Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124163
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (art. 292, CPCC y Acordada 1.790). Con costas.
C. 124.163 "MORBIDUCCI, DANIEL HORACIO C/ DELTON S.A. S/ EJECUCION DE HONORARIOS"
I. Conforme surge de las constancias acompañadas, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 14 del Departamento Judicial de La Plata, en el marco de un juicio de ejecución de honorarios instado por el doctor Daniel Horacio Morbiducci contra Delton S.A.C.I.F.I.A., encontrándose firme la sentencia allí pronunciada y con motivo de la renuncia presentada por el doctor Manuel Félix Origone al mandato que le confiriera la firma ejecutada, reguló los estipendios de los profesionales intervinientes, estableciéndolos para el mencionado letrado en la suma de cinco mil ciento doce pesos -$ 5.112- (v. resolución del 26-V-2020, obrante en archivo adjunto a la queja).
Apelada tal regulación, la Sala III de la Cámara Segunda de Apelación del fuero departamental modificó esa decisión y -en lo que aquí interesa resaltar- teniendo en consideración el monto de la demanda rechazada -de $ 4.400- fijó los honorarios del doctor Origone en la suma de pesos ochoc.ientos ($ 800), citando las disposiciones del decreto ley 8904 y el art. 1255 del Código Civil y Comercial (v. resolución del 21-VII-2020, adjuntada).
Frente a ello, el referido letrado interpuso " recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y nulidad " y luego realizó una presentación titulada "Mejora fundamentos" (v. sendos archivos de fecha 28-VII-2020, acompañados a la queja). El Tribunal de Alzada, con sustento en la irrecurribilidad de lo decidido y en la falta de definitividad de la decisión impugnada, denegó los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. resol. de fecha 3-VIII-2020, adosada al escrito electrónico cit.). Ello motivó la articulación de un recurso de queja ante esta sede " por denegación de recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley " (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico del 11-VIII-2020).
II. Al respecto cabe señalar liminarmente que en el recurso de hecho traído se menciona únicamente cuestionar la denegatoria de la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, lo cual por otra parte se corresponde con lo que surge de la lectura de la pieza recursiva y su evocada mejora de fundamentos, que permite colegir que, sin perjuicio de la confusa denominación asignada en algún pasaje, se ha interpuesto únicamente el remedio de inaplicabilidad de ley.
Sentado ello, es pertinente recordar que es doctrina reiterada de esta Corte que, en principio, contra las resoluciones de los tribunales colegiados en materia de honorarios, tanto en lo que hace a la regulación en sí misma como a las bases o pautas ponderadas para llegar a su determinación, no son admisibles los recursos extraordinarios (art. 57, 2° párrafo, dec. ley 8.904 aplicada en el caso; causas Ac. 95.834, "Teixido", resol. de 9-V-2007; Ac. 100.884, "Marino", resol. de 8-X-2008; C. 118.967, "Agropecuaria Guiral Argentina SA", resol. de 5-XI-2014; C. 121.540, "Moisés", resol. de 21-VI-2017; C. 123.642, "Israel Silicaro", resol. de 26-II-2020), no observándose en el caso, de conformidad con los agravios traídos, que concurra alguno de los restringidos supuestos en que, por vía de excepción, se ha admitido el apartamiento de dicho criterio (doctr. causas C. 121.778, "Villar", resol. de 13-IX-2017; C. 123.642, cit.).
Asimismo, en el sub lite , se observa que, conforme los planteos desplegados, el valor del agravio tampoco alcanza el mínimo legal establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141 y Resol. 3.972/2020-, en tanto éste se encuentra representado por la diferencia entre el monto de los honorarios fijados en el fallo impugnado y el que el profesional estima que debiera asignársele -de cuatro ius o, en la mejor hipótesis a favor del impugnante, de $ 5.869 o $ 13.090, según surge de su escrito recursivo-. Tal diferencia arroja un importe inferior al mínimo legal (conf. doctr. causas C. 117.983, "Club Independiente", resol. de 4-III-2015; C. 120.777, "Valsecchi", resol. de 19-X-2016; C. 121.778 y C. 123.642, cits.).
Finalmente, cabe observar que si bien se denuncia la vulneración de garantías constitucionales, invocando la afectación de los derechos al trabajo y de propiedad (v. pág. 3 del escrito electrónico de queja del 11 de agosto cit.), lo cierto es que -en el marco referenciado y atento al contenido de la impugnación- no se advierten expuestos argumentos suficientes que permitan avizorar - prima facie - la existencia de una relación directa e inmediata de las normas federales denunciadas con las cuestiones concretas debatidas y resueltas en el presente caso (conf. doctr. art. 15, ley 48; conf. doctr causas C. 120.460,"Thomas", resol. de 22-XII-2015; C. 120.520, "Usuarios y Consumidores Unidos y otros", resol. de 11-II-2016; C. 120.510, "SADAIC", resol. de 4-V-2016; C. 121.392, "Conciencia Ciudadana Mejorar Asociación Civil", resol. de 29-VIII-2017; C. 122.530, "Loro", resol. de 29-VIII-2018; C. 123.642, "Israel Silicaro", cit).
Además, la mera denuncia de la doctrina de la arbitrariedad (v. pág. 2 del escrito electrónico aludido) no constituye una razón facilitadora del acceso que eventualmente pudiera corresponder a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (doctr. causas C. 119.523, "Raimundi", resol. de 15-VII-2015; C. 122.022, "Szabady", resol. de 7-III-2018; C. 123.121, "Ribero Ravera", resol. de 14-VIII-2019; C. 123.642, cit.).
En tales condiciones, la vía extraordinaria intentada deviene inadmisible y se impone sin más el rechazo de la queja deducida (arts. 278 y 292, CPCC; 57, dec. ley 8.904).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (art. 292, CPCC y Acordada 1.790). Con costas.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/10/2020 16:01:29 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/10/2020 19:54:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/10/2020 12:15:44 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/11/2020 09:59:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/11/2020 13:34:08 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia