Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 98425
98425:“Roncoroni Antonio Santiago Victorino y Póstigo Fernando Javier c/ Pereyra Gustavo Pascual, Espinoza Graciela Ramona, Pereyra Juan Ignacio, Ecoplata S.A, El Último Querandí S.R.L y Dombo S.A. s/ Ejecución de honorarios”
Dolores, 30 de Abril de 2020
I. Resolución apelada de fecha 15.11.2019 (fs. 67/68).
1. Contra dicho decisorio, interpuso recurso de apelación la parte ejecutante el 16.11.2019, que concedido a fs. 70 -el 22.11.2019- se sustentó con la presentación del 02.12.2019, que mereció réplica de la contraria el 06.12.2019.
2. La iudex a quo receptó la excepción de incompetencia opuesta por la ejecutada el 21.10.2019, y se declaró incompetente para continuar interviniendo en estas actuaciones, ordenando remitirlas al Juzgado en lo Civil y Comercial en turno del Departamento Judicial de Dolores, previa intervención de la Receptoría General de Expedientes, con costas a la ejecutante vencida.
Para así resolver consideró que la ejecución de honorarios extrajudiciales no se encuentra contemplada en el art. 61 de la ley 5827, a la vez que del convenio de honorarios que se ejecuta (fs. 12/13) surge pactada la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de Dolores (cláusula décimo primera).
En cuanto a la insuficiencia de personería invocada por la ejecutante a fs. 31, decidió que su tratamiento corresponde al órgano que resultare competente, por tratarte de una excepción de las llamadas dilatorias.
3. El recurrente señaló en primer lugar que en su presentación de fs. 31/38, manifestó que la presentación de la ejecutada adolecía de un defecto en la personería, lo que no mereció tratamiento en la instancia antes de la defensa de incompetencia planteada por la contraparte. Citó jurisprudencia de esta Alzada y de otros tribunales, relacionada a la instrumentación de los mandatos invocados por letrados que suscribieron la presentación del 21.10.2019.
Agregó que los poderes no fueron adjuntados en original ni en copia al expediente y que por ende la presentación es nula, lo que debió así declarar la iudex a quo, no obstante luego declararse incompetente.
En segundo lugar, se quejó de la imposición de las costas a su cargo, respecto de la recepción de la excepción de incompetencia; alegó lo dudoso de la cuestión y que oportunamente se allanó; solicitó se impongan en el orden causado.
4). En cuanto a la primera queja, cabe señalar que si bien el art. 351 del CPCC establece que el Juez resolverá previamente la declinatoria formulada, debe tenerse en cuenta que la ejecutante al contestar el segundo traslado (fs. 31/38), opuso la excepción previa de falta de personería, cuestionando la representación invocada por los letrados que se presentaron en nombre de los ejecutados (arts. 345 inc. 2, 542 inc. 2, CPCC).
Es así que un orden lógico en el tratamiento de las cuestiones propuestas, imponía abordar primeramente la excepción de falta de personería, habida cuenta que regula la constitución de la relación procesal adjetiva entre las partes y en consecuencia, a la aptitud procesal para actuar en juicio de los abogados que se presentaron en representación de los ejecutados, y que fueron quienes objetaron la competencia del órgano.
Siendo ello así debe destacarse que de prosperar la falta de personería invocada, no hubiera pues correspondido atender la incompetencia planteada por quien no tenía a todo evento mandato suficiente para ello, deviniendo prioritario el abordaje de aquella, o bien, el otorgamiento previo del plazo legal para su subsanación (arts. 542 inc. 2, 345 inc. 2, y 352 inc. 4 del CPCC) (doctrina de la SCBA, en causas L. 53.311, “Ferreiro, Nicolás contra Telefónica de Argentina S.A. Antigüedad, etc.”, Sent. del 13.09.1994; y SCBA LP B 75715 RSI-313-19, Int. del 26.06.2019).
En consecuencia, sin duda debió la sentenciante tratar la falta de personería invocada para luego, de resultar improcedente -o de ser subsanada- hacerlo respecto de la excepción de incompetencia (arts. cit.), cosa que no hizo.
5. Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, que podría conllevar a señalar como prematuro el abordaje de la excepción de incompetencia, lo cierto es que cabe en el particular, abordar en esta instancia lo atinente al defecto de personería planteado. Ello a fin de privilegiar el principio de economía procesal, evitar el dispendio jurisdiccional, habiendo sido la cuestión introducida vía agravios y sustanciada con la contraria, encontrándose resguardado su derecho de defensa (arts. 18 de la C.N., 15 de la C.P., 34 inc. 5, 273, CPCC).
Máxime cuando la ausencia o insuficiencia de este presupuesto, debe ser aun controlada de oficio por el juez, sin perjuicio de que las partes ejerzan la facultad de plantear excepción previa de falta de personería (art. 46 del CPCC). A lo que cabe adunar que lo atinente a la declaración de incompetencia ha sido consentido por el recurrente, en tanto no ha sido motivo de agravio concreto (arts. 242, 260 del CPCC).
En esa tarea, no puede pasarse por alto que el ejecutado adjuntó en originales, los instrumentos que acreditan la personería invocada en el escrito del 21.10.2019, en relación a los codemandados que allí representa “...Sres. Gustavo Pascual Pereyra, Graciela Ramona Espinoza, Juan Ignacio Pereyra y Ecoplata S.A...” (sic) (art. 46 del CPCC).
Ello según los poderes generales otorgados a los Dres. Fernando Diego Acebal y Damián Martínez, para intervenir en todos los procesos judiciales en los que los mandantes sean parte, obrantes a fs. 39 –Graciela Ramona Espinosa-, a fs. 40 –Juan Ignacio Pereyra-, a fs. 41 -Gustavo Pascual Pereyra, como Presidente de Ecoplata S.A.-, y de fs. 42 -Gustavo Pascual Pereyra, por sí-. También se adjuntaron al expediente las copias de los DNI, la escritura de constitución de la sociedad comercial Ecoplata S.A. (fs. 46/51), la escritura de designación del Directorio (fs. 52/59) y sus Actas de Asambleas (fs. 62/64), certificadas por notario (fs. 60 y 65).
Si bien una parte de esta documentación había sido adjuntada en formato digital a la presentación electrónica del 21.10.2019, no lo había sido en forma completa dado que faltaba la atinente a la representación de la sociedad comercial co-ejecutada.
Con ello, pierde virtualidad el fundamento sustancial de quien indicó el defecto, cual fue que los poderes invocados por la ejecutada no habían sido agregados al expediente, en tanto así lo fueron, incluso antes del dictado de la resolución que es motivo de agravio (v. cargo de fs. 66 vta.).
Es así que al menos en lo que hace a ese argumento, se ha disipado en el curso del proceso el interés jurídico del apelante, en tanto los poderes que indicó como ausentes en el expediente, fueron presentados, debiendo la cuestión ser declarada abstracta.
Por lo demás, en cuanto al oponerse la excepción se alega y se analiza la postura que exige la escritura pública –o la conformación de un acta poder ante el Actuario-, atento la vigencia del art. 47 del CPCC cabe referir lo siguiente.
El apelante cita un antecedente de este Tribunal que estima aplicable (causa “Gigena” nº 95.004 -Sent. del 11.02.2016-).
En el mismo, al igual que en su precedente inmediato (causa “Focke” nº 94.923, Sent. del 04.02.2016) se sostuvo -ambos en la conformación anterior de esta Alzada- que si bien el poder judicial en instrumento privado resultaría en principio suficiente como manifestación de voluntad del otorgante, en virtud de resultar función intrínseca de la judicatura muñir de certeza jurídica a los actos que conforman el proceso, era necesario que esa libre voluntad expresada entre mandante y mandatario requiera atravesar la intervención del Actuario del Juzgado interviniente. Ello a fin de resguardar el acto como tal, evitando futuros planteos por parte de la contraria respecto de la existencia o autenticidad de las grafías y/o contenido del instrumento.
Dicha postura, con la nueva conformación del Tribunal y una vez trascurridos más de dos años de la puesta en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, que ha implicado en lo referente a la cuestión un cambio de paradigma que repercutió en el desempeño de las labores diarias tanto de los letrados como de los magistrados, fue revisada y modificada.
Ello acaeció en la causa nº 96.459 "Sánchez”, Sent. del 23.11.2017, donde a raíz de un nuevo análisis de la temática, se entendió que debía abandonarse la exigencia de certificación de firmas adoptada en los citados precedentes del Tribunal y -por tanto- adscribir a la doctrina libre y llana de libertad de formas que emana del CCyCN (arts. 263, 1015, 1017).
Se resolvió en ese sendero, que el simple acto de adjunción al expediente judicial por parte del letrado apoderado del poder plasmado en un instrumento privado –tal como acontece en el caso, fs. 39/66), importa una declaración jurada sobre su autenticidad, debiendo responder por el daño ocasionado por los defectos en su actuación tanto por la inercia en la actividad que debía desplegar, como por cualquier actuación llevada a cabo en exceso de las facultades otorgadas por el poderdante (arts. 284, 285, 362, 363, 365, 366, 375 y 376 del CCyCN).
Pues bien, teniendo en cuenta estos lineamientos, sin duda cabe concluir en que los poderes acompañados, son eficaces como manifestación de voluntad de los otorgantes, a fin de ejercer los actos procesales allí determinados (arts. cit.).
Corresponde en consecuencia, declarar abstractos los planteos formulados en relación a la excepción de falta de personería opuesta, sin perjuicio de lo agregado en relación a la postura sentada por este Tribunal, aplicable al caso. Costas en el orden causado en ambas instancias, atento la forma de decidir la cuestión (arts. 18 de la C.N., 15 de la C.P.; 284, 285, 362, 363, 365, 366, 1015, 1017 del CCyCN; 34 inc. 5, 46, 47, 68, 242, 246, 260, 273 y concs. del CPCC).
6). En cuanto a la imposición de las costas a la ejecutante por la recepción de la excepción de incompetencia, refiere el recurrente que oportunamente se allanó a ella, por lo que solicita se impongan en el orden causado.
El principio general en la materia indica que en todo juicio o incidente, las costas deben imponerse siempre al vencido, observando la situación desde una óptica puramente objetiva, desdeñando los móviles subjetivos que pudieron haber guiado a los justiciables. Ello porque quien hace necesaria la intervención del órgano, debe soportar el pago de las costas que la contraparte ha debido realizar en defensa de sus derechos (art. 68 del CPCC).
La justificación de esta institución, está en que la actuación de la ley no debe representar una disminución patrimonial para la parte en cuyo favor tiene lugar (Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Ed. Astrea, 1993, t. 1, pág. 280) y quien resulta vencido debe cargar los gastos que debió realizar su contraria para obtener el reconocimiento de su derecho (CSJN; Fallos 311:1914; 314:1634 y 317:1638).
En el caso, al oponer la parte ejecutada la excepción de incompetencia, se generó en el presente juicio ejecutivo una incidencia, con oposición de la actora, conforme la presentación de fs. 31/38.
Si bien señala que sea allanó a la excepción, lo cierto es que el recurrente al interponer la acción ejecutiva ante el Juzgado de Paz Letrada del Partido de Villa Gesell, eligió la competencia de ese órgano jurisdiccional, desconociendo la cláusula contractual de atribución de competencia. Al contestar la excepción, y si bien dice allanarse, insistió en que dicho Juzgado de Paz Letrado, era competente por ser el más cercano a los domicilios de los ejecutados, calificándolo como el “juez natural” del litigio (fs. 35/36 vta.). Expuso además su propia interpretación de la cláusula de prórroga de competencia territorial pactada, y argumentó en apartado siguiente a favor de la incompetencia de la a quo en razón de la materia (fs. 36).
Es así que no se advierte ese allanamiento real, incondicionado, oportuno y efectivo, resultando vencida la ejecutante, cobrando virtualidad la aplicación de las costas en su principio esencial. Más aún, el art. 69 del CPCC, de estricta aplicación en materia incidental, establece restringidamente que sólo procede la eximición de costas cuando se tratare de cuestiones dudosas de derecho, y también cambio de legislación y jurisprudencia, extremos que no se dan en autos.
Igualmente, cuando un amplio criterio de interpretación permitiera entender que el órgano puede exonerar al perdidoso en el incidente, si hallara mérito y así lo expresara mediante motivación concreta, tal prerrogativa debe ejercerse restrictivamente y sobre la base de circunstancias cuya existencia, en cada caso, torne manifiestamente injusta la aplicación del principio objetivo (arts. 68, 69, CPCC; esta Cámara en causa n° 96.552 “Banco Patagonia S.A. c/ Bigatti Alfredo s/ Cobro ejecutivo”).
En consecuencia, la imposición de las costas es ajustada a derecho, pues no surgen circunstancias que ameriten apartarse del principio rector, ni la justificación de los móviles invocados por el apelante (arts. 68 y 69 del CPCC).
II. Resolución apelada de fecha 03.12.2019 (fs. 110/111) -y la registrada conjuntamente el 05.12.2019 (fs. 113)-.
Mediante el decisorio de mención, la iudex a quo rechazó el pedido de sustitución del embargo decretado el 22.11.2019, sobre las sumas dinerarias que los Dres. Roncoroni y Postigo –letrados de la ejecutante- tengan depositadas en el Banco de la Provincia de Buenos Aires sucursal Villa Gesell, para garantizar el cumplimiento de las costas allí impuestas.
a) Contra esa forma de decidir, interpuso recurso de apelación la ejecutante el 04.12.2019 (fs. 112), que concedido a fs. 113 -05.12.2019-, fundó con el memorial del 10.12.2019 (fs. 114/117), que mereció réplica del 11.12.2019.
b) En cuanto impuso las costas en el orden causado (fs. 113), interpuso la ejecutada el recurso de apelación del 04.12.2019, que concedido a fs. 113 -05-12-2019-, sustentó a través del escrito del 07.12.2019, que mereció la réplica de fs. 121.
1. Recurso de apelación de la ejecutante (04.12.2019, fs. 112).
Señaló en su memorial la mutabilidad de las medidas cautelares, cuyo fin es ocasionar el menor daño según permite el art. 203 del CPCC; refirió la acreditación de todo lo atinente a la titularidad del inmueble ofrecido en sustitución, y que su valor supera el monto de la cautelar trabada. Agregó que la contraria nunca se opuso al pedido. Solicitó se haga lugar a la sustitución de la medida cautelar de embargo, trabada sobre fondos líquidos depositados en sus cuentas existentes en el Banco de la Provincia de Buenos Aires sucursal Villa Gesell.
Por su naturaleza provisional, el auto que dispone una medida cautelar no causa instancia, es decir, carece de autoridad de cosa juzgada (art. 202 del CPCC). Este carácter, permite solicitar su sustitución aún consentido su decreto (art. 198 del CPCC) en los términos del art. 203 del CPCC, recayendo sobre el interesado la carga de demostrar la suficiencia o el valor equivalente del bien u otra garantía que ofrece como sustituto; también su libre disposición o solvencia, y el perjuicio que la medida cautelar que se encuentra trabada le genera (art. 375 del CPCC).
Para ello deberá por un lado sopesarse si el bien por el que se propone sustituir constituye suficiente garantía para el acreedor, y por otro, los perjuicios que el deudor encontraría de mantenerse el embargo en la forma en que se hizo efectivo (art. 384 del CPCC; esta Alzada, causa n° 98119, Int. del 23.10.2019).
A los fines de la sustitución pretendida, el peticionante ofreció a embargo un inmueble -designado catastralmente como Circunscripción VI, Sección G, Manzana 38 A, Parcela 4A, Subparcela 6, Polígonos 02-01 y 00-06, Partida 125-042685-9-, cuyo informe de dominio agregó en archivo adjunto a la presentación del 10.12.2019.
En orden a sustentar su procedencia, agregó en soporte papel en copias simples, la escritura del reglamento de copropiedad y adjudicación (fs. 79/106) e impuesto inmobiliario –también en fotocopia- de donde surge una valuación fiscal (fs. 78).
Sin embargo, y no obstante la apreciación que a los fines perseguidos pueda realizarse de los valores de mercado que emergen de ésta, lo cierto es que el certificado de dominio acompañado de fecha 25.11.2019, se encuentra vencido por haber superado al presente el plazo de validez de 90 días que expresamente dispone el art. 1 inc. d) del decreto provincial nº 2612/72.
Tal circunstancia impide corroborar cuál es la situación jurídica actual del bien y su libre disponibilidad, extremo ineludible para comenzar a analizar la viabilidad del pedido de sustitución de medida cautelar, sobre todo cuando se está ante cautelas de diferente naturaleza (art. 22 del decreto 11.643/63 ratificado por ley provincial 6736, 23 de la ley 17.801).
Respecto del valor fiscal, aquí no lo conocemos en tanto no se han acompañado los certificados de valuación fiscal de estilo, sólo se adjunta una boleta de deuda inmobiliaria, en fotocopia simple, carente de todo sustento probatorio (art. 289 del CCyCN). Lo dicho claramente puede perjudicar al acreedor, así como no conocer si en la actualidad el inmueble tiene otro gravamen.
Por otra parte, cabe agregar que el peticionante no invocó siquiera en su presentación de fs. 107, ni mucho menos acreditó idóneamente, el perjuicio que le causaría el mantenimiento de la medida cautelar trabada. Si bien recién al recurrir denunció un perjuicio al respecto, y alegó no poder disponer del dinero de la cuenta, no lo acreditó concretamente (art. 375 del CPCC).
Además, es dable tener presente que el embargo trabado sobre dinero en efectivo no puede en principio sustituirse con otro sobre bienes inmuebles o muebles registrables sin el consentimiento del acreedor ya que por razones obvias, la eventual realización se torna más dificultosa. Siendo que la facultad sustitutoria que prescribe el art. 203 del CPCC presume que lo ofrecido represente igual garantía y seguridad que lo embargado (causa citada).
Frente a tal disposición es que la sustitución pretendida debe ser analizada de manera restrictiva, debiéndose acreditar la libre disposición o solvencia de los bienes ofrecidos y el grave perjuicio sufrido por el cautelado, extremos que no se advierten superados en autos (art. 375 del CPCC).
En cuanto a la falta de oposición invocada por el recurrente, cabe señalar que ello no fue así por cuanto según el escrito del 27.11.2019, la ejecutada se opuso expresamente al pedido de sustitución, si bien también cuestionó la acreditación de la titularidad dominial, a todo evento subsanable. Allí solicitó, tanto en el contenido del escrito como en su petitorio, se rechace el pedido, con costas.
En consecuencia, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto el 04.12.2019 (escrito de fs. 112) y confirmar lo decidido en el resolutorio del 03.12.2019, en lo que ha sido materia de agravio (fs. 110/111), con costas de esta Alzada a la recurrente vencida.
En cuanto a lo señalado en la contestación del memorial del 11.12.2019, relacionado al trato dirigido a la Sra. Juez de grado, cabe recordar a los apelantes el permanente respeto y trato cordial que deben mantener en sus presentaciones judiciales, tanto en relación al magistrado como a las propias partes y letrados, evitando términos que pudieran resultar injuriosos u ofensivos (arg. art. 35 inc. 1 del CPCC).
Finalmente y en orden a las facultades ordenatorias e instructorias que asiste al Tribunal, cabe recomendar al Sr/a. Juez/a que intervenga, que en lo sucesivo y ante una situación análoga, se conforme el respectivo incidente de sustitución de medida cautelar (arts. 34 inc. 5, 175 del CPCC).
2. Recurso de apelación de la ejecutada del 04.12.2019.
Mediante la resolución del 05.12.2019 (fs. 113), registrada conjuntamente con la de fecha 03.12.2019 (fs. 110/111), se impusieron las costas en el orden causado, contra lo cual interpuso la ejecutada el recurso referido
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