Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 178040
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de la ejecutante, con costas en el orden causado atento a la falta de controversia (art. 68 in fine del CPCCBA);
II. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967). III)
Expte. N º 178040 - Juzgado Civil y Comercial N°11
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda , en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “VOLKSWAGEN S.A. DE AHORO PARA FINES DETERMINADOS C/ BIANCOLINI, SILVIA BEATRIZ S/ EJECUCIÓN PRENDARIA” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1 ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 15 de junio de 2023?
2 ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. El 15 de junio de 2023, la magistrada titular del Juzgado Civil y Comercial N° 11 departamental, Dra. Patricia Noemí Juárez, dictó sentencia en la cual desestimó la excepción de nulidad de las cláusulas del contrato prendario, con costas a la vencida y mandó a llevar adelante la ejecución hasta tanto la ejecutada Silvia Beatriz Biancolini pague a Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados $560.757,74, más intereses, costas y la actualización pretendida.
Agregó que los intereses se deben desde la mora y a la tasa pactada, con el tope legal previsto en el art. 6 de la Ley 21.309.
La reclamante (en adelante, “Volkswagen S.A.”), apeló la sentencia el 23 de junio de 2023 y fundó su recurso el 29 de junio de ese mismo año. Sus agravios pueden sintetizarse del siguiente modo:
(i) Explica que el Decreto 897/95 dejó sin efecto el agregado del párrafo segundo del artículo primero y, por remisión a la ley 23.928 se prescindió de la aplicabilidad de la ley 21.309 dentro del régimen prendario registral.
(ii) Considera equivocado que la jueza limite los intereses pactados imponiéndole el tope previsto en el art. 6 de la ley 21.309. Esta última norma, alega, se encuentra expresamente derogada en virtud de lo normado por los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928.
(iii) Cita doctrina especializada en la que se menciona la imposibilidad de actualizar deudas prendarias y, a renglón seguido, menciona un precedente de la Sala Tercera de este Tribunal en el que se admite la actualización de las cuotas en base al valor móvil de la unidad adquirida en el marco de contratos de ahorro en modalidad “grupos cerrados”.
(iv) Reitera que el contrato tiene previsto un pacto de interés punitorio y que no hay motivo para aplicar las facultades del art. 771 del CCyC. Agrega que la jueza aplicó el tope legal de la ley 21.309 a sabiendas de que no es posible dar cumplimiento. Cita una resolución de la misma magistrada en la que, según refiere, no hay tasas de interés para créditos prendarios, por lo que la limitación prevista en la sentencia resulta imposible de observar.
III. Tratamiento de los agravios.
a. No le asiste razón a la actora cuando cuestiona la aplicación de la limitación cuantitativa a los intereses regulada en el art. 6 de la Ley 21.309, ordenada en el apartado 3 de la parte dispositiva de la sentencia apelada.
El recurso, adelanto, no es procedente.
Contrariamente a lo alegado por la recurrente, no hay ninguna norma que haya derogado el art. 6 de la Ley 21.309. No hay normas posteriores que la dejen sin efecto y tampoco figura en el Anexo de « Leyes Nacionales de carácter general no vigentes » del Digesto Jurídico Argentino (Ley 26.939, Anexo II) (en igual sentido, Sala III, c. 166429, sent. del 04/12/2018).
Tampoco puede considerarse que dicha norma haya quedado implícitamente derogada por los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928.
Si las firmas que administran planes de ahorro pueden solicitar la actualización del valor de las cuotas debidas por el ahorrista, ello ha sido porque se ha considerado que este tipo de contratos -y las deudas que de él emergen- han quedado al margen del ámbito de aplicación del art. 7 de la Ley de Convertibilidad (ver en tal sentido la Resolución Conjunta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Economía n° 366/02 y n° 85/02; v. Sala II, c. 168576 -" Plan Rombo S.A. c/ Riccillo, Antonio Alberto y ot. s/ Ejecución prendaria ", del 05/09/2019).
Aquí la actora se enfrenta a una contradicción insalvable en su argumentación puesto que en su demanda ejecutiva reclamó la actualización del capital que le es debido considerando -sea expresa o implícitamente- que el tipo negocial que administra no está aprehendido por la prohibición de indexar obligaciones dinerarias (arts. 7 y 10 de la Ley 23.928). Pero a la hora de juzgar el modo en que deben liquidarse los intereses que acceden al capital que le es debido, pide con vehemencia que se considere que las normas que imponen algún tope al cálculo de los accesorios se estimen derogadas con fundamento, justamente, en el mismo sistema normativo que antes había considerado inaplicable a su crédito (los arts. cit.).
En la página 3 del memorial, la actora cita a Roberto Muguillo en cuanto afirma que “ [c]on la vigencia de la Ley 23.928 ha quedado sin efecto la posibilidad de inserción en los contratos prendarios de cláusulas de ajuste y tácitamente derogada la ley 21.309”.
Esta última conclusión podría tener sentido a la fecha en la que la obra fue editada (2001), pero es imposible de sostener en la actualidad habida cuenta el abandono del sistema de Convertibilidad, la ya mencionada normativa ministerial (Resolución Conjunta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Economía n° 366/02 y n° 85/02) y los precedentes jurisprudenciales imperantes en la materia (v. Sala II, c. 168576, del 05/09/2019, c. 159738 del 13-10-2015, c. 161882 del 20-9-2016, c. 162221 del 20-10-2016) que son los que permitieron a la actora modificar el valor nominal de la cuota debida en función del valor flotante del vehículo. Obras de doctrina de fecha más recientes consideran plenamente aplicable el art. 6 de la Ley 21.309 a los intereses que acceden a créditos prendarios (véase, por caso, Cámara, Héctor, Prenda con registro o hipoteca mobiliaria: actualizado por Dr. Efrain Richard, Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2009, pág. 243).
b. Más allá de estas inconsistencias en la argumentación de la ejecutante, y de la vigencia del art. 6 de la Ley 21.309, me interesa destacar que es completamente razonable limitar el modo en que se calculan los intereses moratorios cuando se devengan sobre un capital sometido a alguna forma de reajuste.
Dejando de lado la diferencia técnica y conceptual entre un sistema de indexación y la cuantificación actualizada de una deuda de valor, lo cierto es que el resultado práctico de estas modalidades puede guardar cierta similitud que justifica una consideración común la hora de liquidar los intereses por mora, de modo de evitar distorsiones que alteren el contenido económico del crédito.
Este problema ya fue analizado por la Suprema Corte al evaluar el modo de calcular intereses moratorios sobre créditos indexados y sobre deudas de valor cuantificadas en un momento posterior al nacimiento del crédito. En las causas “Vera” (2018) y “Nidera S.A.” (2018) la Casación dijo que, pese a las diferencias entre uno y otro tipo obligacional, ambos constituyen mecanismos que ofrecen una “respuesta frente al impacto negativo de factores económicos notorios, como los derivados de las altas tasas de inflación ”. Para ambos escenarios, dijo la Corte, es conveniente utilizar tasas de interés que estén despojadas de componentes inflacionarios desde la mora y hasta que se reajusta la deuda o se cuantifica el valor controvertido, para de allí en más utilizar la tasa bancaria que sea menester (v. SCBA, in re "Vera, Juan Carlos" -C. 120.536, del 18/04/2018- y "Nidera S.A." -C. 121.134, del 3/05/2018-).
Este mismo problema se replica en el caso en estudio. Las tasas pasivas, como las que han sido previstas en la cláusula quinta del contrato de prenda que vincula a las partes en este pleito, también incluyen una previsión de la inflación (mi voto en causa "Melegari", causa 167589, sent. del 16/06/2020, apartado «III.3.c.»).
La actora procura el cobro de una deuda que modifica su valor nominal según la variación del precio del bien de referencia. Esto significa que el valor actualizado de cada cuota ya tiene internalizados los efectos del proceso inflacionario pues este último es el que, al menos en buena medida, ha motivado el incremento en el precio final del rodado. Aplicar una tasa bancaria prevista para operar en épocas de aguda inflación sobre una cuota que ya tiene internalizada la depreciación de la moneda, significa no otra cosa que aplicar una doble repotenciación sobre una misma deuda que distorsiona por completo el valor real de lo debido.
De hecho, es exactamente eso lo que la ejecutante hizo en la causa que menciona en su memorial ("Volkswagen S.A. c/ Castro Sánchez, Tomás Armando", expte. n° 9446 del Juzgado Civil y Comercial Nro. 11), donde en la liquidación del 29/01/2020 la actora aplicó la tasa prevista en el contrato (tasa pasiva del Banco de la Nación) y lo hizo sobre el capital ya actualizado según el valor flotante de la unidad (ver planilla adjunta a la presentación electrónica 27270953 suscripta por la Dra. Leusz, Jésica Noelia). Este cálculo mereció la previsible objeción de la jueza, quien en su resolución del 18/09/2020 -apartado 5- advirtió que no se había aplicado el mismo tope que motiva el recurso que aquí se resuelve.
Lo que hizo allí la ejecutante, y que evidentemente pretende hacer ahora, importa poner en práctica lo que la Casación consideró inadmisible en los precedentes “Vera” y “Nidera S.A.” ya analizados; esto es, superponer dos mecanismos destinados a proteger al crédito del fenómeno inflacionario: el obtenido mediante el reajuste de las cuotas y, en paralelo, el que obtiene indirectamente al aplicar una tasa bancaria que ha ya internaliza la inflación vigente en el contexto en el cual opera.
c. Por lo demás, no resulta relevante afirmar -como hace la apelante- que no es posible hallar información pública sobre la tasa de referencia que prevé la norma que limita los intereses por mora (" la que cobren los bancos oficiales en pr éstamos concedidos con idénticas cláusulas de reajuste a la fecha del contrato " -art. 6, ley 21.309-).
Aun aceptando por hipótesis que ello fuere así (y que fuera imposible o resultase difícil hallar esa alícuota de referencia), lo cierto es que esa sola circunstancia no conlleva la derogación o inaplicabilidad de la norma.
En su caso, será menester que en instancia de liquidación las partes aleguen -y la jueza resuelva- cuál es la tasa que permita representar del mejor modo posible el límite que el legislador consideró aplicable mediante el art. 6 de la Ley 21.309 y que resulte idónea para evitar el enriquecimiento incausado que genera el escenario descripto en párrafos precedentes (art. 768 del CCyC; voto del Ministro Soria en los casos “Vera, Juan Carlos” y “Nidera S.A.” ya cit.).
Por último, cabe aclarar que, si bien la colega de primera instancia no lo dijo expresamente en la parte dispositiva de su sentencia, debe interpretarse que la referida limitación a los intereses derivada de la aplicación del art. 6 de la Ley 21.309 solo es aplicable hasta que se mantenga el sistema de reajuste, el cual -a su vez- tiene como límite temporal la vigencia el grupo respectivo, de conformidad con lo establecido en el considerando «III» de la misma resolución apelada (con cita de un precedente de esta Sala dictado en causa 168.576, del 13/02/2020; art. 3 de la Resolución Ministerial Conjunta n° 366/2002 y 85/2002, ya citada en párrafos precedentes).
Propondré al acuerdo rechazar el recurso y confirmar la sentencia en lo que ha sido materia de agravio (art. 242 del CPCCBA).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde : I) Rechazar el recurso de la ejecutante, con costas en el orden causado atento a la falta de controversia (art. 68 in fine del CPCCBA); II) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia, se dicta la siguiente:
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo se resuelve: I) Rechazar el recurso de la ejecutante, con costas en el orden causado atento a la falta de controversia (art. 68 in fine del CPCCBA); II) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967). III) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE a las partes y al Ministerio Público en los términos del art. 10 del Anexo I -«Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos»- del Ac. 4039/21 de la SCBA). Oportunamente, devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 26/09/2023 11:46:31 - LOUSTAUNAU Roberto José - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/09/2023 12:52:54 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/09/2023 13:02:26 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 27/09/2023 10:03:06 hs. bajo el número RS-249-2023 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia