Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122556
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.556, "Banco Platense S.A. contra Arpeco S.A. Ejecución hipotecaria", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Pettigiani, Kogan , Genoud.
La Sala I de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, en su momento, había determinado la obligación de la entidad actora al pago de los gastos derivados de la suspensión de la subasta, incluidos los honorarios del martillero, y decretado la inviabilidad de continuar con el trámite de la ejecución. Impuso las costas a la ejecutante (v. fs. 758/760 vta.).
Se interpusieron, por la sindicatura de la entidad actora, recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 766/783 vta.).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso contrario:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. La sindicatura de la entidad bancaria -declarada en quiebra- inició el trámite de esta ejecución hipotecaria contra la empresa Arpeco S.A. por una deuda que al año 2008, tal como lo expone la ejecutante al momento de iniciar la ejecución, ascendía a la suma de $2.005.694,20, la que había sido garantizada con derecho real de hipoteca sobre el inmueble de propiedad de la demandada, sito en calle 56 n° 626 entre 7 y 8 de la ciudad de La Plata, matrícula 126.015, conforme surgía de la escritura n° 215, celebrada en la referida localidad el 27 de febrero de 1996.
Destaca la entidad bancaria que el crédito que pretende ejecutar habría sido declarado admisible, en resolución del 5 de octubre de 2005, como privilegiado con hipoteca en primer grado por la suma de $730.000 en autos caratulados "Arpeco S.A. s/ quiebra convertida" expediente n° 19.311/04 en trámite ante el Juzgado Civil y Comercial n° 10 de este departamento judicial (v. fs. 16/18).
Luego de los trámites de rigor, se dictó sentencia de trance y remate condenando a la demandada a abonar la suma de setecientos treinta mil pesos ($730.000) con más los intereses allí dispuestos (v. fs. 337/338 vta.) y se ordenó la subasta del bien objeto del derecho real (v. fs. 466).
Posteriormente -y estando en curso los trámites del remate-, el letrado apoderado de la empresa demandada denunció a fs. 475/476 que en autos caratulados "Banco Platense S.A. c/ Arpeco S.A. s/ Ejecución Hipotecaria" expediente n° 698.396, en trámite por ante el Juzgado Civil y Comercial n° 12 de este departamento judicial, el garante de Arpeco S.A., la firma Arriaga S.A., había abonado en el mes de octubre de 2010 la suma de novecientos sesenta y cinco mil doscientos veinte pesos con setenta y ocho centavos ($965.220,78) para liberar de la garantía al bien de su propiedad, motivo por el cual solicitó la suspensión del remate que se había dispuesto en estos autos, lo que así se resolvió, y se ordenó librar oficio al referido juzgado de primera instancia (v. fs. 480).
Fracasado el acto del remate, el martillero interviniente presentó la rendición de cuentas de los gastos que había efectuado, la que le fue aprobada y solicitó, además, la regulación de sus honorarios (v. fs. 588; 590), todo lo que fue consentido por las partes.
La sindicatura de la actora peticionó que los gastos de la suspensión de la subasta fueran a cargo de la demandada y la continuación del trámite de la ejecución, explicando que en el expediente que tramitaba en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 12 esa parte había desistido de la ejecución contra Arpeco S.A. y no contra los demás -en razón de haberse presentado en el concurso de esta última- y porque en dichas actuaciones la firma Arriaga S.A. había saldado sólo la parte de la deuda que había garantizado con un inmueble de su propiedad, que no era el que aquí se ejecutaba. Solicitó, además, la aplicación a la demandada de una multa por temeridad y malicia al haber dilatado de forma deliberada e innecesaria el cumplimiento de la sentencia de remate (v. fs. 596/598).
La demandada y el síndico de su concurso contestaron el traslado a la presentación de la actora, repeliéndolo (v. fs. 638/640; 655/656 vta.).
Seguidamente se dictó resolución rechazando el planteo de la entidad bancaria, circunscribiendo el magistrado su decisión a determinar solo quién era el obligado al pago de los gastos derivados de la suspensión de la subasta, y así estableció que estos últimos y los honorarios del martillero debían ser soportados por ambas partes. De esa manera rechazó la petición actora de que se impusiera multa a la contraria al considerar que la conducta de la demandada se encontraba dentro de los límites razonables del ejercicio de su derecho de defensa en juicio (v. fs. 660/661 vta.).
Este pronunciamiento fue apelado por la actora (v. fs. 662), presentando su memorial (v. fs. 664/671 vta.).
I.2. Elevados los autos a la Cámara esta anuló el pronunciamiento de primera instancia porque nada había resuelto sobre cómo debía imputarse el pago denunciado a fs. 475/476, pues el déficit de fundamentación implicaba una violación a las formas sustanciales del pronunciamiento al no haberse respetado el principio de correspondencia objetiva sobre el tema propuesto y la decisión judicial (v. fs. 690/692 vta.).
Con la intervención de un nuevo magistrado, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 6 de este departamento judicial, se rechazaron los planteos de la ejecutante contenidos en su escrito de fs. 596/598 (v. fs. 711/713). Esta última apeló la decisión y presentó su memorial (v. fs. 716 y 718/737), el que no fue respondido por la contraria (v. fs. 752).
I.3. La Cámara confirmó la decisión de primera instancia.
Para decidir de esa manera, tuvo en cuenta que el apoderado de la empresa demandada había solicitado la suspensión de la subasta en razón de que, en la ejecución en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 12 de este departamento judicial, el garante hipotecario Arriaga S.A. había saldado la deuda que aquí se reclamaba (v. fs. 758 vta. y 759).
Consideró, entonces, que la entidad bancaria ejecutante conocía las razones por las que la subasta se había suspendido, pues la deuda reclamada en autos también había sido objeto de reclamo entre las mismas partes, pero por ante otro juzgado. Agregó que tampoco se habían indicado, y menos acreditado, las circunstancias objetivas que hubieran justificado seguir adelante con el auto de venta (v. fs. 759 vta.).
Encontró, además, que la actora había guardado silencio ante las manifestaciones del martillero, efectuadas en el presente expediente, y que también había prestado conformidad con las cuentas practicadas por el auxiliar (v. fs. cit.).
Concluyó, entonces, que las evidencias descriptas no podían ser desconocidas por la entidad actora, pues habían impedido que se continuara con el trámite de la venta forzada, lo que implicaba que la ejecutante debía soportar los gastos generados por la subasta (v. fs. 760).
II. Ingresando al análisis de los planteos traídos a consideración de este Tribunal, se agravia la recurrente denunciando la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial.
II.1. Comienza su impugnación señalando la omisión de tratamiento de una cuestión esencial, como es la imputación del pago denunciado a fs. 475/476 conforme lo había decidido la Cámara a fs. 690/692 (v. fs. 779 vta. y 780).
Destaca que mal podrían imponerse costas y costos derivados de la suspensión de la subasta sin haber previamente determinado la imputación del pago denunciado en autos (v. fs. 780 y vta.).
Entiende que la cuestión omitida es producto de una interpretación absurda de las constancias de la causa, cuando la Cámara, en anterior pronunciamiento, ordenó expedirse sobre esa cuestión, lo que descalifica al fallo como acto jurídico válido (v. fs. 780 vta./781 vta.).
II.2. Sostiene, además, que se ha violado el art. 171 de la Constitución provincial.
Afirma que el fallo carece de expresas citas legales y que el único fundamento de la decisión es sólo el arbitrio del juzgador. Cita causas de esta Corte en apoyo de su postura y señala que el pronunciamiento afecta garantías constitucionales (v. fs. 781 vta. y 782).
Pone de relieve que se ha puesto en evidencia un excesivo rigorismo ritual frente a la verdad objetiva que surgía de las constancias de la causa y de los autos tramitados en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 12, ya que la sentencia recurrida se apartó de los hechos probados y acreditados en autos, ciñéndose en su decisión a la versión dada por el ejecutado, la que -entiende- no se ajusta a la realidad (v. fs. 782).
Describe las actuaciones procesales cumplidas, reprocha la conducta de la demandada al pedir la suspensión de la subasta, la incorrecta imputación de pago denunciada a fs. 596/598 y la agregación de las copias del expediente tramitado por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 12 que acreditan el pago parcial del fiador, para finalizar su embate señalando que la sentencia, al hacer caso omiso de las constancias de autos vulneró, el art. 171 de la Constitución provincial (v. fs. 782 vta.).
III.1. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera, pero por los siguientes fundamentos.
Esta Corte tiene dicho que cuestiones esenciales son, en los términos del art. 168 de la Constitución provincial, aquellas que, según las modalidades del caso, resultan necesarias para la correcta solución del pleito y están constituidas por puntos o capítulos de cuya decisión dependen directamente el sentido y alcance del pronunciamiento (conf. doctr. causas C. 102.984, "G., M. V.", sent. de 10-VI-2009; C. 120.629, "Ortiz", sent. de 7-III-2018; e.o.).
Sobre tal plataforma es que no encuentro que le asista razón a la actora en que la Cámara no se ha pronunciado sobre la imputación de pago no sólo a los efectos de determinar qué parte debía cargar con las costas de la suspendida subasta, sino sobre la suspensión decretada.
El Tribunal de Alzada determinó que la sindicatura de la actora no desconocía el pago que se había efectuado en el expediente que tramitaba por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 12, ni que hubiera alguna circunstancia objetiva que justificara seguir adelante con el auto de venta, razón por la cual la suspensión había quedado consentida, para así concluir que nunca pudo desconocer la inviabilidad de seguir con la venta forzada. Consideró, entonces, que los gastos generados por ella y en razón de su propia conducta procesal debían ser soportadas por la ejecutante (v. fs. 759/760).
Yerra entonces la recurrente en la vía elegida, pues de lo que se desconforma es de la solución dada a su agravio, impugnación que debe ser planteada por medio del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Debe tenerse presente que el acierto o error de la decisión se encuentra vinculado con los eventuales errores in iudicando en que hubiera incurrido el juzgador, temática que resulta ajena al ámbito de desarrollo elegido toda vez que es propia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (conf. doctr. causas C. 119.649, "Mena", sent. de 23-V-2017; C. 120.653, "Campagne", sent. de 7-VI-2017; e.o.).
III.2. Tampoco es atingente su agravio por la falta de fundamentación legal (art. 171, Const. prov.), ya que el pronunciamiento atacado está refiriéndose a la omisión de prueba que acreditara alguna circunstancia objetiva que justificara seguir adelante con el auto de venta, impugnación que, como se puso de manifiesto al tratar el punto anterior, es ajeno a esta vía recursiva y propia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Además, es dable recordar que la falta de fundamentación legal sólo se produce cuando la sentencia carece de basamento jurídico, faltando la referencia de los preceptos legales pertinentes, circunstancia que no se configura en el caso, ya que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (v. fs. 698/713 vta.; conf. doctr. causas C. 119.237, "Giorgini", resol. de 3-VI-2015; C. 120.618, "Wichser", resol. de 29-VI-2016; C. 121.304, "L. M., R. C.", resol. de 8-III-2017; e.o.).
III.3. Equivoca otra vez la impugnante la vía recursiva de ataque contra el excesivo rigorismo ritual que denuncia configurado en el fallo, pues al estar relacionado con la manera en que se ha pronunciado el juzgador su articulación es ajena a las previsiones contenidas en los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, y como ya se dijo, propia del recurso extraordinario de inaplicabilidad.
IV. Por lo expuesto soy de la opinión de que el recurso extraordinario de nulidad interpuesto debe ser rechazado; costas a la recurrente vencida (conf. arts. 68 y 298 in fine, CPCC).
Voto por la negativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante.
Voto por la negativa.
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Torres y doy el mío por la negativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al voto del distinguido colega que abre el acuerdo.
Voto por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Corresponde seguidamente ingresar en la consideración del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la actora.
Contra el pronunciamiento reseñado al abordar la primera cuestión, la recurrente también articula recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, alegando la configuración del absurdo y la violación de los arts. 17, 18 y 19 de la Constitución nacional.
Continúa luego su impugnación narrando los antecedentes del caso y explicando las características de la obligación ejecutada.
Ya en relación a su disconformidad con los motivos que dieran origen a la suspensión de la subasta decretada, señala que el pago efectuado por Arriaga S.A. sólo representaba USD 176.250, o sea el 14,68% del capital prestado a Arpeco S.A., lo que surgía claramente del expediente en el cual se había realizado el pago. Arguye que no correspondía considerar el capital de $730.000 reclamado en la ejecución para la imputación del pago efectuado, ya que a aquel importe pesificado debía adicionársele el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), intereses y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Destacó que el pago que se concretó en las actuaciones seguidas ante el Juzgado n° 12 no comprendía la porción del crédito base de esta ejecución (v. fs. 772/773 vta.).
Pone de relieve que en autos, a fs. 146/147 y 167/168, existen liquidaciones de la deuda reclamada, una por $9.083.535,06 y otra por $10.301.068,17, las que no fueron observadas por la demandada (v. fs. 774 y vta.).
Señala la contradicción en la que incurrió la Cámara al resolver como lo hizo cuando había reconocido que el pago había sido por la porción del crédito garantizado únicamente por la codemandada Arriaga S.A., cuando aquí se ejecuta la porción garantizada por Arpeco S.A., razón por la cual no existía fundamento para la suspensión de la subasta y para imponerle a la ejecutante las costas de esa decisión (v. fs. 775).
Se agravia la recurrente destacando que el pronunciamiento dictado se encuadra dentro de la doctrina del absurdo a partir del confronte de las constancias de este expediente y de lo tramitado por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 12. Resalta que se ha lesionado el derecho de propiedad de la quiebra por cuanto se consideró extinguido un crédito en base a un pago realizado en otro expediente por una porción de la deuda que aquí no se reclama. También sostiene que se lesionaron los derechos de defensa en juicio y debido proceso al colocar a la quiebra en un estado de indefensión señalando, que esta Corte no puede pasar por alto irregularidades habidas en el proceso, como fue la falta de traslado a esta parte del pedido de suspensión de la subasta (v. fs. 775 vta./776 vta.).
Por último, transcribe citas de autor sobre error in iudicando para señalar que en el caso se configura cuando la Cámara valida el pago, haciendo una imputación desacertada e interpretando erróneamente el escrito de fs. 475/476, pues reitera que corresponde a una parte del crédito adeudado que no es el que aquí se ejecuta, resaltando que esa sindicatura acompañó a fs. 609/618 copias simples de las actuaciones que tramitaron por ante el Juzgado Civil y Comercial n° 12 en las que se efectuó el pago $965.220,72 y su imputación conforme el apartado segundo de la cláusula cuarta del mutuo hipotecario (v. fs. 776 vta./779 vta.).
II.1. Previo a resolver, es necesario repasar el iter procesal anterior a la decisión de la Cámara que aquí se ataca.
La sindicatura de la quiebra de Banco Platense S.A. inició la ejecución de la deuda que Arpeco S.A. tenía con la entidad financiera. Esta deuda de USD 1.200.000 surgía de un mutuo con garantía hipotecaria obrante a fs. 97/106 vta. (escritura pública n° 215 de fecha 27 de febrero de 1996, otorgada por la escribana Elsa María E. García de Renaldi) por la cual Arpeco S.A. y los señores César Felipe Arriaga, Luis Alfredo Arriaga y Rubén Abel Perazo se constituían en deudores mancomunados y solidarios (v. cláusula 1ra.). Esta deuda se garantizó en la cláusula cuarta, de la siguiente manera:
"En garantía del pago de dicho préstamo y demás obligaciones accesorias y sin perjuicio de responder 'Arpeco Sociedad Anónima' con sus demás bienes, la Sociedad deudora y 'Arriaga S.A.' gravan con derecho real de HIPOTECA en PRIMER GRADO de privilegio a favor del BANCO PLATENSE, SOCIEDAD ANÓNIMA, los siguientes inmuebles: Primero: Por la suma de Setecientos treinta mil dólares estadounidenses billete sobre una finca ubicada en esta ciudad y Partido de LA PLATA, calle 56, hoy número 625, entre las 7 y 8, edificado [...] le corresponde a la sociedad hipotecante, Arpeco Sociedad Anónima, [...] Segundo: Por la suma de Ciento setenta y seis mil doscientos cincuenta dólares estadounidenses billete una Fracción de campo, propiedad de 'ARRIAGA S,A.' ubicada en la Pedanía La Amarga y Pedanía San Martín, Departamento Presidente Sáenz Peña [...] Provincia de CÓRDOBA..." (el destacado figura en el original; v. fs. 99 y vta.).
De la cláusula transcripta se desprende que en esta ejecución se estaba subastando el inmueble correspondiente al punto primero de la cláusula cuarta, de propiedad de Arpeco S.A. (v. fs. 17 y vta., escrito de inicio) y que por otro lado Arriaga S.A. garantizaba, con una fracción de campo, una parte del mutuo, o sea garantizaba ciento setenta y seis mil dólares estadounidenses (USD1 76.000) de la suma mayor de un millón doscientos mil dólares estadounidenses (USD 1.200.000).
La deuda reclamada en el escrito de inicio correspondió al crédito de Banco Platense S.A. declarado admisible en la quiebra de Arpeco S.A. equivalente de setecientos treinta mil pesos ($730.000) con más la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia e intereses, lo que alcanzó la cifra de $2.005.694,20, en abril de 2008.
También la sindicatura actora explicó el motivo por el cual la ejecución contra Arpeco S.A. había quedado radicada en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 18. Nos informa que en el expediente "Banco Platense S.A. c/ Arpeco S.A. y otros s/Ejecución hipotec
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.