Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123943
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por no presentado el escrito electrónico de fecha 27 de agosto del corriente año, reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit.; 257 y sigs., CPCCN) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo 256 y 257, CPCCN).
C. 123.943 "BAYUGAR EDUARDO MANUEL C/ 30 DE MAYO S.A. Y OTRO S/ EJECUCION HIPOTECARIA"
I. El martillero Luis Eduardo Paladino interpone recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que desestimó la queja por denegatoria del de nulidad, en virtud de la falta de definitividad de la decisión impugnada (v. resol. de fecha 16-VI-2020 -según Observación en trámite identificado como "RESOLUCION REGISTRABLE" de 12-VI-2020-, escrito electrónico titulado "RECURSO EXRORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 23-VII-2020 y su archivo adjunto identificado como "RECURSO FEDERAL Y CARATULA.pdf").
En el caso, la Cámara interviniente confirmó la resolución del magistrado de origen que, a su turno, fijó los estipendios del martillero -de conformidad con el art. 57 de la ley 14.085- en la suma de $8.200 por la subasta fracasada (v. Mev, expte. 150887, resol. de fecha 3-XII-2019).
II.1 En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de propiedad, defensa, debido proceso adjetivo, acceso a la justicia y razonabilidad (arts. 16, 17, 18, 28, 31, 33 y 75 incs. 22 y 23, de la Const. nac.; v. págs. 7, 18/20 y 22, adjunto cit.).
II.2. Sostiene que este Tribunal -mediante argumentos dogmáticos y con fundamentos aparentes- desestimó la vía de hecho deducida, sin sustento en las constancias comprobadas de la causa, de las cuales surge -a su modo de ver- que la cuestión esencial debatida en autos no ha recibido un adecuado y serio tratamiento. Ello, por cuanto -asevera- que la retribución fijada por la subasta fracasada -con apoyo en el art. 57 de la ley 14.085- no guarda razonabilidad y proporción con el monto de los bienes cuyo remate fuera suspendido (v. págs. 7, 19/21, 23, pdf, cit,).
En ese sentido, alega que la decisión en crisis debe ser revocada puesto que, al igual que en los pronunciamientos de los magistrados anteriores en grado, se ha desoído la normativa que protege la remuneración de los martilleros públicos (v. pág. 9, pdf, cit.).
II.3. Reconoce que la situación descripta sería de índole procesal y de derecho común, pero al importar agravios a los derechos de defensa, de propiedad, de debido proceso adjetivo, a la no confiscatoriedad, a la razonabilidad de toda interpretación normativa y a recibir una sentencia con apoyo en la ley, entiende, que se configura una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía (v. pág. 20, adjunto cit.).
II.4. Cuestiona, además, que esta Corte no dio la intervención que le confiere la ley al Ministerio Público Fiscal, en forma previa a resolver acerca de la nulidad de un pronunciamiento judicial, como prevé el art. 297 del Código ritual provincial, circunstancia que -a su entender- torna descalificable el fallo atacado (v. pág. 20, pdf cit.).
II.5 Por último, el recurrente denuncia que resulta irrazonable y arbitrario aprobar tangencialmente lo irregularmente actuado por los órganos inferiores, como lo termina haciendo este Tribunal, al entender adecuada la regulación de honorarios efectuada, soslayando lo normado por el art. 58 de la ley provincial n° 14.085 (v. págs. 7 y 21, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de 29-VII- 2020), el mismo fue contestado por la parte actora (v. escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - CONTESTA TRASLADO", de fecha 27-VIII-2020 y su adjunto identificado como "copia contesta recurso 1.4 pdf").
En relación a dicha pieza, cabe destacar que no se ha dado cumplimiento con el requisito vinculado a la cantidad máxima de renglones por página, tal como exige el art. 1 del reglamento aprobado por la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema (el escrito presenta más de 26 renglones en las págs. 2/11; v. pdf adjunto cit.; doctr. CSJN, causas "Pérez Bernardita c/ Lorena Ruiz Arias Marciano s/ daños y perjuicios", sent. de 1-VI-2010, P. 720-XLV; "Monterisi, Ricardo c/ Banco Central de la República Argentina s/ incidente ejecución de sentencia", sent. de 28-IX-2013, M. S7.XLIX).
En razón de ello, se la tiene por no presentada, reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit.; 257 y sigs., CPCCN).
IV.1. Con relación a la vía federal deducida, corresponde señalar que las cuestiones relativas a la admisibilidad de los remedios interpuestos ante los tribunales locales, así como también las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho procesal local y las relativas a cuestiones de hecho y prueba (en el sub lite , la definitividad de la decisión de Cámara, confirmatoria de los honorarios regulados en la instancia de grado y la razonabilidad de los montos allí fijados), no justifican -por regla y naturaleza- la habilitación de la instancia federal, por lo que en estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos suficientes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional (CSJN, Fallos: 249:530; 295:54; 329:5424; 330:133:4770; entre otros).
En el caso, no se advierte que en el recurso intentado se satisfagan tales extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que una discrepancia con el criterio fijado por este Tribunal para desestimar la queja por denegatoria del de nulidad, insuficiente -como tal- para habilitar la instancia federal (doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
IV.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad basada en las causales de dogmatismo, falta de fundamentación, apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable y omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, no se observan motivos que - prima facie valorados- sean suficientes para dar sustento a la invocación de un supuesto excepcional (doctr. art. 15, cit.).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN Fallos: 313:493; 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie.
IV.3. Deviene pertinente agregar que si bien se alega que se ha incurrido en confiscatoriedad -v. págs. 11 y 20, adjunto cit.-, no se acredita la ocurrencia de tal supuesto, sino que bajo tal ropaje exhibe el impugnante -en rigor- su discrepancia con la suma fijada por el juzgador en la tarea que le está reservada (conf. doctr. causas C. 111.253, "Messina", resol. de 9-XII-2010; C. 113.967, "Pergentil", resol. de 4-V-2011; C. 120.703, "Otamendi", resol. de 15-XI-2016 y C. 123.728, "D' eramo", resol. de 11-V-2020).
IV.4. Resta indicar, que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (derechos de propiedad, defensa, debido proceso adjetivo, no confiscatoriedad, acceso a la justicia y razonabilidad; arts. 16, 17, 18, 28, 31, 33 y 75 incs. 22 y 23, de la Const. nac.; v. pág. 7, 18/20 y 22, pdf cit.), no abastece el remedio intentado, ya que dicha referencia no constituye una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA causas C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 121.392, "Conciencia Ciudadana Mejorar Asociación Civil", resol. de 21-XI-2018; C. 107.985, "Kusayu SA", resol. de 15-VIII-2018; C. 122.884, "Silva", resol. de 26-VI-2019; C. 123.115, "Conciencia Ciudadana", resol. de 13-XI-2019; C. 123.471, "Conciencia Ciudadana Mejorar Asociación Civil", resol. de 11-V-2020; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por no presentado el escrito electrónico de fecha 27 de agosto del corriente año, reputándose inoficiosa dicha actuación (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Ac. cit.; 257 y sigs., CPCCN) y 2) denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo 256 y 257, CPCCN).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/12/2020 16:15:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2020 19:24:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/12/2020 18:12:30 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/12/2020 08:19:58 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/12/2020 13:50:06 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia