Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123670
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
La Plata, 19 de febrero de 2020.
Los señores Jueces doctores Torres, Pettigiani y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Junín, en el marco de una ejecución hipotecaria incoada por el Fideicomiso de Recuperación Crediticia 12.726 contra Lidia Haydée Arostegui y Miguel Ángel Arostegui, revocó el pronunciamiento de origen que, a su turno, rechazara la excepción de prescripción deducida por estos últimos, estimándola al encontrar reunidos los extremos necesarios para su progreso (v. fs. 161/164 y fs. 176/180).
II. Frente a ello, el letrado apoderado del actor vencido interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que se desconforma con el resultado adverso de su pretensión y alega arbitrariedad (v. fs. 203/212).
III. El remedio no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Ha establecido esta Suprema Corte que los tópicos relacionados con el cómputo de la prescripción, suspensión, interrupción o punto de arranque de la misma son típicos planteos fáctico-probatorios y por tal motivo extraños a la competencia de la instancia extraordinaria salvo el supuesto excepcional de absurdo (conf. doctr. causas C. 119.671, "Comité de Administración del Fideicomiso de Recuperación Crediticia Ley 12.726", resol. de 29-IV-2015; C. 121.100, "Báez", resol. de 28-XII-2016 y C. 121.432, "Ascuaga", resol. de 28-VI-2017; etc.), vicio que -si bien no ha sido esbozado- no se avizora configurado en la especie (conf. art. 279, CPCC).
En efecto, el Tribunal de Alzada a fs. 502/508 vta. -a la luz de las actuaciones sucedidas en la especie- para revocar el fallo de primer grado y, en consecuencia, estimar el planteo prescriptivo sostuvo que "... después de la notificación a los accionados de la cesión del crédito en ejecución, diligenciada en fecha 13/4/2004 ... el último acto interruptor del cómputo del plazo de prescripción, fue la insinuación del crédito en el concurso preventivo de Miguel Ángel Arostegui, realizada en fecha 3/5/2004 ... En consecuencia, habiéndose producido el siguiente acto impulsor de la ejecución, recién en fecha 8/9/2010, mediante el pedido de subasta ... emerge diáfanamente que para esa fecha, la acción ya estaba prescripta ..." (v. fs. 178 vta.).
Tal fundamento, que se constituye en el eje central de la solución cuestionada, no logra ser desvirtuado por los escuetos reproches expuestos a 206 vta./211 vta., toda vez que su detenida lectura deja advertir que tales reparos (vinculados con el carácter restrictivo del instituto, la interposición extemporánea de la excepción, el análisis de la normativa en crisis y la protección y resguardo del patrimonio público) se han limitado a discrepar con los razones expuestas por el a quo , exteriorizando una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la temática resuelta (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.), lo que no basta para demostrar el error imputado.
Sabido es que para revisar cuestiones de hecho resulta indispensable evidenciar contundentemente que las conclusiones que se cuestionan son el producto del error grave y manifiesto que derivan en afirmaciones insostenibles a la luz de los instrumentos objetivos de la causa, situación que no ocurre en autos. Por más respetable que sea la opinión del agraviado, ello no autoriza -por sí solo- para que este Superior Tribunal sustituya con su criterio al de los jueces de la instancia de apelación (conf. doctr. causas C. 118.133, "L., M. F.", sent. de 8-IV-2015; C. 120.322, "Galván", resol. de 29-VI-2016 y C. 121.414, "Ramírez", resol. de 12-IV-2017).
Además, el canal bajo estudio exhibe un absoluto desentendimiento de las normas legales expresamente actuadas en la solución recurrida (v. fs. 763 vta./765 vta.). En tal sentido, ha manifestado esta Corte que es insuficiente la vía revisora que no sólo no formula una réplica de las razones estructurales y definitorias del fallo sino que -además- omite denunciar como violados los artículos utilizados en él (conf. doctr. causas C. 119.728, "Sandoval", resol. de 20-V-2015; C. 119.856, "Ríos", resol. de 17-VI-2015 y C. 120.761, "Gauna", resol. de 13-VII-2016; entre varias).
Lo expuesto, basta para repeler este segmento recursivo (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. Igual suerte adversa debe correr la alegación de arbitrariedad (v. fs. 206 y sigs.), toda vez que ella no se erige en elemento útil a los fines de enervar lo decidido. Conviene recordar que la simple enunciación de su existencia no es suficiente para habilitar esta instancia extraordinaria si no se demuestra -como sucede en el caso- que la operación intelectual desarrollada en la formación de la sentencia carece de bases aceptables, con arreglo a los mandatos legales que gobiernan la apreciación de las constancias (conf. doctr. causas C. 118.323, "Gaetan", resol. de 4-III-2015; C. 120.917, "Gasparroni", resol. de 21-IX-2016; C. 121.414, "Ramírez", resol. de 12-IV-2017; entre otras).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia