Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 44592
Estos autos caratulados: "MASSOLO, MARIA JULIA C/ PODER JUDICIAL MINISTERIO PÚBLICO S/EJECUCION HONORARIOS (INFOREC 930)", expediente Nº 44592, ingresados a este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, y CONSIDERANDO:
I. Que en estos autos, en fecha 07/09/2022 y ante el Juzgado de Paz Letrado de Chivilcoy, la Dra. María Julia Massolo, promueve demanda de ejecución de honorarios, por aquellos que le fueran regulados según relata, en las causas: "VIOLA, María Soledad c/ TORTORELLA, Damián Marcelo s/ Incidente de aumento de cuota alimentaria" (N° 54.564) ,"RIBET, Gerardo Nicolás c/ GRIGUELA, Eliana María Carla s/ Divorcio vincular por presentación unilateral" (N° 64.864), "GRACIANO, Irma Martina y otro s/Sucesiones" (N° 17.427), "PRESTIFILIPPO, Julio s/ Sucesión ab intestato" (N° 93.194) y "DI NOCCO, Pablo c/ PÉREZ, María Bernarda s/ Régimen de comunicación" (N° 64.913), en trámite ante el mismo Juzgado de Paz de Chivilcoy, en los cuales desempeñó funciones como Defensora Oficial y Asesora de Incapaces (cfr. el art. 91 y ccs. de la ley 5827 orgánica del Poder Judicial).
Señala que, el artículo, 6° párrafo, de la ley 5827, establece que los letrados sorteados para cumplir dichas funciones percibirán una remuneración a cargo del Poder Judicial y de acuerdo a la reglamentación de la Corte Suprema.
Continúa relatando que, el 11 de febrero y el 21 de marzo recibió correo electrónico de la Sra. Silvia Bonfanti del Juzgado de Paz de Chivilcoy, en el que se indicaban las listas de expedientes con regulaciones de honorarios de defensores y asesores ad hoc del mes anterior, siguiendo el procedimiento de la circular 44 del Ministerio Público; y que el 27 de mayo pasado, recibió un correo electrónico de la oficina de la Administración del Ministerio Público, Delegación Mercedes, haciéndole saber que los fondos correspondientes a las regulaciones que los Juzgados de Paz les habían enviado en febrero y marzo estaban próximos a ingresar a la delegación y por lo tanto debían enviar lo antes posible las facturas.
Refiere que el 1° de junio envió dos facturas por regulaciones como defensora y como asesora, en los expedientes mencionados.
Agrega que, sus honorarios se encuentran debidamente notificados por el Ministerio Público, organismo obligado al pago, de acuerdo al procedimiento establecido en la circular 44 y sus modificatorias.
Denuncia que, reclamó el pago vía correo electrónico y telefónicamente, sin obtener una respuesta satisfactoria.
Indica que, lo injusto del caso, no es sólo la espera sino también que las facturas fueron emitidas con el valor del jus arancelario de $ 4.176, vigente al momento de la emisión, obligándola a percibir un monto desactualizado.
II. Que en fecha 10/03/2023, el juez previniente del Juzgado de Paz Letrado de Chivilcoy, se declara incompetente, fundando su resolución en los términos previstos por el art. 2º inciso 4 de la Ley 12.008, remitiendo en consecuencia la causa a este Juzgado Contencioso Administrativo en fecha 19/04/2023, la cual, fue recepcionada en fecha 21/04/2023.-
III. A sus efectos, principiaré por destacar que, el art. 6 inc. 1° del Código Procesal Civil y Comercial establece que -a falta de otras disposiciones- será el juez ante quien se sustancia el pleito principal, quien tenga conocimiento de una amplia gama de incidencias vinculadas a éste, entre las cuales se encuentran las ejecuciones de honorarios (v. SCBA causas C. 116.556, "Calles", resol. de 29-II-2012; C. 116.491, "Luna", resol. de 14-III-2012; C. 116.989, "Romero", resol. de 10-X-2012).-
Es decir que, ciertas materias, de manera autónoma o combinada vienen a caer dentro de la competencia de determinado magistrado por vía de conexidad, ya sea por su relación entre las pretensiones, hechos y sujetos de dos o mas procesos, de modo tal que la conexidad por coordinación entre el ejecutivo y el ordinario proviene también del necesario conocimiento que debe tenerse y al cual debe remitirse.
Que tal ha sido el criterio seguido por el Alto Tribunal Provincial: "Esta Suprema Corte de Justicia, en varias oportunidades, ha resuelto la competencia del juez del proceso principal para entender en la tramitación y resolución de incidentes promovidos en él, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 6 inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial (...). Ello se funda tanto en el principio accesorium sequitur principale como, asimismo, en una razón de conexión y economía procesal que aconseja que sea un órgano judicial único quien decida pretensiones vinculadas por elementos comunes (art. 6 inc. 1, CPCC; doctr. causas B. 70.615, cit.; B. 71.007, "Presa Tapari", resol. de 22-IX-2010; B. 71.903, "Aranda", resol. de 30-V-2012; B. 73.097, "Moleiro", resol. de 10-IX-2014 y B. 74.484, cit., entre otras). Sobre esa base, cabe destacar que la ley 14.967, en orden a lo dispuesto por su antecesora el decreto ley 8904/77, establece que la regulación judicial firme, constituye título ejecutivo contra el condenado en costas y solidariamente contra el beneficiario de las tareas (art. 58). En cuanto a su ejecución, el mismo artículo reza que se sustanciará "...en incidente separado, o a opción del letrado en el mismo juicio en el que se hubieran regulado honorarios". (véanse causas B. 68.963, "Biglioti", resol. de 21-II-2007 y B. 76.888, "Benítez", resol. de 9-IV-2021). Siendo así, toda vez que la ejecución de honorarios judiciales regulados constituye un incidente del proceso donde se han originado, corresponde en este caso conocer en ella a la jueza de garantías del joven (arts. 6 cit. y 499, CPCC; doctr. causas Ac. 93.271, resol. de 1-XII-2004; Ac. 94.396, resol. de 30-III-2005; Ac. 93.976, resol. de 11-V-2005; Ac. 93.887, resol. de 22-VI-2005; Ac. 93.664, resol. de 22-VI-2005; Ac. 93.664, resol. de 15-X-2005; B. 68.859, "Alderete", resol. de 13-XII-2006; B. 69.174, "Torniri", resol. de 8-VIII-2007; B. 71.636, "Marcos", resol. de 18-IV-2012 y B. 76.795, cit.)." (SCBA LP B 77049 RSI-239-21 I 09/06/2021, Mentucci, Adriana Gabriela c/ Dirección General de Cultura y Educación Provincia de Buenos Aires s/ Incidente de ejecución de honorarios - Cuestión de competencia art. 7, ley 12.008; Base JUBA).-
De tal modo, debe interpretarse que todas las cuestiones relacionadas con honorarios regulados, deben seguirse por ante el tribunal que tuvo a su cargo el proceso principal, que es el juez natural de la causa y quien se encuentra en mejores condiciones para decidir sobre las contingencias que surjan con respecto a aquellos.-
En consecuencia, conforme la normativa legal indicada y la hermenéutica que cabe extraer de la jurisprudencia de la Suprema Corte Provincial arriba citada, lo cierto es que, sin desconocer el imperativo que emana del art. 2 del CPCA, en el cual, el juez previniente funda su decisión, entiendo que en autos, prima la función judicial por la cual, los procesos ejecutivos deben dilucidarse ante el mismo magistrado ante el cual tramitaron los juicios principales que le sirven de precedentes, razón por la cual entiendo que, resulta competente para decidir en autos, el Juzgado de Paz Letrado de Chivilcoy.-
De allí que, por los fundamentos expuestos precedentemente y lo dispuesto en el art.171 de la Constitución Provincial, los arts.7, 8 y 77 CPCA, art.6 inc.1º y 161 del CPCC y art.58 de la Ley 14.967; RESUELVO:
2. Atento lo previsto en el art.7 inc.1º, 2º párrafo, del C.P.C.A., remítanse sin otra sustanciación las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para que dirima el conflicto de competencia negativo que ha quedado planteado, sirviendo la presente de atenta nota de elevación (art. 8 del C.P.C.A.).-
NOTIFIQUESE. REGISTRESE.-
R
Fin de la sentencia