Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala II · Causa 74914
En General San Martín, a los días del mes de junio del año dos mil diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Martín, Sala Segunda, integrada en esta oportunidad con la Dra. María Silvina Pérez (Ac. Ext. N° 666 y 819 de esta Excma. Cámara), con la presencia del señor Secretario actuante, se trajo al Acuerdo para dictar sentencia la causa Nº 74.914, caratulada “VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ ARROYO, WALTER FRANCISCO S/ EJECUCION PRENDARIA (15)”, habiéndose establecido el siguiente orden de votación: jueces Scarpati, Pérez.
Conforme lo establecido por los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código Procesal, se resolvió plantear y votar las siguientes
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A la cuestión propuesta, la señora juez Scarpati dijo:
I. La resolución dictada el 13/11/2018 es apelada por la ejecutante, quien funda su recurso con la incontestada memoria electrónica del 23/11/2018.
II. La agraviada objeta la falta de acogimiento de la cláusula del reajuste de capital convenido por las partes en el contrato prendario. Considera que ese silencio desnaturaliza la finalidad de la contratación que origina el crédito y, al mismo tiempo, avasalla su derecho de propiedad.
Discurre en torno a los rasgos y a la funcionalidad del sistema de círculo cerrado de ahorro previo cuya administración le fue confiada. Dado que la compra de la unidad se realiza al contado y por un precio fijo, los ahorristas y adjudicatarios deben ajustar sus pagos a los futuros aumentos que tengan esos bienes. Funda esa pretensión en disposiciones de la Resolución Conjunta del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos y del Ministerio de Economía Nº 366/02 y Nº 85/02. En ese contexto, considera que el reajuste debe calcularse según las pautas emanadas del contrato prendario.
Destaca que su parte debe efectuar las compras cada mes, para ser afectadas a las adjudicaciones en propiedad de los adherentes al plan de ahorro en el mes siguiente, al precio vigente al tiempo de pago.
Asimismo, defiende la razonabilidad y legitimidad de la cláusula de ajuste incorporada en el contrato prendario que contempla la predicada actualización. Considera que ella no comporta una repotenciación vedada por los artículos 7º y 10º de la ley 23.928. Cita jurisprudencia en respaldo de su postura.
III. Anticipo que, a mi criterio, el recurso no debe prosperar.
a) El formulario de continuación del contrato de prenda (fs. 20/20vta.) contiene un apartado referido a la determinación del monto adeudado. Su cláusula tercera prevé que el valor de cada cuota resultará de dividir el precio de venta al público establecido por la fábrica para la enajenación del modelo correspondiente, a la fecha de su determinación, por el número de cuotas de acuerdo al plan. Se incluyen, también, cargos por administración. La certificación contable de deuda adosada contiene, supuestamente, la estimación de la deuda a la fecha de su expedición con apego a la fórmula de la cláusula de reajuste (06 de septiembre de 2017).
Asimismo, está fuera de discusión que la Resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Economía Nº 366/2002 y Nº 85/2002 habilita, en el marco de los contratos de ahorro para fines determinados bajo la modalidad "grupos cerrados", a calcular el importe de las cuotas partes según el "valor móvil" que corresponda en las oportunidades previstas en los contratos (artículos 1° y 3°).
Empero, que el crédito se cuantifique por reajuste en los términos descritos, con sujeción al régimen de las deudas de valor, no implica que la vía idónea para reclamar la obligación derivada de esa recomposición sea la aquí enderezada.
b) El presente proceso reviste carácter ejecutivo. El título está representado por el certificado prendario (artículos 26, 29 y siguientes, decreto ley 15.348/46, texto ordenado por decreto 897/1995, y 594, CPCC).
La excepción de inhabilidad de título no está mencionada entre las oponibles por el ejecutado en el marco de ese proceso, a tenor de lo establecido en los artículos 30 del citado decreto ley 15.348/46 y 598 del CPCC. Sin embargo, ella es admisible cuando el certificado, sin ser nulo, carece de fuerza ejecutiva, por no llenar los requisitos previstos en los ordenamientos sobre prenda con registro y procesal (Fenochietto C.E. en "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado, anotado y concordado", 2da edición actualizada y ampliada, tomo 3, página 306, Editorial Astrea, año 2001).
El artículo 518 del CPCC prevé, en su primer párrafo, que "se procederá ejecutivamente siempre que, en virtud de un título que traiga aparejada la ejecución, se demandare por obligación exigible de dar cantidades líquidas de dinero o fácilmente liquidables". Según la norma, no basta la calidad de título hábil para la ejecución para proceder por esta vía. Es menester, además, que la obligación en él incorporada: 1°) tenga por objeto dar sumas de dinero; 2°) resulte exigible, y 3°) resulte líquida o fácilmente liquidable.
El título ejecutivo está estructurado, entre otros principios, por el de suficiencia. Según sus postulados, el documento investido de ese carácter debe bastarse a sí mismo. De la simple lectura del título documentado debe surgir la identificación de los sujetos legitimados para obrar (activa y pasivamente), su exigibilidad, el monto líquido del crédito y, en su caso, las pautas para su fácil liquidación. Debe contener todos los elementos que se requieren para el ejercicio de la pretensión ejecutiva. En suma, en palabras de Podetti, él comporta la constatación autosuficiente de una obligación exigible de dar cantidades líquidas de dinero o fácilmente liquidables.
Atendiendo a ese principio, del mismo título debe surgir con precisión el monto del crédito. De no ser así, su cuantificación debe emanar de una simple operación aritmética. Las bases para proceder a la liquidación, en este caso, deben surgir del propio título ejecutivo. De este modo, debe considerarse ilíquida la deuda cuyo monto no es posible establecer en base a ellas.
c) Estas singularidades en cuanto al sostén de la causa de la pretensión y a la delimitación de su objeto son consecuencias de la naturaleza misma del proceso ejecutivo. Su cauce ofrece un limitado ámbito cognoscitivo, que excluye todo aquello que va más allá de lo meramente extrínseco. La demanda se funda exclusivamente en el título, los hechos del proceso están relacionados solo con él, que, por lo pronto, constituye el fundamento mismo de la pretensión. La sentencia ejecutiva no tiene por función declarar el derecho creditorio, mas si controlar las condiciones de legalidad del título, mediante una decisión que mande llevar adelante o desestime la ejecución.
d) No debe perderse de vista, además, las restricciones defensivas que pesan sobre el ejecutado en estos procesos, a quienes el ordenamiento astringe esas posibilidades a los hechos taxativamente enunciados en sus preceptos (artículos 542 primer párrafo, 545 primeros párrafos, 551 segundo párrafo, CPCC). La sentencia condenatoria firme dictada en el juicio ejecutivo adquiere eficacia ejecutoria y el reclamo del objeto en ella reconocido tramita, incluso, según las reglas establecidas para el cumplimiento de la sentencia de remate. Esa incidencia del pronunciamiento aumenta las restricciones defensivas, al excluir del procedimiento de ejecución los pasos procesales previstos en los artículos 503, 504, 505 y 506 que, aun con sus características delimitaciones, brindan un marco de defensa adicional en ese estadio del que la ejecución de la sentencia de trance y remate prescinde totalmente (artículos 508 y 549, CPCC).
Es cierto que el ejecutado tiene al alcance la promoción del juicio ordinario posterior previsto en el artículo 551 del ordenamiento procesal, mas recién puede iniciarlo una vez cumplidas las condenaciones impuestas en el ejecutivo precedente.
Esta sensible reducción y predefinición de las posibilidades defensivas imponen, en aras de preservar un elemental equilibrio de las partes en la relación procesal, realzar la necesidad de que el objeto de la pretensión y de la eventual condena se afinque milimétricamente al tenor literal del documento que debe abastecer, en su integridad, las pautas específicas para graduar la cuantía del capital en él consignado. La justificación axiológica del requisito de autosuficiencia también anida en el resguardo de ese primordial balance, que impone, para su preservación, el acotamiento de ese objeto al tenor del título soporte del proceso, que debe prestablecer las pautas concretas para poder, sólo de su tenor, calibrar la prestación en él expresada.
e) En ese contexto, la autosuficiencia del título ejecutivo y el carácter líquido o fácilmente liquidable del crédito que en su cuerpo se instrumenta son recaudos que se apoyan uno en el otro.
Las pautas aritméticas para cuantificar la deuda liquidable deben figurar en el mismo documento que se esgrime ejecutivamente, pues solo así es posible precisar la adecuación del objeto reclamado al que fluye de su soporte físico. Además, el reparo sobre el carácter parcialmente ilíquido de la deuda documentada implica un cuestionamiento de la habilidad del documento para fundar en él el reclamo íntegro de la obligación. Esa censura, por expresa disposición legal, debe ceñirse a los aspectos extrínsecos del documento, lo que explica, también por este distinto sostén, la necesidad de que del tenor exclusivo del documento pueda estimarse el importe de la deuda no líquida.
En consonancia con ese razonamiento, la jurisprudencia ha sostenido que, si la obligación no aparece “prima facie” liquidable porque no existe suficiente integración del título y resulta necesario acudir a parámetros extrínsecos que no son notorios, cabe concluir que el mismo no es de los que traen aparejada ejecución (CNCiv, Sala B, 30/04/90, LL 1990-E-23, citado por Palacio L.E. y Alvarado Velloso A. en” Código Procesal civil y Comercial de la Nación”, tomo 9, página 178, Rubinzal Culzoni). Así, debe considerarse deuda ilíquida aquélla en la que no es posible estimar su monto de las constancias del título y sin una previa liquidación (CNCom, Sala A, 16/09/83, citado por Palacio L.E. y Alvarado Velloso A., obra y tomo citados, página 178).
Por consiguiente, debe resultar del mismo título ejecutivo la liquidez de la suma de dinero que constituye el objeto de la prestación. No es admisible complementar este aspecto del título con pruebas ampliatorias, informaciones, balances contables, ni otra diligencia, por sencilla y breve que sea (Bustos Berrondo H. en “Juicio Ejecutivo”, sexta edición, página 40, Librería Editora Platense, año 1993).
f) En el caso concreto, las pautas para el reajuste de la cuota se nutren de información extraña al título, lo que lleva a que el documento soporte de este proceso (el contrato prendario) deba ser integrado con elementos que exceden su literalidad. El ajuste viene dado por el precio de lista de venta al público, establecido por la fábrica, del modelo correspondiente a la fecha de su determinación (formulario de continuación del contrato de prenda, cláusula 3ra), sobre el cual se estima el importe de la cuota reajustada y se calculan también, a su vez, los porcentuales por gastos administrativos y seguro de vida.
Esa singularidad en el modo de reajustar la deuda revela que, en lo que a su recomposición respecta, el título no es autosuficiente. Las pautas consignadas al efecto del contrato remiten a datos extraños a sus estipulaciones, aportados por terceros, en tanto no se condensa en ellas fórmulas matemáticas, de sencillo avalúo, de las que pueda expresarse la repotenciación bajo el sistema de deuda de valor implementado.
En lo que atañe al carácter líquido o fácilmente liquidable de la obligación, el título se basta a sí mismo cuando las fórmulas aritméticas de repotenciación se derivan de su propio texto. Esas cualidades, necesarias para poder enderezar por este proceso el reclamo de un crédito instrumentado en título al que la ley le asigna calidad de ejecutivo, no se congregan cuando, como en la especie, las fórmulas de ajuste a las que remite el contrato deben integrarse con elementos o guarismos ajenos a su texto, que, por lo demás, no resultan notorios.
Según el artículo 520 del CPCC, "si del título resultare una deuda de cantidad líquida y otra que fuese ilíquida, podrá procederse ejecutivamente respecto de la primera". Para la segunda, cuyo reclamo no puede conducirse por ese andarivel, el acreedor no tiene otra vía que la del juicio de conocimiento (Fenocchieto, C.E. en "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado, anotado y concordado con los códigos provinciales", tomo III, página 18, Editorial Astrea, año 2001; Palacio L.E. y Alvarado Velloso A. en "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", tomo 9, página 196, Rubinzal Culzoni, año 1999).
Por ende, como derivación de las conclusiones precedentes y más allá de no ignorar la existencia de jurisprudencia que habilita el postulado ajuste en el marco del presente juicio, estimo que él, puntualmente, no debe ser admitido por no devenir fácilmente liquidable su expresión pecuniaria en función de las pautas del título para avaluar la deuda de valor.
IV. Por ello, propongo confirmar la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio, imponiendo las costas de Alzada por su orden, habida cuenta de la ausencia de contradicción (art. 68 segundo párrafo del CPCC), y difiriendo la regulación de honorarios profesionales para la etapa procesal oportuna (art. 31 de la Ley Arancelaria).
Voto por la AFIRMATIVA.-
A la cuestión propuesta, la señora juez Pérez dijo:
I. Disiento con la opinión vertida por mi colega preopinante en tanto aprecio que la deuda traída resulta fácilmente liquidable (arg. art. 518 del CPCC).
En autos se trata de la ejecución de garantía prendaria por el incumplimiento del pago de 46 cuotas equivalentes a la suma de $ 188.582,98 conforme surge de la certificación contable adjuntada electrónicamente el 22/11/2017 (documento 19), cuya deuda originaria era de $ 344.369 pagadera en 84 cuotas (fs. 5/10), conviniéndose que el valor de cada una de las cuotas sería la "sesentava parte del precio de lista de venta al público, sugerido por el fabricante para un automotor de la misma marca y modelo...".
II. Y como integrante de la Sala Tercera de este Tribunal he sostenido (Causas Nº 66.765, 67.945, 72.727, 74.704, entre muchas otras) que “en un contrato de prenda con registro como el que se ejecuta en autos, la cláusula de reajuste no importa la aplicación de un mecanismo indexatorio o actualizatorio prohibido por la ley 23.928 sino que encuentra justificación en la necesidad de determinar el valor de la cosa al momento de su pago, en virtud de emanar de un contrato originado en el marco en un sistema de ahorro previo para fines determinados y que funciona bajo la modalidad de “grupos cerrados”.
En estos casos, el reajuste de las cuotas o del monto al que alude el contrato de prenda con registro se encuentra directamente relacionado con el incremento del precio de lista del bien que se trata. Ello, toda vez que resulta una característica propia del sistema –basado en la mutualidad- el aporte mensual actualizado que realiza un grupo limitado de personas con el objeto de constituir un fondo común destinado a la adquisición de una unidad tipo que será entregada a lo largo de un período previamente establecido, a través de distintos métodos de adjudicación. El aporte de capital actualizado resulta, entonces, fundamental a los fines de que todos sus suscriptores puedan acceder al bien elegido (Conf. Cám. Nac. Com. Sala D, "Chevrolet S.A. de Ahorro para fines determinados c/ Duran, Osvaldo y ot." Del 27/11/2009; Cám. Nac. Com. Sala B “Círculo de Inversores S.A. de Ahorro para fines determinados c/ Ramallo, Emma Gloria" del 27/10/2005).
Esta situación ha sido contemplada expresamente por la Resolución Conjunta Nro. 531 y 950 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Público y de Justicia, respectivamente, y la Resolución Conjunta Nº 366/2002 y 85/2002 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Ministerio de Economía que fueron dictadas, precisamente, a los efectos de aclarar el alcance de los arts. 7, 9 y 10 de la Ley 23.928 respecto de los sistemas de ahorro previo para fines determinados.
La primera de ellas (Res. Conjunta Nro. 531 y 950 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Público y de Justicia), establece en su art. 1 que: “En los contratos de ahorro previo para fines determinados, en los que la cuota a pagar por los suscriptores o adherentes corresponda a la parte del precio del producto determinado, el importe de la cuota puede quedar sujeto a determinación de acuerdo al precio que tenga dicho producto en el o los momentos en que convengan las partes”, estableciendo el art. 2 que: “en los contratos de prenda que garanticen las operaciones descriptas en el artículo anterior, podrá establecerse que el monto garantizado se determine el día de vencimiento de las obligaciones del suscriptor, según el precio que tenga el producto en cuestión en los mercados que establezcan las partes a ese efecto”.
La segunda (Res Conjunta Nº 366/2002 y 85/2002 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Ministerio de Economía) reiterando el criterio ya establecido dispone en el art. 1 que: “En los contratos de ahorro previo para fines determinados bajo la modalidad de grupos cerrados, el importe de las cuotapartes podrá quedar sujeto al valor móvil que corresponda en la oportunidad u oportunidades previstas en el contrato”.
III. En consecuencia, resulta procedente hacer lugar a la ejecución de las 46 cuotas debidas, cuyo monto de $ 188.582.98 indicado al promover la ejecución (fs. 24vta. pto. II), se calculará al momento de la liquidación según la “sesentava parte del precio de lista de venta al público, sugerido por el fabricante para un automotor de la misma marca y modelo" (conf. cláusula 3ra. b., fs. 20).
Se advierte en la cláusula 3º b un espacio en blanco que correspondería al porcentaje determinado para los “cargos por administración”. Ante la inexistencia de pautas para su liquidación (art. 518, 520 y ccdts. del CPCCC), la ejecución de los mismos excede el marco de este juicio ejecutivo.
IV. Por último, y conforme mi adhesión al voto del Dr. Sirvén en autos “Chevrolet S.A. de Ahorro para Fines Determinados c/ Roldán, Ramón Raúl y otro/a s/Ejecución Prendaria” (c. 74.726, del 26/03/2019), corresponde señalar que la Resolución 366/02 establece que la posibilidad de “actualizar” tiene el límite de la vigencia del grupo respectivo (art. 3). De modo que si al momento de promoverse la ejecución prendaria el “grupo” continúa vigente, el acreedor podrá incluir en la liquidación final la actualización del monto consignado en el certificado original, pero sólo hasta la fecha límite de subsistencia del grupo. A la inversa, si la liquidación abarca períodos mucho más extensos (vgr. cuando ha transcurrido largo tiempo de trámite judicial que supera el de vigencia del grupo), la liquidación debe limitar el ajuste del importe de la cuotaparte que pudieran producirse por razón de cambios en el precio del bien a la fecha final de vigencia del grupo, y a partir de allí, sólo podrán calcularse los intereses (argto. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala III, causa n° 156.838 RSD 157 del 5-8-2014 y Sala Segunda causa N° 162.221 fallo del 20/10/2016; esta Sala Tercera, causa N° 74.726 cit.).
En tal sentido, el recurso sólo puede admitirse con el límite establecido en la normativa referida. Siendo así, al momento de practicarse la liquidación, el ejecutante deberá presentar la constancia fehaciente que evidencie la “vigencia del grupo” si pr
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