Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126799
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído.
Las costas del recurso y de la queja se imponen a la vencida (art. 289, CPCC y ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.799, "Duarte, María Cielo contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Ejecución de honorarios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora rechazó el recurso de revocatoria deducido por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, con motivo del traslado conferido en el marco de una acción de determinación judicial de honorarios devengados en sede administrativa (v. resolución de fecha 17-XII-2020).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 22-XII-2020), el que denegado por el órgano jurisdiccional de grado con fecha 28 de diciembre de 2020, fue concedido por este Tribunal (v. resolución de fecha 15-IX-2021), al hacerse lugar a la queja interpuesta (v. presentación de fecha 1-II-2021).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La abogada María Cielo Duarte, dedujo acción en los términos de los arts. 21, 44 inc. 1 y 55 de la ley 14.967, tendiente a obtener la regulación de sus honorarios por la actuación administrativa en el expediente SRT n° 335.520/18, en trámite ante la comisión médica n° 37/2, delegación Ezeiza, el cual concluyera por acuerdo conciliatorio.
Radicadas las actuaciones ante el Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, este confirió traslado a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires (art. 55, ley 14.967) por el plazo de quince días, a fin de que se manifieste (v. proveído electrónico de 27-XI-2019).
Luego se presentó en el expediente la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires y dedujo revocatoria contra la mencionada decisión (v. presentación de fecha 16-XII-2020).
Con apoyo en lo prescripto en el art. 31 del decreto ley 7.543/69, solicitó se revoque la resolución impugnada y se otorgue el traslado de la demanda en el despacho del Fiscal de Estado por el plazo de treinta días. Adujo que el término de quince días conculcaba dicha normativa y, además, solicitó la suspensión de los términos procesales.
El tribunal interviniente rechazó en todas sus partes la presentación. Juzgó que la decisión se encontraba ajustada a derecho, en tanto la enumeración contenida en el mencionado art. 31 del decreto ley 7.543/69 no resultaba comprensiva de la hipótesis de traslado ante un reclamo de regulación de honorarios por tareas extrajudiciales, previsto en el art. 55 de la ley 14.967 (v. resolución de fecha 17-XII-2020).
II. Contra lo resuelto, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 19 y 28 de la Constitución nacional; 15 y 155 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 31 del decreto ley 7.543/69. Además, invoca vulnerados los pactos internacionales a los que alude el art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional y la doctrina legal que cita.
Afirma que bajo un único argumento el juzgador desestimó íntegramente los planteos formulados de revocatoria, nulidad y suspensión de términos procesales. Asegura que ello lesiona irremediablemente el ejercicio de la defensa en juicio y el derecho al debido proceso.
Seguidamente, expresa que, al desestimar el planteo oportunamente llevado, el tribunal desoyó el particular plazo otorgado por la legislación específica al representante del Estado provincial, siendo que se trata de un demandado con caracteres propios, claramente diferenciable de otros legitimados pasivos.
Denuncia que, en el supuesto de autos, donde se reclama la regulación de honorarios por tareas extrajudiciales, con planteos propios de una demanda, no se encuentra justificado el breve plazo de traslado que le fuera conferido. Indica, además, que lo expuesto imposibilita recabar los antecedentes del caso a las oficinas respectivas. Por esta razón -señala-, existe una norma específica que regula el traslado de todas las demandas al Fisco de la Provincia de Buenos Aires (esto es, el mentado art. 31 del decreto ley 7.543/69, t.o. 1987) que establece un plazo especial de treinta días.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta sede representado por el importe de la regulación de honorarios que se pretende en el escrito de demanda -con arreglo al acuerdo conciliatorio celebrado- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (según el texto de la ley 14.141), vigente al momento de la interposición del remedio procesal, razón por la cual la admisibilidad de este recurso solo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando se ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 118.753, "Márquez", sent. de 15-XI-2016; L. 118.456, "Martinez", sent. de 29-III-2017; L. 124.183, "Britos", sent. de 9-XII-2020; L. 126.466, "Antuña", sent. de 22-XII-2022; e.o.).
III.2. Reducido de tal modo el marco de análisis del recurso, no se verifica la hipótesis de excepción prevista en la ley adjetiva local.
III.2.a. Considero necesario aclarar que, aun cuando participo de la opinión de que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como de las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), dicha posición ha resultado minoritaria. Siendo ello así, puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es el de mantener y -especialmente- procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema y a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias (dejando siempre a salvo mi opinión al respecto), analizaré la impugnación con los alcances de la doctrina forjada por mayoría.
III.2.b. Con arreglo a tal premisa entonces, como anticipé, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, toda vez que la doctrina legal traída por el recurrente en apoyo de su pretensión remite a cuestiones estrictamente procesales y, como tales, detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado precepto adjetivo (causas L. 122.325, "Canali", resol. de 19-XII-2018; L. 122.878, "Galeano", resol. de 21-VIII-2019; L. 123.923, "Diamante", resol. de 16-VI-2020; L. 125.310, "Huanca", resol. de 7-VI-2022; e.o.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido.
Las costas de la vía extraordinaria de impugnación que se resuelve, así como las de la queja (v. resolución de fecha 15-IX-2021), se imponen a la vencida (art. 289, CPCC y ley 14.967).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
A excepción de lo expuesto en su apartado III.2.a., habré de adherir al sufragio emitido por mi distinguida colega doctora Kogan, incluso en materia de costas (art. 289, CPCC y ley 14.967).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Concuerdo con el voto de la doctora Kogan en cuanto a que el valor de lo cuestionado ante esta instancia no supera el monto mínimo para recurrir y que, como derivación de ello, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando se ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial en una controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (conf. los precedentes citados por la colega).
Con arreglo a tal premisa, es evidente que el recurso no puede prosperar toda vez que -como también señala la distinguida colega- la doctrina legal denunciada como transgredida por la recurrente, remite a cuestiones estrictamente procesales y, como tales, ajenas al estrecho marco de conocimiento habilitado por el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
II. Lo expuesto, en mi opinión, alcanza para definir el rechazo del remedio interpuesto, con costas de esta instancia y de la queja a la vencida (art. 289, CPCC y ley 14.967).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
A excepción del punto III.2.a., habré de adherir al sufragio emitido por mi distinguida colega doctora Kogan, incluso en materia de costas (art. 289, CPCC y ley 14.967).
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído.
Las costas del recurso y de la queja se imponen a la vencida (art. 289, CPCC y ley 14.967).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/10/2023 13:29:25 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/10/2023 12:26:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/10/2023 10:07:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/10/2023 10:24:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/10/2023 08:47:00 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 30/10/2023 09:13:32 hs. bajo el número RS-120-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia