Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 125232
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja impetrada y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 292, CPCC) y 2) ante la insuficiente fundamentación, rechazarlo (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
C. 125.232 "COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA C/ BAUEN S.R.L. Y OTROS S/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA"
I. La Sala I de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata, en el marco de una ejecución hipotecaria promovida por el Comité de Administración del Fideicomiso de Recuperación Crediticia ley 12.726 contra la firma Bauen S.R.L, confirmó la decisión del juzgado de origen que, a su turno, desestimara la impugnación efectuada por la ejecutante y aprobara, en consecuencia, la liquidación practicada por la contraria por la suma de catorce millones doscientos catorce mil novecientos quince pesos con sesenta y tres centavos ($ 14.214.915,63), con costas a la actora (v. resols. de 24-VIII-2021 y 26-III-2021, respectivamente).
Para así decidir, el Tribunal de Alzada expuso que en los escritos postulatorios no se advertía mención alguna al Coeficiente de Estabilización de Referencia que la accionante pretendía incluir en esta instancia procesal. Hizo alusión a los principios de cosa juzgada y defensa en juicio, a la vez que resaltó que en la resolución de grado que mandó llevar adelante la ejecución no se habían considerado planteos sobre la aplicación de las leyes de emergencia, limitándose en sus considerandos a señalar que correspondía " llevar adelante la ejecución por el importe de capital de $ 2.967.524,83 de conformidad a la manifestación incontrovertida (v. fs. 74) y documentos que han quedado reconocidos" (v. resol. de 24-VIII-2021).
Frente a lo así resuelto, la parte ejecutante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 10-IX-2021), el que fue denegado con fundamento en la falta de definitividad del pronunciamiento cuestionado (resol. de 23-IX-2021). Ello motivó una queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 1-X-2021 y sus archivos adjuntos).
II. Recibidas las actuaciones principales y pasando a tratar la vía directa incoada cabe señalar que, en el caso reseñado, a tenor de los agravios traídos referidos a que la presente ejecución versa sobre una deuda originariamente contraída en dólares estadounidenses y respecto de la existencia de cosa juzgada, alegando la parte impugnante la vulneración de la ley de emergencia 25.561 y del decreto 214/02, la resolución cuestionada reviste para el recurrente carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. doctr. causas Ac. 96.061, "Cooperativa Defensa de Agricultores Ltda.", resol. de 30-V-2007; Ac. 98.741, "Leone", resol. de 12-III-2008; C. 110.137, "Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.", resol. de 7-IX-2011; C. 106.380, "David", resol. de 10-X-2012; C. 124.127, "Sindicato de Trabajadores Municipales de Pehuajó", resol. de 12-XI-2021 y C. 124.794, "Compañía Productora de Alimentos del Sur S.A. ", resol. de 10-VIII-2022).
Así, encontrándose reunidos los demás requisitos legales, corresponde hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado con fecha 10 de septiembre de 2021 (arts. 278 y 292, CPCC).
III. Abordando la vía concedida, a través de la cual se denuncia afectación de las garantías de propiedad, debido proceso, igualdad ante la ley y defensa en juicio, violación del principio de legalidad y arbitrariedad por la no aplicación de la ley nacional 25.561 y el decreto 214/02 de orden público, se anticipa que ésta no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada -a la luz de las pruebas colectadas en la especie- para confirmar la decisión de grado sostuvo que "En el caso particular y como bien sostiene el Juez a quo, es dicho atributo el que debe gobernar la solución aplicable, pues independientemente del modo en que ha intentado abordarlo la recurrente para eludir estas limitaciones, no hay dudas que la pretensión porta la implícita voluntad de alterar lo decidido, forzando una interpretación que lejos está de acompasar lo que surge de las constancias obrantes en autos. En efecto, en el escrito de demanda, el Fideicomiso de Recuperación Crediticia Ley 12726/12790 afirmó que su reclamo era de monto 'indeterminado'; pero, frente al requerimiento de fs. 59 para cumplir con el art. 330 inc. 6 del CPCC, dijo, brevemente: 'Denuncio el monto histórico reclamado a la demandada en la suma de $1.501.142,66 (pesos un millón quinientos un mil ciento cuarenta y dos con sesenta y seis centavos)'. Luego de ello expuso -y se cita textualmente- haber 'incurrido en un error en cuanto al monto reclamado, toda vez que el mismo a la fecha de mora (15-8-2002) es de $2.967.524,83 (dos millones novecientos sesenta y siete mil quinientos veinticuatro con ochenta y tres centavos). Atento ello, se tenga por iniciada la presente demanda por dicho monto'. De tal modo, en ningún pasaje de los escritos postulatorios se advierte siquiera la más mínima mención al Coeficiente de Estabilización de Referencia que ahora se pretende incluir en esta instancia procesal de las actuaciones, ni tampoco desarrollo alguno sobre la conformación de los montos reclamados, los que han sido fijados y reclamados siempre en moneda nacional." (v. págs. 6/7).
Tales fundamentos, que se constituyen en el eje central de la sentencia en crisis, no logran ser conmovidos por los reproches volcados en las págs. 6/16 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (relacionados con la cosa juzgada, la vulneración de la normativa de emergencia y la valoración de la constancias probatorias) se desentienden de las razones expuestas por el sentenciante, exteriorizándose simplemente una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la cuestión debatida (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.).
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el camino lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Asimismo, debe adicionarse que el canal bajo estudio exhibe un absoluto desentendimiento sobre las normas legales expresamente actuadas en la solución recurrida (v. pág. 11 de la sentencia atacada). En esa dirección, ha manifestado esta Corte que es insuficiente la vía revisora que no sólo no formula una réplica de las razones estructurales y definitorias del fallo sino que -además- omite denunciar como violados los artículos utilizados en él (conf. doctr. causas C. 119.728, "Sandoval", resol. de 20-V-2015; C. 119.856, "Ríos", resol. de 17-VI-2015 y C. 120.761, "Gauna", resol. de 13-VII-2016; entre varias).
Lo expuesto, basta para repeler este fragmento impugnativo y permite, además, descartar las infracciones normativas alegadas (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. Igual suerte adversa debe correr la aducida transgresión a las garantías constitucionales que se expresan en la pág. 6 del libelo recursivo, ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo de la interesada -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.725, "Fisco de La Provincia de Buenos Aires", resol. de 1-VI-2016; C. 121.691, "Medina", resol. de 6-IX-2017 y C. 122.504, "Carrizo", resol. de 26-IX-2018).
III.3. Finalmente, tampoco puede ser atendida la denuncia de arbitrariedad (v. págs. 6 y sigs. de la impugnación), ya que ella no se erige en elemento útil a los fines de enervar lo decidido. Conviene recordar que la simple enunciación de su existencia no es suficiente para habilitar esta instancia extraordinaria si no se demuestra -como sucede en el caso- que la operación intelectual desarrollada en la formación de la sentencia carece de bases aceptables, con arreglo a los mandatos legales que gobiernan la apreciación de las constancias (conf. doctr. causas C. 118.323, "Gaetan", resol. de 4-III-2015; C. 120.917, "Gasparroni", resol. de 21-IX-2016; C. 121.414, "Ramírez", resol. de 12-IV-2017; entre otras).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar a la queja impetrada y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 292, CPCC) y 2) ante la insuficiente fundamentación, rechazarlo (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/11/2022 09:25:41 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2022 19:42:07 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/11/2022 10:38:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/12/2022 08:56:29 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2022 13:46:57 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/12/2022 11:48:39 hs. bajo el número RR-886-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia