Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 175288
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Desestimar el recurso de apelación interpuesto el 6-5-2022 por la ejecutada (arts. 242, 246, 270, 497, 506 y conc. del C.P.C.C.; art. 54 inc. "b" de la ley 14.967).
II. Imponer las costas a la apelante vencida (arts. 68, 556 y conc. del C.P.C.C.).
III. Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).
EXPEDIENTE N ° 175.288. JUZGADO N° 3.
En la ciudad de Mar del Plata reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "ALLEGRI ANDREA HILDA C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ EJECUCION HONORARIOS" , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Nélida I. Zampini.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia de fecha 6-5-2022?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. En el pronunciamiento cuestionado el juez mandó a llevar adelante la ejecución hasta tanto el ejecutado hiciera a la acreedora íntegro pago del capital reclamado en concepto de honorarios, con más los aportes previsionales los intereses desde la mora y las costas de la ejecución.
Respecto a los accesorios dispuso que estarían sujetos a la tasa activa de interés que perciba el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento (arts. 54 inc. "b" del decreto-ley 8904/77).
II. El accionado apeló y fundó en la misma pieza el día 12-5-2022. La réplica de la contraria se agregó el 4-8-2022.
El recurrente alegó en líneas generales que la tasa de interés prevista en el art. 54 inc. "b" de la normativa arancelaria debía considerarse derogada por las normas que prohibían los mecanismos de actualización monetaria en un todo de acuerdo con la ley 23.928 (mod. por ley 25.561), por lo que la tasa de interés a utilizarse debía ser la pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires para los depósitos de plazo fijo a 30 días, de conformidad al precedente de la S.C.J.B.A. en los autos " Isla, Sara C/ Provincia de Buenos Aires S/ Amparo " (causa n° 71.770 del 10-6-2015).
III. Para determinar la tasa de interés que corresponde adoptar para los honorarios de los abogados cuyo cobro se reclama judicialmente por vía de la ejecución, esta Sala tuvo oportunidad de resolver en los autos caratulados "Ribak, Néstor c/ Casa, David s/ Cobro de honorarios" (expte. nro. 161.150, RSD 110 del 12-5-2016) con voto preopinante del Dr. Roberto J. Loustaunau -al que adherí- que ya no existen motivos para seguir la doctrina legal del cimero Tribunal con sede en La Plata en los autos "Isla, Sara c/ Provincia de Buenos Aires S/ Amparo" (Q. 71.170 del 10-6-2015), en virtud del cambio de circunstancias que importó la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial a partir del 1-8-2015 (conf. ley 26.994), es decir, luego del dictado de aquel precedente, lo que justifica su apartamiento (causas nro. 140.112, RSI 305 del 8-8-2017, entre otras).
En dicha oportunidad se puso de manifiesto que luego de la sanción de la ley de convertibilidad que prohíbe la repotenciación de las deudas, actualización monetaria o indexación de precios (reafirmada por la ley 25.561), la cuestión en torno a la vigencia de la tasa legal de interés a calcular sobre los honorarios de los abogados fue objeto de diferentes pronunciamientos de la Suprema Corte provincial, en orden a indicar si ese interés es violatorio de la prohibición, por tener o no un componente de ajuste por depreciación monetaria.
Ha pasado de considerar su derogación en el caso “Yabra” (27-2-1996), mandando a aplicar la tasa pasiva del Banco de la Provincia en sus operaciones de depósitos a 30 días, a considerarla vigente en “Banco Comercial de Finanzas” (19-4-2006), para luego volver sobre sus pasos en la causa “La Proveedora Industrial” (13-7-2011), retomando la primera postura.
La cuestión volvió a ser tema de decisión en la sentencia dictada por el Superior Tribunal en la causa “Isla” (10/06/2015) en la cual se confirmó la posición en cuanto a la derogación tácita de la norma.
Con estas referencias, el efecto vinculante de la doctrina legal de la Corte (art. 278 del C.P.C.C.) haría aplicable, sin mayores miramientos, la solución desestimatoria de la tasa legal, pero el cambio de circunstancias que ha importado la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial a partir del 1º de agosto de 2015 (ley 26.994), luego del dictado de los precedentes, justifican el apartamiento de esa doctrina.
El nuevo cuerpo normativo prevé en su art. 552 la aplicación de la tasa activa bancaria más alta según reglamentaciones del B.C.R.A. para las deudas alimentarias. En la medida que las leyes 23.928 y 25.561 no han sido derogadas, esta solución del legislador implica necesariamente la idea de que dicha tasa no constituye un mecanismo de repotenciación de deudas, actualización monetaria o indexación de precios, cuya prohibición sigue vigente.
De este modo, tratándose el código de una ley nacional de igual rango que las mencionadas (art 75 inc 12 C.N.), desde un orden lógico no cabe otra interpretación que la contraria a la doctrina de la S.C.J.B.A. que es de fecha anterior a la entrada en vigencia (este criterio ha sido adoptado por la Sala I de este Tribunal, causa nro. 160.135 “Rendo" del 23/02/2016; la Sala III de la Cám de Apel. Civil y Comercial de San Isidro, causa nro. E-9517-2003 “Automotores Colcam" del 30/09/2015 y la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación de La Plata, causa nro. 117.076 “Seoane" del 22/02/2016).
Por otra parte, los jueces debemos aplicar la ley vigente pues constituye la principal fuente de derecho (art 1 CCyC) y en los casos que la consideremos injusta al caso, para dejarla de lado es preciso declarar su inconstitucionalidad, siempre que vulnere derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional o los Tratados y Convenciones Internacionales con igual jerarquía (art 75 inc 22 CN). Lo contrario deja a la decisión desprovista de legalidad.
El art. 54 inc. "b" del decreto-ley 8904/77 es claro sobre la tasa de interés que debe aplicarse, y resulta reiterada la directiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido en que “cuando la letra de la ley no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de otras consideraciones” (Fallos 324:1740; 3143; 3145), pues “la primera fuente de exégesis de la ley es su letra” (Fallos: 316:1249), y en tanto “si no se procede así, se corre el riesgo de prescindir del texto legal sin declararlo inconstitucional” (Fallos: 323:3139; Sagüés, Néstor P. “”interpretación constitucional y alquimia constitucional” en JA ejemplar del 26.11.03 páginas 62 y siguientes).
IV. Frente a este panorama, corresponde desestimar la pretensión de la apelante de aplicar al capital de condena los intereses conforme las pautas fijadas por el precedente "Isla", toda vez que la suma reconocida en la sentencia tiene su origen en la falta de pago de los honorarios regulados en favor de la Dra. Andrea Hilda Allegri en los autos "Echevarría, Graciela Liliana y ot. c/ Administración Portuaria Bonaerense y ot. s/ Daños y perjuicios" (exp. n° D-9196 9.323) de trámite ante el mismo juzgado de esta ejecución, sumado a que la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial permite inferir que la tasa de interés prevista por el inciso "b" del art. 54 del decreto-ley 8904/77 no constituye un mecanismo de indexación o actualización encubierto.
De modo que, en atención a la mora en la que incurrió el obligado al pago, al capital de condena deben adicionarse los intereses a la tasa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a 30 días hasta el efectivo pago (arts. 552, 768 inc. "b", 870 y conc. del CCyC).
Por las razones expuestas VOTO POR LA AFIRMATIVA .
La Sra. jueza Dra. N élida I. Zampini votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
Corresponde desestimar el recurso de apelación interpuesto el 6-5-2022 por la ejecutada, con costas a su cargo (arts. 68, 242, 246, 270, 497, 506 y conc. del C.P.C.C.; art. 54 inc. "b" de la ley 14.967). .
Así lo voto.
La Sra. jueza Dra. Nélida I. Zampini votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, por mayoría, se resuelve: I) desestimar el recurso de apelación interpuesto el 6-5-2022 por la ejecutada (arts. 242, 246, 270, 497, 506 y conc. del C.P.C.C.; art. 54 inc. "b" de la ley 14.967). II) Imponer las costas a la apelante vencida (arts. 68, 556 y conc. del C.P.C.C.). III) Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVU ÉLVASE.
Firmas
Funcionario Firmante: 03/11/2022 09:40:27 - ZAMPINI Nelida Isabel ([email protected]) - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2022 10:20:13 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2022 10:36:11 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 03/11/2022 10:38:03 hs. bajo el número RS-299-2022 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia