Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 126667
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (art. 292 CPCC y Ac. 4068/22), con costas.
El depósito previo efectuado (de $4.477.500, conforme constancia de transferencia adjuntada a la queja) queda perdido para el recurrente (art. 294, CPCC), debiendo la Cámara dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto según Resol. 3.135/2013).
C. 126.667 "ASOCIACIÓN MUTUAL SOLIDARIA PUERTO DE PIEDRA C/ SIDEREC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA S/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA"
I. Conforme surge de las copias acompañadas, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Nicolás en el marco de un juicio hipotecario confirmó la decisión de origen que, a su turno, hiciera lugar a la excepción de inhabilidad de título interpuesta por la sociedad demandada Siderec S.R.L., desestimando la acción instaurada en su contra por la Asociación Mutual Solidaria Puerto de Piedra (v. fallos de 20-IX-2022 y 4-IV-2023 en archivos adjuntos a la queja).
El Tribunal de Alzada fundó su decisión en que en este tipo de proceso, el reconocimiento de deuda debe reunir características de autonomía que permitan establecer la existencia de la obligación sin necesidad de efectuar interpretaciones incompatibles con las limitaciones cognoscitivas que le son propias. Destacó que la problemática tendiente a desentrañar la intención de las partes que suscribieron el contrato de hipoteca y sus alcances, desnaturaliza la esencia del juicio ejecutivo, lo cual por cierto, no conlleva a cercenar el derecho que reconocen las normas de la legislación de fondo, sino solamente a ajustar su ejercicio al marco cognoscitivo propio. Y agregó que lo mismo cabe decir en cuanto a la interpretación que la apelante pretende que se haga de lo instrumentado en la escritura de hipoteca. En ese sentido, no es éste el lugar en el cual podrían ser analizadas las defensas planteadas en torno a la invocada mala fe en su proceder por parte del socio gerente de la empresa demandada, el posible abuso del derecho o la necesidad de evitar rigorismos, ya que el proceso elegido por el actor solo habilita el análisis de la aptitud ejecutiva del título (v. sent. de 4-IV-2023, cit.).
Contra lo así decidido la parte actora dedujo recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad (v. escrito electrónico de 16-V-2023, en arch. adj.), los que fueron denegados con fundamento en la ausencia de definitividad de la resolución atacada (v. resol. de 23-V-2023, adj.). Ello motivó la articulación de la presente queja (v. escrito electrónico de 5-VI-2023; art. 292, CPCC).
II. Al respecto, esta Corte ha sostenido, reiteradamente, que los pronunciamientos recaídos en un juicio de ejecución hipotecaria no revisten, en principio, el carácter de sentencia definitiva en los términos de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causas C. 115.316, "Cuel", resol. de 28-XII-2011; C. 116.589, "Orsi", resol. de 3-V-2012; C. 119.122, "Alayan", resol. de 4-III-2015; C. 121.982, "Copulutti", resol. de 6-XII-2017; C. 121.963, "Ravelli", resol. de 7-III-2018; C. 123.606, "Banco Río de La Plata", resol. de 11-V-2020 y C. 127.721, "Savella", resol. de 9-VIII-2024).
En el caso, de conformidad con los términos de la decisión impugnada, donde la Cámara rechazó la vía sin abrir juicio sobre aquellas cuestiones que hacen a la obligación sustancial, no se observan motivos para apartarse del criterio mencionado (doctr. causas C. 121.982, cit. y C. 124.982, "Emporio Dime S.R.L. ", resol. de 1-VIII-2023).
Por lo demás, la invocación de la existencia de cuestión federal a fin de sortear el citado requisito con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación derivada de las causas "Strada", "Christou" y "Di Mascio" (Fallos: 308:490; 310:324 y 311:2478), en el caso carece de asidero. Como es sabido, el criterio que emana de estos precedentes condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa, a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para obstaculizar el trámite de embates que porten agravios federales.
Y no se advierte en los presentes -en principio- la existencia de un agravio de ese tenor que suscite la apertura de esta instancia, toda vez que, si bien se alega arbitrariedad y la supuesta afectación de distintas garantías constitucionales y convencionales, en la decisión impugnada se resuelven cuestiones concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho común y procesal, sin que en el remedio extraordinario se haya demostrado a este respecto que se encuentre involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (conf. causas C. 122.550, "Abril Catering S.A.", resol. de 4-VII-2018; C. 123.883, "Israel Silicaro", resol. de 5-VI-2020; C. 124.135, "Coppa", resol. de 11-XII-2020; C. 122.284, "Lespada", resol. de 19-IV-2021; C. 124.831, "Ritucci", resol. de 15-III-2022 y C. 126.391, "Molfese", resol. de 19-II-2024).
En consecuencia, los recursos extraordinarios incoados resultan inadmisibles y se impone el rechazo de la queja deducida (arts. 278, 292, 296 y 297, CPCC y doctr. causas cits.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (art. 292 CPCC y Ac. 4068/22), con costas.
El depósito previo efectuado (de $4.477.500, conforme constancia de transferencia adjuntada a la queja) queda perdido para el recurrente (art. 294, CPCC), debiendo la Cámara dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto según Resol. 3.135/2013).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-). Ofíciese a la Cámara con copia de la presente a los fines dispuestos en el párrafo precedente y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/11/2024 11:43:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/11/2024 17:54:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/11/2024 10:19:19 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/11/2024 09:57:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/11/2024 13:36:52 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 28/11/2024 14:16:39 hs. bajo el número RR-863-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia