Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 121442
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 121.442, "Larrauri, Romina contra Coria, Adela y otro/a. Ejecución de honorarios de mediación ley 13.951", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, de Lázzari, Genoud, Kogan, Pettigiani, Torres.
La Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial -Sala II- del Departamento Judicial de La Plata dejó sin efecto la regulación de honorarios practicada por la juzgadora de origen (v. fs. 17 y 34/48 vta.).
Se interpusieron, por la actora, recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad (v. fs. 53/61 y 62/71), siendo ambos remedios concedidos por el tribunal a quo (v. fs. 72 y vta.).
En razón de la insuficiencia del monto económico del agravio y de la ausencia de una cuestión federal involucrada, esta Corte declaró mal concedido el primero y ordenó respecto del segundo remitir los autos a la Procuración General (art. 302, CPCC; v. fs. 76/77 vta.).
Oída la Procuración General (v. fs. 83/86 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En el marco de los autos "Coria, Corina Adela contra Camping Costa Silvestre de Enrique Vicente Di Cosmo y Carlos A. Cabanchiok Sociedad de hecho y otros. Daños y perjuicios", la doctora Romina Larrauri promovió la ejecución de los honorarios profesionales devengados por su labor como mediadora prejudicial (arts. 31, ley 13.951 y 27, dec. 2.530/10; v. fs. 4 y vta.).
La magistrada de primera instancia, sin perjuicio de rechazar la vía ejecutiva incoada por falta de requisitos propios (arts. 521 inc. 7 y 529, CPCC; 31, ley 13.951 y 28, dec. regl. 2.530/10), emplazó a la señora Coria -requirente de la mediación- y a Federación Patronal Seguros S.A. -citada en garantía en el proceso principal- a acompañar el acuerdo extrajudicial alcanzado, bajo apercibimiento de regular los honorarios de la accionante conforme las pautas del régimen especial (v. fs. 5 y vta.), intimación que fue luego cumplida por la aseguradora (v. fs. 13/16).
Con posterioridad, en función del importe comprendido en el respectivo acuerdo transaccional (a saber, $15.000) y según lo preceptuado por los citados dispositivos especiales (arts. 31, ley 13.951; 27, dec. 2.530/10; 20 y 21, ley 6.716), reguló los honorarios de la doctora Larrauri en la suma de cuatro mil quinientos noventa y nueve pesos ($4.599), con más sus respectivos aportes previsionales (v. fs. 17 y vta.).
II. Apelada esta decisión por el apoderado de la citada compañía (v. fs. 24/25 vta.), la Sala II de la Cámara Segunda de Apelación del fuero departamental la modificó (v. fs. 34/48 vta.).
En su pronunciamiento, el Tribunal de Alzada abordó oficiosamente el examen de constitucionalidad del actuado art. 27 del decreto reglamentario 2.530/10, el que reputó inconstitucional por resultar -a su entender- violatorio de los arts. 15, 45, 57 y 144 inc. 2 de la Constitución provincial; 16 y 17 de la carta magna y 21 inc. 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Seguidamente, y con base en los arts. 13 de la ley 24.432 y 1.251 y 1.255 del Código Civil y Comercial, fijó los estipendios profesionales de la apelante en la suma de cuatrocientos cincuenta pesos ($450), con más el aporte previsional de ley (v. fs. 48 vta.).
III. Contra este fallo se alza la actora mediante recurso extraordinario de inconstitucionalidad en el que aboga por la constitucionalidad del art. 27 del referido decreto 2.530/10 y, por ende, en favor de la regulación especial practicada conforme la escala allí prevista (v. fs. 62/71).
IV. La impugnación no prospera.
IV.1. El remedio contemplado en el art. 161, inc. 1, de la Constitución de la Provincia y regulado en el art. 299 del Código Procesal Civil y Comercial, sólo se abre cuando en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales bajo la pretensión de ser contrarios a las normas de la Constitución local (conf. doctr. causas Ac. 93.822, "Coema", resol. de 11-IV-2007; Ac. 97.195, "Mendieta", resol. de 18-IV-2007 y C. 108.939, "Tejera Castro", sent. de 29-XI-2017), no siendo éste el cauce procesal apto para expresar agravios concernientes al ajuste o desajuste de normas respecto de la Constitución nacional o el derecho supranacional incorporado al ámbito interno, cuyo cuestionamiento puede formularse por vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (conf. causas C. 103.069, "Banda", resol. de 7-VII-2010 y C. 98.720, "Ceamse", resol. de 21-IV-2010).
En otras palabras, para habilitar la competencia extraordinaria a través de la senda escogida es necesario que se haya planteado y decidido en la instancia ordinaria un caso constitucional local, lo que naturalmente importa haber efectuado un confronte normativo entre una norma local y la Constitución provincial.
IV.2. Ahora bien, en la especie, la declaración de inconstitucionalidad del art. 27 del decreto 2.530/10 -reglamentario de la ley provincial 13.951- encontró apoyo en su colisión tanto con normas de la Constitución local como frente a la Constitución nacional y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Veamos.
IV.2.a. En primer lugar, el tribunal a quo sostuvo que el referido art. 27 incurre en un exceso reglamentario del art. 31 de la ley 13.951. Puntualmente interpretó que esta última disposición ordena que el mediador reciba una suma "fija", delegando en el decreto la determinación de su monto, condiciones y circunstancias, pautas que estimó desoídas en la reglamentación dictada. Así -dijo- la suma fija a la que alude la ley "no se condice [con la determinación de] los honorarios en vista a los jus -unidad de valor- como prevé el decreto" (v. fs. 38/39).
A ello adunó que el precepto cuestionado también se apartó de la ley al tener sólo en cuenta el monto reclamado -o el de la sentencia o acuerdo-, sin estimar ningún otro parámetro, obviando sopesar la dedicación, función y tiempo que al mediador le ha insumido su labor (v. fs. 39 y vta.).
Estas dos circunstancias, a su juicio, evidencian la discordancia entre el texto de la ley y su decreto reglamentario, infringiendo el art. 57 y 144 inc. 2 de la Constitución provincial que contiene análoga limitación a la establecida en el art. 99 inc. 2 de la Constitución nacional (v. fs. 40/42).
IV.2.b. De otra parte, y correlacionado con lo anterior, juzgó que el sistema implementado en el decreto provincial 2.530/10, al calcular los honorarios de los mediadores en atención sólo a la suma reclamada, desatendiendo las características de la función desempeñada y según una unidad de valor que varía en el tiempo, torna arbitraria e irrazonable su estimación, conculcando -a su parecer- el art. 17 de la Constitución nacional (v. fs. 42/43).
IV.2.c. Seguidamente, reputó que la norma también vulnera lo estatuido por los arts. 16 de la Constitución nacional; 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 10 y 27 de la Constitución provincial, por resultar abiertamente desigual con las pautas establecidas para fijar los estipendios de abogados y peritos. Aseveró al respecto que el sistema delineado por el decreto produce disparidades o desproporciones injustificadas en tanto al mediador se le remunera conforme pautas de valor con relación a una suma fija que termina siendo desmedida en comparación con el letrado a quien en un proceso de monto determinado se le reconoce un porcentaje de tal suma que culmina siendo mucho menor no obstante la mayor labor desempeñada. Consideró aplicable al caso el criterio sentado por este Tribunal en torno a las remuneraciones de contadores estatuidas por la ley 10.620, desigualdad que -reiteró- infringe los arts. 16 y 17 de la Constitución nacional y 10 y 27 de la Constitución provincial (v. fs. 43/45).
IV.2.d. Por fin, juzgó que esta forma de regular los honorarios de los mediadores importa un encarecimiento desproporcionado de la solución de los litigios, vulnerando el acceso a la justicia y lo normado por los arts. 15, 45 y 57 de la Constitución provincial, 17 de su par nacional, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. fs. 45/46 vta.).
IV.3. De la reseña efectuada surge que el fallo en crisis ha procedido a la confrontación de la norma local -art. 27 del decreto 2.530/10- con normas de la Constitución nacional y de tratados internacionales de igual jerarquía como así también con los preceptos de la Constitución provincial, concluyendo que ha mediado quebrantamiento tanto del orden supralegal local como federal. Ello alcanza, en mi opinión, para tener por configurado en concreto el caso constitucional provincial, habilitando la vía intentada por la impugnante (doctr. art. 299, CPCC).
Sin embargo, la protesta ensayada luce insuficiente a los fines de conmover el pronunciamiento de grado. Veamos.
En su pieza recursiva, la mediadora objeta la configuración del exceso reglamentario imputado por el Tribunal de Alzada (v. fs. 66/68 vta.), como así también el supuesto encarecimiento del costo para litigar y vulneración del acceso a la justicia (v. fs. 68 vta./69 vta.).
Por el contrario, omite toda réplica respecto de la alegada violación a la igualdad también declarada por la Cámara, tanto con apoyo en el art. 16 de la Constitución nacional y 24 de la Convención americana, como de los arts. 10 y 27 de la Constitución provincial (v. fs. 43/45), segmento de la decisión que es soslayado en el remedio bajo tratamiento (arts. 279 y 300, CPCC).
Para más, quedan en pie las razones constitucionales esgrimidas por el tribunal a quo con sustento en el desajuste del decreto reglamentario 2.530/10 respecto de la Constitución nacional o del Derecho Supranacional incorporado al ámbito interno, cuyo cuestionamiento fue intentado por la quejosa mediante el recurso de inaplicabilidad de ley -declarado inadmisible por no cumplir con el requisito de la suma gravaminis - y no contener un planteo idóneo sobre la existencia de agravios de carácter federal (art. 278, CPCC; v. fs. 76/77 vta.).
En suma, nos encontramos ante un fallo apuntalado en la declaración de inconstitucionalidad provincial, nacional y supranacional que ha sido impugnado mediante un recurso que, en la mejor de las estimaciones, alcanzaría a enervar algunos de los pilares argumentales de aquel sustentados en las normas provinciales o nacionales de idéntico o análogo contenido a las primeras, dejando en cambio incólume el declarado quebrantamiento del art. 17 de la Constitución nacional que el Tribunal de Alzada sustentó en la irrazonabilidad y arbitrariedad del sistema de fijación de estipendios de la mediadora (v. fs. 42/43), como así también, por falta de toda refutación, la estimada violación a la igualdad y quebrantamiento de los arts. 16 de la Constitución nacional; 10 y 17 de su par provincial; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 1 y 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
En consecuencia, siendo que la suerte adversa de la impugnación se ve en todo caso sellada de antemano por la insuficiencia e impropiedad técnica de la vía procesal interpuesta, deviene inoficioso el abordaje sustancial de los argumentos que porta la respectiva pieza de alzamiento.
V. Por lo expuesto, que considero suficiente para dar respuesta a la cuestión sometida a conocimiento de esta Corte, corresponde desestimar el presente remedio extraordinario. Con costas a la recurrente vencida (arts. 68 y 303, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lazzari dijo:
I.1. No comparto la solución a la que se arriba en el voto inicial.
I.2. La doctrina tradicional de esta Suprema Corte en materia de recurso extraordinario de inconstitucionalidad indica que tal vía de alzamiento se abre en el único caso de que en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales confrontados con normas de la Constitución local. Si los fundamentos de la sentencia impugnada se sustentan además en preceptos de la Constitución nacional, su enjuiciamiento es ajeno al remedio intentado y propio -en su caso- del de inaplicabilidad de ley (conf. causas C. 116.585, "Cristal Fin S.A.", resol. de 11-IV-2012; P. 126.233, "Álvarez", resol. de 22-III-2016; e.o.).
En otras palabras, el recurso de inconstitucionalidad no constituye ámbito adecuado para dilucidar presuntas infracciones a la Constitución de la Nación ya que su marco de referencia está dado exclusiva y excluyentemente por la Constitución de la Provincia. Consecuentemente, aunque pudiese considerarse fundado el reclamo apoyado en la Constitución provincial, la sentencia que lo acogiera sólo tendría un carácter teórico, abstracto o meramente declarativo, porque el fallo cuestionado conservaría los fundamentos referidos a la Constitución nacional que, no siendo impugnables por la vía de ataque elegida, le servirían de suficiente sustento.
Este criterio ha recibido ciertas atenuaciones. En efecto, en distintas causas se ha dado la situación de que, advertidos de aquel rigorismo recursivo, los recurrentes han interpuesto ambos caminos (inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley), en cuyo mérito este Tribunal, a la vista de que los preceptos involucrados de ambas Constituciones resultaban de idéntico o semejante contenido normativo, los ha abordado conjuntamente y en una única cuestión (v.g. causas Ac. 60.072, "Blanco", sent. de 21-IV-1998; L. 81.849, "Larrosa", sent. de 10-XI-2004). A lo que se agrega que la recordada doctrina tradicional ha suscitado discordancias minoritarias. En la causa Ac. 35.825, "Cinturón Ecológico Area Metropolitana S.E." (sent. de 6-IX-1988), el doctor Laborde sostuvo que el hecho de que el impugnante haya declinado la posibilidad de cuestionar la decisión de la Cámara -en cuanto se refiere a la Constitución nacional- al no haber interpuesto el correspondiente recurso de inaplicabilidad de ley, no puede convertir en teórica o abstracta la sentencia que debe dictar esta Corte en su carácter de intérprete final de la Constitución de la Provincia. Y en la causa Ac. 76.472, "Guzmán" (sent. de 19-II-2002), el doctor Negri expresó que si bien es cierto que esta Corte tiene dicho que por la vía del recurso de inconstitucionalidad sólo cabe cuestionar la validez de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos locales frente a la Constitución de la Provincia, no lo es menos que este medio ha de ser interpretado con mayor amplitud en razón de que por él la Corte ejerce su función tutelar de los principios, derechos y garantías que la Constitución provincial establece. Constituiría un exceso ritual manifiesto considerar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad cuando su tratamiento podría abordarse excepcionalmente, dado que los preceptos conculcados son de idéntico contenido normativo.
Todo lo cual es admitido y prohijado en el voto que abre este acuerdo en los términos que ilustra el primer párrafo del punto IV.3., al señalarse que cuando se plantea quebrantamiento tanto del orden supralegal local como federal "ello alcanza para tener por configurado en concreto el caso constitucional provincial, habilitando la vía intentada por la impugnante".
I.3. Coincidiendo con dicha apertura, nos encontramos, sin embargo, con una actividad recursiva desarrollada en la presente causa que exhibe singulares características:
a) Comprende un supuesto en el que la fundamentación del fallo impugnado radica simultáneamente en normativa constitucional local y nacional (además de trasnacional).
b) Respetando la doctrina legal antes referida, la recurrente interpuso la vía del art. 299 del Código Procesal Civil y Comercial, ensayando argumentos que controvierten las apoyaturas de la Constitución local.
c) Deja al margen expresamente cualquier impugnación ajena a ese marco local. Es así que a fs. 62 ha expresado: "Dejo constancia, a la vez, de que interpongo por separado recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a fin de atacar por esa vía los fundamentos de la sentencia que hacen base en la interpretación y aplicación de cláusulas de la Constitución Nacional...". Y a fs. 53 y siguientes deduce el recurso de inaplicabilidad de ley, pasando a controvertir la normativa federal.
Puede advertirse, entonces, que la recurrente ha acatado la doctrina legal que circunscribe los alcances de la vía extraordinaria de inconstitucionalidad, complementando su alzamiento por el restante camino. Ahora bien, tuvo en cuenta que el monto del juicio no reunía las condiciones normales de admisibilidad, mas alegó la existencia de agravios de índole federal para excepcionar tales límites (v. fs. 53 vta.).
I.4. El recurso de inaplicabilidad de ley fue declarado mal concedido, por insuficiencia del monto comprometido y por entenderse que no porta cuestión federal alguna (v. fs. 76/77).
I.5. Llegamos así a la decisión sobre el único recurso pendiente (el de inconstitucionalidad). El voto del que discrepo realiza el siguiente razonamiento: a pesar de la doctrina tradicional, es posible abocarse a un recurso de esta naturaleza, aunque tenga sustento tanto en normativa provincial como federal. El recurrente se ha ocupado solamente de la compatibilidad con la Constitución local, omitiendo toda réplica a las parcelas que se soportan en el ámbito nacional. Y si bien el cuestionamiento ha tenido lugar mediante el recurso de inaplicabilidad de ley, este tramo no puede atenderse dado que dicho recurso ha sido declarado inadmisible por no cumplir con el requisito de la suma gravaminis y no contener un planteo idóneo sobre la existencia de agravios de carácter federal. Como consecuencia, dada la insuficiencia e impropiedad técnica de la vía procesal interpuesta, deviene inoficioso el abordaje de los argumentos vertidos.
I.6. En mi opinión, la solución a la que así se arriba quebranta la tutela judicial efectiva que garantiza el art. 15 de la Constitución provincial. Me resisto a convalidar un exceso ritual manifiesto. Conforme criterio habitual de la Corte no es válido desarrollar en el recurso de inconstitucionalidad agravios ajenos a la Constitución local. A esos efectos hay que agregar el recurso de inaplicabilidad de ley. Pues bien, en cumplimiento de tal doctrina así lo hizo la recurrente. Al momento de tratarlo, se lo consideró inadmisible por insuficiencia del monto. Y al resolver el de inconstitucionalidad le estamos diciendo ahora que las alegaciones contenidas en el de inaplicabilidad no las vamos a tener en cuenta porque fue declarado inadmisible. Un verdadero círculo vicioso. Debía plantear sus consideraciones de índole federal en el recurso de inaplicabilidad de ley y así lo hizo. Pero no las tenemos en cuenta porque el recurso de inaplicabilidad de ley es inadmisible. Algo parecido a una emboscada.
I.7. En estas condiciones, por las especialísimas circunstancias del caso y para no incurrir en una verdadera privación de justicia, adelanto mi propuesta de que para la solución de la causa se computen en su integridad ambas presentaciones: tanto el recurso de inconstitucionalidad como el de inaplicabilidad de ley, aprehendidas como un todo.
Responden a una únic
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