Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Trenque Lauquen · Causa 94653
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar el recurso del 9/5/2024 contra la resolución de la misma fecha.
Cámara de Apelación Civil y Comercial Trenque Lauquen
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Juzgado de origen: Juzgado de Paz Letrado de Hipólito Yrigoyen
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Autos: "VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ GOMEZ NERI ALBERTO S/ EJECUCION PRENDARIA"
Expte.: -94653-
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TRENQUE LAUQUEN, fecha según art. 7 del Anexo Único del AC 3975
AUTOS Y VISTOS: la apelación del 9/5/2024 contra la resolución de la misma fecha.
1. Volkswagen S.A. de Ahorro Para Fines Determinados, promovió ejecución prendaria contra Neri Alberto Gómez, por el cobro de cuotas impagas de un contrato de ahorro previo para la compra de unidades, perteneciente al Grupo/Orden 5124-142., celebrándose un contrato de prenda con registro para garantizar el saldo impago (v. escrito del 14/12/2023).
En esa presentación, además de explicar el funcionamiento del plan de ahorro y la actualización del monto adeudado, fundándose en que el contrato prendario se encontraba debidamente inscripto (arts. 17, 18 y ccds. del dec.-ley 15348/46), y lo que las partes habían pactado expresamente respecto del bien sobre el que recae la garantía, solicitó se decretara su secuestro a favor de esa parte, ordenándose el mandamiento u oficio, a cuyo efecto propuso los depositarios del automotor.
Igualmente, pidió como medida precautoria, la inhibición general para disponer y gravar bienes, ofreciendo caución juratoria.
2. La jueza dispuso librar mandamiento de ejecución y embargo, citando de remate al ejecutado, pero en cuanto a la diligencia de secuestro recordó que no estaba prevista en los artículos 26 y 29 de la normativa especial, por lo que debía ser enmarcada en los términos del artículo 13, tal que no se trataba del trámite previsto en el artículo 39. Y, por otra parte, el artículo 36 disponía la nulidad de las cláusulas que permitieran al acreedor apropiarse de la cosa prendada fuera del remate judicial o que importara la renuncia del deudor a los trámites de la ejecución en caso de falta de pago, salvo lo dispuesto en el artículo 39. Mencionando que el artículo 214 del cód. proc., citado por el ejecutante, se refería al embargo y no al secuestro. Concedió la inhibición general de bienes.
3. Apelada la decisión, en su recurso, la actora planteó, en lo que interesa destacar: (a) que las partes habían pactado en el contrato prendario, que en caso de mora se procedería al secuestro; (b) que suele ocurrir que luego de realizada la intimación el secuestro se torna ilusorio y que como en toda medida cautelar o de resguardo, la inmediatez y el carácter de inaudita parte son la materia constitutiva y natural en la adopción de este tipo de medidas; (c) que incluso el deterioro propio de la cosa y aún más su uso, perjudican el recupero del crédito de mi mandante ante una eventual subasta; (d) que el secuestro es el elemento de la acción de ejecución prendaria que permite al acreedor materializar y asegurar el ius persequendi, primero, y eventualmente, de prosperar este, ejercer el ius distraendi; (e) que en la ejecución prendaria, el secuestro no se trata de una mera medida cautelar, sino que es consustancial al trámite procesal. (f) que si el a quo dio curso a la acción de ejecución prendaria, lo cual implica que el contrato prendario aprobó el test de admisibilidad formal, luego no puede pretender escindir dentro de una única pretensión los derechos que de ella se derivan; (g) que privar al acreedor del secuestro importa lisa y llanamente una adulteración de lege ferenda del trámite que se le asignó a los presentes actuados, y en cuanto tal importa una interpretación que subvierte los términos de la propia legislación sobre la que mi mandante fundó su acción (escrito del 14/5/2022).
4. Como base de los desarrollos posteriores, ha de observarse que en el texto del artículo 29 del decreto ley15.348/46, ratificado por la ley 12.962, sustento de la presente ejecución, no está contemplado que junto al embargo deba decretarse el secuestro del bien prendado, como parte del trámite inicial. Lo cual es una verdad tan clara y evidente que no necesita demostración. Ni ha podido ser confutada en los agravios (art. 260 del cód. proc.).
Entonces, lo que el ejecutante puede aspirar con su análisis, es a convencer que el secuestro debía entenderse integrante de aquel primer despacho, a pesar de no figurar en la letra del precepto citado. Pero de ninguna manera a que tal medida esté expresamente prevista en aquella disposición del decreto ley, que debe aplicarse por los magistrados tal cual ha sido concebido por el legislador (arg. art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires). Por imperio de la división de poderes, pues, en su razón los jueces deben sujetar su actuación a la ley, sin asumir el rol de legislador para crear previsiones o excepciones no admitidas por este, por convenientes, necesarias o valiosas que pudieran parecer al juzgador (v. art. 1 de la Constitución Nacional; C.S., del voto del juez Rosenkrantz, en 'Recurso Queja Nº 2 - Jimenez Pereira, Fulgencio c/ EN - DNM s/recurso directo DNCAF 089675/2017/2/RH00111/07/2024; en similar sentido, 'CCC 070150/2006/ T001/I/2/RH001, 22/8/2019, en Fallos, 342:1376; igualmente, 'N. 117. XXXIII. REX13/08/1998, 'Niella Miguel Alberto c/ Diario Epoca y Editora Correntina S.A. S/Ordinario', Fallos, 321:2010).
Sin embargo, no ha logrado surtir un grado de convicción, suficiente, para generar una resolución favorable, razonablemente fundada (art. 3 del CCyC).
Para empezar, es erróneo el entendimiento –y por ende no vale como agravio- que dar curso a la presente ejecución importó hacer lugar a su promoción en todos sus términos y que el contrato aprobara el test de admisibilidad formal.
Pues ese modo de razonar omite, en lo primero, tener presente que en el mismo despacho del artículo 29, la jueza explicó los alcances de esa norma y por implicancia el de su resolución, recordando a la parte actora, palabras más palabras menos, que la diligencia de secuestro no estaba allí dispuesta, como en el caso del artículo 39. Debiendo ser enmarcada en los supuestos del artículo 13, lo que no constaba en la demanda (v. providencia del 9/5/2024, III).
Y en punto al contrato, que había que atender a lo prescripto en el artículo 36, aspecto sobre el que se volverá más adelante. Evocando, asimismo, que el artículo 214 del cód. proc., hecho valer en la demanda, correspondía a la medida cautelar de embargo, pero no al secuestro (v. mismo providencia citada).
Encima, no fue puntualmente impugnado aquello de que el pedido de secuestro, en su caso, precisaba ser enmarcado en el artículo 13 del decreto ley 15.348/1946, ratificado por la ley 12.962. Sumado a que no se desprendía de la demanda ni de la documentación acompañada, alguna de las situaciones previstas en dicha norma. A saber: que, de veras, el dueño hubiera sacado los bienes prendados del lugar en que estaban cuando constituyó la garantía, sin que el encargado del registro respectivo deje constancia del desplazamiento en el libro de registro y certificado de prenda, notificándoselo al acreedor, al endosante y a la oficina que haya expedido certificados o guías en su caso, o cometido un uso indebido de las cosas o se negara a las inspecciones el acreedor.
Respecto a las circunstancias que, a criterio del recurrente pudieran darse respecto del automotor, parecen dirigidas a la concepción del secuestro como está contemplado en el artículo 221 del cód. proc.. Pero el otorgamiento de la medida con tal fundamento, no fue propuesto oportunamente en la instancia anterior, de modo que la temática, acerca de la que no pudo expedirse la instancia de origen, evade la jurisdicción revisora de esta alzada, con arreglo a lo normado en el artículo 272 del cód. proc.
En todo caso habría que canalizara, de estimársela admisible, en aquella sede (art. 38 de la ley 5827).
Llegado el turno a que la viabilidad del secuestro en caso de mora fue pactada en el contrato prendario, lo que constituyó el sostén basilar de la promoción de esa medida, se anticipó ya que la jueza opuso a ello lo normado en el artículo 36 de la normativa aplicable, en cuanto prescribe que: 'Es nula toda convención establecida en el contrato prendario que permita al acreedor apropiarse de la cosa prendada fuera del remate judicial o que importe la renuncia del deudor a los trámites de la ejecución en caso de falta de pago, salvo lo dispuesto en el artículo 39'.
En su réplica, el recurrente transcribió tramos de un fallo que consideró válida la cláusula. Pero más allá de los argumentos en los que tal precedente hizo reposar la conclusión, si se atiende al contexto de la relación que vinculó a las partes, hay un encuadre legal más apropiado, plenamente aplicable, para desplazar o considerar no escrita la disposición en que aquel se ha apoyado (v. memorial del 14/5/2024, III, párrafo doce).
Para activarlo, es dable detenerse en que el carácter de los contratantes de la prenda con registro, cuyo importe proviene de la obtención de un préstamo aplicado a la compra de un automotor cero kilómetro, a patentar, deja verse coincidente con la formulación normativa que corresponde a los sujetos (proveedor y consumidor) de la relación de consumo (arts. 1, 2, y 3, de la ley 24.240; art. 1093 del CCyC), en la que subyace verosímil, en esta fase lilminar, un servicio financiero de crédito para tal fin (v. archivo del 14/2/2023 y demanda de la misma fecha, I y II).
Por un lado, una entidad, persona jurídica, profesional en los ‘servicios de gestión de fondos a cambio de una retribución o por contrata’, a tenor de la actividad denunciada ante la Afip, aplicada al otorgamiento de préstamos para la compra de automotores, con finalidad de obtener un rédito por su desempeño empresario (arg. art. 1 de la ley 19.550). Y por el otro una persona humana que ha utilizado ese servicio en beneficio propio, o sea como destinatario final, para la adquisición del automóvil prendado, de uso privado (arts. 1, 2 y 3 de la ley 24.240; arts.1092 y 1092 del CCyC). En suma, un consumidor de servicio financiero.
Escenario propicio para poner en acto oficiosamente, el régimen tuitivo del consumidor o del usuario que es de orden público, ya contenido en el artículo 42 de la Constitución Nacional, en los artículos 1091 a 1095 del CCyC o en la ley 24.240, respecto a la forma en que deben ser aplicadas las normas prendarias, articulándolas con aquellas, haciendo primar las más favorables para el consumidor, bajo la perspectiva de su protección especial (arg. art. 1095 del CCyC y arts. 3 y 64 de la ley 24.240.
Y bien, lo que revela ese enfoque, es -ante todo-, que se está ante una cláusula instrumentada mediante un contrato de adhesión, por medio de un texto visiblemente conformado por condiciones predispuestas. Apropiado para una interpretación en sentido contrario a la parte predisponerte y favorable o lo menos gravoso para el ejecutado (art. 37., último párrafo, de la ley 24.240; arg. arts. 984, 987 y 988.b del CCyC). Que se traduce en desatender el secuestro, admitido contractualmente, en cuanto discordante con ese despacho del mandamiento de embargo y ejecución, como en el juicio ejecutivo, que el legislador se limitó a conceder en el articulo 29 del decreto ley 15.348/1946.
Pero también revela, que con arreglo al artículo 37.b de la ley 24.240, corresponde tener por no convenidas las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte. De lo cual, al menos en lo último, no se puede dudar, ya que -según se ha dicho- ese secuestro, así como se pidió y lo autoriza el contrato prendario, no fue contemplado en los artículos 26 y 29 del decreto-ley 15.348/46 ratificado por ley 12.962. Lo cual torna evidente ese ensanchamiento de las prerrogativas del proveedor del servicio, obtenido a través de aquella estipulación, que estimula el referido mandato legal de tenerla por no acordada (v. arts. 37.b y 65 de la ley 24.240; arts. 984, 988.b del CCyC).
Es algo sobre lo cual ya se ha pronunciado, hace algunos años, la Corte Suprema en su fallo emitido en la causa 'HSBC Bank Argentina S.A. c/ Martínez, Ramón Vicente s/ secuestro prendario' (del 11/6/2019), donde aclaró -con cierto apremio indicativo-, en torno al contrato celebrado entre las partes, que, '...si se acepta que la disposiciones de la ley de defensa del consumidor debieron ser integradas en el análisis efectuado por la alzada en la inteligencia de que ante la duda respecto de la forma en que debían ser articuladas las normas prendarias, debería primar la más favorable para el consumidor, como expresión del favor debilis (artículo 3º de la ley 24.240), constituye lógica derivación de lo anterior, que la cámara debió y considerar la aplicación -bajo la perspectiva de protección especial del consumidor que tanto la Constitución Nacional como el sistema normativo del consumidor otorgan al usuario- de la regla prevista en el artículo 37, inciso b, de la ley 24.240, en tanto permite tener por no convenidas las cláusulas...que importen la renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplien los derechos de la otra parte' (Fallos, 342:1004).
Lo dijo tratando la aplicación del secuestro prendario previsto en el artículo 39 de la legislación aplicada, claro. Porque es la única norma que lo admite ante la presentación del certificado prendario. Pero no parece razonable apartarse de esa directiva tratándose de la ejecución prendaria promovida con apego a lo prescripto en el artículo 29 que, como se ha recordado, ni siquiera contempla -como aquella- el secuestro automático como parte del trámite preliminar, que en la especie la actora ha intentado incorporar por vía convencional.
Vale aclarar a esta altura, que no se está definiendo aquí que el secuestro del bien prendado sea una medida inconducente o disonante con el derecho real de prenda o con el proceso de ejecución prendaria. Lo que se está afirmando es que no necesariamente procede en forma anticipada, según lo requirió el apelante en su demanda, cuando se despacha la ejecución del artículo 29, que no lo prevé. Dejando a salvo las contingencias que tornar aplicarle el artículo 13 de la legislación pertinente y los artículos 221 y 558.3 del cód. proc. Y, obviamente, el secuestro previsto para algunos acreedores, en el articulo 39, ya mencionado.
Aunque no esta de más evocar, que dada esa hipótesis, dejó dicho la Carte Suprema, en el mismo precedente, que 'privar al deudor -en la relación de consumo- de todo ejercicio de defensa, en forma previa al secuestro del bien prendado, podría colocarlo en una situación que no se condice con la especial protección que le confiere el artículo 42 de la Constitución Naconal...'. Postura que, recordando a Thomas Kuhn, quien introdujo el término para explicar las revoluciones científicas, parece marcar un 'cambio de paradigma', en los trámites de las ejecuciones o secuestros prendarios (v. el artículo elaborado por Luciana Eleas y Enzo Darío Pautassi, ‘La medida de secuestro en la ejecución prendaria. Un cambio de paradigma. ¿Lo comprende la normativa de consumo?’, visible en:: https://lexdigital.org.ar/el-pedido-de-secuestro-en-la-ejecucion-prendaria/).
Lo que induce a reflexionar que, si eso llegó a decidir el más Alto Trinunal tratándose del secuestro prendario admitido en artículo 39, como fue aclarado antes, al menos no habría que proceder de modo distinto tratándose de una ejecución prendaria, que no tiene esa medida legalmente incorporada como inmanente al despacho preliminar (v.Cam. Nac. en lo Comercial, sala E, causa 13246/2023, sent. del 10/10/2023, 'Plan Ovalo S.A. de Ahorro para Fines Determinados c/ Medina Alzate, Edison Manuel y otro s/ejecución prendaria', en elDial.com AG132B, donde -en ese marco- se confirmó la resolución de primera instancia que había diferido el tratamiento del pedido del secuestro del bien prendado para el momento en que se emitiera pronunciamiento sobre el mérito de la pretensión de cobro).
En fin, por si fuera necesario, cabe señalar que en la especie no puede considerarse acreditado que la carta documento dirigida al ejecutado antes del pleito, agregada en el archivo donde se agrupa la documentación que la ejecutante acompañó con la demanda, si fue cursada, haya llegado a su conocimiento. Toda vez que en el ‘acuse de recibo’ no aparecen cubiertos los espacios destinados a comprobar la recepción por el destinatario, como tampoco los previstos para que la empresa encargada de la diligencia, demuestre con seriedad que el trámite fue cumplimentado (arg. art. 384 del cód. proc.).
Por lo expuesto, en correspondencia con las circunstancias del caso y al alcance dado por el apelante a sus agravios, el recurso se desestima.
Por ello, la Cámara RESUELVE:
Desestimar el recurso del 9/5/2024 contra la resolución de la misma fecha.
Regístrese. Notifíquese de acuerdo al art. 10 AC 4013 t.o. AC 4039. Hecho, radíquese electrónicamente en el Juzgado de Paz Letrado de Hipólito Yrigoyen.
Firmas
Funcionario Firmante: 06/08/2024 12:31:44 - LETTIERI Carlos Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/08/2024 15:19:21 - SOTO Andres Antonio - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/08/2024 08:38:48 - QUINTANA Maria Del Valle - AUXILIAR LETRADO
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 07/08/2024 08:39:09 hs. bajo el número RR-510-2024 por TL\mariadelvalleccivil.
Fin de la sentencia