Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 126575
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja incoada (art. 292, CPCC), con costas, así como el planteo introducido en el "OTROSI DIGO" (art. 161, Const. prov.).
C. 126.575 "DE PAOLA, FEDERICO C/ DI MARCO, LEANDRO S/ EJECUCIÓN DE HONORARIOS (INFOREC 930)"
I. La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mercedes, en el marco de una ejecución de honorarios iniciada por Federico De Paola contra Leandro Di Marco, rechazó la nulidad del fallo alegada y confirmó lo resuelto por el juzgador de origen quien, a su turno, desestimara las excepciones de falsedad de la ejecutoria, inhabilidad y falsedad de título, así como la defensa de compensación y, en consecuencia, mandara llevar adelante la pretensión intentada. Desestimó, asimismo, los planteos referidos a la inexistencia de mora y la extinción de la obligación y el cuestionamiento a la imposición de costas (v. pronunciamiento de 27-II-2023, adjunto a la queja).
Frente a tal decisión el apoderado del legitimado pasivo dedujo recurso extraordinario de nulidad (v. escrito de 13-III-2023). El Tribunal de Alzada lo denegó con sustento en la falta de definitividad de la sentencia atacada (v. pronunciamiento de 5-V-2023) y en tal oportunidad impuso al letrado Diego Quiñones una multa en favor de la contraparte de 20 jus arancelarios por entender que había conculcado los deberes de lealtad, probidad y buena fe (arts. 9 Cód. Civ. y Com. y 34 inc. 5 "d" CPCC). Contra la denegatoria del remedio anulatorio se dedujo la presente queja ante esta sede (art. 292, CPCC; escrito de 12-V-2023) y en la misma presentación el letrado articuló, por derecho propio, un "Recurso de Revisión Jerárquico contra el apartado final de la resolución del 5 de mayo de 2023" que le impuso la mencionada sanción (v. "OTROSI DIGO. RECURSO DE REVISION JERARQUICO" del referido escrito).
II. En relación a la queja traída en representación del ejecutado por la denegatoria del recurso de nulidad y más allá de los motivos en que se sustentara la misma, cabe señalar que esta Corte ha sostenido que la vía extraordinaria de nulidad sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov. de Bs. As.; conf. doctr. causas C. 122.755, "Dortona", resol. de 17-X-2018; C. 123.071, "Mogaburu", resol. de 10-IV-2019; C. 123.590, "Martínez", resol. de 13-XI-2019; C. 123.760, "Perugini", resol. de 12-II-2020; C. 124.115, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 31-III-2021 y C. 126.266, "Ciaccia", resol. de 9-VI-2023).
En el caso, del análisis del escrito impugnativo que fuera denegado resulta que no obstante invocarse la violación del art. 168 de la Constitución provincial, no se han expuesto ni desarrollado agravios sustentados en el contenido normativo de tal precepto. Así, de su lectura se observa que en rigor se esgrimen agravios referidos a la consideración de los argumentos que expusiera sobre las defensas opuestas, lo resuelto sobre una pretendida mora judicial por parte del juzgador de origen, la transgresión del principio de congruencia y lo concluido en el fallo sobre la procedencia de la ejecución. Por lo demás, resulta también inatendible la supuesta transgresión constitucional referida que pretende fundar en los términos del voto del magistrado que lo hizo en segundo término, quien -conforme surge del fallo recurrido- emitió su sufragio en igual sentido y por los mismos fundamentos que el voto que le precediera en ambas cuestiones planteadas. Lo expuesto demuestra que en el caso no se configura ninguno de los supuestos que habilitan la vía revisora en cuestión y en realidad revelan la exposición de la disconformidad del recurrente con el acierto jurídico de lo juzgado, que resulta ajeno al carril recursivo bajo estudio y es propio del recurso de inaplicabilidad de ley (conf. doctr. causas C. 121.765, "Unzué", resol. de 22-XI-2017; C. 122.244, "Marna", resol. de 7-III-2018; C. 123.398, "Horane", resol. de 6-XI-2019; C. 123.846, "Aquino", resol. 11-V-2020; C. 125.294, "Zurro", resol. de 29-XII-2022 y C. 126.235, "Abdala", resol. de 9-II-2023).
Finalmente, en cuanto a la mención de falta de fundamentación que se realiza en el carril recursivo corresponde señalar que esta Corte ha sostenido en numerosos precedentes que la violación del art. 171 de la Constitución provincial solamente se produce cuando la sentencia carece de fundamentación jurídica, faltando la referencia de los preceptos legales pertinentes, circunstancia que no se configura en el caso, ya que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (conf. doctr. causas C. 123.992, "Russo", resol. de 1-XII-2020; C. 124.520, "Fernandez", resol. de 23-IX-2021; C. 125.205, "Arejola" resol. de 10-VIII-2022).
En tales condiciones, el remedio extraordinario incoado resulta inadmisible y se impone la desestimación de la queja traída (arts. 292 y 296, CPCC).
III. Por otra parte, en cuanto a la articulación deducida por el letrado por su derecho en relación a la multa impuesta -que titula como "Recurso de Revisión Jerárquico" (v. "OTROSI DIGO" en el escrito de 12-V-2023)-, resulta inadmisible el intento de revisar tal sanción mediante el pretendido remedio introducido en la vía directa planteada ante esta Corte, recurso que, como el propio letrado reconoce, no está legalmente previsto (arts. 161 Const. prov. y su doctrina; conf. doctr. causas C. 117.835, "Vollmar,", resol. de 28-V-2014; C. 123.970, "Blandino", resol. de 11-VIII-2020). No se verifica de tal modo con respecto a esta parcela de su presentación directa ante esta sede la concurrencia de ninguno de los supuestos que habilitan la competencia de este Tribunal para revisar en el marco de este proceso la sanción impuesta (conf. arts. 161, Const. Prov. y 278, 292, 296 y 299, CPCC; doctrina causas Ac. 104.853, "Lloyds Tsb Bank Plc", resol. de 8-X-2008; C. 120.238, "Barengo", resol. de 26-VIII-2015 y C. 120.009, "M., O. C.", resol. de 9-IX-2015).
Por lo demás, en cuanto a la normativa de la ley 5.827 que allí cita referida a las atribuciones de este Tribunal (art. 32 inc. "d" cit.) y las manifestaciones que formula sobre la actuación de los magistrados de la Cámara en autos, en caso de considerar que corresponda, la parte deberá ocurrir por las vías pertinentes (conf. C. 122.532, "Simonelli", resol. de 28-XI-2018 y C. 126.895, "S. L. H.", resol. de 29-IX-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja incoada (art. 292, CPCC), con costas, así como el planteo introducido en el "OTROSI DIGO" (art. 161, Const. prov.).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/08/2024 18:22:43 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/08/2024 13:20:32 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2024 11:05:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/09/2024 09:03:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2024 09:44:40 - LASCANO Maria Cecilia Zulema - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/09/2024 10:56:12 hs. bajo el número RR-649-2024 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia