Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 27876
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma el decisorio recurrido en todo cuanto fue materia de agravios, sin costas atento a la ausencia de contradicción (art. 68 del C.P.C.C.).-
“FCA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. C/ ACOSTA BERTA IRMA S/ EJECUCION PRENDARIA”
Causa Nº MO-27876-2018 R.S. 16 /2020
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 20 de Febrero de 2020, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados: "FCA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. C/ ACOSTA BERTA IRMA S/ EJECUCION PRENDARIA", Causa Nº MO-27876-2018, habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA, dijo:
1. La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 10 Departamental a fs. 41/42 declaró inaplicables al supuesto de autos el procedimiento especial establecido por el art. 39 de la ley 12.962 y aplicar en consecuencia las normas que rigen el derecho de consumidor. Asimismo, imprimió al presente, una vez firme el decisorio, trámite de ejecución prendaria.-
2. Contra tal forma de decidir se alzó el letrado apoderado de la parte actora a de fs. 43 interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido en relación a fs. 46, fundandose el mismo con el memorial del 25/6/2019, a cuya lectura me remito brevitatis causae.-
3. A fs. 58vta., se llamó "AUTOS", providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Planteada así la cuestión vale recordar los argumentos sostenidos por este tribunal al decidir en la causa "Toyota Compañia Financiera de Argentina S.A. C/ Ponce, Dario nicolas S/Ejecucion hipotecaria" (causa 63119/2017, R.S. 121/2018).-
En tal oportunidad hemos sotenido que:
"El letrado apoderado de la actora trae a colación el fallo "HSBC BANK ARGENTINA C/ GUTIERREZ" dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 4 de julio del 2017.-
En relación al mismo cabe destacar que -sin perjuicio de la interpretación que sobre el mismo realiza el apelante (pues allí se dirime solo la cuestión de competencia)- lo interesante es que, nuestro Superior Tribunal Nacional, en dicha ocasión destacó que "el negocio jurídico concertado entre el acreedor y el deudor -contrato de mutuo con garantía prendaria- queda comprendido en la regla de competencia contenida en la norma bajo análisis, al tiempo que el carácter de las partes intervinientes en aquel coincide con la formulación normativa que corresponde a los sujetos (consumidor y proveedor, respectivamente) de la relación de consumo (arts. 1°, 2° y 3° ley 24.240, texto según ley 26.361)".-
Cabe destacar que similar postura adoptó, también abordando la cuestión de la competencia, la Suprema Corte de Justicia Bonaerense (Rc 120068 I 28/09/2016, "Fiat Crédito Cía. Financiera S.A. contra Pilarczyk, Mauricio Bruno. Acción de secuestro (art. 39 Ley 12.962)".-
Tales reseñas, nos traen el primer elemento de convicción.-
Teniendo en cuenta lo sostenido por ambos Tribunales, nos encontramos en el presente ante una relación de consumo, al advertir que las partes del presente proceso, al igual que en el citado antecedente, se vincularon por un contrato de mutuo con garantía prendaria y así lo entiende el propio actor al hacer referencia a la normativa de defensa al consumidor en su escrito inicial al referirse a la competencia.-
Sabemos así, que resulta aplicable la normativa de defensa al consumidor, consecuentemente considero necesario direccionar el presente desarrollo profundizando en el bien jurídico tutelado por dicho cuerpo legal.-
Vale partir, a titulo introductorio, enfatizando que la relación de consumo, se encuentra receptada expresamente en el art. 42 de la Constitución Nacional, enfatizándose que abarca todas las circunstancias previas, concomitantes o posteriores, referidas a la actividad destinada a satisfacer el consumo final de bienes y servicios.-
De la Carta Magna pasemos a la normativa especial, la ley 24.240.-
Al analizar la misma la jurisprudencia bonaerense sostuvo que "En distintos precedentes la Corte nacional ha dicho que la finalidad de la ley 24.240 consiste en la debida tutela y protección del consumidor o el usuario, que a modo de purificador legal integra sus normas con las de todo el orden jurídico, de manera que se impone una interpretación que no produzca un conflicto internormativo, ni malogre o controvierta los derechos y garantías que, en tal sentido, consagra el art. 42 de la Constitución nacional (C.S.J.N., causas C.745.XXXVII., in re "Caja de Seguros S.A. c/ Caminos del Atlántico S.A.C.V.", sent. del 21-III-2006, "Fallos" 329:695, voto del doctor Zaffaroni; F.331.XLII; REX, "Federación Médica Gremial de la Cap. Fed. -FEMEDICA- c/ DNCI - DISP 1270/03", sent. del 18-XI-2008, "Fallos" 331:2614, disidencia del doctor Maqueda. SCBA Ac.115486)" (C. Civ. y Com. Quilmes, sala segunda, 16462 113/15).-
Desde este Tribunal hemos señalado que "desde una perspectiva interpretativa amplia, la relación de consumo, definida por el Art. 3 de la ley 24.240, modificado por la ley 26.361, engloba a toda relación jurídica existente entre el consumidor y el proveedor, e implica establecer un ámbito de protección a favor del consumidor, desde la etapa precontractual, hasta la etapa post contractual inclusive. Es decir, que el deber de seguridad que pesa sobre los proveedores puede ser exigido más allá del producto o servicio que adquiere el consumidor, en el íntegro trayecto en el que se desenvuelve la vinculación entre estos dos sujetos: antes, durante y después de la eventual contratación. Por ello, Lorenzetti sostiene que la relación de consumo debe definirse de modo tal, que abarque todas las situaciones en que el sujeto es protegido, antes, durante y después de contratar; cuando es dañado por un ilícito extracontractual o cuando es sometido a una práctica de mercado; cuando actúa individualmente o cuando lo hace colectivamente. Siendo la relación de consumo el elemento que decide el ámbito de aplicación del Derecho del Consumidor, debe comprender todas las situaciones posibles. (Confr. Lorenzetti, Ricardo Luis, "Consumidores", pág. 74)" (esta sala en causa 63.255, R.S. 04/13).-
El tema hoy planteado en autos nos direcciona al capítulo IX de dicha ley, titulado "DE LOS TERMINOS ABUSIVOS Y CLAUSULAS INEFICACES", puntualmente al artículo 37.-
Dicha norma textualmente reza
"Sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas:
a) Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños;
b) Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte;
c) Las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor.
La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa.
En caso en que el oferente viole el deber de buena fe en la etapa previa a la conclusión del contrato o en su celebración o transgreda el deber de información o la legislación de defensa de la competencia o de lealtad comercial, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o la de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial, simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario.".-
La cita textual de la norma nos arroja, desde nuestra óptica jurisdiccional, una crucial consideración: la letra del inciso b del referenciado artículo -sumado al espíritu en sí de dicha normativa- se contrapone claramente con la letra del art. 39 del decreto ley 15.348/46.-
Dado que dicho artículo dispone "Cuando el acreedor sea una institución oficial o bancaria, se prescindirá del trámite judicial procediendo el acreedor a la venta de los objetos prendados en la forma prescripta por el artículo 585 del Código de Comercio, sin perjuicio de que el deudor pueda ejercitar un juicio ordinario, los derechos que tenga que reclamar al acreedor. Para facilitar la venta prevista en este artículo, ante la presentación del certificado prendario, el Juez ordenará el secuestro de los bienes y su entrega al acreedor, sin que el deudor pueda promover recurso alguno. El trámite de la venta extrajudicial preceptuado en este artículo, no se suspenderá por embargo de los bienes, ni por concurso, incapacidad o muerte del deudor" (el subrayado me pertenece).-
Nótese que, en este contexto, ni siquiera es necesario que el solicitante del secuestro afirme la existencia de una deuda; mucho menos, que la acredite.-
Y es, justamente, lo que ha sucedido aquí, pues si bien se lo menta como deudor, no se ha arrimado a las actuaciones siquiera un elemento de convicción que permita sostener, a ciencia cierta, si el Sr. Ponce es, o no, deudor de la ejecutante.-
Pero no me detengo allí.-
Los cambios socioeconómicos sumados a los vaivenes financieros que ha venido sufriendo nuestro país desde la mitad del siglo pasado, han dejado sus marcas en la reforma efectuada en nuestra Constitución Nacional.-
Una de esas referencias, es la redacción del mencionado art. 42, donde como lo remarcáramos, se hace puntual referencia a los derechos de los consumidores y su protección, haciendo hincapié en un "trato equitativo y digno".-
En consecuencia, desde la mirada rectora situada en la cúspide de la pirámide normativa nacional, ciertas mandas de un decreto ley elaborado en 1946, quedan en abierta oposición a otras normas, de anclaje constitucional y de data posterior.-
Abordando conceptos del quejoso, no desconozco obviamente la letra del artículo 2220 del nuevo Código Civil y Comercial, pero me permito dos observaciones en relación a ello.-
En primer lugar sabemos que la Constitución Nacional tiene la mirada rectora por sobre los demás cuerpos legales, así un derecho allí consagrado pesa por sobre otras disposiciones normativas.-
Y en segundo término la remisión del art. 2220 resulta simplemente genérica a la prenda con registro y a su legislación especial, sin abordar el concreto caso del secuestro, por lo cual no se expide sobre el conflicto puntual aquí en desarrollo.-
Tratado dicho argumento, encontramos -en el caso- un elemento por demás ilustrativo.-
Examinando la documental agregada por la actora a fs. 14/16 encontramos la copia del contrato prendario que vinculó a Toyota Compañia Financiera de Argentina S.A. y al Sr. Dario Nicolas Ponce.-
Allí observamos que la cláusula decimoquinta del mismo, hace puntual referencia a la ejecución de la prenda.-
En la misma se establece que en caso de promover juicio el actor podrá optar entre otro, por el mecanismo del art. 39 del decreto ley 15.348/46.-
Observamos que la redacción -efectuada por la actora conforme se deduce del logo en el margen superior izquierdo de la hoja- se limitó HACER SIMPLE MENCION A LA NORMA, OMITIENDO REFERENCIA ALGUNA SOBRE EL CONTENIDO DE LA MISMA.-
Justamente esta es la "equidad" que pretende proteger nuestra carta Magna o los "términos abusivos" que destaca el titulo de la ley 24.240 o el "deber de información" que reza el 37 de dicho cuerpo legal.-
Dado que un consumidor de un contrato prendario que no sea letrado -o experto en leyes- desconoce el contenido de la norma citada, de gravoso contenido.-
Claramente ello hace a la buena fe contractual.-
Por lo demás, en la misma cláusula se llega incluso a consignar que "el deudor prendario renuncia a todo derecho de objetar el procedimiento antes mencionado".-
Pero hay más.-
Hemos destacado precedentemente que el inciso b de la ley 24.240 impacta de lleno sobre la letra del artículo 39 del mencionado Dec. Ley, toda vez que como vimos, quedan prohibidas -por dicho inciso- "Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte".-
En este contexto, la posibilidad de dinamizar el secuestro prendario y la consiguiente ejecución privada del bien, sin chance alguna de que el eventual deudor objete dicho procedimiento, resulta -desde mi punto de vista- contrapuesta con las reglas ya mencionadas, no solo de la ley de defensa al consumidor, sino también del art. 42 de la Constitución Nacional.-
En este contexto considero justa la decisión hoy adoptada por la Sra. Juez a quo, toda vez que al encausar el pedido actoril en el marco de una ejecución prendaria, abre la posibilidad de que la (supuesta) deudora plantee, en el marco de dicho procedimiento, las defensas que pudiera tener, balanceado con el derecho del (supuesto) acreedor a obtener -allí sí- las medidas asegurativas (incluso el secuestro) tendientes al resguardo de su crédito.-
Similar lineamiento sostuvo la sala primera de la Cámara de apelación en Civil y Comercial de la Matanza, al decidir en la causa 5040/1 (R.S.40/18); lo propio ha hecho la Cámara Civil y Comercial de Junin en autos "Fiat Credito Cia Financiera S.A. C/ De Natale Cesar Leandro s/accion de secuestro" fallo del 2 de Febrero de 2017; y también tribunales del ámbito nacional (C. Nac. Com., sala C, 21/9/2017, "HSBC Bank Argentina S.A. c/ Genova Mario Oscar s/ secuestro prendario", Base de datos microjuris MJ-JU-M-107250-AR).-
Y especialmente la sala 3 de esta alzada, que al decidir en la causa 35087-2012, R.I.48/18, en relación al art. 39 de la ley de prenda, sostuvo que "tal posibilidad conferida al proveedor, resulta lesiva del trato digno y equitativo al consumidor en la relación de consumo -cfeart.8 bis de la ley".-
Como vemos, el antecedente precedentemente citado resulta plenamente aplicable dada la similitud de ambos casos.-
Consecuentemente, teniendo en cuenta lo expuesto y lo normado por los arts. 1,2,3, 36, 37 y 65 de la ley 24.240, considero que se deberá confirmar el decisorio recurrido en todo cuanto fue materia de agravios, sin costas atento a la ausencia de contradicción (art. 68 del C.P.C.C.).-
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO, por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Jorda.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO: Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA el decisorio recurrido en todo cuanto fue materia de agravios, sin costas atento a la ausencia de contradicción (art. 68 del C.P.C.C.).-
REGISTRESE. REMITASE encomendándose a la Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.-
Dr. JOSÉ LUIS GALLO Dr. ROBERTO CAMILO JORDA
Juez Juez
Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI
Secretario de la Sala Segunda de la
Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial
de Morón
Fin de la sentencia