Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 131502
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede, se modifica la sentencia apelada de fecha 18/02/2022, disponiendo que al capital de condena se aplicarán intereses punitorios a la tasa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones normales de descuento a 30 días vigente en cada uno de los períodos de aplicación desde la fecha de la mora y hasta su efectivo pago, ello, siempre que no arroje un resultado inferior al establecido en el pronunciamiento atacado de fecha 18/02/2022, en virtud de la prohibición de reformar el decisorio en contra del apelante (doct. y art. 272 y concs., CPCC) y sin perjuicio de la facultad judicial de poder revisar nuevamente los accesorios al determinarse la liquidación definitiva de la deuda (conf. arts. 9, 10, 12, 767, 769, 771, 794 y concs. CCyC). Se la confirma en todo lo demás que decide y fuera motivo de recurso y agravios, con costas a la apelante en su esencial calidad de vencida (arts. 68, 260, 272, 518, 542 inc. 4, 593, 594, 598, CPCC; esta Sala, causas 120703, 120799, 124616, 131392, cit.).
Sentencia Definitiva
Causa N° 131502; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº19 - LA PLATA
CHEVROLET SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ SANAGUA RUBEN DIEGO MARCELO Y OTRO/A S/ EJECUCION PRENDARIA (DIGITAL)
En la ciudad de La Plata, a los dos días del mes de Junio de Dos mil veintidos, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 131502, caratulada: "CHEVROLET SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ SANAGUA RUBEN DIEGO MARCELO Y OTRO/A S/ EJECUCION PRENDARIA (DIGITAL)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fecha 18/02/2022?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. La sentencia apelada -en lo que aquí interesa destacar conforme el alcance del recurso y agravios bajo análisis- mandó a llevar adelante la ejecución por la suma de capital de $375.345,55 (debiendo la parte actora, al momento de la liquidación imputar las cuotas pagas respectivas conforme las pautas de la sentencia), con más los intereses a la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días vigentes en cada uno de los períodos comprendidos, desde la fecha de mora acaecida el día 12 de marzo de 2019 y hasta su efectivo pago, y desestimó el reajuste de capital adeudado, en los términos de la consideración tercera.
2. Dicha forma de decidir agravia a la actora recurrente quien se disgusta por la modificación del capital de condena que difiere de aquél por el cual se ordenó el mandamiento de intimación de pago, por el rechazo de los reajustes del crédito en ejecución y por la aplicación de intereses diferentes a los contractualmente pactados (ver memorial del 23/02/2022, que recibiera la réplica de la parte demandada mediante presentación del 04/03/2022, habiendo dictaminado el señor Fiscal de Cámaras el 22/03/2022, conforme surge del sistema Augusta).
3. Corresponde en forma liminar abordar el planteo, que debe encuadrarse como de insuficiencia del recurso, deducido por los ejecutados apelados en su presentación del 04/03/2022 (primer párrafo del punto segundo), contra el ataque articulado por la parte actora apelante.
En torno a ello, ha de decirse que el escrito de fundamentación del remedio del recurrente (de fecha 23/02/2022) ha superado el examen de admisibilidad, toda vez que se analizó con un criterio amplio de apreciación en salvaguarda de derechos de mayor jerarquía (arts. 18 Constitución Nacional -CN-; 260 Código Procesal Civil y Comercial -en adelante, CPCC-; MORELLO, Augusto Mario, “Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso”, v. I, pág. 175 a 180), razón por la cual se procede a continuación al tratamiento del embate.
4. En el caso, la sentencia puesta en crisis ordenó llevar adelante la ejecución por la suma de $375.345,55, sin contemplar el reajuste de capital pretendido por el ejecutante, lo cual se condice con el criterio adoptado por esta Sala en casos análogos al presente (causas 120703, RSD 225/16, sent. del 24/10/2016; 120799, RSD 230/17, sent. del 21/11/2017; 124616, RSD 329/18, sent. del 13/11/2018; 131392, RS 39-2022; sent. del 22/03/2022, e/o) lo que sella la suerte adversa del embate en tratamiento.
En efecto, dispone el artículo 518 del ordenamiento procesal, que puede procederse ejecutivamente siempre que en virtud de un título que traiga aparejada ejecución -como es el caso del certificado de prenda con registro (art. 26, decreto ley 15.348/46, Régimen de Prenda con Registro, ratificado por la ley 12.962, texto ordenado por Decreto 897/95 Ley de Prenda)- se demandare por obligación exigible de dar cantidades líquidas de dinero o fácilmente liquidables.
El fundamento del título ejecutivo, como sustento de la ejecución, radica en la certidumbre (legal aunque no objetiva) de la existencia del crédito que de él resulta. De ello se sigue el requisito de autosuficiencia que es propio del título ejecutivo. Todos los presupuestos que dan vida al título ejecutivo, esto es: a) vinculación jurídica entre acreedor y deudor, b) exigibilidad y liquidez de la obligación, deben constar en el título mismo desde su presentación a juicio. De allí que el juez nada tiene que investigar fuera del título, el que debe bastarse a sí mismo, porque sólo así se da derecho a la coacción (Bustos Berrondo, “Juicio Ejecutivo”, 9na. Ed., Librería Editora Platense, 2005, p. 107/108, 114).
Por lo expuesto, se advierte que deviene improcedente hacer lugar al reajuste del capital hasta el efectivo pago. Ello así, pues la determinación del capital de condena no puede quedar condicionado a un momento posterior al dictado de la sentencia, más precisamente, aquél no puede quedar supeditado a la liquidación final que se practique luego de su dictado (art. 518, Código Procesal Civil y Comercial -CPCC-).
Es que, conforme lo ha establecido esta Sala, la liquidez de la suma de dinero en que consiste la prestación -capital- debe emanar del propio título ejecutivo, resultando inadmisible completar ese aspecto del título con pruebas ampliatorias, informaciones, balances contables ni otra diligencia que no sea una mera operación aritmética. Ello impediría el oportuno ejercicio de la defensa en juicio, en vulneración del debido proceso legal (causas 120703, 120799, 124616, 131392, citadas).
Por lo dicho y más allá de las alegaciones proferidas en relación al funcionamiento del Plan de Ahorro Previo para Fines Determinados, a la Resolución Conjunta 366/02 y 85/02 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Economía y a su relación con el importe del capital reclamado, lo cual -en virtud del limitado marco del proceso de ejecución prendaria- no puede ser discutido en tanto hace a la causa de la obligación, corresponde confirmar esta parcela del decisorio impugnado (arts. 518, 542 inc. 4, 593, 594, 598, CPCC; esta Sala, causas 120703, 120799, 124616, 131392, cit.).
Cabe también indicar que el actor cuenta, también, con otras vías judiciales amplias (juicios de conocimiento) para sustanciar su pretensión y que no es insoslayable transitar el juicio compulsorio para hacer valer sus derechos (arg. art. 519 del CPCC).
Por otra parte y con relación a los fundamentos esgrimidos por el apelante en torno al principio de congruencia y al apartamiento de la magistrada de grado respecto del monto por el que ordenara librar primigeniamente el mandamiento de intimación de pago, se impone remarcar que dicho agravio del recurrente en cuanto cuestiona las atribuciones del juez o jueza para analizar la viabilidad del título no merece favorable acogida, pues se trata de una cuestión ya resuelta por esta Sala -en supuestos de ejecución de pagarés- (causas 126.804, RSD 5/20, sent. del 11/02/20; 123.694, RSD 34/20, sent. del 12/03/20; 125.126, RSD 74/20, sent. del 28/05/20, e/o; SCBA, causa C. 121.684 "Asociación Mutual Asís”, sent. del 14/08/19).
Es que los jueces y juezas, como directores del proceso, tienen la facultad de determinar con un criterio de eficacia (art. 42 Constitución Nacional -CN-) la aptitud ejecutiva del título (art. 529, Código Procesal Civil y Comercial -CPCC-), prerrogativa que se extiende hasta la oportunidad de dictar sentencia de remate (art. 549, CPCC), que puede y debe hacerse de oficio (esta Sala, causas 126.804, 123.694, 125.126 cit.).
Las circunstancias antedichas acarrean el rechazo de los primeros dos agravios expresados por la parte actora apelante (arts. 260, 266, 272, CPCC).
5. Por último, respecto del tercer agravio formulado con relación a los intereses, hemos de recordar que esta Sala tiene dicho que existiendo pacto al respecto en el contrato que se ejecuta, cabe aplicaréstos (arts. 7, 767, 768, 959, Código Civil y Comercial de la Nación -CCyC-; causas, 122236, RSD 179/17, sent. del 21/09/2017; 124852, RSD 37/19, sent. del 12/03/2019; 126600, RSD 294/19, sent. del 05/11/2019, e/o).
Sin perjuicio de ello, hemos de recordar que los jueces conservan las facultades de atenuar la incidencia de los intereses, si advierten que se encuentra comprometido el orden público en el supuesto que aquellos estipulados contraríen los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres, pudiendo disponer su reducción en prevención de conductas antifuncionales y abusivas. Tales facultades se hallan presentes en el actual Código Civil y Comercial de la Nación (arts. 7, 9, 10, 771, 779 y concs. del CCyC).
En el caso, la señora jueza de la instancia anterior señaló que los intereses no se encontraban pactados en el instrumento base de la presente ejecución (ver considerando cuarto de la sentencia de fecha 18/02/2022, sist. Augusta) y aplicó la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días vigentes en cada uno de los períodos comprendidos desde la fecha de mora del día 12/03/2019 y hasta su efectivo pago. El recurrente en el memorial de agravios solicita que se fijen los expresamente pactados en la cláusula 7 inciso “d” del contrato de prenda en ejecución (ver escrito electrónico del 23/02/2022, tercer agravio).
En este tramo del análisis, se aprecia que si bien en el “contrato de prenda con registro” se puede leer expresamente: “Intereses: La obligación devengará un interés del ...sin intereses... % anual” (ver página 24 del archivo “.pdf” adjunto al escrito electrónico de demanda de fecha 20/08/2021, sist. Augusta) -tal lo sostenido por la sentenciante de la instancia anterior-, lo cierto es que asiste razón al apelante pues del instrumento de “continuación del contrato de prenda con registro” (páginas 26 y siguientes del mismo archivo “.pdf” del 20/08/2021, sist. Augusta) surge la alegada cláusula séptima (7) inciso “d” en la que se pactó el interés punitorio a una tasa no superior a la que aplica el Banco Nación Argentina para descubiertos en cuenta corriente (ver puntualmente página 29 del referido archivo “.pdf”).
En la especie y teniendo en consideración que la tasa pactada configura un tope o límite pues, según se advierte, la misma no puede ser superior a la aludida en la cláusula séptima mencionada, corresponde fijar como intereses punitorios la tasa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones normales de descuento a 30 días vigente en cada uno de los períodos de aplicación desde la fecha de la mora y hasta su efectivo pago.
Ello de consuno con la reciente postura asumida por esta Sala en el antecedente 129306 (RS 33-2022, sent. del 15/03/2022) y toda vez que aquí se determinan únicamente los intereses punitorios. Consecuentemente, corresponde modificar el pronunciamiento atacado en este aspecto. Ello, siempre que no arroje un resultado inferior al establecido en el pronunciamiento atacado de fecha 18/02/2022, en virtud de la prohibición de reformar el decisorio en contra del apelante (doct. y art. 272 y concs., CPCC) y sin perjuicio de la facultad judicial de poder revisar nuevamente los accesorios al determinarse la liquidación definitiva de la deuda (conf. arts. 9, 10, 12, 767, 769, 771, 794 y concs. CCyC).
Con el alcance indicado, voto por la NEGATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde modificar la sentencia apelada de fecha 18/02/2022, disponiendo que al capital de condena se aplicarán intereses punitorios a la tasa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones normales de descuento a 30 días vigente en cada uno de los períodos de aplicación desde la fecha de la mora y hasta su efectivo pago, ello, siempre que no arroje un resultado inferior al establecido en el pronunciamiento atacado de fecha 18/02/2022, en virtud de la prohibición de reformar el decisorio en contra del apelante (doct. y art. 272 y concs., CPCC) y sin perjuicio de la facultad judicial de poder revisar nuevamente los accesorios al determinarse la liquidación definitiva de la deuda (conf. arts. 9, 10, 12, 767, 769, 771, 794 y concs. CCyC). Debiéndosela confirmar en todo lo demás que decide y fuera motivo de recurso y agravios, con costas a la apelante en su esencial calidad de vencida (arts. 68, 260, 272, 518, 542 inc. 4, 593, 594, 598, CPCC; esta Sala, causas 120703, 120799, 124616, 131392, cit.).
ASÍ LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINÓ EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - -
POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede, se modifica la sentencia apelada de fecha 18/02/2022, disponiendo que al capital de condena se aplicarán intereses punitorios a la tasa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones normales de descuento a 30 días vigente en cada uno de los períodos de aplicación desde la fecha de la mora y hasta su efectivo pago, ello, siempre que no arroje un resultado inferior al establecido en el pronunciamiento atacado de fecha 18/02/2022, en virtud de la prohibición de reformar el decisorio en contra del apelante (doct. y art. 272 y concs., CPCC) y sin perjuicio de la facultad judicial de poder revisar nuevamente los accesorios al determinarse la liquidación definitiva de la deuda (conf. arts. 9, 10, 12, 767, 769, 771, 794 y concs. CCyC). Se la confirma en todo lo demás que decide y fuera motivo de recurso y agravios, con costas a la apelante en su esencial calidad de vencida (arts. 68, 260, 272, 518, 542 inc. 4, 593, 594, 598, CPCC; esta Sala, causas 120703, 120799, 124616, 131392, cit.). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Firmas
Funcionario Firmante: 02/06/2022 08:03:00 - BANEGAS Leandro Adrian - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/06/2022 08:06:10 - HANKOVITS Francisco Agustin - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 02/06/2022 08:30:58 hs. bajo el número RS-116-2022 por TARANTO HUGO DAMIAN.
Fin de la sentencia