Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Quilmes, Sala II · Causa 30091
En la ciudad de Quilmes, reunidos en Acuerdo ordinario los Sres. jueces de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Quilmes, Dres. Diego DE ROSA y Gonzalo A. LÓPEZ CARDOSO, con la presencia de la Sra. secretaria, Dra. Tatiana Kolesnik, se trajo a despacho para dictar sentencia la causa Nº 30091 caratulada "DONO ROBERTO C/ MONTAGNA ENRIQUE ALBERTO S/ EJECUCION HONORARIOS". De conformidad con lo dispuesto por los artículos 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, la Excelentísima Cámara resolvió votar las siguientes
1ra.) ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley (art. 263 última parte del CPCC) dio el siguiente orden de votación: Doctores Diego De Rosa y Gonzalo A. López Cardoso.
A la primera cuestión el Doctor Diego De Rosa dijo:
1. Han sido enviados los autos a este Tribunal, para analizar y resolver el recurso de apelación interpuesto el 16 de mayo de 2025 por el actor, contra la sentencia dictada el 13 de igual mes y año, que rechazó la demanda por fijación y cobro de honorarios extrajudiciales que promovió contra el demandado, y le impuso las costas.
Concretamente, la jueza de grado no hizo lugar a la demanda que entabló el Dr. Dono contra Enrique Alberto Montagna, por considerar que el accionante no aportó prueba suficiente que acredite el asesoramiento jurídico que invocó. Así, entendió que "la existencia de un contacto o de conversaciones entre las partes relacionadas con el hecho de la falta de la entrega de un departamento, no abastecen el hecho de la existencia de una relación laboral... como así tampoco se prueba la realización de las tareas invocadas... así como la consecuente remuneración debida".
La parte actora, en su presentación del día 7/08/2025 –replicada por su contraria el 20/08/2025-, se agravia sustancialmente de la siguiente manera:
2.a. "Desconocimiento de la actividad profesional acreditada... Se documentó la intervención activa en reuniones, comunicaciones formales, negociación y redacción de borradores de acuerdo con la parte adversa. La propia denuncia penal del demandado, incorporada en autos, reconoce la participación de los Dres. Dono como asesores en la operación cuestionada, situación que derivó en un sobreseimiento definitivo".
Agrega que "... El art. 2 de la Ley 5177 es terminante: toda actividad profesional efectiva genera derecho a honorarios, incluso en gestiones extrajudiciales.... El derecho a percibir honorarios surge de la efectiva prestación de servicios profesionales, no del resultado obtenido ni de la firma de instrumentos definitivos”.
"Valoración probatoria. La sentenciante, al argumentar que la existencia de un contacto o de conversaciones entre las partes no prueba una relación profesional ni un acuerdo de honorarios, desestima de manera arbitraria el contexto fáctico y la prueba indiciaria, desconociendo la presunción de onerosidad de los servicios profesionales de los abogados, violando las reglas de la sana crítica... resultando lógicamente de la prueba obrante en autos la existencia de labor profesional, como la onerosidad de los servicios contratados. A saber:
a. "- Referencias del propio demandado. Actos propios desoídos: El propio demandado, en su contestación refiere que “En ese momento quedó expuesta la incompatibilidad de intereses, la cual surge de la relación existente entre la firma vendedora “Rei” Real Estate Investiments Fiduciaria SA, integrada por el hijo del Dr. Roberto Dono y el propio actor, quien me envió una propuesta de negociación, ocultándome que su hijo era uno de los directores de la empresa.”
"Por otra parte, de la misma sentencia surge que “De la declaración testimonial brindada por el demandado surge que... el actor le ofreció hacerlo participe del acuerdo que se encontraba negociando a su favor.”
"Remarcando, que, aunque la obligación de los letrados resulta de medios y no de resultados, el propio demandado ha manifestado haber obtenido un resultado -casualmente- luego de la intervención del letrado, aunque manifiesta no haberlo instrumentado: “Expresó que llegó a un acuerdo verbal, sin asistencia letrada, con el señor Marcelo Suarez representante de la vendedora, por el cual se le ofreció el uso y goce de un departamento ubicado en el barrio cerrado Nuevo Quilmes de Bernal en el Edificio I "Aquaterra", dpto. b 4to piso, sin costo alguno, por el lapso que demandara la terminación de su departamento o hasta que el mismo se vendiera.”
Entiende que todo ello implica "... reconocimiento del propio demandado de la intervención del letrado...".
b. "Prueba testimonial... si bien la jueza de grado entiende que las testimoniales resultan de atendibilidad restringida, distinto es restringido, a nulo... hace caso omiso a referencias de un testigo fundamental de la relación profesional con el demandado -por ser testigo presencial de las tareas del letrado-".
"El señor Casal, ofrecido por la parte actora, indicó que es abogado y que conoce al doctor Dono del ejercicio de la profesión y a Montagna atento que mantuvieron una reunión con el señor Marcelo Suarez a quien el testigo patrocinaba, así como con el doctor Dono en virtud de la existencia de un conflicto por un departamento, cuyo encuentro no tuvo resultado positivo pero si dio inicio a conversaciones. El testigo refiere haberse contactado con el abogado del señor Montagna y preguntado sobre a quién se refiere, contestó que al doctor Dono".
"La sentenciante entiende... que ambos testimonios... resultan de atendibilidad restringida y sin perjuicio de ello, no se advierte un respaldo de sus testimonios con otras pruebas que permitan acreditar los dichos expuestos... lo que resulta absolutamente falaz, atendiendo a los dichos del propio demandado en línea con las actividades desplegadas por el actor".
"...el testimonio del Dr. Casal resulta determinante para acreditar que la relación profesional existió, que las tareas fueron efectivamente realizadas y que la falta de firma del convenio no fue imputable a los letrados, sino a la decisión posterior del cliente".
c. "Presunción de onerosidad. Sin perjuicio de lo mencionado, se debe remarcar que los honorarios de los letrados no dependen de la suscripción de un convenio al efecto, puesto que el ejercicio de la profesión de abogado se presume oneroso e importa una verdadera locación de servicios".
"Quién pretenda, por el contrario, que el profesional ha prestado sus servicios en forma gratuita o que por cualquier otra razón no le corresponde regulación judicial por la tarea encomendada, debe probar de forma convincente la oportuna renuncia del interesado a la percepción de sus emolumentos o bien la configuración de una excepción legal que, precisamente por ese carácter, también es de interpretación estricta. Porque la voluntad de renunciar no se presume y la interpretación de los actos que permitan inducirla debe ser restrictiva... En el sub lite se ha hecho caso omiso a la presente presunción".
2.b. "Errónea aplicación del derecho sustantivo y procesal. El pronunciamiento apelado condiciona el derecho a honorarios a la firma del convenio o al “éxito” de la negociación, confundiendo obligaciones de medios con obligaciones de resultado. La relación profesional entre abogado y cliente constituye una locación de servicios intelectuales, regida por los arts. 1255 y 1627 del Código Civil y Comercial de la Nación. La obligación es de medios: basta con la prestación diligente del servicio para devengar honorarios. La Ley 8904, vigente a la fecha de las tareas, reafirma en su art. 1 que los honorarios constituyen la justa retribución por la labor profesional, sin condicionar su cobro a resultados".
2.c. "Falta de consideración de la prueba documental y testimonial. La sentencia desestima sin fundamento la prueba decisiva aportada: Mensajes de WhatsApp y su constatación notarial (Escritura 449/2017). Documentación remitida y reconocida en sede penal, que acredita la actividad de asesoramiento y negociación. No sólo no se ordenó la pericia informática solicitada, sino que se descartó la prueba por supuestas deficiencias formales, lo que viola los arts. 375 y 384 CPCC PBA".
2.d. "Falta de consideración de la prueba documental y testimonial (con énfasis en el testimonio del Dr. Rodrigo Casal). La sentencia recurrida omite valorar en forma alguna el testimonio del Dr. Rodrigo Casal, quien fuera el apoderado de la contraparte (Sr. Marcelo D. Suárez) y testigo presencial de las gestiones profesionales realizadas por los apelantes. El Dr. Casal ratificó la existencia de reuniones en el domicilio del actor, la participación de los Dres. Dono en el diseño de un acuerdo extrajudicial y la comunicación entre las partes para intentar resolver el conflicto contractual. Este testimonio corrobora la existencia de la actividad profesional extrajudicial, que es la base de la pretensión ejecutiva de honorarios. La omisión de valorar esta declaración constituye una violación directa al art. 384 del CPCC PBA".
Finalmente, requiere se revoque el decisorio, y se haga lugar a la ejecución de honorarios extrajudiciales pretendida.
A fin de abordar la tarea revisora, entiendo pertinente comenzar por apuntar, en que el actor -abogado en causa propia- demandó alegando haber efectuado tareas de asesoramiento jurídico al demandado en marzo del año 2017, con motivo de un incumplimiento contractual del que resultaba víctima, en relación a la compra de un departamento y dos cocheras en la ciudad de Bernal, a construir, en un emprendimiento inmobiliario. Concretamente, esgrimió haberlo asistido en reuniones de negociación con la parte vendedora, y haber redactado un convenio para zanjar la falta de entrega de dichas unidades, aunque el documento no llegó a firmarse.
Expresó también que fue denunciado penalmente por el aquí demandado, en una causa por estafa inmobiliaria, junto a los desarrolladores del emprendimiento, y especificó que fue sobreseído totalmente.
Requirió fijación de estipendios profesionales extrajudiciales en el 2,5% del valor del aludido convenio, esto es, u$s 500.000.
4. PUESTO A RESOLVER, recuerdo que nuestro más Alto Tribunal ha decidido que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan solo las que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, entre otros y remarcado por destacada doctrina: Fassi- Yánez, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado, t.1, pág. 825).
En su mérito, no habré de seguir al recurrente en todas y cada una de sus alegaciones sino, tan solo, en aquellas que sean conducentes para decidir este conflicto.
Asimismo, en sentido análogo, tampoco es deber del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver el caso (CSJN, Fallos: 274:113; 144:611, entre otros), razón por la cual me inclinaré por las que produzcan mayor convicción, en concordancia con los demás elementos de mérito de la causa. En otras palabras, se considerarán los hechos que Aragoneses Alonso llama jurídicamente relevantes (Proceso y Derecho Procesal, Aguilar, Madrid, 1960. pág. 791, párrafo 1527), o singularmente trascendentes, como los denomina Calamandrei (La génesis lógica de la sentencia civil, en Estudios sobre el proceso civil, págs. 369 y ss.).
5. Fijación de honorarios por tareas extrajudiciales del abogado. Presupuestos.
a) Liminarmente, he de apuntar que a la relación jurídica entre un abogado y su cliente, se le aplican los principios generales, esto es, el régimen establecido para la locación de servicios o de la locación de obra (arts. 1251 a 1279 del Código Civil y Comercial de la Nación), dependiendo de las circunstancias de cada caso.
Efectivamente, es sabido que la prestación de servicios profesionales de los abogados puede discurrir jurídicamente a través de varias vías (Montoya Melgar, Alfredo-Cámara Botia, Alberto "Abogados: profesión liberal y contrato de trabajo", en T y S.S., XVIII-1 y sgtes.) y entre ellas, indudablemente, la del contrato de servicios (art. 1251, Cód. Civ. y Com.).
Se trata de un contrato bilateral, oneroso, nominado o tipificado, no formal y conmutativo (conf. ALTERINI, Jorge H. "Código Civil y Comercial Comentado", T VI, la ley, 2015, p.569/570).
b) Sentado lo expuesto, cabe precisar que la labor profesional del abogado alcanza todo aquel trabajo desplegado en defensa de los intereses del cliente, el cual puede vincularse a una consulta, asesoramiento, redacción de contratos o actas, ciertos diligenciamientos, o bien una intervención en un expediente administrativo, entre otras posibilidades (conf. HITTERS - CAIRO, "Honorarios de Abogados y Procuradores. Estudio analítico del DL 8904/77", Lexis Nexis, 2007, p. 617).
En todos los casos en que la aludida labor profesional hubiera sido desplegada fuera del ámbito judicial, corresponde aplicar el procedimiento previsto en el art. 55 de la ley arancelaria para obtener la determinación del honorario correspondiente. El art. 55 en comentario no establece más que el procedimiento para la determinación de los honorarios devengados por trabajos profesionales extrajudiciales, pero no tiene como norte la condena al pago de aquéllos, lo que no puede ser de otro modo, habida cuenta de la falta de exigibilidad de la obligación dineraria, que recién con el trámite se determina. Además, conforme lo regla el art. 54 de la ley, los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez días de intimado su pago, cuando sean exigibles. La ausencia de certeza sobre la cantidad líquida exigida y la necesaria determinación previa del justiprecio por parte del órgano jurisdiccional, evidencian la ausencia de exigibilidad de la deuda (esta Sala, causa 25492 RSD 19/23 S. del 14/03/2023).
Asimismo, el art. 55 de la ley arancelaria remite a los arts. 9 y 16 de la misma ley. En el primero de ellos -más precisamente en su segundo apartado- se establecen los honorarios mínimos por la labor extrajudicial, mientras que en el segundo se alude a las pautas que se deben tener en cuenta para la cuantificación, tales como el monto del asunto si fuera susceptible de apreciación pecuniaria, el valor, mérito y calidad jurídica de la labor desarrollada, la responsabilidad que por las particularidades del caso pudieran haberse derivado para el profesional, el resultado obtenido, la trascendencia moral y económica que para el interesado reviste la cuestión, etcétera.
Dentro de este marco legal, le incumbe a cada parte acreditar los presupuestos de hecho de los cuales pretende derivar un efecto jurídico favorable a su posición (doctr. y arg. art. 375 CPCC). En este aspecto, se ha señalado que el "onus probandi" es la situación jurídica en que se hallan los litigantes en el proceso cuando la ley o el juez requieren de ellos una determinada conducta de realización facultativa, dándoles por consiguiente la opción de omitirla o realizarla, trayendo la omisión aparejada un gravamen y constituyendo la realización un imperativo de su propio interés, vale decir que esto no es más que la aplicación de la máxima romana "ei incumbit probatio qui dicet, non qui negat", puesto que no consiste en una obligación para las partes, sino en una facultad, haciéndoles asumir el riesgo de que la misma falte (esta Sala, causa cit.).
En definitiva, para la concreción de dicha regulación, en primer lugar, el abogado peticionario debe demostrar las labores extrajudiciales desplegadas por su parte. Acreditadas tales labores, corresponde establecer la naturaleza de las mismas para su correcto encuadramiento en alguno de los distintos incisos del art. 9 y, por tal vía, determinar el estipendio mínimo que corresponde por su realización. Una vez establecido dicho piso remuneratorio, valorando las pautas brindadas por el art. 16 que resulten aplicables al caso particular, se fijará el honorario correspondiente (Cám. Civ. Com. de Junin, causa nº 49864, sentencia del 17/3/2011).
Resta precisar que la frustración del negocio, no resulta atendible para denegar la fijación de los honorarios por tareas extrajudiciales, pues no puede desconocerse el derecho a cobrar honorarios a un abogado por el desarrollo de tal actividad, ya que se está ante una obligación de medios y no de resultado (conf. Cám. Civ. Com. Segunda de La Plata, Sala I, causa 95.858, sent. del 11/12/2001).
c) Dicho cuanto precede, ingresando al análisis del material probatorio colectado en autos, coincido con la juzgadora de grado en que el accionante no ha logrado acreditar que ha realizado tareas para el demandado que impliquen la asistencia y asesoramiento del cliente en la realización de actos jurídicos, edictados en el art. 9, ap. II, inc. 4 del DL 8904/77, aplicable dada la fecha invocada por el actor en relación a dichas tareas -marzo de 2017-.
d) Para así concluir, cuadra comenzar por destacar que el desarrollo que ha efectuado la magistrada de la primera instancia para deducir que los eventuales intercambios mantenidos entre el letrado actor y el accionado vía mensajería instantánea por la aplicación "Whatsapp" carecen de valor probatorio en autos, al igual que la certificación de los mismas vía escritura pública notarial, han llegado incólumes a este instancia, merced a la falta de crítica concreta y razonada de los mismos (art. 260 CPCC).
Por lo tanto, no cabe atender al contenido de dicho "chat" (arg. arts. 242, 260, 375 y 384 CPCC).
e) A su vez, el posible intercambio epistolar entre las partes tampoco ha quedado demostrado, pues el servicio postal OCA informó que, dado el tiempo transcurrido, no tiene obligación de guardar respaldo del mismo (v. constancia del día 2/02/2023.
f) En cuanto a los testimonios brindados en autos, que constan en videograbación del día 18/05/2022, también coincido con la apreciación de la primer sentenciante en los siguientes términos: las deposiciones de los Sres. Mateazzi y Abriola discurren en relación a la compraventa inmobiliaria efectuada por el demandado, mas nada aportan en cuanto al vínculo habido entre el letrado accionante y aquél.
El testimonio de la Sra. Vázquez, cuñada del demandado, gira en torno al modo en que se contactaron el Dr. Dono y el Sr. Montagna, pero nada ilustra sobre el vínculo profesional/cliente que aquí trata de dilucidarse.
Finalmente, la declaración del Dr. Casal, en la que hace hincapié el aquí recurrente, no puede ser tenida cuenta. Ello así, pues manifestó que trabajaba en el estudio jurídico que representaba a la empresa desarrolladora del emprendimiento inmobiliario que le vendió el inmueble y las cocheras al accionado.
Aduno a ello que el testigo afirmó que también trabajó con el hijo del actor, igualmente abogado, quien era vicepresidente de dicha empresa -al menos en aquél momento- lo que no fue puesto de manifiesto por éste al demandar y ofrecerlo como tal.
Ese hijo, a su vez, resultó imputado, al igual que el actor, en la causa iniciada en sede represiva por el Sr. Montagna, que luego culminó con su sobreseimiento.
En ese sentido, valorando el testimonio a la luz de las reglas de la sana crítica, en un marco de ponderación integral del contenido de la declaración, observo un sesgo de parcialidad, que hace que quede excluido como testigo hábil por falta de idoneidad para esclarecer el vínculo habido entre el actor y el demandado (arts. 384 y 456 CPCC).
g) Sólo queda analizar el último medio probatorio hábil allegado a las actuaciones: la instrucción penal IPP 13-00-022242-17/00, que tengo en este acto a la vista.
Ingresando a su escrutinio, se observa que ha sido iniciada por el aquí demandado, denunciando estafa y asociación ilícita, e imputando, entre otros, al letrado accionante.
La causa culminó con un acuerdo entre el Sr. Montagna y l
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.