Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 125925
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente para continuar interviniendo en estos obrados al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 6 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.
C. 125.925 "MINISTERIO PUBLICO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ORDIALES OSCAR ALFREDO S/ EJECUCION MULTAS PROCESALES Y ASTREINTES"
El Ministerio Público Fiscal, promovió ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 6 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, la ejecución de multas procesales y astreintes contra el señor Oscar Alfredo Ordiales, condenado en los autos "Ordiales, Oscar Alfredo s/ Comercialización de estupefacientes en dosis destinadas al consumidor...". Solicitó -como medida cautelar- embargo de automotor, de haberes y, subsidiariamente, la inhibición general de bienes. Fundó su petición en lo normado por los arts. 5 y 7 de la ley 4.552; 520 del Código Procesal Penal; 497, 498, 499, 500 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial y 54 y concs. del dec. ley 8.904 (v. trámite: "Demanda se presenta", de fecha 29-VI-2022 y pdfs adjs.).
Seguidamente, el magistrado se inhibió de intervenir. Argumentó para ello que los autos principales (IPP n° 02-00-010227-18) tramitan ante el Tribunal en lo Criminal n° 3 del mismo departamento judicial y que, conforme a lo reglado por el art. 499 del Código Procesal Civil y Comercial, es allí donde deberá promoverse la presente ejecución (v. trámite: "Proveído", de fecha 1-VII-2022).
Contra tal resolución, el ejecutante interpuso reposición con apelación en subsidio (v. trámite: "Escrito electrónico", de fecha 6-VII-2022), petición que no fue ponderada, por haberse remitido la causa al Tribunal requerido (v. trámite: "Proveído" del 7-VII-2022).
Recibidos, el Tribunal en lo Criminal n° 3 departamental, no aceptó la atribución endilgada pues consideró prematura la remisión de los obrados, por no encontrarse firme la inhibitoria del caso. Sin perjuicio de ello, agregó que la decisión era improcedente, en tanto se demanda la ejecución de una suma de dinero ante el incumplimiento de la obligación impuesta al demandado. Basó su postura en lo establecido por el art. 508 del Código Procesal Penal y, finalmente, aclaró que la ejecución de la pena que origina la presente acción, tramita ante el Juzgado de Ejecución Penal n° 2. En consecuencia, devolvió los autos al remitente (v. tramite: "Resolución", de fecha 7-VII-2022).
Girados, el juez civil hizo lugar al recurso de apelación interpuesto y elevó los autos al Superior (v. trámite: "Proveído", de fecha 8-VII-2022). La Sala I de la Cámara Primera se declaró incompetente para resolver la contienda negativa suscitada (v. trámite: "Interlocutoria registrable", de fecha 15-VII-2022) y remitió la causa al juez de grado quien -finalmente- la elevó a este Tribunal (v. tramite: "Pase a", de fecha 5-VIII-2022).
Tal el conflicto a dirimir (art. 161, inc. 2, Const. prov.).
En el caso, tratándose de una sentencia penal que establece una sanción pecuniaria, son de aplicación las disposiciones contenidas en el art. 508, segundo párrafo, del Código Procesal Penal. Como emana del texto de la norma citada "Para la ejecución de la pena de multa se remitirán los antecedentes al Ministerio Público Fiscal, el cual procederá por vía de ejecución de sentencia, pudiendo hacerlo en su caso ante los Jueces Civiles".
En consecuencia, dando la ley un derecho de opción a quien inicia la acción, no puede cercenarse el mismo por el propio criterio de oportunidad del juez ante quien se incoa la petición (conf. doctr. causas Ac. 93.132, "P. B. M", resol. de 10-XI-2004; Ac. 94.272, "Fiscalía General Departamental", resol. de 7-IX-2005; Ac. 102.242, "A., R. O.", resol. de 13-II-2008).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente para continuar interviniendo en estos obrados al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 6 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.
Regístrese y hágase saber por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y remítase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/10/2022 19:31:10 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/10/2022 09:48:43 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/10/2022 16:44:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2022 10:30:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/10/2022 16:26:55 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/11/2022 13:51:36 hs. bajo el número RR-647-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia