Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 131187
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO, y demás fundamentos expuestos se revoca parcialmente la resolución recurrida, y se determina que el monto a ejecutar es $233.833,08 resultante de multiplicar el valor de la cuota conforme el precio del vehículo al momento de promover la demanda ($ 5199) por la cantidad de cuotas adeudadas (46), menos los pagos efectuados ($5.320). Costas del recurso por su orden por ser causado el agravio de oficio (arg. arts. 68, 518, 542 inc. 4, 593, 594, 598, C.P.C.C.).
En la ciudad de La Plata, a los 10 días del mes de Mayo de 2022 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO FINES DETER. C/ RIVAROLA FERNANDO ARIEL S/ EJECUCION PRENDARIA " (causa: 131187), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿ Es justa la apelada sentencia del 25/11/21?.
2a. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
I.1. La decisión.
El Sr. juez dictó sentencia de trance y remate en fecha 25/11/21 haciendo lugar a la acción prendaria por la suma de $187.423,78, monto que resulta de multiplicar el valor de la cuota al momento de suscripción del plan de ahorro garantizado por una prenda con registro - con más los intereses punitorios a la tasa pasiva que aplica el Banco de la Nación Argentina, convenida por las partes, desde la mora y sobre el saldo impago, hasta el momento del efectivo pago.
Rechazó el pedido de reajuste del monto considerando el valor del vehículo, que importa una actualización monetaria, habida cuenta lo dispuesto por los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, normativa esta mantenida por el art. 4 de la ley 25.561 y que resulta de orden público (conf. Cám. 2da., Sala I, La Plata, causa 92.779, reg. 258/2003, sent. del 27/8/2003; Cám. 1ra., Sala II, La Plata, causa 234.113, reg. 153/04, sent. del 21/09/04; SCBA, causa B 49193 bis, sent. 2/10/02), dejándose expresamente establecido que no resulta aplicable al caso particular la Resolución conjunta 366/2002 y 85/2002 del Ministerio de Justicia y Derechos Humano postulada por la parte actora, ello toda vez que una resolución ministerial -en el caso conjunta- no puede modificar o limitar los alcances de una ley nacional, ello en virtud del principio de jerarquía normativa establecido en la Carta Magna Nacional (arts. 31, 75 incs. 12 y 32, 76, 99 incs. 2 y 3, 103 y concs. Const. Nac.), máxime que el fundamento del pedido de reajuste excede el reducido marco cognoscitivo del presente proceso ejecutivo prendario en el que no se discute ni examina si el crédito en ejecución se identifica con un plan de ahorro, contrato de ahorro o "grupo cerrado", sino que únicamente se persigue la ejecución del mutuo con garantía prendaria con registro y su continuación de fs. 3/5.
I.2. El recurso.
Contra esa decisión se alza el ejecutante el 25/11/21, interponiendo apelación, que es concedida el 26/11/21 y fundada el 26/11/21, llegando a la alzada sin contestación.
Se agravia la ejecutante por cuanto el resolutorio ha desestima la petición de reajuste del monto ejecutado hasta la liquidación final, conforme lo pactado en la "continuación" del contrato prendario (punto 3 c) -, lo que fuera expresamente solicitado en la demanda y lo autorizan las resoluciones 3366/02 y 85/02 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Ministerio de Economía).
El Fiscal en su dictamen que la deuda asumida es una deuda de valor y por tanto que el reajuste debe ser aplicado hasta el momento en que se interpone la demanda, oportunidad en que la deuda de valor contenida en el título se convierte en una obligación dineraria.
II. Tratamiento de los agravios.
II.1. El artículo 518 del C.P.C.C. dispone que puede procederse ejecutivamente siempre que en virtud de un título que traiga aparejada ejecución -como es el caso del certificado de prenda con registro (art. 26, decreto ley 15.348/46)- se demandare por obligación exigible de dar cantidades líquidas de dinero o fácilmente liquidables. El fundamento de la facultad de proceder por la vía ejecutiva radica en la certidumbre (legal aunque no objetiva) de la existencia del crédito que de él resulta. De ahí surge el requisito de autosuficiencia que es propio del título ejecutivo y sus presupuestos, esto es: a) vinculación jurídica entre acreedor y deudor, b) exigibilidad y liquidez de la obligación, deben constar en el título mismo desde su presentación a juicio. De allí que el juez nada tiene que investigar fuera del título, el que debe bastarse a sí mismo, porque sólo así se da derecho a la coacción (Bustos Berrondo, "Juicio Ejecutivo", 9na. Ed., Librería Editora Platense, 2005, p. 107/108, 114), sin perjuicio de la obligación del juez de verificar el cumplimiento de la ley 24.240 -LDC- y demás normas imperativas, según corresponda por ley (arts. 1, 2, 7 y 12, C.C.C.N.; 65, LDC).
II.2. El presente es un proceso ejecutivo que persigue el cobro de una deuda contenida en un título ejecutivo integrado por el Contrato de Prenda, -debidamente inscripto - y la Certificación de Deuda Prendaria (art. 4 Ley 21.309), en que se determina el monto adeudado. No se observa que con dicha integración emergente del certificado de deuda se obstaculice el derecho de defensa, ni se viole la prohibición indexatoria que emerge de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, de ahí la inaplicabilidad de la jurisprudencia citada en la resolución apelada. Asiste razón al apelante por cuanto en los contratos de prenda con registro es posible ajustar el monto prendado y, por ende. que se modifique la suma que se ejecuta en relación al inicio de la contratación. Ello surge sin hesitación alguna del art. 26 del Dec. ley 15.348/46 -ley de prenda- que establece que el certificado de prenda da acción ejecutiva para cobrar el crédito, intereses, gastos y costas. Lo contrario en un contexto inflacionario implicaría que el valor del automóvil (el precio del bien en poder del deudor) se incremente y no se pueda ejecutar el saldo contemplando el valor real del mismo ante la falta de pago, lo cual repercutiría en suma sobre el sistema de créditos en general perjudicando a la población y la utilidad de la prenda con registro en cuanto a su función económica.
Para llegar a esa conclusión no es necesario ingresar en la relación causal subyacente de la obligación y la finalidad del contrato de ahorro con fines determinados, puesto que, tratándose de una ejecución prendaria, como señalo, el título es complejo y causal, donde el monto y la causa surgen del análisis armónico del contrato y del certificado de deuda. Lo mismo sucede con la ejecución de expensas y muchos otros títulos ejecutivos causales.
II.3. No comparto la apreciación del juez de grado respecto que la posibilidad de las cuotapartes puedan quedar sujetas a un valor móvil -precio del producto- (Resoluciones conjuntas 366/2002 y 85/2002 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), implica limitar los alcances de una ley nacional que impide la indexación (ley 23.928) y por ello se torne "inaplicable al caso". El reajuste de las cuotas o del monto al que alude el contrato de prenda con registro se encuentra directamente relacionado con el incremento del precio de lista del bien que se trata. Ello, toda vez que resulta una característica propia del sistema -basado en la mutualidad- el aporte mensual actualizado que realiza un grupo limitado de personas con el objeto de constituir un fondo común destinado a la adquisición de una unidad tipo que será entregada a lo largo de un período previamente establecido, a través de distintos métodos de adjudicación. El aporte de capital actualizado resulta, entonces, fundamental a los fines de que todos sus suscriptores puedan acceder al bien elegido. Si se modifica el monto prendado conforme evoluciona el valor del objeto de la prenda, es lógico -y no abusivo- modificar el monto a ejecutar. No debe perderse de vista que la prenda con registro constituye una tutela del crédito convenido en tanto asegura los elementos materiales que son asiento de la preferencia y servirán para satisfacer la obligación incumplida. De lo contrario, las cuotas no tendrían proporción con el interés jurídico comprometido.
II.4. Por ende, corresponde revocar la decisión por cuanto no corresponde ejecutar el valor de la cuota al momento de suscribir el plan, debiendo estarse al que surge del certificado de deuda, por ser aplicable el art. 772 del C.C.C.N. (deuda de valor), que permite tomar el valor al momento de la confección del certificado (arts. 163, 164 y 384, C.P.C.C.).
II.5. Sentado cabe analizar si corresponde que el capital se reajuste al valor de la unidad cero kilómetro al momento de la liquidación final, como pretende la ejecutante.
La determinación del capital de condena no puede quedar condicionado a un momento posterior al dictado de la sentencia, más precisamente a la liquidación final que se practique luego de su dictado, pues la suma de dinero debe emanar del propio título ejecutivo (art 518 CPCC). Resulta inadmisible completar ese aspecto del título con pruebas ampliatorias, informaciones, balances contables ni otra diligencia que no consista en una mera operación aritmética, pues impediría el oportuno ejercicio de la defensa en juicio y debido proceso legal.
Las alegaciones proferidas en relación al funcionamiento del Plan de Ahorro Previo para Fines Determinados, la Resolución Conjunta 366/02 y 85/02 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Ministerio de Economía y su relación con el importe del capital reclamado, no puede ser discutidas aquí, en tanto hace a la causa de la obligación, en virtud del limitado marco del proceso de ejecución prendaria. Para plantear al juez que dilucide la composición de la deuda debió ocurrir a un proceso de conocimiento.
En suma, al confeccionar el certificado de deuda se cuantifica en dinero la deuda y el proceso ejecutivo (art. 772 "in fine", C.C.C.N., ley de prenda y 518 y cctes. C.P.C.C.).
II.6. Por ende, propongo que la ejecución ha de prosperar por la suma de $233.833,08 en concepto de capital, resultante de multiplicar el valor de la cuota conforme el precio del vehículo al momento de promover la acción ($5.199) por la cantidad de cuotas adeudadas (46), menos lo pagos de las cuotas efectuados ($5.320) que informa el detalle de deuda acompañado por la actora al promover la demanda.
III. Propongo que las costas del recurso sean impuestas por su orden, atento que el ejecutado al presentarse reconoció la deuda y solicitó audiencia, surgiendo de oficio el agravio relativo al monto histórico de las cuotas (arg. arts. 68, 163, 164, 384, 518, 542 inc. 4, 556, 593, 594 y 598, C.P.C.C.).
Consecuentemente, voto POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo: que por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante adhería a la solución propuesta y en consecuencia también votaba por la NEGATIVA. .
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo:
En atención el acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo, revocar parcialmente la resolución recurrida, y determinar que el monto a ejecutar es $233.833,08 resultante de multiplicar el valor de la cuota conforme el precio del vehículo al momento de promover la demanda ($5.199) por la cantidad de cuotas adeudadas (46), menos los pagos efectuados ($5.320). Costas del recurso por su orden por ser causado el agravio de oficio (arg. arts. 68, 163, 164, 384, 518, 542 inc. 4, 556, 593, 594, 598, C.P.C.C.).
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo: que por idénticos motivos votaba en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, y demás fundamentos expuestos se revoca parcialmente la resolución recurrida, y se determina que el monto a ejecutar es $233.833,08 resultante de multiplicar el valor de la cuota conforme el precio del vehículo al momento de promover la demanda ($ 5199) por la cantidad de cuotas adeudadas (46), menos los pagos efectuados ($5.320). Costas del recurso por su orden por ser causado el agravio de oficio (arg. arts. 68, 518, 542 inc. 4, 593, 594, 598, C.P.C.C.). REG. NOT. y DEV.
Fin de la sentencia