trámite ejecutivo, como consecuencia de su falta de participación y la disposición de un nuevo proceso liquidatorio, por no mostrarse el precio de la subasta decretada en autos atento a los valores de plaza (v. fs. 476).
IV.4. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Trenque Lauquen desestimó el recurso apelatorio interpuesto -sin patrocinio letrado- por la sindicatura contra la sentencia de primera instancia que, a su turno, rechazara el planteo incidental, en atención a su deducción extemporánea (v. fs. 483/484, 487, 501/503 y 515/519 vta.).
IV.5. Frente a ello, el señor Fabián Alejandro Giacobbe, en su carácter de representante del órgano sindical, interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -sin patrocinio letrado- por el cual se agravia del resultado adverso de su pretensión (v. 549/554).
IV.6. Como podemos observar, el análisis de los antecedentes nos conduce -inexorablemente- a verificar la facultad del síndico de impugnar las distintas decisiones jurisdiccionales sin contar con patrocinio letrado.
Tal como sostuve en la causa C. 73.725, "Fernández" (sent. de 19-XII-2017), el art. 56 del Código Procesal Civil y Comercial -cuya enumeración, valga señalarlo, no es taxativa, sino meramente enunciativa (conf. causa Ac. 44.337, "Boncompni", sent. de 18-VI-1991, "Acuerdos y Sentencias", 1991-II-196)-, dispone la obligatoriedad del patrocinio letrado, vedando expresamente el proveimiento de escritos de expresiones de agravios si no llevan firma de letrado.
La esencia teleológica de la imposición del control letrado es la de asegurar la eficaz defensa, aún contra la pretensión del propio interesado de valerse por sí mismo, al evitar que esa tarea sea mal ejercitada por desconocimiento de las normas jurídicas y principios del derecho aplicable al caso. Por tanto, su obligatoriedad comprende la asistencia y dirección jurídica del patrocinado durante el curso del proceso y su omisión acarrea el estado de indefensión de aquel -arts. 14 bis y 18 de la Constitución nacional- (conf. causa L. 60.919, "Blanco", sent. de 28-IV-1998).
Ahora bien, que el art. 257 de la ley 24.522 autorice al síndico a requerir "asesoramiento profesional" y "patrocinio letrado" cuando la materia exceda su competencia, poniendo a su cargo los honorarios devengados por los profesionales, no significa que puedan desplazarse las claras preceptivas del art. 56 del Código Procesal Civil y Comercial en supuestos en los que -como aquí nos ocupa- la materia a tratar requiera de conocimientos netamente jurídicos, toda vez que esta Corte tiene dicho que la aparición de determinados requisitos en las leyes procesales, como la homologación judicial o el patrocinio letrado, dan cuenta de la finalidad de reglamentar la garantía de justicia que consagra la Constitución (conf. causas L. 60.919, cit. y L. 67.422, "Araujo", sent. de 27-IV-1999, "D.J.B.A.", 156-321, T.S.S., 1999-983).
Y aunque pudiera aducirse que la ley 24.522 reconoce al síndico, con mayor énfasis, que la norma sustituida le acuerda legitimación para intervenir en el proceso sin patrocinio de abogado, un argumento central debe oponerse, en la especie, a tal argumentación.
Si existe un tema por excelencia para el cual se requieren especiales conocimientos jurídicos, ese es justamente el concerniente a la materia recursiva, la que supera los límites de la técnica contable y los conocimientos de derecho propios del contador, excediendo su competencia profesional; resulta -por ende- necesaria la intervención de un letrado como patrocinante del mismo, teniendo entonces plena vigencia la directriz del art. 56 del Código Procesal Civil y Comercial.
Deviene pues aplicable la doctrina de esta Corte, pronunciada en relación a la ley 19.551, relativa a que el art. 281 de la misma autoriza el patrocinio letrado cuando la materia exceda la competencia profesional del síndico. La autorización está dirigida a atender aquellas cuestiones suscitadas que por su naturaleza desborden los límites de la técnica contable y de los conocimientos sumarios de derecho propios del contador. Si no se discriminase, carecería de sentido la previsión legal que exige que la sindicatura sea ejercida por contadores públicos diplomados -art. 277 inc. 1 de la ley 19.551- (conf. doctr. causa Ac. 50.794, "Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 1-XI-1994, "Acuerdos y Sentencias", 1994-IV-119, "D.J.B.A.", 148-1, "El Derecho", 162-132, "Jurisprudencia Argentina", 1995-IV-79, "La Ley Buenos Aires", 1995-252).
También se ha expresado, en doctrina aplicable mutatis mutandi a la presente, que el patrocinio letrado deviene obligatorio -arts. 56 y 279 del Código Procesal Civil y Comercial; 55 y 56 del decreto 7.718 y 204 de la ley 10.620- cuando se recurre, pues si bien el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe interponerse ante el tribunal que dictó el pronunciamiento recurrido, ello no le quita el carácter de actuación cumplida ante este Tribunal, pues dicho recurso abre la competencia de esta Suprema Corte, quien deberá expedirse sobre los agravios que en el mismo se formulan (conf. causa Ac. 41.543, "Viarroel", resol. de 12-IX-1989).
En síntesis, la imposición del art. 56 del Código Procesal Civil y Comercial no sólo responde a la tutela del debido proceso de la parte que debe actuar con asesoramiento, sino a una adecuada administración de los litigios y a una eficiente prestación del servicio de justicia, que se vería obstruido ante la permisión de postulaciones de deficiente técnica (conf. doctr. causas C. 111.780, "Seara", resol. de 5-X-2011; C. 118.141, "Frigorífico Mellino S.A.", resol. de 5-III-2014 y C. 120.281, "Sodero", resol. de 11-XI-2015).
Así, advirtiéndose que la falta de asesoramiento pudo incidir en la suerte de los intentos recursivos formulados por el síndico -como, en el caso, en la exposición de lo pretendido al iniciar la incidencia de marras (v. fs. 475/477 vta.) y en la respuesta al pedido de nulidad (v. fs. 483/484 y 515/519 vta.)- sin que se verifiquen en la especie circunstancias que permitieran juzgar la cuestión de un modo diverso, corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado en este incidente de oposición a partir de fs. 475/477 vta. (arts. 56 y 289, CPCC).
V. Por ello, si mi opinión resulta compartida, deberá decretarse de oficio la nulidad de todo lo actuado a partir de la incidencia suscitada a fs. 475/477 vta. (conf. doctr. arts. 56, 289 y concs., CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Advierto que la síndico designada en autos "Baggini Josefa Virginia s/ Quiebra" tomó intervención en las presentes actuaciones a fs. 475/476.
En esa oportunidad indicó la existencia de presuntas anomalías detectadas en el proceso ejecutivo y denunció un severo perjuicio a la masa pasiva concursal, solicitando se dejara sin efecto la totalidad de los actos de ejecución realizados.
Dicha presentación no fue suscripta por un abogado de la matrícula, sin embargo se dispuso su sustanciación, y luego de ser contestado el traslado pertinente el planteo obtuvo respuestas desfavorables en ambas instancias de grado (v. fs. 483/484 y 515/519).
(En ese sentido se observa que, a diferencia de lo acontecido en el precedente C. 73.725, "Fernández", sent. de 19-XII-2007, en este supuesto el pedido de la sindicatura -efectuado sin asistencia letrada- no prosperó).
II. Recuerdo que la imposición del art. 56 del Código Procesal Civil y Comercial no sólo responde a la tutela del debido proceso de la parte que debe actuar con asesoramiento sino a una adecuada administración de los litigios, con miras a una eficiente prestación del servicio de justicia y que el consentimiento de las partes en el sentido de prescindir del auspicio letrado no obsta al cumplimiento de la manda establecida, dado que el juez puede verificarla aún de oficio (v. voto del doctor Hitters en la causa C. 73.725, "Fernández", ya cit.).
En consecuencia, teniendo en cuenta los términos del planteo incidental formulado por la contadora a fs. 475/476 y siendo que la falta de asistencia letrada pudo incidir en el resultado obtenido, coincido con el colega que abre el acuerdo en que corresponde declarar la nulidad de lo actuado a partir de fs. 475.
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votó la primera cuestión también por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Estimo que no corresponde declarar la nulidad proyectada, pues observo que la extemporaneidad del planteo introducido por la sindicatura de la quiebra, advertido tanto por el juez de primera instancia como por el Tribunal de Alzada, impide resolver a favor de la invalidez de lo actuado.
Si bien entiendo que tal extemporaneidad definida en la instancia dejaría de tener efectos de proceder la nulidad que viene siendo propuesta, es lo cierto que a partir de la toma de conocimiento vía mesa de entrada virtual (MEV) de la vista ordenada a la sindicatura a fs. 106, punto 3 (14 de octubre de 2014), lo resuelto a fs. 722 (30 de marzo de 2016), fs. 726 (4 de abril de 2016) y, en particular, fs. 961 vta. (ésta de fecha 10 de junio de 2016) en los autos "Baggini Josefa Virginia s. quiebra" (expte. 93.001), sin duda alguna queda en evidencia lo tardío del planteo de fs. 475/477 en esta ejecución hipotecaria, tal como bien se advirtiera en la instancia de grado.
En definitiva, además de considerar disfuncional hacer lugar a la nulidad propuesta, entiendo que se alteraría la regular tramitación de la causa si pretendiésemos subsanar un acto afectado por una causa distinta de la que se pretende enmendar.
Voto por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Los colegas preopinantes vienen proponiendo mayoritariamente la declaración oficiosa de la nulidad de todo lo actuado en torno de la incidencia formulada por la señora síndico a partir de fs. 475/477 vta. de la presente ejecución individual del crédito con garantía real que el ejecutante posee contra la hoy fallida, debido a que dicho inicial planteo incidental de la sindicatura, por el cual se solicitara -a su vez- la declaración de nulidad de lo aquí actuado sin el contemporáneo contralor de dicho órgano concursal, careció de debido patrocinio letrado, en violación de lo normado por los arts. 56 del Código Procesal Civil y Comercial provincial y 257 de la ley 24.522.
Pues bien, con relación a la pertinencia de dicho patrocinio para este tipo de funcionarios en los concursos, la conjunción de lo establecido por el referido art. 257 con lo normado por el aquí más apropiado art. 21 de la ley 24.522 lleva a reconocer la mera facultad del síndico para requerir el mentado patrocinio letrado (incluso otorgando poder a favor de abogados) para el ejercicio de sus funciones, tanto en el marco del concurso de acreedores o quiebra del deudor y en sus incidentes.
Pero tal posible actuación sin patrocinio no parece ofrecer mayores dificultades cuando -de ordinario- el síndico deba ejercer sus funciones propias, sean las informativas, las técnicas, contables y de asesoramiento del juez, u otras similares atinentes a su profesión, que le son especialmente encomendadas por la ley concursal (conf. arts. 254, 275 y concs., ley 24.522); pero cuando dentro del proceso principal o de sus incidentes, éste asume el rol de litigante y debe desarrollar actos de postulación o de impugnación en juicio, que resultan inherentes a su función de tutela y representación de los intereses concursales pero en los que dicha actuación claramente excede -por la materia- su competencia profesional, allí el patrocinio letrado le ha de resultar exigible en los términos de las normas adjetivas locales (conf. arts. 21, 110, 257 y concs., ley 24.522; 56, CPCC; en el mismo sentido, causa Cám. Civ. y Com. Rosario, Sala 1, sent. de 17-II-2005, in re "Chocobar, Víctor y Cande, José A. s/Quiebra-Extensión").
Al respecto esta Suprema Corte ha establecido que, a pesar de su calidad de órgano del proceso concursal, en principio, resulta imprescindible que toda impugnación presentada por el síndico en juicio cuente con la debida asistencia profesional de un abogado (conf. doctr. causas Ac. 50.794, "Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 1-XI-1994 y C. 111.780, "Julien", resol. de 5-X-2011), en la medida en que la imposición del art. 56 del Código Procesal Civil y Comercial no sólo responde a la tutela del debido proceso de la parte que debe actuar con asesoramiento, sino a una adecuada administración de los litigios y a una eficiente prestación del servicio de justicia, que se vería obstruido ante la permisión de postulaciones de deficiente técnica (conf. causa C. 73.725, "Fernández", sent. de 19-XII-2007). En tal contexto, incluso el consentimiento de las partes en el sentido de prescindir del auspicio letrado no obsta al cumplimiento de la manda establecida, que el juez puede verificar aun oficiosamente (conf. arts. 56 y 57, CPCC; 92 y 93, ley 5.177; causa C. 73.725, cit.).
En el mismo sentido, se ha dicho que el patrocinio letrado debe ser considerado obligatorio cuando se trata de piezas procesales que tienden a controvertir derechos o excedan las meras labores técnicas o contables propias de la sindicatura (CNCom., sala B, in re "Bodegas y Viñedos Gargantini S.A. s/concurso preventivo", de 31-X-1986; CNCom, Sala C, in re "Gross Cuero s/ inc. de verif. por Bonaderi", de 27-VI-1989; misma Sala, in re "Soria, Juan s/ quiebra s/inc. de verif. por Banco Itaú", de 24-IV-2009; e.o.).
Así, advirtiéndose en este caso que la señora síndico se presentó en la ejecución hipotecaria de marras con posterioridad a la realización de la subasta del inmueble objeto de la garantía, una vez devenida la quiebra de la ejecutada, en calidad de parte necesaria, con la extensión y legitimación procesal derivadas del desapoderamiento padecido por el fallido (conf. arts. 21 y 110, ley 24.522), a los fines de tomar intervención en estos autos e impugnar diversos actos procesales que reputó perjudiciales para la masa de acreedores (v. fs. 475/477 vta.), observo que por el objeto de su presentación y por la etapa del proceso falencial en que ocurrió la misma, la falta de asesoramiento letrado pudo verdaderamente incidir en la suerte de las impugnaciones formuladas en claro exceso de sus competencias profesionales (doctr. art. 384 y concs., CPCC). Por lo que, sin que se verifiquen en la especie otras circunstancias que permitan juzgar la cuestión de un modo diverso, también considero que corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado en esta incidencia a partir del planteo de fs. 475/477 vta. (arts. 21, 110, 257 y concs., ley 24.522 y 56, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Conforme ha quedado resuelta la primera cuestión, no corresponde abordar el tratamiento de la presente.
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Negri , Soria , Genoud y Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, por mayoría, se decreta de oficio la nulidad de todo lo actuado a partir de la incidencia suscitada a fs. 475/477 vta. (arts. 279 y 289, CPCC).
Costas por su orden, dada la forma en que se resuelve (art. 68, segunda parte, CPCC).
Notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE L
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.