Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 122761
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 12 de mayo de 2023 y 2) denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
C. 122.761 "ZUBIZARRETA JORGE C/ SUCESORES DE BARCA MARÍA S/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA"
I. Con la presentación electrónica de fecha 12 de mayo de 2023, téngase por cumplida en término la intimación dispuesta el mismo día y año.
II. La parte demandada deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que rechazó el de inaplicabilidad de ley, en atención a su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC; v. trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de fecha 24-IV-2023 y su archivo adjunto "RECURSO..." y resol. de 31-III-2023 -no de 4-IV-2023, como erróneamente identifican los recurrentes-).
En el caso, la Cámara interviniente -en lo que importa destacar- desestimó el recurso de queja por apelación denegada interpuesto por Sofía Natalia y Jorge Scacciaferro, en virtud de los argumentos que allí expuso (v. Augusta: resol. de 15-V-2018 y resol. de 28-VI-2018 en pág. 18, adjunto "122761.pdf" al trámite "OBSERVACIÓN" de fecha 8-II-2023).
III.1. En la vía ahora intentada, los impugnantes fundan la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de las garantías constitucionales de doble instancia, defensa en juicio, debido proceso, propiedad, igualdad, legalidad y equidad (arts. 14, 17, 18, 31, 32 y 75 inc. 22, Const. nac.; v. págs. 2, 5, 9/10, 19/21, 23/24 y 28/29, adjunto "RECURSO..." cit.).
III.2. Sostienen que la resolución en crisis resulta arbitraria, no constituye una derivación razonada del derecho aplicable con las circunstancias comprobadas del expediente y debe ser dejada sin efecto. Ello por cuanto, esta Corte apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa que rige al caso, rechazó el remedio local al ponderar -con exceso ritual- que había sido insuficientemente fundado. Afirman que en tanto se vulneran -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas, el presente configura una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía. Y citan -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso (CSJN, Fallos: 318:189; 319:2264; 236:27; 308:980; 310:1707; entre otros).
En tal sentido, aducen que para dictar la decisión objetada se analizó -erróneamente, según su entender- un escrito de fecha 5 de febrero de 2020 que no les pertenece, ni existe en el expediente. Como consecuencia de lo expuesto, arguyen que se omitió tratar y resolver debidamente los planteos esgrimidos en la vía de inaplicabilidad de ley -que ahora reproducen- referidos a la normativa aplicable, las circunstancias fácticas y las pruebas del litigio, los cuales -aseveran- resultaban suficientes para acreditar que el Tribunal de Alzada realizó un estudio parcializado de las constancias de la causa, refutar las razones dadas por la Cámara y demostrar el absurdo de su fallo (v. págs. 8/23 y 25/27, adjunto "RECURSO..." cit.).
IV.1. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 26-IV-2023), el mismo fue contestado por la parte actora (v. adjunto al escrito electrónico de fecha 12-V-2023) quien, en lo que interesa destacar, plantea que el recurso extraordinario federal deducido por los accionados fue presentado fuera de término (v. págs. 2 y 11 del adjunto cit.).
IV.2. Liminarmente, corresponde señalar que el remedio federal fue interpuesto dentro del término legal (art. 257, CPCC). Ello por cuanto, se encuentra vigente y es de aplicación al caso el Acuerdo n°4013/21 -y sus modif.- el cual establece que la notificación se perfecciona los días martes o viernes inmediato posterior -o el siguiente día hábil si alguno de ellos no lo fuere- a aquel en que la cédula hubiere quedado disponible para su destinatario en el Sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas.
Teniendo en cuento lo antedicho, y dada la "fecha de libramiento" (alta o disponibilidad) que informa el sistema Augusta -4 de abril de 2023-, la notificación se perfeccionó el día 10 de abril de 2023 (v. Augusta, "Datos del trámite", al posicionarse sobre el trámite "RESOLUCIÓN REGISTRABLE" del día 31-III-2023); venciendo, en consecuencia, el plazo de gracia el día 25 de abril de 2023, a las 10 hs. (conf. art. 124, CPCCN), lo que sella la suerte del planteo intentado.
V.1. En lo que refiere al remedio articulado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho procesal local (en el caso, se controvierte la valoración efectuada por el Tribunal de Alzada de las circunstancias fáctico-probatorias y la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar la decisión, según lo normado por el art. 31 bis de la ley provincial 5.827; CSJN, causa C. 969.XLV, sent. de 9-III-2010), son ajenas por regla y naturaleza al recurso federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en torno a los agravios que la originan, con argumentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 305:112; 306:443; 324:1721; 324:1884; 325:703; 2219; 326:2682; 332:1564; 338:693; 1335, entre muchos).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por los impugnantes no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
V.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de exceso ritual, falta de fundamentación suficiente, apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable y omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que los interesados se limitan -en rigor- a denunciar dicho vicio del fallo en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a disentir con la postura de este Tribunal para descartar el recurso de inaplicabilidad de ley intentado, alegando que se ha incurrido en un supuesto de excesivo rigor formal.
En efecto, por un lado, denuncian la -supuesta- inexistencia del escrito de fecha 5 de febrero de 2020, referenciado en el fallo en crisis y la consecuente falta de tratamiento del recurso por ellos interpuesto (v. págs. 8/23 y 25/27 del adjunto "RECURSO..." cit.). Al respecto, se hace saber a los impugnantes que no les asiste razón, en tanto el mentado escrito recursivo se encuentra agregado como documento adjunto titulado "122761-ril.pdf" al trámite "OBSERVACIÓN" de fecha 8 de febrero de 2023 (v. pág. 1). Y ello es así, en cumplimiento de los dispuesto mediante proveído de idéntica fecha. Como corolario de lo expuesto, y ponderando que la sentencia impugnada dio íntegra respuesta a los agravios planteados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cabe descartar la omisión pretendida.
Por otro lado, reiteran -en sustento de su postura- los cuestionamientos expuestos en el referido remedio local, que -como se dijo- ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 8/23 y 25/27 del adjunto "RECURSO..." cit. y resol. en crisis cit.).
V.3. En lo que atañe a la alegación del derecho a recurrir (v. págs. 2 y 9 adjunto "RECURSO..." cit.), cabe indicar que la garantía de la doble instancia judicial no es, por sí misma, requisito constitucional de la defensa en juicio en el proceso civil y comercial (conf. dictamen de la Procuración General, al que se remitió la Corte nacional en la causa C.1796.XXXVIII, "Conductil S.A.C.I.F.I.A. c/ Music House Jujuy S.R.L.", sent. de 20-III-2007, Fallos: 330:1036). Conforme fuera destacado en otros precedentes, la Corte federal ha resuelto que el debido proceso legal no se afecta por la falta de doble instancia en materia civil, salvo cuando las leyes específicamente lo establecen (conf. causa I.81.XXXIII., "Instituto de Vivienda del Ejército c/ Empresa Constructora Indeco S.A. y Crivelli S.R.L. y otro", sent. de 21-XII-1999, Fallos: 322:3241; causa H.45.XXXVII., "Hojman, Rubén Evar s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión promovido por Giannella, María Cristina", sent. de 11-IV-2006, Fallos: 329:1180; voto de los Dres. Fayt, Lorenzetti y Argibay).
V.4. Asimismo, cabe indicar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (arts. 14, 17, 18, 31, 32 y 75 inc. 22, Const. nac.; v. págs. 2, 5, 9/10, 19/21, 23/24 y 28/29, adjunto "RECURSO..." cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que citan, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 122.682, "Terminales Y Servicios S.A.", resol. de 18-IX-2019; C. 123.121, "Ribero Ravera", resol. de 26-II-2020; C. 123.818, "Metalúrgica Wolodarsky S.A.", resol. de 23-IX-2020; C. 123.632, "Aveldaño", resol. de 23-X-2020; "Cabrera", resol. de 25-XI-2020; C. 123.501, "Gutierrez", resol. de 18-II-2021; C. 124.002, "Casanovas", resol. de 19-IV-2021, C. 124.097, "Jockey Club Mar Del Plata", resol. de 29-VI-2021; C. 122.580, "Cedraschi", resol. de 23-IX-2021; C. 123.866, "Toncovich Rodriguez", resol. de 20-IV-2022; C. 125.510, "Italcred S.A.", resol. de 5-IV-2023, entre otros).
V.5. Resta agregar que tampoco se observan motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida sobre la base de la doctrina de la gravedad institucional. Independientemente de tratarse de un resorte hábil solamente para sortear aspectos formales, más no para suplir la ausencia de cuestión federal, lo cierto es que ella constituye un supuesto excepcional que no se encuentra configurado en el caso, pues sólo se discuten derechos patrimoniales que no exceden el ámbito de las partes, sin que se advierta la afectación -de modo directo- de intereses comunitarios (CSJN Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799; v. págs. 19 y 23/24, adjunto "RECURSO..." cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 12 de mayo de 2023 y 2) denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/11/2023 09:30:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2023 09:40:54 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/11/2023 10:54:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/11/2023 23:52:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/11/2023 11:15:01 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/11/2023 12:16:00 hs. bajo el número RR-844-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia