Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 129641
PODER JUDICIAL
AS - CFM
REG. SENT. NRO. 186/21, LIBRO SENTENCIAS LXXVII. JUZGADO
CIVIL Y COMERCIAL NRO.2
En la ciudad de La Plata, a los 12 días del mes de Agosto de 2021 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y
Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados:
"OGANDO ADRIANA ESTELA C/ MACHADO VALERIA NOEMÍ Y OTROS S/ EJECUCION HONORARIOS (DIGITAL) " (causa: 129641 ), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor López Muro.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es ajustada a derecho la apelada sentencia de fecha 19/4/21?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor López Muro dijo :
Antecedentes.
1.1. La sentencia apelada.
Que el 19 de abril de 2021, el Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 de La Plata dictó sentencia en la presente PODER JUDICIAL ejecución de honorarios, por medio de la cual y en lo que resulta relevante resolvió hacer lugar “a la excepción de inhabilidad de título/falsedad de la ejecutoria y falta de legitimación pasiva” , y rechazar la excepción de espera opuesta por la ejecutada Valeria Noemí Machado, con costas a la ejecutante vencida (art. 68 CPCC).
Asimismo, mandó llevar adelante la ejecución hasta tanto Vanesa
Noelia García y Omar Gerardo García hagan a la acreedora, perito martillera
Adriana Estela Ogando, íntegro pago del capital reclamado de Pesos $ 539.000,00 ($ 490.000,00 en concepto de honorario y $ 49.000,00 por aportes previsionales); devengando tal suma, desde la fecha de mora (10/10/2020) y hasta el efectivo pago, la tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta (30) días, con costas.
Finalmente, receptó favorablemente el pedido de levantamiento de la medida cautelar de embargo decretada en fecha 17 de febrero de 2021 respecto del inmueble ubicado en la ciudad y partido de La Plata, Matrícula 150.740/2, de propiedad de Valeria Noemí Machado, supeditando su concreción a que la sentencia se encuentre firme.
1.2. Recurso. Agravios.
Contra dicha forma de resolver, la ejecutante dedujo apelación, apoyada en el memorial de fecha 30 de abril de 2021.
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En tal pieza, la recurrente sostuvo liminarmente que el " a quo" ha incurrido en un error al considerar que la codemandada no es legitimada pasiva de la obligación, pues reviste dicha calidad en virtud de tratarse de una obligación concurrente, de la cual es deudora; agregando que el beneficio para litigar sin gastos pospone su exigibilidad hasta que mejore de fortuna, o en el caso de autos, se desestime su pedido, lo que resulta distinto a negar dicha calidad.
En la misma línea, consideró relevante el silencio que guardara la accionada frente a la intimación de pago dispuesta el 18 de diciembre de 2020, que -a su entender- tiene los efectos que resultan de los arts. 263, 725, 729 y ccs. del Código Civil y Comercial.
Por otro lado, y en lo atinente a la excepción de espera, esgrimió que existe entre las partes un acuerdo taxativo al respecto, demostrando aquiescencia en aguardar que la deudora pague a la acreedora la suma en reclamo. Para apoyar lo expuesto, dijo que ello queda evidenciado en el capítulo III del escrito que presentara Valeria Noemí Machado el 16/03/2021, donde solicitó que se suspenda la ejecución en virtud de encontrarse pendiente la resolución que conceda el beneficio de litigar sin gastos, y que eventualmente determine su alcance, coincidiendo así con la postura que su parte sostuviera en el libelo del 26/03/2021; de allí que resulte indiscutible que está en el ánimo de ambas partes la voluntad de aguardar la decisión relativa a la franquicia que planteara la ejecutada.
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En lo que concierne al levantamiento de la medida cautelar, consideró que la misma debió diferirse para el momento en que se adopte una decisión relativa al incidente y a las resultas de tal resolución; pues de otra forma, se correría el gravísimo riesgo que ese momento se haya desapoderado del bien con sus lógicas consecuencias.
Finalmente, en lo que relativo a la tasa de interés aplicable a la condena, sostuvo que el a quo invocó, en apoyo del índice fijado en su decisión, la doctrina que fijara el Máximo Tribunal local en la causa C. 119.176 del 15/6/2016, que se refiere a una condena en una acción de daños y perjuicios con origen en un accidente de tránsito, caso totalmente diferente al que está bajo consideración, relativo a honorarios profesionales de naturaleza alimentaria, donde debe aplicarse lo establecido en el art. 552 del CCCN.
Agregó, en este sentido, que fallos como el colacionado y otros sobre la materia tienen siempre relación a los casos en que no existía un interés convencional o uno legal, situación que hoy ha venido alterada por la sanción de la ley 14.967, que en su artículo 54 inc. b establece el interés ya reseñado de la legislación de fondo; explicando que, aun cuando no es abogada, razones de igualdad ante la ley imponen evitar distingos, debiendo serle aplicada la misma tasa.
2. Tratamiento de los agravios.
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2.1. La pretendida suspensión del proceso, el silencio y la excepción de espera.
Para comenzar con la tarea decisoria y a título de premisa, es dable adelantar que no logro advertir razones de peso que justifiquen que quede pospuesta la exigibilidad de la obligación -lo que implica suspender el proceso de ejecución- a las resultas de la resolución que se dicte en el beneficio de litigar sin gastos.
Ello es así, en primer lugar, por cuanto la función revisora de la Alzada está limitada -por regla- a definir si lo resuelto por el a quo , en el momento en que lo hizo y con los elementos de juicio de los que se valió, se ajustaba o no a derecho (cfr. Azpelicueta, Juan J. - Tessone, Alberto, La Alzada. Poderes y deberes , LEP, 1993, pág. 163; arts. 163, 164 y 272, CPCC).
En segundo orden de razones y bajo el amparo del art. 83 del CPCC, el beneficio goza de plenos efectos hasta tanto exista una decisión que rechace su pedido; además de tener especialmente en cuenta que se trata de una decisión que no causa estado. Adoptar otra postura importaría renunciar a evidentes razones de economía y celeridad procesal, máxime cuando la coejecutada ha sufrido un embargo en un bien de su titularidad y requiere, precisamente, de su levantamiento.
En esa lógica y como se trata de una situación mutable, resulta preciso dejar aclarado que la presente resolución tendrá vigencia y
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virtualidad en la medida que se mantengan las circunstancias que la motivan, al menos en lo referente a la ejecución de honorarios contra la Sra. Machado; de allí que ante la eventualidad de que el beneficio sea a la postre denegado, lo resuelto en base a la existencia de un beneficio provisional deberá adecuarse a tal nueva circunstancia.
Por otro lado, no es posible olvidar que la demandada planteó la posibilidad de suspender el dictado de la sentencia del art. 506 del CPCC hasta el momento en que se dicte resolución en el marco de la franquicia requerida. Pero aun así, no resulta menos cierto en primer lugar que tal cuestión fue introducida en subsidio de su planteo principal y, por ende, supeditada a su resultado; y en segundo orden de razones, que la referida pretensión lejos está de configurar la ‘excepción de espera’ en cuyo manto pretende resguardarse la apelante, ya que la misma se limita a la existencia de un nuevo plazo otorgado al deudor para cancelar la obligación reclamada, supuesto ajeno al de esta litis, donde se discute si cabe o no exigirla (art. 504 inc. 4 del CPCC).
Por lo demás, y para dar una respuesta integral a este agravio, es preciso también señalar que tal como tiene previsto el art. 263 del Código Civil y Comercial, el silencio opuesto a actos o a una interrogación no es considerado como una manifestación de voluntad; sin que se advierta que en el caso exista una obligación legal de expedirse ni tampoco es posible inferirlo de actitudes o conductas previas (arts. 163, 164 y 384, CPCC).
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De allí que aquella actitud guardada por la Sra. Machado en relación al emplazamiento del 18/12/2020 no importó consentimiento ni aquiescencia de lo pretendido por la martillera Ogando, toda vez que, siguiendo la lógica de la apelante, ello hubiese importado exigirle que interponga una excepción cuando aún no había sido deducida ejecución alguna, máxime en la medida que el apercibimiento que portaba tal intimación era, precisamente, iniciar el cobro compulsorio y con la expresa salvedad que, “ante la eventualidad de no verse satisfechos los honorarios adeudados en los términos de la intimación cursada ut supra, deberá ocurrir la peticionante incoando el correspondiente incidente de ejecución de honorarios, por pieza separada y con conocimiento de Receptoría General de Expedientes” (arts. 163, 164, 384, 497, 498 y 504 del CPCC).
Bajo tales condiciones y si mi propuesta es compartida, corresponderá desestimar los argumentos analizados y, en su mérito, confirmar el rechazo de la excepción de espera planteada.
2.2. La legitimación, exigibilidad e inejecutabilidad del caso.
Deslindado dicho punto, resulta preciso dejar aclarado el alcance de ciertos conceptos que resultan relevantes en esta materia y que tienen una influencia decisiva para resolver el caso particular.
La ‘legitimación’ se trata de un recaudo en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y aquellas a las que la ley habilita especialmente para pretender y para PODER JUDICIAL contradecir respecto de la materia objeto de la litis (Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil , 2da. ed. act., 2011, Ed. Abeledo Perrot, T. VI, pág. 102; en el mismo sentido: Guasp, Jaime: Derecho Procesal Civil , Madrid, Instituto de Estudios Políticos, tomo I, 1968, pág. 185); o sea, que quien demanda o aquél contra quien se demanda, sean quienes revisten la condición de personas idóneas o habilitadas por la ley para discutir el objeto sobre el que versa el litigio (Morello-Sosa-Berizonce, “Códigos…” , Tomo IV-B, 2da. ed., 1990, pág. 219). Se trata entonces de un requisito que refiere, por regla, a la titularidad de la relación jurídica en que se funda la pretensión (aunque el derecho a poner en actividad la jurisdicción y solicitar que se dicte una sentencia que resuelva sobre la litis no pertenece solamente al titular del derecho material).
Por otro lado, la ‘exigibilidad’ consiste en aquella cualidad de una obligación, por la cual el acreedor tiene un derecho actual a forzar o conminar su cumplimiento y el deudor el deber de prestarla, obteniendo a cambio su liberación (arts. 730 y 731 del Código Civil y Comercial). No se trata ya de un recaudo relativo a las personas que intervienen en el proceso, sino una característica atinente a la obligación que da base al reclamo.
Finalmente, y siguiendo -en sus términos literales- las decisiones de nuestro Máximo Tribunal local, no es posible obviar que la regla en la materia es la ‘inejecutabilidad’ de la parte que goza de la franquicia prevista en el art. 78 y sigs. del CPCC, en tanto no varíe su situación patrimonial
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(SCBA, A. 70.619, RSD. 4/16, 11/2/2016, “Avelleyra”; I. 1904, RSI. 20/21,
22/02/2021, “Martín”; Rc. 122.195, I, 11/05/2020, “R. M. P.”; C. 95.179, S,
25/03/2009, “Cortine Pérez”; e.o.; en el mismo sentido, esta Sala, causa: B-81.014, reg sent. 197/95); lo que significa que, en principio, quien obtuviera la misma, no podrá revestir el carácter de sujeto pasivo de las acciones compulsorias que pudiesen iniciar los acreedores.
Las nociones descriptas en lo que antecede permiten colegir, al menos liminarmente, que aun cuando una persona se encuentre legitimada para ser sujeto pasivo de un proceso judicial de cobro por un acreedor, la obtención del beneficio de litigar sin gastos -provisorio o definitivo- produce que la obligación que da base a ese potencial reclamo no sea exigible, pudiendo invocar así -con pie en tal noción- su inejecutabilidad.
2.2.1. Ahora bien, sin perjuicio de lo reseñado, no resulta menos cierto que el art. 84 del CPC establece expresamente que el que obtenga dicha franquicia, estará exento del pago de las costas hasta que mejore de fortuna, agregando que “si venciere en el pleito, deberá pagar las causadas en su defensa hasta la concurrencia máxima de la tercera parte de los valores que reciba”, ello por todo concepto (conf. SCBA, A. 68.418, “Asenjo” y A. 68.835,
“Bonanno”, ambas del 15/4/2009).
La última parte de la norma introduce entonces una excepción a las pautas fijadas en lo que antecede, ya que pone en crisis las aludidas nociones de exigibilidad e inejecutabilidad, al menos en lo que refiere a su
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alcance y objeto; y ello en la medida que se verifique los presupuestos procesales referidos en su texto: 1) que el beneficiario resulte vencedor en el proceso principal; 2) que el mismo tenga contenido patrimonial; y 3) que como consecuencia de tales actuaciones, hayan ingresado -de modo
efectivo- valores al patrimonio de aquél.
Bajo tales condiciones, resulta imperioso encontrar una interpretación que armonice los conceptos desarrollados anteriormente y las previsiones legales sobre el tema.
En línea con lo postulado por la doctrina, me permito afirmar que el legislador previó allí una situación que se ubica a medio camino entre la carencia de recursos (que motiva el beneficio) y la mejora de fortuna (que podría determinar que se lo deje sin efecto); y es la obtención de "valores" como resultado del éxito en el proceso principal.
Si bien no necesariamente este supuesto acarrea de modo
automático la específica figura de la "mejora de fortuna" del beneficiario, se ha entendido justo que una parte de ese ingreso patrimonial derivado de la actuación del letrado que lo asistió en el trance litigioso o de los peritos que intervinieron y no están incluidos en la excepción del art. 476 del CPCC se destine al pago de los honorarios de éstos (cfr. Camps, Carlos E., El Beneficio de Litigar sin Gastos , Ed. Lexis Nexis 2006, pág. 262).
En dicha línea y en tanto la aludida percepción no importa una efectiva mejora patrimonial, no huelga aclarar que la salvedad prevista en la
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norma no importa que el beneficio se pierda o quede sin efecto, pues su aplicación subsiste en la medida en que las costas y los gastos a su cargo excedan la fracción aludida; rigiendo, con relación al plus resultante, la exigibilidad diferida al mejoramiento de fortuna (cfr. Condorelli, Epifanio J. L., Código Procesal Civil comentado ”, Tomo I, pág. 274, Zavalía, 1988).
Esta lectura también resulta consistente con lo previsto en el art. 85 del CPCC, que si bien pareciera estar destinado por su redacción a los profesionales del derecho, autoriza a “exigir” el pago de sus honorarios al adversario -siempre que fuera condenado en costas- y al cliente, “en el caso y con la limitación señalada en el artículo 84” .
Una simple lectura de su texto permite evidenciar que el legislador receptó expresamente la posibilidad de conminar (no otra lectura puede hacerse del término “exigir”), por los medios legales y a las personas allí individualizadas, al pago de los estipendios; dejando aclarado que si lo fuera en relación a aquella no condenada en costas y que cuente con la franquicia de marras, tal requerimiento estaría limitado por el alcance cuantitativo que establece el artículo anterior: un tercio, siempre que reciba bienes.
2.2.2. Veamos entonces si las premisas descriptas se verifican en la especie.
Las presentes actuaciones fueron iniciadas por la martillera Ogando, con el objeto de obtener el cobro compulsivo de los honorarios que le fueran fijados el día 29/09/2020 en el marco de los autos “MACHADO VALERIA
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NOEMI C/ GARCIA VANESA NOELIA Y OTRO/A S/ RESOLUCION
CONTRATO COMPRA/VENTA INMUEBLES” por la suma de Pesos
$490.000,00 más los aportes de ley ($49.000,00); siendo los legitimados pasivos de su pretensión, por un lado, Vanesa Noelia García y Omar Gerardo García -perdidosos en dicho proceso principal y condenados en costas- y, por el otro, la Sra. Valeria Noemí Machado, actora y gananciosa en aquel pleito.
Con esas circunstancias, es oportuno recordar que, por principio, los peritos tienen derecho para exigir el pago de los honorarios y gastos de cualquiera de los litigantes, independientemente de la forma en que se hubieran impuesto las costas del proceso, toda vez que el experto es un tercero y, por ende, resulta ajeno a los derechos de las partes, en tanto se desempeña como un auxiliar de la justicia; ello, claro está, sin perjuicio de que el litigante no obligado al pago de las costas pueda repetir las sumas obladas por ese concepto de la parte a quien se las impusieron (art. 476 del
CPCC; SCBA, C. 86.547, S, 25/3/2009; esta Sala, causas A-43.262, reg.
Sent. 213/94; 92744, reg. Sent. 278/99; 91.608, reg. Sent. 96/11; e.o.; Sosa, Toribio E., Peritos Judiciales , Ed. LEP, 2006, pág. 169/170; Morello, Augusto M. - Berizonce, Roberto O. - Sosa, Gualberto L., Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires , Ed.
Platense-Abeledo Perrot, 1992, 2da. ed., Tomo V-B, págs. 474/475).
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A partir de ello, la perito se encuentra plenamente legitimada para reclamarle a aquellas personas respecto de las cuales dirigió -en el caso-su pretensión ejecutoria, quienes a su vez también lo están para ser sujetos pasivos de dicho requerimiento, al menos con el alcance que se brindará seguidamente; circunstancia que autoriza, al menos desde mi parecer, la revocación de este aspecto del decisorio puesto en crisis.
En efecto, al mediar coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso (ver demanda) y aquellas a las que la ley habilita especialmente para pretender y para contradecir respecto de la materia objeto de la litis (art. 476 del CPCC), mal puede sostenerse la carencia de legitimación, puntualmente en lo que refiere a la faz pasiva de la Sra. Machado. Quizá pueda endilgarse a esta postura un excesivo purismo técnico al distinguir entre legitimación, exigibilidad e inejecutabilidad; pero desde el inicio mismo de estas líneas me he valido de los deslindes conceptuales para evidenciar la senda que guía la decisión, poniendo así en claro la disímil respuesta jurisdiccional que cabe asumir en el caso.
En esa inteligencia, cobra mayor valor la cuestión relativa a la exigibilidad, pues por regla y como se dijera, el beneficio de litigar sin gastos -provisorio o definitivo- impone un obstáculo a la facultad de compulsión que brinda la ley a aquellos acreedores de obligaciones que se hubiesen devengado en concepto de costas. Sin embargo y como ya puntualizara, tal valladar encuentra una limitación legal imperativa en el art. 84 última parte
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del CPCC ( “deberá” ): el supuesto de aquellas causadas en su defensa, hasta la concurrencia máxima de la tercera parte de los valores que reciba. Así pues, aun cuando el beneficio permite repeler -desde el prisma de la exigibilidad- los referidos reclamos, lo cierto que es que tal posibilidad es utilizable en aquello que exceda la porción aludida.
En el caso, la sentencia definitiva dictada en el proceso principal (ver trámites del 17/05/19 y del 18/02/2020) dispuso hacer lugar a la demanda de resolución de contrato de compraventa de inmueble promovida por Valeria Noemí Machado contra Vanesa Noelia García y Omar Gerardo García, y condenó a estos últimos a la restitución del inmueble de calle 32 nro. 2838 e/ 151 y 153 de La Plata -libre de ocupantes y bajo aperci
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