Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76953
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que en el presente caso no se ha suscitado un conflicto de competencia de aquellos que deben ser decididos por el Tribunal (art. 161 inc. 2, Const. prov.).
Por Secretaría, devuélvase el expediente Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1 del Departamento Judicial de Azul, a sus efectos.
B.76.953 “MOCCERO JUAN PABLO C/ UHALDE EDUARDO ALBERTO S/ EJECUCIÓN DE HONORARIOS - CUADERNILLO DE COMPETENCIA ART. 161 INC. 2 CONSTITUCIÓN DE PCIA. DE BS. AS.”
I. El señor Juan Pablo Moccero promueve demanda de ejecución de honorarios contra el señor Eduardo Alberto Uhalde, en virtud del convenio suscripto por la actuación profesional desplegada en los autos caratulados “Uhalde, Eduardo Alberto c/ Uhalde, Fernanda Luján y otro s/ materia a categorizar” (expte. n° 63.820) y “Uhalde, Eduardo Alberto c/ Capuccia, Inmaculada s/ materia a categorizar” (expte. n° 63.804), que tramitaran -ambos- por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1 del Departamento Judicial de Azul.
Relata que, con fecha 15 de abril de 2016, las partes firmaron el mentado acuerdo, el que se encuentra glosado en la causa “Moccero, Juan Pablo y otro/a s/ homologación de convenio” (expte. n° 65.255), radicado en el mismo órgano jurisdiccional.
Luego, manifiesta que, el día 21 de septiembre de 2018, se dictó sentencia única en los dos expedientes incoados y se hizo lugar a las pretensiones allí entabladas. Pese a ello, y a las comunicaciones cursadas a tal efecto, sostiene que el demandado aún no ha abonado los emolumentos conforme fuera pactado.
Es así que, teniendo en consideración la declaratoria de herederos efectuada en el juicio “Pugni, Oscar Alberto s/ sucesión ab-instestato” (expte. n° 63.789), que también tramita por ante aquel juzgado, requiere se trabe embargo sobre el 50% de las sumas depositadas en los casos “Fiscalía de Estado – Provincia de Buenos Aires c/ Capuccia, Inmaculada s/ expropiación directa – otros juicios” (expte. n° 14.847) y “Fiscalía de Estado – Provincia de Buenos Aires c/ Capuccia, Inmaculada s/ expropiación directa – otros juicios” (expte. n° 14.846), ventilados por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo departamental.
II. La causa se radicó directamente ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°3 del Departamento de Azul, cuyo titular resolvió rechazar la ejecución incoada por resultar incompleto el título presentado. A su turno, el actor interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y, siendo el primero de ellos rechazado, se ordenó la remisión de las actuaciones a la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial departamental.
Sin embargo, ante la supuesta inminencia del retiro de fondos en los juicios de expropiación denunciados, el profesional solicitó que se disponga cautelarmente el embargo o indisponibilidad de los montos que el señor Eduardo Alberto Uhalde percibiría en el marco de aquellos litigios. Esta pretensión, asimismo, fue denegada por el magistrado interviniente atento la suerte que había corrido el proceso principal. Frente a este pronunciamiento, el demandante articuló un nuevo recurso de apelación.
En lo que aquí respecta, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial departamental -tras aclarar que la tramitación del remedio incoado contra el rechazo in limine de la demanda se encontraba suspendido “ante el pedido de medidas cautelares, ya que fue necesario remitir la causa a la instancia de origen para su consideración”- determinó: a) hacer lugar a la apelación planteada; b) ordenar precautoriamente el embargo de los fondos de acuerdo a lo requerido; c) establecer que las sumas depositadas en los procesos de expropiación, en el porcentaje que corresponda al causante, forman parte del acervo hereditario y por tanto deben ser distribuidos por el juez del sucesorio, a quien debían ser remitidos por resultar necesario y adecuado a las circunstancias de estas actuaciones y d) librar oficio al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental, a fin de poner en conocimiento de su titular lo allí decidido (v. resol. de 11-IX-2019).
Devueltas las actuaciones al juzgado de primera instancia, su magistrado cursó la comunicación electrónica dispuesta (v. oficio de fecha 12-VIII-2020).
Ante la rogatoria formulada, el órgano jurisdiccional oficiado informó que se procedería a la anotación del embargo decretado, que la indemnización que surgiere del proceso expropiatorio ventilado ante su sede sería oportunamente girada al juicio sucesorio para su distribución entre quienes correspondiere y, por último, que “hasta tanto ello acontezca, los montos caucionados por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires existentes en autos, serán mantenidos a la orden del suscrito, con la nota respectiva” (v. oficio electrónico de fecha 14-VIII-2020).
Por su parte, el juez actuante en el juicio de ejecución instado denegó el pedido de informe efectuado por el actor respecto de las motivaciones de la resolución dictada por el titular del juzgado del fuero especializado, destacando que “resulta claro que el magistrado oficiado supeditó el cumplimiento de la medida a cuando el estado procesal del expediente sometido a su competencia lo permita” (v. resol. de 7-IX-2020).
Disconforme con ello, el actor denunció ante la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial una presunta irregularidad en la tramitación de la causa “Moccero, Juan Carlos c/ Uhalde, Eduardo Alberto s/ ejecución de honorarios”. Ahora bien, luego de rechazar la denuncia, el tribunal de alzada entendió que -dado la contienda positiva en apariencia configurada- correspondía “...señalar, a las partes y al Sr. Juez de Primera Instancia, que la vía idónea para resolver el conflicto respecto a los fondos cautelados es la establecida en el art. 161 inc. 2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires” (v. resol. de 8-X-2020).
Al así decidir, de un lado, se cursó un nuevo requerimiento de remisión de fondos al juzgado contencioso administrativo interviniente y, de otro, el aquí actor efectuó una presentación ante dicho fuero mediante la cual planteaba la cuestión de competencia antes indicada. No obstante lo cual, su magistrado entendiendo que “...no habiendo variado la situación que motivó mi resolución de fecha 14/08/2020 -la que fue ratificada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata- no encuentro razones para apartarme de ella, manteniéndola en todas sus partes” (v. notificación electrónica de fecha 25-III-2021).
De este modo, ante la posible cuestión de competencia avizorada por su Tribunal de Alzada, el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1 del Departamento Judicial de Azul ordenó formar un incidente con las resoluciones pertinentes (arg. art. 250, CPCC) y someter la cuestión planteada ante esta Suprema Corte para que la dirima.
III. En la especie no se ha configurado un conflicto que deba ser atendido por esta Corte con arreglo a la atribución conferida por el art. 161 inc. 2 de la Constitución de la Provincia.
En primer lugar, es dable señalar que en estos actuados no se ha seguido el procedimiento previsto en los ordenamientos de rito para resolver las cuestiones de competencia (conf. arts. 7 y sgtes., CPCC y 7 inc. 1°, CCA). En este caso, se ha optado por formar un incidente sólo con las resoluciones que se estimaron pertinentes a tal efecto y es así que, mientras se dilucida la cuestión planteada, se ha continuado con la prosecución del trámite del proceso principal, tal como surge de la consulta efectuada en la Mesa de Entradas Virtual (MEV).
Ahora bien, independientemente de ello, corresponde destacar que el magistrado del fuero civil y comercial no se ha pronunciado respecto de la contienda que involucra su propia competencia y se ha limitado a remitir el expediente a esta sede, atento el posible conflicto insinuado por su Tribunal de Alzada.
En efecto, del análisis de las piezas aquí acompañadas, se advierte que el titular del Juzgado de Primera Instancia en los Civil y Comercial N°1 del Departamento Judicial de Azul no sólo prestó conformidad con lo informado por el juez contencioso administrativo, en cuando dispuso tomar nota del embargo ordenado y supeditar la remisión de los fondos requerida al momento procesal oportuno -es decir, para luego de dictar sentencia en los juicios expropiatorios que tramitan por ante aquel órgano- sino que también denegó el pedido de explicaciones presentado por el señor Moccero al respecto (v. resol. de 7-IX-2020).
Bajo tales circunstancias, la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial departamental introdujo oficiosamente una cuestión que no se hallaba controvertida; ello, en ocasión de expedirse sobre la denuncia efectuada por el actor frente a las presuntas irregularidades incurridas en el marco del juicio de ejecución incoado.
Para más, tampoco se comprueba -como lo afirma la referida Cámara- que en el sub lite se haya planteado una contienda positiva “referida -exclusivamente- a la materia cautelar, la cual presenta autonomía” y que el conflicto verse “sobre la cautela y el destino de los fondos existentes en el juicio expropiatorio” (v. resol. de 8-X-2020).
Por el contrario, el magistrado del fuero especializado -como se dijo- hizo efectiva la traba de la medida cautelar decretada y dispuso que las sumas en concepto de indemnización perseguidas serán transferidas a la cuenta abierta en el proceso sucesorio para su distribución “conforme entienda el juez del mismo” (v. oficio de fecha 14-VIII-2020).
IV. Por lo expuesto, no cabe más que concluir que en autos no existe contienda alguna de competencia que deba dilucidar esta Corte en los términos del art. 161 inc. 2 de la Constitución de la Provincia.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que en el presente caso no se ha suscitado un conflicto de competencia de aquellos que deben ser decididos por el Tribunal (art. 161 inc. 2, Const. prov.).
Por Secretaría, devuélvase el expediente Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°1 del Departamento Judicial de Azul, a sus efectos.
Regístrese y radíquese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/07/2021 14:25:43 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/07/2021 17:13:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/07/2021 14:27:58 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/07/2021 17:30:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/07/2021 19:34:33 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia