Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76888
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSiendo el caso propio de la competencia del fuero civil y comercial, remitir las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de Dolores, para su inmediato sorteo entre los juzgados pertenecientes a dicho fuero (art. 7 inc. 1, CPCA).
B.76.888 “BENITEZ GUILLERMO MATIAS C/ MUNICIPALIDAD DE PINAMAR S/ EJECUCION DE HONORARIOS - OTROS JUICIOS - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. El señor Guillermo Matías Benítez promueve demanda de ejecución de honorarios, que le fueran regulados en la causa caratulada ‘Celia, Paola Evelyn c/ Municipalidad de Pinamar s/ Queja por Apelación denegada’ (expte. n° 543/20), que tramitara por ante el Juzgado en lo Correccional N°3 del Departamento Judicial de Dolores.
Relata que, con fecha 10 de diciembre de 2020 se determinó que correspondía abonarle al profesional la suma equivalente a … Jus por la labor realizada, monto al que se debía adicionar el 10% (art. 12 inc. "a" y 16, ley 6716 y modif.).
Señala que dicha resolución fue notificada con expresa transcripción de lo previsto en el art. 54 de la ley 14.967 a la Municipalidad de Pinamar -en su condición de parte demandada- el día 11 de diciembre de 2020. Pese a esto, alega que la comuna no dio cumplimiento a lo allí dispuesto.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Dolores, cuyo magistrado se inhibió de conocer en el asunto por considerar que el órgano jurisdiccional competente en los incidentes es aquél a quien corresponde el proceso principal. Ello, no sólo en virtud de lo normado en los arts. 6 inc. 1° del Código Procesal Civil y Comercial y 25 de la ley 13.928, sino también por razones de economía y celeridad procesal (v. resol. de 19-II-2021).
De esta manera las actuaciones pasaron al Juzgado en lo Correccional N°3 departamental. Sin embargo, su titular se rehusó a aceptar la competencia que le fuera endilgada tras estimar aplicable al supuesto de autos lo dispuesto en los arts. 24 y 520 del Código Procesal Penal (v. resol. de 19-II-2021).
Devueltos los obrados al juzgado que los había remitido, éste mantuvo su primigenia postura y, en consecuencia, planteó la contienda negativa ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. Esta Corte, en varias oportunidades, ha resuelto la competencia del juez del proceso principal para entender en la tramitación y resolución de incidentes promovidos en él (doctr. causas Ac. 37.036, “Murchison SA”, resol. de 2-VI-1987; B. 68.039, “Falabella”, resol. de 6-X-2004; B. 68.099, “Furnari”, resol. de 22-XII-2004; B. 70.615, "Segade", resol. de 2-XII-2009; B. 73.591 "Bodo SRL", resol. de 15-VII-2015; B. 74.484, "Esteves", resol. de 22-VIII-2018 y B. 76.156, "Salazar", resol. de 30-X-2019). Esto se funda tanto en el principio accesorium sequitur principale como, asimismo, en una razón de conexión y economía procesal que aconseja que sea un órgano judicial único quien decida pretensiones vinculadas por elementos comunes (doctr. causas B. 70.615, cit.; B. 71.007, "Presa Tapari", resol. de 22-IX-2010; B. 71.903, "Aranda", resol. de 30-V-2012; B. 73.097 "Moleiro", resol. de 10-IX-2014 y B. 74.484, cit., e.o.).
En consonancia con ello, el art. 6 inc. 1° del Código Procesal Civil y Comercial establece que -a falta de otras disposiciones- será el juez ante quien se sustancia el pleito principal, quien tenga conocimiento de una amplia gama de incidencias vinculadas a éste, entre las cuales se encuentran las ejecuciones de honorarios (causas C. 116.556, "Calles", resol. de 29-II-2012; C. 116.491, "Luna", resol. de 14-III-2012; C. 116.989, "Romero", resol. de 10-X-2012).
Ahora bien, también se ha precisado que, en materia de honorarios regulados en sede penal, la mentada pauta procesal sólo resulta aplicable cuando los estipendios se originan por la intervención profesional en un amparo tramitado ante dicho fuero de acuerdo a las disposiciones de la ley 13.928 (causa C. 123.709, “Grados Mansilla”, resol. de 26-II-2020).
En los casos que escapan al supuesto específico antes mencionado, esta Corte ha sostenido reiteradamente que la ejecución de la sentencia que reguló los honorarios, de conformidad con lo establecido en el art. 520 del Código Procesal Penal, debe tramitar ante el juez civil que corresponda (doctr. causas Ac. 99.489, "Montero" resol. de 13-XII-2006; Ac. 101.867, "Riva" resol. de 14-XI-2007; Ac. 103.283, "Santinelli", resol. de 5-III-2008; C. 113.209, " Francinella", resol. de 9-XII-2010; C. 117.580, "Sivo", resol. de 17-IV-2013; C. 121.075, "Elola" resol. de 26-X-2016; C. 123.264, “Benito”, resol. de 12-VI-2019).
Sentado ello, cabe recordar que la ley 14.967 -en orden a lo normado por su antecesor, decreto ley 8904/77- establece que la regulación judicial firme constituye título ejecutivo contra el condenado en costas y solidariamente contra el beneficiario de las tareas (art. 58). Asimismo, el citado precepto prevé que “la ejecución, tramitará por el procedimiento de ejecución de sentencia, en incidente separado, o a opción del letrado en el mismo juicio en el que se hubieran regulado honorarios”.
IV. En la especie, el profesional persigue el cobro de los estipendios regulados en el marco de los autos caratulados “Celia, Paola Evelyn c/ Municipalidad de Pinamar s/ Queja por Apelación denegada” (expte. n° 543/20, causa 2.632), que tramitaran por ante el Juzgado en lo Correccional N°3 del Departamento Judicial de Dolores. Tal pretensión fue incoada en un nuevo juicio de ejecución iniciado al efecto y no a través de una vía incidental entablada en la causa principal (v. punto II de la presentación electrónica de fecha 1-II-2021).
Siendo así, y teniendo en consideración las premisas antes reseñadas, es preciso resolver la controversia a favor de los órganos jurisdiccionales civiles y comerciales, dada la competencia atribuida por el art. 520 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires para intervenir en la ejecución de las sentencias con contenido pecuniario dictadas en el marco de un proceso penal.
IV. Por lo expuesto, corresponde que las actuaciones le sean giradas sin dilación a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de Dolores, para su inmediato sorteo entre los juzgados del fuero civil y comercial (conf. arts. 15, Const. prov.; 520, CPP; 498 y concs., CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Siendo el caso propio de la competencia del fuero civil y comercial, remitir las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes del Departamento Judicial de Dolores, para su inmediato sorteo entre los juzgados pertenecientes a dicho fuero (art. 7 inc. 1, CPCA).
Hágase saber al Juzgado Contencioso Administrativo N°1 y al Juzgado en lo Correccional N°3, ambos de dicho departamento judicial, lo que aquí se decidió.
Regístrese y ofíciese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/04/2021 22:08:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/04/2021 09:53:56 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/04/2021 10:33:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/04/2021 10:10:34 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/04/2021 11:46:38 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia