Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 137707
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca parcialmente la apelada sentencia de trance y remate del 07/06/2024 dejándose establecido que la suma reclamada se reajuste al momento del efectivo pago conforme la reestructuración que se realice en función del precio de lista al público establecido por la fábrica para la venta del modelo del bien prendado, a la fecha del efectivo pago. La suma adeudada se establecerá en función de lo pactado en el contrato prendario, esto es sobre la base de las cuotas pendientes de pago, cuyo valor es la ochenta y cuatro ava parte del precio de lista de venta al público, sugerido por el fabricante para un automotor de la misma marca y modelo referenciada en la solicitud de adhesión suscripta, más un 0,14% de gastos administrativos, y un interés punitorio del 3% mensual, confirmando lo demás resuelto en lo que ha sido materia de recurso y agravios. Costas de Alzada en el orden causado.
MCM / ND
En la ciudad de La Plata, a los 15 días del mes de Agosto de 2024, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "PLAN OVALO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ ESTIGARRIBIA YESICA BELEN Y OTRO/A S/ EJECUCION PRENDARIA" (causa: 137707), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿ Es justa la apelada sentencia del 07/06/2024?
2a. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
1. Antecedentes.
1.1. La Jueza de la instancia anterior, en lo que interesa al recurso, ordenó mandar llevar adelante la ejecución hasta tanto los accionados Yesica Belén Estigarribia y Sebastián Emilio Rodríguez hagan al acreedor Plan Rombo S.A. de Ahorro para fines determinados íntegro pago del capital reclamado de $ 388.8367,68, con más los intereses punitorios calculados a la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento a treinta días en mora en los distintos períodos (tasa activa), vigentes en el mismo lapso, a partir de a celebración del contrato realizada el día 17/5/2022 hasta e efectivo pago. Desestimó el reajuste de capital adeudado.
Consideró para ello que la ley de convertibilidad vedó todo tipo de actualización desde el 1/4/1991 (art. 7, ley 23.928) y que luego, la ley 25.561 (art. 10) mantiene expresamente la vigencia de dicha normativa en cuanto a que en ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación de precios, variación de costos o repotenciación de deudas cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor. Sostuvo que hasta el momento, constituye doctrina legal que dicha normativa es válida (SCBA, L. 90.139, 11/6/2008 y L. 118.440, 9/12/2015).
Agregó que la Resolución Ministerial conjunta nro. 366/2002 y 85/2002 que permiten que el importe de las cuotapartes quede sujeto al valor móvil que corresponda y la Ley 21.309 que habilita la aplicación de clausulas de estabilización o reajuste para este tipo de contratos resultan contrarias en el primer caso, a una ley superior y en el segundo caso a una ley del mismo rango posterior. Aclara asimismo que la ejecutante no cuestionó la validez constitucional de la mencionada norma y que el control de convencionalidad de oficio constituye una herramienta excepcional de interpretación restrictiva la cual queda reservada para casos de gravedad.
En función de ello consideró que debe rechazarse el pedido de reajuste solicitado y establecer que la acción prosperará por el monto del contrato original, es decir $ 388.837,68.
En cuanto a los intereses pactados, los modificó estimando que deben calcularse a la tasa activa Banco Nación desde la celebración del contrato (17/5/2022) hasta el efectivo pago.
1.2. Contra esa forma de resolver se alza la actora en los términos que surgen de la pieza expositora de agravios de fecha 11/6/2024, que no fuera replicado por la contraria (ver proveído del 28/6/2024).
Señala que la juez desconoce el Certificado de Deuda acompañado en conjunto con el Contrato de Prenda, que a la fecha de confección daba la suma de $ 4.767.416,33 y lo pactado en el contrato; que al tratarse de una obligación de valor, la misma se ajusta por la evolución del preció del auto, por lo que se encuentra excluida de la prohibición indexatoria, exclusión ratificada por resolución conjunta N° 366/02 y 85/2002 de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y Ministerio de Economía de fecha 13/6/2002, que admiten el reajuste en función del incremento del precio de lista del bien.
Agrega que en el título prendario están dadas las precisas determinaciones para liquidar a futuro toda la deuda, incluyendo el reajuste de capital; que no hay indeterminación de conceptos, sólo se ignora la cuantificación en el momento del pago; que se conocen las variables necesarias para tornar la deuda "fácilmente liquidable" en líquida; que por tratarse de una obligación de valor no dineraria se encuentra excluida de las disposiciones de las leyes 23928 y 25561 (exclusión ratificada por Resolución conjunta nro. 366/2002 y 85/2002 de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y Ministerio de Economía de fecha 13/6/2002).
Continúa destacando que en un contrato de prenda con registro como el de autos, la cláusula de reajuste no importa la aplicación de un mecanismo indexatorio o actualizatorio prohibido por la ley 23928 y ley 25561 sino que se justifica en la necesidad de determinar el valor de la cosa al momento de su pago en virtud de emanar de un contrato originado en el marco de un sistema de ahorro previo para fines determinados y que funciona bajo la modalidad de "grupos cerrados". Señala Continúa señalando que el reajuste de las cuotas está directamente relacionado con el incremento del precio de lista del bien que se trata -en el caso precio de lista de venta al público de un auto 0km.-, en un sistema basado en la mutualidad. Refiere las Resoluciones nro. 950/91 del Ministerio de Economía de la nación y nro. 531 del Ministerio de Justicia, ratificadas por Decreto nro. 601/95 del PEN en que se han establecido los alcances de los sistemas de ahorro previo para fines determinados, reglamentadas en la Resolución 9/2002 Inspección General de Justicia, por la que se estableció la forma en que las administradoras de planes de ahorro previo deben aplicar las variaciones de precios que se produzcan a partir de enero de 2002 y hasta diciembre de 2003, facultando a las administradoras a diferir los aumentos de las cuotas en meses sucesivos con la posibilidad de aumentar el número de cuotas del plan de ahorro.
Finaliza refiriendo que el cálculo realizado fue hecho de acuerdo a lo pactado por las partes en el contrato prendario, que establece los procedimientos a seguir para la valuación del automotor a los efectos del cálculo de lo adeudado. Cita jurisprudencia a su favor.
Concluye solicitando que se revoque la sentencia dictada y se ordene el pago del capital originario más el reajuste de capital pactado en el contrato, e intereses.
1.3. El 01/08/2024 el Adjunto de fiscal de Cámaras departamental dictaminó que la ejecución no ha de prosperar por el monto consignado en el Contrato de Prenda con Registro sino por el resultante de multiplicar el valor de la alícuota por la cantidad de cuotas adeudadas desestimando de la liquidación presentada a fin de integrar el título los montos consignados por cargas administrativas, gastos legales y recupero derecho de admisión.
Agrego que una vez promovida la demanda ejecutiva en base a un título que ha quedado integrado por el Contrato de Prenda, debidamente inscripto, y la certificación de Deuda Prendaria (art. 4, ley 21309), la deuda de valor contenida en el mismo queda cuantificada en dinero y por ello, de conformidad con el art 772 in fine del CCCN, aplicable a los presentes por resultar más favorable al consumidor (arts. 3, 65, ley 24240, arts. 1094, 1095 y ccs. CCCN, se aplica a la deuda de valor las disposiciones de las obligaciones de dar sumas de dinero.
2. Tratamiento de los agravios.
2.1. Que en la tarea propuesta comienzo por señalar que el actor promovió la presente ejecución por la cantidad de $ 4.767.416,33 tal como surge del escrito de demanda, la cual, conforme surge del Certificado de Saldo Deudor a cobrar por deuda prendaria de fecha 21/06/2023 y detalle adjunto, incluye el reajuste pretendido y que acompaña al momento de impetrar la acción.
En el punto IV, titulado “REAJUSTE DEL MONTO ADEUDADO” solicitó que, de acuerdo a lo pactado, la suma adeudada se reajuste tomando como base la variación que sufre el precio de un automóvil nuevo -conforme precio de lista al público establecido por la fábrica para la venta- de similares características al prendado.
Con fecha 11/04/2024 fue ordenado librar por dicha suma el correspondiente mandamiento de ejecución y embargo (con más la suma presupuestada para responder a intereses y costas), no siendo sin embargo por esa suma que se mandó llevar adelante la ejecución pese a la falta de oposición de excepciones legítimas (ver sentencia en revisión).
Consecuentemente, la cuestión se centra en determinar si el capital adeudado puede o debe ser reajustado de conformidad con lo estipulado en el contrato prendario base del presente agregado a la demanda (Cláusulas Segunda, Tercera y Cuarta) y conforme lo autorizan las resoluciones 3366/02 y 85/02 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Ministerio de Economía).
Advierto en ese sentido que el artículo 518 del ordenamiento procesal, establece que puede procederse ejecutivamente siempre que , en virtud de un título que traiga aparejada ejecución –como es el caso del Certificado de Prenda con Registro (art. 26, decreto ley 15.348/46)- se demandare por obligación exigible de dar cantidades líquidas de dinero o fácilmente liquidables.
El fundamento del título ejecutivo, como sustento de la ejecución, radica de tal manera en la certidumbre (legal aunque no objetiva) de la existencia del crédito que de él resulta. De ello se sigue el requisito de autosuficiencia que caracteriza al título ejecutivo. Todos los presupuestos que dan vida al título ejecutivo, a saber la vinculación jurídica entre acreedor y deudor y la exigibilidad y liquidez de la obligación, deben constar en el título mismo desde su presentación a juicio. De allí que el juez nada tiene que investigar fuera del título, que debe bastarse a sí mismo, porque sólo así dará derecho a la coacción (Bustos Berrondo, “Juicio Ejecutivo”, 9na. Ed., Librería Editora Platense, 2005, p. 107/108, 114).
Si bien esta Sala ha dicho que es improcedente hacer lugar al reajuste del capital hasta el efectivo pago, desde que la determinación del capital de condena -cristalizado en función del título que se intimó a pagar- no puede quedar condicionado a un momento posterior al dictado de la sentencia, más precisamente, aquél no puede quedar supeditado a la liquidación final que se practique luego de su dictado (art. 518, C.P.C.C.) (esta Sala, causas 129.233, RSD. 116/2021; 133.378-1, RSD. 29/2023), un nuevo examen de la cuestión me lleva a una solución distinta, ya que en la actualidad la presencia de las obligaciones de valor, que han sido admitidas expresamente por el legislador (art. 772, C.C.C.N.), permite determinar su valor al momento del efectivo pago, por lo que cuando se trata de una obligación de valor es factible que la liquidación final determinando el monto de la deuda se practique luego del dictado de la sentencia.
Si bien la liquidez de la suma de dinero en que consiste la prestación -capital- debe emanar del propio título ejecutivo, tal como sucede con el título en ejecución donde se ha convertido la deuda en pesos a los efectos de su intimación, sin perjuicio de que el acreedor peticionó que la conversión se realice al momento del efectivo pago, por lo que tratándose de una deuda de valor (art. 772, C.C.C.N.), resulta admisible completar ese aspecto del título con pruebas ampliatorias, informaciones u otras diligencias a fin de determinar el valor del bien en cuestión al momento del efectivo pago, en la medida que ello sea factible de ser realizado y/o controlado con una mera operación aritmética, ya que de lo contrario se desnaturalizaría el juicio ejecutivo y se impediría el oportuno ejercicio de la defensa en juicio y debido proceso legal cuya tutela reposa en los arts. 18, Const. Nac. y 15, Const. Prov.
Además, ello se compadece con el funcionamiento del sistema de compra (Plan de Ahorro Previo para Fines Determinados que refiere la Resolución Conjunta 366/02 y 85/02 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Ministerio de Economía), ya que de lo contrario el deudor moroso quedaría en peor posición que aquel que cumple regularmente la deuda.
Por otra parte, cuando en la sentencia se dijo que la doctrina que impide el reajuste del monto adeudado, con base en lo normado por el art. 7 de la ley 23.928 -texto según ley 23.928- que prohíbe indexar las deudas, resulta evidente que se pierde de vista que la SCBA, en la causa “Barrios, Héctor Francisco y otra c/Lascan, Sandra Beatriz y otra s/Daños, del 17/4/2024, estableció una nueva doctrina legal en la materia y dejó establecido:
a) que la inflación que aqueja a la economía del país ha sido -y es- un factor tan corrosivo para el equilibrio negocial, que la evidencia de sus efectos lesivos debe ser plenamente afrontada. Lo contrario sería negar la realidad (punto V.1.b);
b) que el alza generalizada de los precios y la depreciación monetaria parecen una constante. Estos hechos notorios impulsan el replanteo de la doctrina legal (punto V.1.e);
c) que la finalidad primigenia del art. 7 citado, de contribuir a la estabilidad monetaria, no ha sido efectiva para frenar el proceso inflacionario (punto V.6.b);
d) las altas tasas de inflación experimentadas últimamente, han dado paso a una etapa que ha reconfigurado el marco que regulaba la prohibición de indexar o actualizar por índices, morigerando la estrictez del régimen previsto en los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, a través de gran cantidad de excepciones (v.gr. leyes 26.313, 26.078, 26.547 -art. 4-, 27.249, 27.271 -art. 6-, 27.328 -art. 31 inc. “c”, 27.467 -arts. 17 y 105-, 27.591 -art. 57-, 27.574 -art. 21-; Decretos PEN 905/02 -art. 2-, 1096/02 -art. 1-) (ver punto V.6.c), citando, incluso, pronunciamientos de la Corte Suprema nacional que avaló la utilización de mecanismos alternativos de actualización (ver punto V.7).
e) el abordaje del problema lleva al análisis de un campo de excepción: la inconstitucionalidad sobreviniente del art. 7 de la ley 23.928 (puntos V.9);
f) cuando la brecha entre un sistema de mantenimiento del capital actualizado más una tasa de interés puro y el sistema hasta ahora aplicado -de capital nominal más intereses a la tasa pasiva BIP (de la anterior doctrina legal)- arroja una pérdida más que considerable, se justifica el planteo de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 (punto V.9.e);
g) esa brecha se mantendría de emplearse la tasa activa descuento a 30 días en pesos (punto V.9.e.ii);
Como corolario de ello -tal como se dijo en el caso “Barrios” precitado (punto V.9.i), el art. 7 de la ley 23.928, texto según ley 25.561, en su aplicación al caso, debe ser descalificado porque desconoce el principio de razonabilidad, el derecho de propiedad del reclamante y no permite proveer una tutela judicial eficaz (arts. 1, 17, 18, 28 y cctes., Const. Nac.).
Tengo presente que el reajuste de las cuotas o del monto a que alude el contrato de prenda está relacionado con el precio de lista del automotor prendado, siempre que se lo realice durante la vigencia del grupo respectivo -teniendo como límite la vigencia del grupo- (arts. 1 y 2, de la res. 366/02 y 85/02), por lo que no se trata de una “indexación” prohibida por el art. 7 de la ley 23.928.
Por ello, superada la valla del art. 7 precitado, el principio de primacía de la realidad, permite acudir mecanismos alternativos de preservación del valor del capital, como el contenido en el contrato de prenda, por lo que corresponde revocar el pronunciamiento apelado y disponer que la suma reclamada se reajuste al momento del efectivo pago conforme el reajuste que se realice en función del precio de lista al público establecido por la fábrica para la venta del modelo del bien prendado, a la fecha del efectivo pago. La suma adeudada se establecerá en función de lo pactado en el contrato prendario, esto es sobre la base de las cuotas pendientes de pago, cuyo valor es la ochenta y cuatro ava parte del precio de lista de venta al público, sugerido por el fabricante para un automotor de la misma marca y modelo referenciada en la solicitud de adhesión suscripta, más un 0,14% de gastos administrativos, más un punitorio del 3% mensual, que se morigera en función de lo normado por los arts. 10, 12, 772, 769 y 794 del C.C.C.N. y la doctrina sentada por la SCBA en el caso “Barrios” precitado en el 6% anual. Y ello se determinará a través de la liquidación pertinente que deberá realizar la actora.
En consecuencia, propongo que se modifique en este sentido la resolución recurrida. Postulo que las costas se impongan al ejecutado en su condición de vencido (arts. 68, 518, 542 inc. 4, 556, 593, 594 y 598, C.P.C.C.).
Consecuentemente, voto POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo que por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante adhería a la solución propuesta y en consecuencia también votaba por la NEGATIVA.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo: en atención el acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo, revocar parcialmente la apelada sentencia de trance y remate del 07/06/2024 y disponer que la suma reclamada se reajuste al momento del efectivo pago conforme la reestructuración que se realice en función del precio de lista al público establecido por la fábrica para la venta del modelo del bien prendado, a la fecha del efectivo pago. La suma adeudada se establecerá en función de lo pactado en el contrato prendario, esto es sobre la base de las cuotas pendientes de pago, cuyo valor es la ochenta y cuatro ava parte del precio de lista de venta al público, sugerido por el fabricante para un automotor de la misma marca y modelo referenciada en la solicitud de adhesión suscripta, más un 0,14% de gastos administrativos, y un interés punitorio del 3% mensual, confirmando lo demás resuelto en lo que ha sido materia de recurso y agravios. Postulo que las costas se impongan en el orden causado atento tratarse de agravios generados de oficio, que no fueran replicados por la parte contraria (arts. 68, 518, 542 inc. 4, 556, 593, 594 y 598, C.P.C.C.).
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo que por idénticos motivos votaba en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, fundamentos expuestos, y habiendo escuchado al Adjunto de Fiscal de Cámaras departamental el 01/08/2024, se revoca parcialmente la apelada sentencia de trance y remate del 07/06/2024 dejándose establecido que la suma reclamada se reajuste al momento del efectivo pago conforme la reestructuración que se realice en función del precio de lista al público establecido por la fábrica para la venta del modelo del bien prendado, a la fecha del efectivo pago. La suma adeudada se establecerá en función de lo pactado en el contrato prendario, esto es sobre la base de las cuotas pendientes de pago, cuyo valor es la ochenta y cuatro ava parte del precio de lista de venta al público, sugerido por el fabricante para un automotor de la misma marca y modelo referenciada en la solicitud de adhesión suscripta, más un 0,14% de gastos administrativos, y un interés punitorio del 3% mensual, confirmando lo demás resuelto en lo que ha sido materia de recurso y agravios. Costas de Alzada en el orden causado. REG. NOT y DEV.
Fin de la sentencia