Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124241
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68 segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 3, inc. "d" Ac. cit.).
C. 124.241 "PEREYRA AMILKAR MAITE C/ ROCMA S.R.L. S/ EJECUCION DE HONORARIOS DE MEDIACION LEY 13.951"
I. El apoderado del accionado deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que rechazó el de nulidad por haberse planteado agravios desestimados por el Tribunal en otros casos análogos (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC; v. resol. de 9-XI-2021; trámite titulado "ESCRITO ELECTRÓNICO" de fecha 2-XII-2021 y su archivo adjunto identificado como "REF+PEREYRA+C+ROCMA.pdf").
En el caso, en lo que interesa destacar, la Cámara interviniente confirmó el fallo de primera instancia que, a su turno había hecho lugar a la ejecución de honorarios incoada por Maite Pereyra Amilkar contra la firma Rocma S.R.L., al encontrar acreditados los extremos para su progreso (v. sents. de 20-II-2020 y 24-VII-2020).
II. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio, propiedad, igualdad ante la ley, tutela judicial, debido proceso y razonabilidad (arts. 16, 17, 18 y 28, Const. nac.; 8, CADH; 14, PIDCP v. págs. 5/7, 12, 20, 22 y 25, adjunto cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de 10-XII-2021), el mismo no fue contestado.
IV.1. Respecto de la vía federal incoada, cabe señalar, por un lado, que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48) y, por el otro, que la Acordada 4/2007 de la Corte nacional establece la carga de refutar todos y cada uno de los fundamentos independientes que dan sustento a la resolución apelada (art. 3, inc. "d").
En el caso, se advierte que el recurrente no ha cumplido con las mentadas exigencias, en tanto los planteos ensayados se limitan -en rigor- a denunciar la arbitrariedad de la sentencia atacada -al igual que la de la instancia anterior en grado- por no analizar las cuestiones que entiende esenciales. En efecto, los agravios se centran en discrepar con la postura de esta Corte para descartar el remedio de nulidad, denunciando que lo consideró insuficientemente fundado y alegando que se ha incurrido en excesivo rigor formal y dogmatismo, y en reiterar -en sustento de su postura- los cuestionamientos vertidos en la vía extraordinaria local referidos al absurdo del fallo del Tribunal de Alzada, en tanto se apartó de las circunstancias objetivas de la causa e interpretó erróneamente la normativa que rige al caso (v. págs. 18/27, adjunto cit.).
Y en dicha tarea soslaya rebatir -debidamente- las razones brindadas en la decisión en crisis que destacan, por un lado, que la temática central ha sido tratada por el Tribunal de Alzada, pero en sentido desfavorable al interesado y, por el otro, que los agravios traídos se dirigen a atacar el acierto jurídico del fallo objetado, resultando -por tanto- ajenos al mentado carril incoado. (v. resol. cit.).
En razón de lo expuesto, no habiéndose cumplido debidamente con el deber impuesto por el inc. "d" del art. 3 de la citada reglamentación, la vía intentada deviene inadmisible.
IV.2. A ello, cabe agregar que la simple denuncia de la doctrina de la arbitrariedad, así como la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (derechos de defensa en juicio, propiedad, igualdad ante la ley, tutela judicial, debido proceso y razonabilidad; arts. 16, 17, 18 y 28, Const. nac.; 8, CADH; 14, PIDCP v. págs. 5/7, 12, 20, 22 y 25, adjunto cit.), y la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio deducido, ya que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 122.884, "Silva", resol. de 26-VI-2019; C. 122.682, "Terminales Y Servicios S.A.", resol. de 18-IX-2019; C. 122.829, "Gimenez", resol. de 29-IV-2020; C. 124.023, "Bertolin", resol. de 19-IV-2021; C. 121.891, "Aguirre Cruzado", resol. de 18-XI-2021; C. 123.866, "Toncovich Rodriguez", resol. de 20-IV-2022; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68 segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 3, inc. "d" Ac. cit.).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/06/2022 12:51:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/06/2022 09:22:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2022 19:20:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/08/2022 18:35:55 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/08/2022 12:41:55 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/08/2022 13:13:02 hs. bajo el número RR-506-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia