Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 168576
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de los ejecutados y admitir el de la ejecutante, modificando la sentencia de fs. 66/72 con los alcances indicados precedentemente (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.).
II. Imponer las costas a los accionados en su calidad de vencidos (art. 68 del C.P.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14.967
REGISTRO N° 23-S FOLIO N° 108/13
EXPEDIENTE N° 168576 JUZGADO N° 11
En la ciudad de Mar del Plata, a los13 días del mes de febrero de 2020, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados " PLAN ROMBO S.A .DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ RICCILLO ANTONIO ALBERTO Y OTROS S/ EJECUCION PRENDARIA_ " , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D. Monterisi
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia de fs. 66/72?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
I. En el fallo cuestionado la Sra. Jueza a quo desestimó los planteos de inconstitucionalidad efectuados por la parte ejecutada y mandó llevar adelante la ejecución hasta tanto el deudor haga al acreedor íntegro pago del capital de $247.722,41.- reclamado, más los intereses convenidos y las costas del juicio.
II. Apelaron ambas partes.
El ejecutante, presentó su memorial el 19/07/2019 y fue respondido con fecha16/08/2019. Ese mismo día, la ejecutada fundó su recurso, que mereció la respuesta recibida el 25/09/2018.
II.1. La sociedad actora cuestionó que se haya rechazado la actualización del capital solicitada por considerar que la deuda no era fácilmente liquidable y sostuvo que la decisión alteraba lo acordado por las partes, toda vez que la "actualización" a la que se hacía referencia surgía del propio contrato prendario, en cuanto disponía la determinación del capital adeudado en base al valor móvil del rodado objeto del contrato.
Señaló que en el título prendario están precisadas las pautas para liquidar a futuro toda la deuda, incluyendo el reajuste de capital y que no hay indeterminación de conceptos, por lo que la deuda es fácilmente liquidable.
Afirmó que el mecanismo de los sistemas de ahorro previo está expresamente previsto en la Resolución conjunta n° 366/02 dictada por los Ministerios de Justicia y de Economía.
Solicitó, pues, que se revoque la sentencia apelada en este punto y que se disponga que el capital de condena sea reajustado según lo establecido en las cláusulas del contrato prendario. Citó jurisprudencia que avalaba su postura.
II.2. Los ejecutados cuestionaron el rechazo al pedido de inconstitucionlidad de los arts. 30 y 39 de la ley de prenda (12.962 y sus modificaciones), afirmando que no se discute aquí cual es el camino elegido por la contraria, sino si están violados los derechos de propiedad, acceso a la justicia y debido proceso.
Invocaron que estaba afectado su derecho a la información y que la Jueza no analizó minuciosamente los documentos presentados por el acreedor para corroborar el cumplimiento de los requisitos del art.36 de la ley 24.240.
Señalaron que se omitió en el primer proveído aplicar la ley 24240, dando vista al Ministerio Público y que, cuando finalmente se éste intervino, no se tuvo en cuenta su dictamen en el que señaló la inaplicabilidad e improcedencia del trámite previsto por el art.39 de la ley de prenda a las relaciones de consumo.
Afirmaron que de confirmarse la sentencia, se estaría convalidando un mecanismo a través del cual se elude el régimen de tutela del consumidor constitucionalmente establecido, aplicando un normativa que regula un derecho accesorio y por lo tanto desconociendo el principio protectorio del art 42 de la Carta Magna.
III. En mi opinión, el recurso del acreedor merece prosperar, con el alcance que más adelante será detallado. No obstante, por cuestiones de orden lógico, corresponde que tratar en primer término la apelación de los ejecutados.
III.1. Considero que la decisión adoptada por la Sra. Jueza respecto del planteo de los deudores es acertada.
La pretensión ha sido encauzada como ejecución prendaria y no en la figura de la "acción de secuestro" prevista por el art 39 de la ley 12.962.
En el mecanismo establecido en esa norma, el acreedor se encuentra facultado a prescindir del trámite de la ejecución judicial, procediendo directamente a la venta de los objetos prendados en la forma prescripta por el artículo 2229 del CCyCN, bastando para ello con la sola presentación del certificado prendario ante el juez competente, quien se limita a ordenar el secuestro de los bienes y su entrega al acreedor, sin que el deudor pueda promover recurso alguno (esta Sala, causa nro. 160.011, RSD 297-1379/81, del 03/11/2015)
Este modo de proceder ha sido cuestionado por la Corte Federal al considerar que puede ser violatorio de los derechos de defensa del consumidor por no haberse dado audiencia previa al deudor (COM 25194/2015/1/RH1 HSBC Bank Argentina S.A. c/ Martínez, Ramón Vicente s/ secuestro prendario, sentencia del 11/06/2019)
En tal sentido, se ha sostenido que el art 39 de la ley 12.962 es inaplicable o debe ser desplazado en las acciones de recupero contra los consumidores porque colisiona con los principios fundamentales del derecho del consumo, al entender que se trata de una práctica abusiva, en tanto veda al deudor la posibilidad de ser oído. De esta manera, se considera que la facultad conferida al acreedor, de secuestrar y subastar extrajudicialmente el bien prendado sin posibilidad de participación del deudor, resulta lesiva del trato digno y equitativo que cabe dispensar al consumidor -art.s 42 de la CN y 8 de la ley 24.240- (Cám. Civ. y Com., Junín, en los autos citados “Fiat Crédito Cía. Financiera SA c/ De Natale, César s/ acción de secuestro (art. 39, ley 12.962)”, sent. del 2/2/2017; Cám. de Apelación Civil y Comercial de Azul Sala II, causa nº: 2-63638-2018 "Rombo Compañía Financiera SA C/ Pedroza, Juan Emanuel s/ACCION DE SECUESTRO (ART.39 LEY 12962) sentencia del 12/06/2019, conclusiones y recomendaciones del XVII CONGRESO ARGENTINO DE DERECHO DEL CONSUMIDOR en memoria al Profesor Dr. Félix A. Trigo Represas, Mar del Plata, 3 y 4 de noviembre de 2017 y en los dictámenes de la Fiscal General ante la Cámara Comercial Nacional Gabriela Boquín publicados en www.fiscales.gob.ar/usuarios-y-consumidores)
Pero este no es el caso de autos.
Los ejecutados insisten en que sea declarada la inconstitucional el art 39 de la ley de prenda cuya aplicación no ha sido pedida por el acreedor.
En este expediente fue promovida una ejecución prendaria que prevé la participación del deudor y respecto de la cual - en principio- no encuentro reparos constitucionales (arts 26 y sgtes ley 12.962; 521, 540, 542 y cdtes del CPC). Los ejecutados fueron intimados de pago (fs.37/42) y se presentaron a hacer valer sus derechos (51/55). El secuestro del bien que da cuenta el mandamiento de fs. 35/36, fue ordenado a título cautelar y no con la finalidad de ser subastado extrajudicialmente.
De lo anterior se desprende que la garantía de defensa en juicio se encuentra resguardada a partir de la citación a oponer excepciones. La orden de librar el mandamiento correspondiente es conteste con la naturaleza del trámite iniciado (ejecución judicial -arts. 28 y sgtes ley 12.962).
A su vez, tampoco encuentro sustento alguno en el pedido de inconstitucionalidad del art 30 de ley de prenda, que establece cuáles son las excepciones admisibles. Los ejecutados no han desconocido la deuda ni han cuestionado en modo alguno su composición o la eficacia total o parcial del contrato.
La pretensión que esgrimen al respecto no pasa de ser una descalificación dogmática, desprovista de la demostración de un agravio o afectación constitucional en concreto, por lo que tampoco merece ser atendido.
III.2. En cuanto al recurso del acreedor, observo que el planteo guarda similitud a lo resuelto por este Tribunal en la causa n° 159.269 RSD 229 del 3-9-2015 (voto del Dr. Monterisi al que adherí, criterio seguido por esta Sala en las causas n° 159.738 RSD 260 del 13-10-2015, 161.882 RSD 234 del 20-9-2016, 162.221 RSD 246 del 20-10-2016, entre otras) por lo que a continuación me permito transcribir:
" El art. 4 de la ley 21.309 considera título que trae aparejada ejecución, a la constancia del saldo deudor adicional a la fecha del vencimiento de la obligación, como consecuencia de la aplicación de las cláusulas de estabilización o reajuste, con independencia de la acción ejecutiva que confiera el título en que se hubiese instrumentado la obligación originaria.
Establece, asimismo, que si se tratare de entidades financieras la constancia deberá ser otorgada con las firmas conjuntas del gerente y contador, y en los demás casos deberá ser certificada por el contador público nacional.
El art. 5 de la referida normativa legal prevé, a su vez que en caso de procederse ejecutivamente al cobro del crédito, la ejecución deberá promoverse por la suma que, en definitiva, arroje su importe como consecuencia de la aplicación de la cláusula de estabilización o reajuste, a la fecha de iniciación, sin perjuicio de la ampliación o reajuste que pudiera corresponder al día del pago.
La Sala III este Tribunal ya ha tenido oportunidad de expedirse en casos análogos en los autos carátulados: "Volkswaguen S.A de ahorro para fines determinados c/ Ferreira, Matías Germán s/ Ejecución Prendaria (causa nº 156.117 RSD 59 del 18-3-2014) y " Círculo de Inversores S.A de Ahorro para fines determinados c/ Cordero, Lucas A. y otro s/ Ejecución Prendaria" (causa nº 156.838 RSD 157 del 5-8-2014), a cuyos términos y alcances adhiero y me permito transcribir en lo pertinente, a saber:
Es cierto que, hasta ahora, se mantienen vigentes las disposiciones legales que prohíben cualquier tipo de mecanismo de indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas (arts. 7 y 10 de la ley 23.928 ratificados por la ley de emergencia 25.561; jurip. de la SCBA: causas 87.787 del 15/3//2006; 92.819 del 13/2/2008; 117.047 del 30/10/2013 -entre otras-), pero aún siendo así, no es posible descartar de plano el pedido formulado por la parte actora en el escrito inicial con el que, precisamente, se pretende que el monto definitivamente adeudado quede sujeto a la actualización en base al valor móvil de la unidad adquirida.
Efectivamente la propia normativa de emergencia anteriormente referida, ha debido ceder frente a regímenes jurídicos específicos. Tal es el caso de las deudas que se generan en los denominados contratos de ahorro para fines determinados (modalidad de "grupos cerrados") para los cuales el importe de las cuotapartes puede quedar sujeto al valor móvil que corresponda en la oportunidad u oportunidades previstas en los contratos (art. 1 de la Resolución Conjunta de los Ministerios de Justicia y Economía N366/2002, respectivamente).
Paralelamente, y en cuanto a las posibilidades de cobro de saldo pendiente la Resolución aludida dispone en su art. 3º '(...) podrá establecerse, a los fines del cobro de saldo adeudado, que el monto del mismo sea determinado conforme al valor móvil que corresponda al momento del efectivo pago, siempre que éste se realice durante la vigencia del grupo respectivo '.
Por lo que, si no se aceptara la actualización, los fondos aportados por cada participante podrían resultar insuficientes para concretar la compra de un bien que, periódicamente, incrementa su valor.
En otras palabras, el 'plan de ahorro' funciona en tanto los componentes del grupo aporten una cuota parte suficiente para que, multiplicada por el número de integrantes, alcance a cubrir el valor del rodado que se adjudicará sucesivamente a cada uno de ellos.
En este punto, me animo a decir que, en rigor técnico, los integrantes del grupo, se comprometen a abonar lo necesario para el cumplimiento de una obligación que implica una 'deuda de valor' -entrega de un rodado de cierta marca y modelo- por lo que es justo que estén constreñidos a satisfacer el valor actual del bien (Cifuentes, Santos, "Nominalismo y valorismo. Situación actual", LL2002-B-930; Bustamante Alsina J., "Deudas de dinero y deudas de valor. Alcance de la distinción y posibilidad de suprimirla", ED 149-952; Scalvini, Elda, Sancho, Ricardo, y Leiva, Claudio: Obligaciones de dinero y de valor. Actualidad de la distinción, en Libro de Ponencias de las XIX Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Ed. Rubinzal-Culzoni/El Derecho, Rosario, 2003, t.. I, p. p. 382 y 384; Casiello, Juan J.: La deuda de valor, LL, 104-959; arts. 619 y concds. del C.Civil; y argto. jurisp. Cámara de Azul, sala 1, causa 1-57741 “Iglesias y otros c/ Márquez s/ daños” del 7/112013)". (conf. esta Cámara, Sala III, causas supra cits. n° 156.838 RSD 157 del 5-8-2014 y 156.117 RSD 59 del 18-3-2014)
Por otra parte, calificada doctrina autoral ha entendido que tratándose de una deuda de valor, ella " debe permitir al acreedor la adquisición de ciertos bienes", recayendo de esa manera sobre un quid antes bien que sobre un quantum. El deudor debe el valor correspondiente, y el acreedor tiene derecho a estar, cuando recibe el dinero que lo representa, en situación de proveerse los bienes a los que corresponde dicho valor; para ello, lo determinante es -va de suyo- el valor actual y no uno histórico. Se precisó, concordantemente, que en tanto en la deuda dineraria el dinero actúa in obligatione e in solutione -se debe dinero y se paga dinero-, en la deuda de valor se atiende in obligatione a una determinada porción patrimonial, y el dinero opera únicamente in solutione -aunque se paga dinero, la deuda no es de dinero, sino de valor- (Alterini, Atilio Aníbal, "Las deudas de valor no están alcanzadas por la ley 23.928 de convertibilidad del austral", La Ley 1991-B, 1048, cita en línea AR/DOC/18504/2001, cit. por esta Sala en causas n° 159.269 RSD 229 del 3-9-2015, 159.738 RSD 260 del 13-10-2015, entre otras).
En definitiva, el contrato constituye un mecanismo financiero en el cual resultan destacables la estructura de coparticipación comunitaria en la distribución del fondo constituido con el sacrificio común y las prescripciones de cómo asumir el álea de incremento de precio del automotor mediante el establecimiento de una cuota mensual, no en una cifra númerica sino en un porcentaje del valor del rodado (argto. jurisp. Cám. Nac. en lo Comercial de Apel. sala D, causa "Chevrolet S.A de Ahorro para fines determinados c/ Durán, Osvaldo y otro" del 27/11/2009; La Ley 2009, cita en línea AR/JUR/58269/2009; esta Sala en causa n° 159.738 RSD 260 del 13-10-2015)
De este modo, considero que le asiste razón al apelante y en lo concerniente al monto por el cual ha de prosperar la acción debe estarse al resultante de la aplicación de lo convenido en el contrato de prenda con registro (determinación del monto adeudado, 2.2 modalidad 2, fs.15)
Por lo tanto, las modificaciones del importe adeudado podrían sucederse por todo el tiempo que establezca el contrato y hasta la finalización del plan, con reajustes períodicos y de acuerdo a la variación del precio del rodado de venta al público.
De modo que si al momento de promoverse la ejecución prendaria el "grupo" continúa vigente, el acreedor podrá incluir en la liquidación final la actualización del monto consignado en el certificado original, pero sólo hasta la fecha límite de subsistencia del grupo. A la inversa, si la liquidación abarca períodos mucho más extensos (vgr. cuando ha transcurrido largo tiempo del trámite judicial lo que supera el de vigencia del grupo), la liquidación debe limitar el ajuste de la cuotaparte que pudieran producirse por razón de cambios en el precio del bien a la fecha final de vigencia del grupo, y a partir de allí, sólo podrán calcularse los intereses (argto, esta Cámara, Sala III en causa n° 156.838 RSD 157 del 5-8-2014).
Por consiguiente, el recurso se admite con el límite establecido en la normativa referida.
Siendo así, al momento de practicarse la liquidación, el ejecutante deberá presentar la constancia fehaciente que evidencie la "vigencia del grupo" si pretende que se le reconozca el reajuste oportunamente suscripto. De lo contrario el sentenciador sólo autorizará el cómputo de los intereses u otros accesorios convenidos.
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
Corresponde rechazar el recurso de los ejecutados y admitir el de la ejecutante, modificando la sentencia de fs. 66/72 con los alcances indicados precedentemente. Las costas de ambos recursos se imponen a los deudores, dada su calidad de vencidos (arts. 68, 242, 246, 270 y cctes del C.P.C.C).
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I.- Rechazar el recurso de los ejecutados y admitir el de la ejecutante, modificando la sentencia de fs. 66/72 con los alcances indicados precedentemente (arts. 242, 245 y cctes. del C.P.C.). II.- Imponer las costas a los accionados en su calidad de vencidos (art. 68 del C.P.C.). III.- Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14.967 REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE (art. 135 del C.P.C.). DEVUÉLVASE.-
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU
Alexis A. Ferrairone
Secretario
Fin de la sentencia