Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126731
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja traída y, conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (arts. 278 y 292, CPCC) y, 2) intimar al recurrente para que en el plazo de cinco días -a contar desde la notificación de la apertura de la cuenta judicial a tal fin-, acredite ante esta sede el depósito a la orden de la Cámara que dictó la resolución cuestionada, de la suma de ochocientos cincuenta y dos mil novecientos pesos ($852.900), bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso interpuesto (art. 280, cuarto párrafo, CPCC y Ac. 4100/23). A tal fin, ofíciese a la Cámara de origen remitiendo copia de la presente y requiriéndole que arbitre los medios para la apertura de la cuenta judicial al efecto aquí indicado y la notificación al impugnante de la referida diligencia.
C. 126.573 "BORRIONE SERGIO OMAR A. C/ RIMOLI CARLOS Y OTRO S/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA"
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°8 del Departamento Judicial de La Matanza, en etapa posterior al dictado de la sentencia de trance y remate, aprobó la liquidación practicada en relación al monto de condena y hasta el 11 de octubre de 2022 en la suma de $1.200.031,85 (v. pronunciamiento de 12-X-2022).
A su turno, la Sala II de la Cámara de Apelación del fuero departamental revocó dicha decisión y, en consecuencia, mandó a practicar nueva liquidación procediendo a la conversión a pesos el capital reclamado en dólares a razón de un peso por dólar estadounidense, más el 50% de la brecha existente entre un peso y la cotización de la divisa extranjera en el mercado libre de cambio -tipo vendedor- al día que corresponda efectuar el pago, salvo que la utilización del coeficiente de actualización, que prevén en las normas de emergencia económica, arrojarán un resultado superior, con más una tasa de interés del 7,5% anual, no capitalizable, entre moratorios y punitorios (v. fallo de 11-IV-2023).
Frente a ello, el actor dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 26-IV-2023), cuya denegatoria -fundada en la falta de definitividad de la resolución atacada- (v. resolución de 4-V-2023) motivó la articulación de la presente queja ante esta sede (v. escrito de 11-V-2023; art. 292, CPCC).
II. Al respecto, cabe señalar que si bien, por regla, las decisiones recaídas en el trámite de ejecución de sentencia no son susceptibles de recursos extraordinarios, en el caso, en que se cuestiona la decisión que fijó las pautas de conversión a pesos del capital reclamado originado en una deuda en dólares y los intereses allí fijados, invocando el recurrente confiscatoriedad, corresponde excepcionar el mencionado principio y considerar equiparable a definitivo el pronunciamiento impugnado (doctr. art. 278 CPCC; causas C. 119.302, "Athier S.A.", resol. de 5-XI-2014; C. 119.457, "Gaona", resol. de 29-IV-2015; C. 123.034, "Italpresse Industrie S.P.A.", resol. de 16-X-2019; C. 124.794, "Compañía Productora de Alimentos del Sur S.A.", resol. de 10-VIII-2022 y C. 125.232, "Comité de Administración del Fideicomiso de Recuperación Crediticia", resol. de 19-XII-2022).
En tal virtud, encontrándose satisfechos los recaudos previstos en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial corresponde hacer lugar a la queja incoada y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (arts. 278 y 292, CPCC).
III. Sentado ello y en relación a la carga prevista en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, en cuanto a los planteos formulados con respecto a tal exigencia -peticionando su inaplicabilidad o inconstitucionalidad-, cabe observar que este Tribunal tiene dicho, reiteradamente, que la misma no conculca derechos o garantías constitucionales pues, de acuerdo con el art. 161 inc. 3 "a" de la Constitución de la Provincia, la Corte conoce de este recurso con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas Ac. 98.938, "Morena", resol. de 8-VII-2008; Ac. 105.470, "Banco Patagonia Sudameris", resol. de 10-XII-2008; C. 119.022, "U., N. A.", resol. de 6-IV-2016; C. 120.941, "Mihanovich", resol. de 26-X-2016; C. 121.498, "Dos As Servicios Agropecuarios S.A.", resol. de 28-VI-2017; C. 123.625, "De los Santos", resol. de 11-III-2020 y C. 125.861, "Enrique M. Baya Casal S.A.", resol. de 29-IX-2023).
Asimismo, también se ha resuelto que tal carga económica no vulnera las garantías de defensa en juicio, ni de la igualdad ante la ley (conf. doctr. "Acuerdos y Sentencias", 1957-II-182; 1957-IV-254; 1958-II-435 y 1959-I-526; Ac. 98.938, C. 120.941, C. 123.625 y C. 125.861, cits.).
En tal sentido se ha juzgado que el mencionado recaudo no impide en modo alguno la libre defensa en juicio, ni crea prerrogativa que pudiera considerarse contraria a la Constitución, pues se impone de igual modo a todos quienes se encuentran en las mismas condiciones (conf. doctr. "Acuerdos y Sentencias", 1959-III-198; 1960-IV-489; Ac. 92.929, resol. de 20-IV-2005; Ac. 98.938; C. 120.941, C. 123.625 y C. 125.861, cits.).
Además, el derecho de defensa sólo exige que se oiga a las partes en la forma y oportunidad prescriptas por la ley y su ejercicio puede ser reglamentado por las normas de procedimiento a fin de hacerlo compatible con el análogo de los demás litigantes y con el interés social de obtener una garantía eficaz (conf. doctr. "Acuerdos y Sentencias", 1964-I-389; C. 123.625 y C. 125.861, cits.).
Por lo demás, y en atención a los términos del planteo sobre la eximición solicitada, deviene pertinente recordar que esta Corte ha sostenido que aún en ciertos casos en que se dispuso que el recaudo establecido en el art. 278 del ordenamiento procesal local debía ceder por haber invocado la apelante agravios de carácter federal que, en principio, guardaban relación directa con la cuestión litigiosa, en los términos a que se refieren en los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Strada", "Di Mascio", "Christou" (CSJN, Fallos: 308:490; 311:2478 y 310:324), ello no obstó a que, seguidamente, se exigiera el cumplimiento de la carga prevista en el art. 280 del Código citado (causas Ac. 90.134, "Banco de La Pampa", resol. de 16-VI-2004; C. 98.784, "Seguro de Depósitos SA", resol. de 28-V-2010; C. 119.610, "Montezanti", resol. de 19-X-2016; C. 121.407, "Consorcio de Copropietarios Club Atlético Los Andes", resol. de 13-IX-2017 y C. 125.861, cit.).
Por lo tanto, no habiéndose satisfecho la carga pecuniaria en cuestión y en atención al valor del agravio que surge de los planteos expuestos, corresponde intimar a su cumplimiento en el mínimo previsto en dicha norma, conforme a lo establecido por la ley 14.141 y Ac. 4100/2023 ($852.900), vigentes al momento de deducción del recurso que se concede (conf. doctr. causas C. 118.316, "Xanthakis,", resol. de 18-XII-2013; C. 121.026, "Ciancaglini,", resol. de 26-X-2016; C. 123.690, "Peralta", resol. de 2-IX-2020 y C. 124.326, "Dubourg", resol. de 12-XI-2021), bajo apercibimiento de deserción del remedio extraordinario otorgado (párrafo cuarto, art. 280 cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar a la queja traída y, conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (arts. 278 y 292, CPCC) y, 2) intimar al recurrente para que en el plazo de cinco días -a contar desde la notificación de la apertura de la cuenta judicial a tal fin-, acredite ante esta sede el depósito a la orden de la Cámara que dictó la resolución cuestionada, de la suma de ochocientos cincuenta y dos mil novecientos pesos ($852.900), bajo apercibimiento de declarar desierto el recurso interpuesto (art. 280, cuarto párrafo, CPCC y Ac. 4100/23). A tal fin, ofíciese a la Cámara de origen remitiendo copia de la presente y requiriéndole que arbitre los medios para la apertura de la cuenta judicial al efecto aquí indicado y la notificación al impugnante de la referida diligencia.
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-). Ofíciese a los fines dispuestos en el punto 2 de la presente.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/03/2024 12:24:37 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/03/2024 13:11:20 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/03/2024 10:03:31 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/04/2024 16:02:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/04/2024 11:37:42 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/04/2024 10:42:31 hs. bajo el número RR-196-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia