Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 10528
“ WARSZAWSKI MARIO ALBERTOC/ SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LTDA S/EJECUCION HONORARIOS ”
Causa Nº MO-10528-2011 R.S. 68/2019
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 25 de Abril de 2019, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados: "WARSZAWSKI MARIO ALBERTOC/ SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LTDA S/EJECUCION HONORARIOS", Causa N º MO-10528-2011 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. Contra el decisorio dictado a fs. 169/172vta. por la Sra. Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 4 Departamental se alzó el ejecutante, interponiendo el respectivo recurso de apelación, siendo el mismo concedido en relación a fs. 173, y se fundó con la presentación electrónica (código de referencia 233800433014442760), a cuya lectura me remito brevitatis causae , mereciendo la réplica también vía electrónica (código de referencia 233500433014510781).-
2. A fs. 177vta., se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Planteadas así las cuestiones a resolver he de abordar las mismas a continuación.-
A.- Excepción de pago parcial
La magistrada de la instancia de origen receptó la excepción de pago parcial, lo que generó el embate del ejecutante.-
Para cuyo abordaje resulta indispensable efectuar una breve reseña del trámite de autos en lo que respecta al punto en análisis.-
A fs. 19/23 el Dr. Mario Alberto Warszawski promueve la presente demanda por ejecución de honorarios contra Sancor Cooperativas Unidas Limitada por la suma de $1.022.310.-
En cuanto a la base del reclamo destaca:
" En el marco de las actuaciones caratuladas "Baldo, Juan Carlos C/Sancor Cooperativas unidas limitada S/Daños y Perjuicios" que tramitan por ante V.S. en las cuales me desempeñe como letrado apoderado de la demandada, Sancor Cooperativas unidas limitada, fueron oportunamente regulados en Primera Instancia, en fecha 23/12/2008, mis honorarios profesionales. Dicha regulación, fue oportunamente notificada a la demandada y obligada al pago, de conformidad con cédula obrante a fs. 1089/1091 vta. de las actuaciones principales, habiendo adquirido la correspondiente firmeza.-
(...) sin perjuicio de lo expuesto, manifiesto que he suscripto con la demandada un convenio de honorarios el cual me habilita a reclamar unicamente el 80% de los honorarios regulados en el marco de los presentes actuados y el 100% de los aportes y del IVA correspondiente ".- A fs. 61/67 y 68/74 el letrado apoderado de la accionada comparece en autos y promueve incidente de nulidad, falsedad de la ejecutoria y subsidiariamente opone excepción de pago parcial y ofrece prueba.-
En relación a la defensa de pago parcial, destaca que su mandante "...ya le ha abonado al Dr. Mario Alberto Warszawski la suma de $160.000 más I.V.A. como pago a cuenta de los honorarios de las presentes actuaciones.-
Aclaro que conforme información obtenida internamente dentro de mi representada, dicha suma habría sido acordada entre el ejecutante y el Dr. Padilla -entonces dependiente de mi representada-, entendiéndose que era el total del monto en concepto de honorarios asignados a este proceso" .-
A fs. 119/128, el ejecutante se notifica espontáneamente y contesta tanto la nulidad como la falsedad de la ejecutoria y la defensa de pago parcial, solicita el rechazo de las mismas.-
Así llegamos al decisorio cuestionado.-
Para analizar los agravios del quejoso (y dejando señalado que analizo el tema a la luz de la preceptiva vigente al momento de darse la vinculación contractual y las circunstancias analizadas en el presente -art. 7 CCyCN-) considero oportuno comenzar recordando la letra del artículo 725 del Código Civil .-
Dicha norma textualmente establece: "el pago es el cumplimiento de la prestación que hace el objeto de la obligación, ya se trate de una obligación de hacer, ya de una obligación de dar" .-
Desde la doctrina se ha destacado, si tomamos al pago como acto de cumplimiento que "Quien paga cumple con la deuda que tenía a su cargo. El pago vale como acto de cumplimiento específico y en tanto sea voluntario y espontáneo clausura el primer tramo de la relación jurídica obligatoria: al cancelar la deuda impide el nacimiento de la segunda consecuencia -que se hallaba en germen- propia de la obligación: la responsabilidad. De más está decir que con el pago se agota la "expectativa favorable" en que se hallaba el acreedor y se concluye con la sujeción a que el deudor se encontraba vinculado 25. A través del pago el deudor realiza el contenido de la obligación, puesto que satisface el derecho de crédito del acreedor a través del medio o procedimiento programado en elacto constitutivo de la obligación" (Belluscio, "Código Civil, comentado, anotado y concordado", T: 3, pág.411/412).-
Vemos así que uno de los efectos principales del pago es la "extinción del crédito".-
Al respecto se destacó que "el pago o solutio desvincula a las partes vinculadas por la obligación: El acreedor satisface su expectativa y consecuentemente, el deudor queda liberado del vínculo que le restringía su libertad jurídica; por tanto, normalmente, el pago ocasiona la pérdida de esas categorías respectivas, el acreedor deja de serlo y el deudor también. Lo normal es que ambos efectos se produzcan en forma simultanea" (Bueres, Alberto J. "Código Civil...", T:2B, pág. 15).-
Demos un paso más, sobre el caso concreto; y hablemos ahora de la defensa de pago parcial.-
Al respecto Nuestro Superior Tribunal Provincial ha destacado que "Es claro el mandato legal que establece, para la admisibilidad de la excepción, que el pago sea documentado mediante un instrumento emanado del acreedor o de su legítimo representante con clara e inequívoca imputación al crédito que se ejecuta (arts. 725 y 775, Cód. Civ). El recibo que acredita el pago, pero que no lo vincula al documento base de la ejecución, carece de eficacia para sustentar tal excepción (arts. 773, 775 Cód. Civ. y arts. 542, inc. 6, C.P.C.C.)"(SCBA LP, 15/11/2011, "Antunes, Elvia Adelina c/Suniar Gonda, Gustavo A. y otros s/Cobro ejecutivo", Sumario juba B3901254).-
Asimismo se ha sostenido desde la jurisprudencia bonaerense que "Sabido es que el medio idóneo por excelencia como prueba en la excepción de pago documentado es el recibo: el reconocimiento escrito de haberse recibido la prestación debida, que el deudor debe obtener para enervar la pretensión deducida en su contra"(C.Civ.y Com. San Martin, sala 3, 30/05/2015, "GUIDI MARGARITA C/ CARRIZO MARIA ANTONIA S/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA", Sumario Juba B3652018.-
Sentado ello, volvamos al caso concreto.-
Resulta indispensable, teniendo en cuenta el eje del debate, focalizar el análisis ahora, en los recibos glosados a fs. 79/94.-
De la atenta lectura de los mismos observamos que en tales instrumentos se ha consignado "Pago a cuenta honorarios autos caratulados "BALDO, JUAN CARLOSC/SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA S/DAÑOS Y PERJUICIOS", en trámite por ante el Juzgado Civil y Comercial N° 4, secretaria única, del Departamento Judicial de Morón"
Tales documentos no fueron desconocidos por el ejecutante, conforme surge lo expuesto en la presentación de fs. 119/128, limitándose a cuestionar su imputación.-
La contundencia de la letra de los mentados recibos (art. 725, 744, 1028, 1.197 y 1198 del C.C.) al referirse puntualmente a los honorarios regulados en los autos principales me llevan a coincidir con la Sra. Juez a quo en relación a la recepción de la defensa opuesta.-
Pero hay más.-
Vemos que el ejecutante, además de cuestionar la recepción de la defensa de pago, ataca el monto por el cual se lleva a adelante la ejecución.-
Debemos volver sobre las constancias de autos, donde encontraremos la respuesta al embate.-
El Dr. Warszawski promueve la presente ejecución honorarios por la suma de $1.022.310 destacándose en el punto III, de tal presentación, que la liquidación de los honorarios en realidad ascendía a la de $1.206.510, reduciéndose el monto de la demanda al reclamado ante la existencia del convenio de honorarios arriba denunciado.-
La magistrada de la instancia de origen al receptar la excepción de pago parcial, descontó los $160.000 sobre el monto reclamado por el ejecutante .-
Curiosamente, ahora el recurrente pretende que dicho monto se descuente, no ya de lo reclamado por él en el escrito de inicio, sino de aquellos $1.206.510.-
Tal pretencion, evidentemente, resulta violatoria de la teoría de los actos propios.-
De lo precedentemente expuesto cabe puntualizar y resaltar que las partes durante el curso del proceso no deberán ponerse en contradicción con su anterior conducta deliberada jurídicamente relevante y eficaz toda vez que dicha dualidad resulta inadmisible.-
Tales conceptos resultan por demás ilustrativos de la contradicción en la que incurre el Dr. Warszawski, consecuentemente dicho cuestionamiento tampoco puede prosperar por resultar evidentemente violatorio de la mencionada doctrina de los propios actos.-
En conclusión, teniendo en cuenta lo postulado precedentemente se deberá confirmar el decisorio recurrido en lo que respecta al acogimiento tanto de la defensa de pago parcial y el monto por el que se lleva adelante la ejecución.-
El recurrente también cuestionó la tasa de interés fijada por la aquo.-
En orden a dar respuesta a la cuestión planteada, es del caso recordar que desde esta Sala a partir de la sentencia dictada en la causa nro. 43.250, R.S. 303/07, se ha venido considerando que el art. 54 inc. b del dec. ley 8904/77 no colisiona con las previsiones de la ley 23.928, por lo que no puede considerárselo derogado y conserva plena vigencia; disponiendo la aplicación –respecto de los honorarios de abogados- de la tasa indicada en el mismo (tasa activa).-
Ahora bien, la discusión -en cuanto a la tasa de interés que corresponde aplicar a los honorarios profesionales- se renueva luego del reestudio efectuado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa A. 71.170, "Isla, Sara E. contra Provincia de Buenos Aires. Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", fallo del 10 de Junio de 2015.-
Abordando, entonces, las quejas de los recurrentes he de señalar que de la lectura, y relectura, de los fundamentos de cada uno de los votos que conformaron aquella sentencia del cimero tribunal local, comparto totalmente los expuestos por los Sres. Ministros Dres. Hitters y De Lázzari, votos que -por su lucidez, valía y profundidad- he de transcribir in extenso (con algunos subrayados que serán de mi autoría, para enfatizar sus tramos esenciales), desde que los comparto -y hago míos- totalmente.
Dijo el Dr. Hitters:
“ I. Aunque comparto el relato de antecedentes efectuado por mi distinguida colega, doctora Kogan, en los puntos I y II de su voto, he de disentir con la propuesta decisoria por ella propiciada, por cuanto, en mi parecer, el recurso no merece favorable acogida.
II. Al emitir mi voto en las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" (ambas del 21-X-2009) comencé por señalar que el núcleo de la discusión que allí se suscitó radicaba en la fijación del tipo de tasa de interés a aplicar en los términos del art. 622 del Código Civil, a efectos de la liquidación de las deudas derivadas de obligaciones dinerarias, cuando ni las partes ni la legislación especial habían previsto una alícuota determinada.
Esa concreta delimitación sustrae a la presente controversia del ámbito de aplicación de la doctrina legal sentada en aquella oportunidad, en tanto -a diferencia de lo que ocurría en las aludidas causas- la cuestión ahora debatida gira en torno a la validez de la tasa de interés prevista en la legislación especial -en el caso, el art. 54 inc. b del decreto ley 8904/1977-, hipótesis esta que, como vimos, está expresamente excluida de la decisión recaída en aquellos precedentes.
Sin perjuicio de lo expresado, en los citados asuntos dejé sentadas ciertas precisiones que resultan plenamente aplicables a la solución del presente litigio.
En tal sentido, y luego de señalar que la labor de fijación de una tasa de interés por parte del órgano jurisdiccional (insisto, cuando no media estipulación de partes, ni establecimiento de la misma por el legislador) importa una faena que en definitiva no es más que "la cuantificación de un rubro indemnizatorio", destaqué que como pauta final, cabría puntualizar que lo aquí decidido en modo alguno implicaba alterar el sistema nominalista contemplado en la ley 23.928 y ratificado en la ley 25.561, ya que la fijación judicial es un aspecto diverso y que no corresponde confundir con el de la prohibición de actualizar, indexar o repotenciar las deudas dinerarias (rectifico en este punto mi opinión sustentada en alguna oportunidad, v. causa B. 47.871, res. del 27-XII-1996; Ac. 77.434, sent. del 19-IV-2006).
Ese replanteo de mi postura frente a dicha problemática -apartándome así, como acabo de explicar, de lo que con carácter previo había sostenido en las ya citadas causas B. 47.871 "Yabra" y Ac. 77.434, "Banco Comercial de Finanzas"- justifican también mi parecer en el sentido de que no resulta ajustada al caso la solución que -para la hipótesis aquí debatida- surge de lo resuelto por este Tribunal en la causa B. 49.714-2, "La Proveedora Industrial S.A." (res. del 3-VII-2011). En aquella especie, en la que no intervine, se decidió que el dispositivo previsto en el inc. "b" del art. 54 del decreto ley 8904/1977 debe reputarse derogado a partir de la sanción de las normas de orden público consagradas en el art. 10 de la ley 23.928, ratificada por el art. 4 de la ley 25.561. Tal es, precisamente, la tesis que he defendido originariamente como ya expliqué- en las causas "Yabra" y "Banco Comercial de Finanzas" y que expresamente abandoné a partir de mi voto en "Ponce" y "Ginossi".
Dichos postulados -los que desarrollé en los dos asuntos mencionados en último termino, con el alcance que expliqué líneas arriba- resultan en mi opinión plenamente trasladables a la hipótesis sometida a juzgamiento, pues la distinción que tracé en los aludidos precedentes, entre lo que importa el establecimiento de una determinada tasa de interés, y la imposibilidad de vulnerar el principio nominalista y la correlativa prohibición de establecer mecanismos de actualización de aquella deuda, vale tanto para la fijación de la tasa en ejercicio de la función jurisdiccional que encomienda el art. 622 del Código Civil, como para la hipótesis en que tal justipreciación haya sido establecida por el órgano legislativo.
En el primer caso, constituye una "cuestión de hecho" ajena a la competencia casatoria, regla que sólo puede excepcionarse cuando la prerrogativa de los jueces de la instancia ordinaria no ha sido ejercida con la necesaria prudencia y razonabilidad que debe imperar en todo pronunciamiento judicial, es decir, cuando ha mediado absurdo; tesis esta que he sustentado en los aludidos casos "Ponce" y "Ginossi" y que resultara minoritaria en el seno del Tribunal.
En el segundo supuesto (que es el que concita ahora nuestra intervención), esto es, la fijación legal de la tasa de interés, la posibilidad de morigeración por parte del órgano jurisdiccional requiere de la previa declaración de invalidez de la norma de la que derivan, pues no resulta admisible prescindir del texto legal, si no media debate y declaración de inconstitucionalidad (C.S.J.N., Fallos 300:687; 301:958; 307:2153; entre otros; este Tribunal en C. 93.088, sent. del 11-III-2009; C. 96.850, sent. del 20-X-2010).
En consecuencia, y de conformidad a la opinión que ya insinuara en los aludidos precedentes "Ponce" y "Ginossi", pienso que la tasa de interés establecida en el art. 54 inc. b del decreto ley 8904 no colisiona con las previsiones de la ley 23.928 y, en consecuencia, sólo cabe prescindir de ella mediando previa declaración de su invalidez constitucional. Lo expuesto, importa rectificar lo que expresara el emitir mi voto en las causas B. 47.871, res. del 27-XI-1996 y Ac. 77.434, sent. del 19-IV-2006, tal como lo adelantara al intervenir en los aludidos precedentes.
Lo expuesto, resulta suficiente para dar respuesta negativa al recurso en tratamiento (art. 289 del C.P.C.C.) ”
En cuanto al Dr. de Lázzari sostuvo que
“ Nuevamente se presenta ante nosotros el problema de si ha de considerarse derogado (o inválido) el inc. "b" del decreto ley 8904/1977, en cuanto en él se estatuye que los honorarios de los abogados, si no fueran abonados en tiempo propio, devengarán un interés que será calculado según la tasa que el Banco de la Provincia de Buenos Aires perciba en sus operaciones de descuento (es decir, la llamada tasa activa).
Después de haber acompañado al que fuera nuestro colega, el doctor Laborde, en su voto en la causa Ac. 72.204, "Quinteros Palacio" (sent. del 15-III-2000), admitiendo que el referido precepto debía reputarse derogado, a partir de la causa Ac. 77.434, "Banco Comercial de Finanzas" (sent. del 19-IV-2006) he variado tal posición, adhiriendo a quien también fue colega nuestro, el doctor Roncoroni.
Dijo Roncoroni en su voto, entre otras cosas, que debe empezarse por recordar que no hay derogación expresa del precepto en cuestión, por lo que únicamente podremos suponer un tácita abrogación del mismo por su inconsistencia material con otros preceptos de mayor jerarquía normativa. Entre estos, naturalmente, se halla el art. 7 de la ley 23.928, que proscribe toda forma de indexación o repotenciación de las deudas dinerarias. Sin embargo, ésta sería una buena razón para considerar inválido el inc. a) del art. 54, que expresamente consagra la posibilidad de revaluar la suma adeudada según la variación de los índices de precios que suministre el I.N.D.E.C. (remisión al art. 24 del mismo decreto ley 8904/1977), más no serviría para anatematizar el inc. b, que no habla de potenciar la deuda sino de adicionarle intereses calculándolos a la tasa activa.
Ahora bien: ¿es esta tasa una forma de indexación encubierta? La respuesta de Roncoroni era negativa: cualquier interés, calculado a cualquiera fuera la tasa (aun a una tasa variable), es una forma de protección de un cierto capital contra la pérdida de valor de la moneda. De ahí que el inc. b) del art. 54 del decreto ley 8904/1977 no puede considerarse afectado por la prohibición de indexar proveniente de la ley de Convertibilidad por el solo hecho de fijar determinada tasa.
Haciéndome eco de tales ideas, aporté que el art. 7 de la ley 23.928 no impide la fijación de intereses, repitiendo conceptos que ya había anticipado en la causa Ac. 60.168
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.