Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 126316
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Habiéndose planteado un agravio desestimado por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, rechazar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC y 2) desestimar la queja traída en relación al recurso de inconstitucionalidad (arts. 292 y 299, Cód. cit.; Acordada 4.068/22).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
C. 126.316 "DIEZ ENRIQUE C/ ROMERO EDGARDO Y OTROS S/ EJECUCIÓN HONORARIOS"
I. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón confirmó la solución de origen que, a su turno, hiciera lugar a la ejecución de honorarios incoada por el letrado Enrique Diez contra Claudia Beatriz, Edgardo Daniel, Graciela Noemí, Horacio Oscar, Liliana Silvia y Roberto Luis Romero y los condenó al pago del capital reclamado de $151.959,50, con más sus intereses calculados a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en sus operaciones a treinta días, desestimando la pretensión del ejecutante de que se aplique al caso la nueva ley de honorarios y se dicte sentencia condenando a los demandados al pago de la suma equivalente a 378,4794 jus con más los intereses que solicitó. Sostuvo, en este último aspecto, el Tribunal de Alzada que el planteo del ejecutante era claramente inatendible, a la luz de las prescripciones de los arts. 330 y 331 y del ordenamiento ritual, en tanto tal pedido lo introdujo cuando los ejecutados ya habían sido anoticiados de su reclamo inicial y si iba a pretender la aplicación de aquella legislación pudo, y debió, modificar su demanda antes de llevarla a conocimiento de los requeridos. Destacó que sea cual fuera la posición sobre la aplicabilidad, o no, al caso de las previsiones de la ley 14.967, y la virtualidad del antecedente "Morcillo" citado en la decisión apelada, ello deviene directamente inabordable por el hecho de haberlo planteado de manera tardía (v. sentencias de fecha 7-IV-2022 y 15-XII-2022).
Frente a lo así juzgado, el actor -abogado en causa propia- dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inconstitucionalidad (v. presentación electrónica de 28-XII-2022). El primero de ellos fue concedido y el segundo de los remedios se denegó con sustento en que no se había resuelto caso constitucional alguno en los términos del art. 299 del ordenamiento procesal (v. resol. de 14-II-2023). Tal denegatoria motivó la articulación de una queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 27-II-2023 y sus archivos adjuntos).
II. Abordando la vía anulativa por medio de la cual se aduce preterición de un tópico esencial, se anticipa que esta no puede prosperar, en atención a lo resuelto por este Superior Tribunal en casos sustancialmente análogos (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC).
Ha manifestado esta Corte -en reiteradas oportunidades- que la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que provoca la nulidad de la sentencia no es aquélla en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o expresamente, pues lo que sanciona con nulidad el art. 168 de la Constitución provincial es la falta de respuesta a una cuestión esencial por descuido o inadvertencia del juzgador y no la forma en que ésta fue resuelta (conf. doctr. causas C. 119.798, "Rodríguez", resol. de 10-VI-2015; C. 120.588, "Faienza", resol. de 30-III-2016; C. 121.486, "Poy", resol. de 23-V-2017; entre muchas).
Además, se ha dicho que temáticas esenciales son aquéllas que hacen a la estructura de la traba de la litis y que conforman el esquema jurídico que el fallo debe atender para la solución del litigio y no las que las partes consideren como tales. En virtud de ello, los argumentos de derecho o de hecho en los que los contendientes sustentan su pretensión, no revisten aquel carácter, por lo que su eventual falta de consideración no genera la nulidad del pronunciamiento, ya que la obligación de tratar todos los temas esenciales no conlleva la de seguir a los litigantes en todas sus argumentaciones (conf. doctr. causas C. 120.221, "Parisi", resol. de 2-XII-2015; C. 120.744, "Del Vasto", resol. de 15-VI-2016; C. 121.440, "Agroservicios El Sauce S.R.L.", resol. de 23-V-2017; entre tantas).
Sentado ello, cabe destacar que una atenta lectura del fallo en crisis deja advertir que la temática central de la causa, vinculada con el pedido de inconstitucionalidad, ha quedado desplazada por el razonamiento que hizo el sentenciante al descartar la pretendida cuestión normativa (v. págs. 1/2 de la sentencia electrónica). En consecuencia, las manifestaciones efectuadas en las págs. 1/2 del escrito electrónico se erigen en cuestionamientos al acierto jurídico de la sentencia, los que resultan extraños a la vía intentada, pues reposan sobre el mérito de la decisión (conf. doctr. causas C. 119.851, "Fernández", resol. de 17-VI-2015; C. 119.932, "Varela", resol. de 1-VII-2015 y C. 120.728, "Macovoz", resol. de 29-VI-2016; e. o.).
Lo expuesto, basta para desestimar el intento revisor (arts. 31 bis y 298, cits.).
III. Por otra parte, en cuanto a la queja articulada por la denegatoria del remedio extraordinario de inconstitucionalidad, es oportuno recordar que esta Corte ha sostenido que dicha vía impugnativa prevista en el art. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia se abre en el único supuesto en que en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales confrontados con normas de la Constitución local, supuesto ausente en la especie en la que no se ha resuelto en el fallo caso constitucional alguno, destacando el propio recurrente que no se ha hecho mención en el mismo a su planteo en relación al art. 54 inc. "b" del decreto ley 8.904 y la tasa de interés allí establecida, agraviándose de la aplicación de dicha norma a la presente ejecución y denunciando que el pronunciamiento resulta violatorio de normas y garantías constitucionales, materia ajena a este medio de embate (doctr. causas C. 121.088, "Ferroni", resol. de 9-XI-2016; C. 121.715 "Ribulotta", resol. de 20-IX-2017; C. 122.875, "Las Colinas De Arroyo Seco S.A.", resol. de 7-XI-2018; C. 123.205, "Malano", resol. de 10-VII-2019; C. 123.890, "Bernal", resol. de 3-VIII-2020 y C. 124.621, "Municipalidad de Moreno", resol. de 15-III-2022).
En consecuencia, el mencionado carril extraordinario resulta inadmisible, imponiéndose así el rechazo de la queja traída a su respecto (arts. 292 y 299, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Habiéndose planteado un agravio desestimado por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, rechazar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC y 2) desestimar la queja traída en relación al recurso de inconstitucionalidad (arts. 292 y 299, Cód. cit.; Acordada 4.068/22).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/10/2023 09:31:58 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/10/2023 13:22:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/10/2023 09:16:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/11/2023 20:48:31 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/11/2023 14:14:42 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/11/2023 14:02:44 hs. bajo el número RR-728-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia