Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación del actor (ID1580711) y confirmar la resolución de fecha 19 de mayo de 2026.
2Imponer las costas de esta instancia al apelante.
3Regular los honorarios profesionales de la Dra. <PER_4> en la suma equivalente a dos (2) jus, más IVA en caso de corresponder.
000827/2026 Comodoro Rivadavia, 18 de noviembre de 2026.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
Estos autos caratulados: “<PER_1> c/ <PER_2 s/ Ejecución de multas” Expte. Nº 827/2026 venidos de la Oficina de Gestión Unificada del Fuero Civil y Comercial (Expte. N° 285/2025), por haber interpuesto el actor (ID2362050), recurso de reposición con apelación en subsidio contra la providencia de fecha 19/05/26 que rechazó el embargo pedido sobre una cuenta bancaria de titularidad del socio gerente <PER_3>.
I. El recurrente relata que en mérito de haber verificado mediante acta notarial que los ingresos de la sociedad se canalizan a través de una cuenta abierta a nombre del socio gerente, solicitó el embargo sobre ésta. Explica que si bien está a nombre del socio gerente es utilizada para la actividad comercial de la sociedad, por lo que no pretende embargar la cuenta personal de uno de los socios sino una cuenta en donde se producen los ingresos de la sociedad.
Concluye que la eventual acción de responsabilidad que pudiera corresponder deberá tramitarse en un proceso especial a tales efectos, pero no corresponde que se niegue el embargo ante la prueba contundente de los ingresos de la sociedad en la cuenta bancaria denunciada. Rechazado el recurso de reposición y habiéndose hecho lugar a la queja fue concedida la apelación en subsidio. Corrido el traslado a la contraria, no fue contestado.
II. De las constancias del caso surge que el actor promueve incidente de ejecución de multa dictada en los autos caratulados “<PER_1> C/<PER_2> Y OTROS S/DILIGENCIA PRELIMINAR”, Expte. N° 373/2024, contra <PER_2>, por la suma de $500.000. Denuncia un bien a embargo las sumas que tenga la accionada en el Banco <BANCO>, librándose el oficio pertinente.
Percibido el capital, mediante ID2064833 el actor amplia la ejecución por la suma de $5.400.000 más intereses, por otro período cuantificado del devengamiento de la multa. El 24/09/25 se ordenó la ampliación del embargo por tal suma, más la presupuestada para intereses y costas.
Efectivizado parcialmente el embargo, mediante ID2116955 el actor solicitó se trabe la medida contra la cuenta bancaria del Sr. <PER_3>, refiriendo la transferencia en ella de fondos provenientes de la cuenta de <PER_2>, utilizando la cuenta del socio gerente para manejar ingresos y egresos de la sociedad.
Dicha petición fue rechazada por improcedente en fecha 31/10/25 dado que la ejecución tiene por legitimado pasivo a <PER_2> y no a <PER_3>.
Percibido el capital, y dispuesta la ampliación sucesiva de la ejecución y el embargo por las sumas de $3.000.000 y $3.120.000 continuó la oficiada efectuando los depósitos de las sumas parciales embargadas. La última ampliación fue dispuesta el 19/05/26 por la suma de $2.340.000.
En la presentación electrónica de fecha 13/05/26 (ID2350052), acompañó una actuación notarial en la cual dice que se constata que los pagos y transferencias de las facturas que emite la sociedad tanto por hospedaje como consumos son depositadas en el <BANCO_1>, en la cuenta corriente del <BANCO_1>, abierta a nombre personal del socio gerente de <PER_3>. Agrega que los ingresos correspondientes a la demandada son derivados a una cuenta particular del socio gerente <PER_3> para evitar, entre otras cosas, que queden alcanzados por la medida dispuesta, y solicita se trabe embargo sobre las sumas en dicha cuenta depositadas o a depositar.
Dicho bien a embargo fue rechazado mediante la resolución objeto del recurso.
Para así decidir, consideró que <PER_2> es una persona jurídica distinta a la de los socios que la conforman con patrimonio propio, y que “lo plasmado en el acta de constatación no resulta conducente a los fines de ordenar la traba de un embargo sobre las cuentas bancarias de unos de sus socios, ello por cuanto este proceso de ejecución no resulta ser el marco procesal adecuado para debatir sobre la existencia de una responsabilidad patrimonial causada en la presunta violación de la ley (Art. 144 CCyCN). La receptora de multa, tal como surge del proceso donde tramita la diligencia preliminar es <PER_2>, resultando inviable extender la misma a otra persona que no es parte en este proceso. A todo evento, deberá evaluar la actora otro tipo de medida a los fines de hacerse efectiva la multa adeudada”.
El 16/06/26 informó el banco oficiado que la cuenta de la demandada no posee fondos.
III. Sabido es que el patrimonio del deudor es prenda común de los acreedores. En tal sentido, el objeto del embargo ejecutorio es la individualización y la indisponibilidad de bienes del deudor a fin de asegurar que el importe obtenido será aplicado a satisfacer el interés del acreedor.
De las constancias del caso surge que el bien denunciado a embargo, no es de titularidad de la demandada, sino de uno de los socios.
Además, aun cuando pudiera presumirse la existencia en la cuenta bancaria en cuestión de sumas de dinero pertenecientes a la demandada, lo cierto es que, atento a la naturaleza de los fondos y a la titularidad individual de la cuenta, aquellos se encontrarían confundidos con los fondos propios del socio titular. “En este proceso, el embargo es un trámite esencial, porque toda la actividad procesal se concreta en este momento en individualizar determinados bienes del patrimonio del deudor, para afectarlos específicamente a la satisfacción del crédito determinado en la sentencia, por los mecanismos de realización pautados en el Código”. (Highton, Elena- Areán, Beatriz “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Tomo 9 Ed. Hammurabi). Entonces, la finalidad ejecutoria no se cumple si los bienes no son de titularidad del ejecutado, siendo ajeno al proceso los planteos efectuados por el recurrente sobre el desvío de fondos de la sociedad.
Ergo, la decisión adoptada obedece a las constancias de la causa y hechos denunciados, la crítica formulada por la parte solo manifiesta una opinión contraria que no justifica la modificación del decisorio recurrido. Por todo lo expuesto, se resuelve rechazar el recurso del actor y confirmar la resolución de grado recurrida.
IV. Las costas se imponen al recurrente vencido (art 69 y 70 CPCCCh).
Los honorarios de los profesionales intervinientes se regulan teniendo en cuenta la labor desarrollada, éxito obtenido, situación económica de los obligados al pago y demás pautas orientadoras de la ley de aranceles, (arts 5 a 7, 13 y ss Ley XIII 4).
Por ello, la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial II con asiento en Comodoro Rivadavia,
1. Rechazar el recurso de apelación del actor (ID1580711) y confirmar la resolución de fecha 19 de mayo de 2026.
2. Imponer las costas de esta instancia al apelante.
3. Regular los honorarios profesionales de la Dra. <PER_4> en la suma equivalente a dos (2) jus, más IVA en caso de corresponder.
4. Notifíquese, regístrese y devuélvase.
REGISTRADA BAJO EL N° 886 DEL AÑO 2026 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS
Fin de la sentencia