Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 133034
En la ciudad de La Plata, a los 7 días del mes de Octubre de 2025, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "PONCETTA SUSANA CRISTINA C/ ANDRADE RAUL MARTIN Y OTROS S/ EJECUCION PRENDARIA" (causa: 133034), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIÓ PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra ¿Es justa la apelada resolución del 11/08/2025?
2da ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo:
Mediante la resolución del 11/08/2025, el Juez de la instancia previa inicialmente señaló que las pautas para efectuar la liquidación surgían expresamente de la sentencia dictada con fecha 08/10/2024 por este Tribunal, por lo que resulta imposible su modificación en función de los principios de preclusión y de seguridad jurídica.
Aclaró que las sumas depositadas en la cuenta judicial eran producto de un embargo; no pudiendo, entonces, asimilarse sus efectos a los del pago.
Explicó que por este motivo, los intereses debían calcularse hasta que los fondos pudieran ser retirados por la acreedora.
Consideró que el cálculo de la accionante había sido practicado de acuerdo con los parámetros y las tasas fijadas por esta Alzada; en tanto que la coejecutada Daniela Moroni no había puntualizado algún error específico padecido por dicho cómputo.
Ponderó que la liquidación efectuada por la aludida codemandada había distorsionado los lineamientos establecidos en el mencionado decisorio firme del 08/10/2024; a la par de que no respondía a ninguna sentencia emanada del presente proceso.
Por tanto, rechazó la impugnación formulada por la coaccionada Moroni y, en consecuencia, aprobó la liquidación llevada a cabo con fecha 26/06/2025 por la ejecutante Poncetta, por la suma total de $19.810.909,03, habiendo discriminado el monto de $7.103.340 como capital, el importe de $12.702.815,35 por intereses, y la cantidad de $ 4.753,68 en concepto de gastos; e impuso las costas a la incidentista en su condición de vencida.
Contra esa forma de resolver, se alzó la referida coejecutada Daniela Moroni a través del recurso de apelación interpuesto el 18/08/2025, y fundado en la misma presentación; habiendo sido contestado el traslado del memorial conferido el 20/08/2025 por la actora Susana Cristina Poncetta por intermedio del escrito del 22/08/2025.
La recurrente indicó que al momento del dictado del pronunciamiento del 08/10/2024, todavía no se había acreditado el depósito de la suma de $159.030, en virtud del embargo decretado en la causa respecto del coejecutado Raúl Alberto Andrade; por lo que lógicamente en aquél no pudo establecerse pauta alguna en torno a los montos cautelados.
Destacó que la actora tomó efectivo conocimiento acerca de los fondos embargados, pero continuó litigando sin haber solicitado el dictado de la sentencia, a pesar de la suficiencia de aquéllos para la cancelación total de la deuda.
Afirmó que la desvalorización de la cantidad embargada en razón del proceso inflacionario y la variación del tipo de cambio, constituía un perjuicio que no podía ser soportado únicamente por ella; de modo que dicha suma debía ser actualizada mediante la aplicación de intereses.
Añadió que la ejecutante no había utilizado la facultad de percibir el dinero embargado antes de la sentencia, motivo por el cual debería haber requerido su preservación, a través de su inversión a plazo fijo renovable automáticamente, o de su dolarización e imposición igualmente a plazo fijo.
Adujo que los importes depositados en concepto de embargo debían convertirse a la cantidad de dólares estadounidenses equivalentes a la fecha de cada retención.
Se agravió por la ausencia de aplicación de las facultades morigeradoras concedidas a los jueces; y la omisión del dictamen del Ministerio Público Fiscal, en lo concerniente a la suspensión del curso de los intereses por el plazo transcurrido sin impulso procesal de la actora, esto es desde Abril de 2008 y hasta Septiembre de 2011.
Argumentó que en la liquidación a efectuarse correspondía descontar cada suma depositada en concepto de embargo, y calcular los accesorios sobre cada saldo de capital resultante.
3. Concesión del recurso. Inaplicabilidad de la regla prevista en el art. 591 del CPCC
Por razones de orden lógico, inicialmente cabe abordar el planteo formulado por la ejecutante Susana Cristina Poncetta en el punto II.2 de su contestación del memorial de fecha 22/08/2025 a las 15:45 hs.
A ese respecto, debe señalarse que el art. 591 del Código procesal establece que son inapelables para el ejecutado las resoluciones que se dicten durante el trámite de cumplimiento de la sentencia de remate; encontrándose -en principio- comprendida en dicho elenco, aquélla que decide una impugnación a la liquidación practicada en ese estadío procesal.
Sin embargo, tal regla ha de ceder en este caso, ya que por un lado, la cuestión traída a revisión por la quejosa resulta ajena al marco habitual de las ejecuciones prendarias, en que para garantizar el cumplimiento de la sentencia se procura embargar el bien objeto del derecho real, y no uno distinto como el haber jubilatorio, tal como aquí acontece.
Por otra parte, al ser definitivo el asunto resuelto (desestimatoria de la actualización y de la forma de debitar los depósitos efectuados en concepto de embargo, así como de la suspensión del curso de los intereses moratorios), produce un agravio insusceptible de ser enmendado en un juicio de conocimiento posterior.
Por lo demás, motivos de economía procesal aconsejan igualmente el tratamiento del tema debatido, de manera que se reducen los costos y, por ende, se facilita el acceso a la justicia (art. 34 inc. 5 ap. “e” CPCC).
Con relación al cuestionamiento realizado por la apelada en torno a la fundamentación de la agraviada, sus alcances y requisitos, cuadra destacar que de la lectura del memorial traído en sufragio de la pretensión revisora, se percibe en qué consiste la protesta frente a lo decidido en la instancia de origen; y más allá de los consabidos criterios amplios y flexibles que se imponen en la materia, no puede seriamente sostenerse que los agravios no satisfacen el mínimo de técnica exigido por las normas procesales.
En consecuencia, corresponde desestimar el liminar pedido de deserción recursiva que propone la ejecutante recurrida, sin perjuicio de la suerte que en definitiva pueda merecer el alzamiento (art. 260 del CPCC y su doctrina).
En primer lugar, es dable recordar que la Suprema Corte de Justicia Provincial dijo que existe un derecho adquirido cuando, bajo la vigencia de una ley, el particular haya cumplido con todas las condiciones sustanciales y los requerimientos formales previstos por esa norma para ser titular de ese derecho determinado (conf. SCBA LP I 72409 RSD-206-19 S 06/11/2019).
De esta forma, la situación jurídica general creada por la ley se transforma en una situación jurídica concreta e individual en cabeza del sujeto que, como tal, se hace inalterable, y no puede ser suprimida por una resolución posterior sin agravio del derecho de propiedad consagrado por el art. 17 de la Constitución Nacional y 31 de la Constitución provincial.
En el presente caso, siendo que se encuentra firme la sentencia dictada con fecha 08/10/2024 por este Tribunal, es lo cierto que el crédito allí reconocido en favor de la ejecutante Susana Cristina Poncetta, importa un derecho adquirido por ésta, de raíz constitucional, que integra su patrimonio; por lo que no puede verse afectado, salvo supuestos excepcionales que -se anticipa- no se encuentran configurados (arts. 17 Const. Nac; 31 Const. Pcia. Bs. As.).
En esa inteligencia, la liquidación correspondiente debe ajustarse a los parámetros de la sentencia de mérito que le da sustento y causa a esta etapa de su cumplimiento; pues de lo contrario se desvirtuaría la eficacia de cosa juzgada que reviste el pronunciamiento originario, menoscabando el precepto constitucional que asegura la inviolabilidad de la propiedad (conf. esta Sala, causa 130667 RR 578/2023 S 31/10/2023).
Es decir, el cálculo de la deuda debe constituir una derivación lógica jurídica de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada (aunque más no sea en sentido formal como aquí acontece), debiendo aquél respetar las pautas allí fijadas, de manera de evitar que el decisorio sea distorsionado en la etapa destinada a hacerlo cumplir (arts. 557 y 589 CPCC).
En segundo término, debe resaltarse que el embargo preventivo se trata de una medida cautelar en virtud de la cual se afecta la libre disponibilidad de un bien determinado, para asegurar la eventual ejecución de la sentencia que recaiga en un proceso determinado; pero no implica su cesión ni adjudicación directa al acreedor.
De ahí que en el supuesto de dinero embargado, mientras no sea efectivizado el pago (art. 557 CPCC), la propiedad del importe cautelado corresponde al deudor.
En este sentido, se anticipa que los depósitos judiciales derivados del embargo preventivo de haberes decretado en la causa, carecen de la entidad suficiente para producir la liberación de la parte ejecutada; toda vez que no traducen el cumplimiento exacto de la prestación adeudada, mediante el abastecimiento de los requisitos de objeto, tiempo y modo exigidos por la ley (arts. 865, 867 y 871 Cód. Civ. Com.).
Ciertamente, cabe subrayar que -tal como fuera referido por la apelante- para que las sumas de dinero depositadas en la cuenta judicial de manera voluntaria (pago) o compulsiva (embargo), tengan efectos extintivos de la obligación cuya cancelación procuran; el acreedor debe encontrarse debidamente anoticiado y, a su vez, tratarse de fondos que queden efectivamente a su disposición.
En ese orden de ideas, sólo es admisible la liquidación por parte del acreedor respecto del capital, los intereses y las costas, en las oportunidades previstas en los arts. 557 y 589 del ordenamiento procesal; ya que la existencia de fondos (sea que éstos provengan del embargo de dinero, de la subasta de bienes o del pago voluntario del deudor) implica el cumplimiento de la sentencia.
En efecto, el art. 557 del Código de rito prescribe que: “Cuando lo embargado fuese dinero, una vez firme la sentencia o dada la fianza a que se refiere el artículo 553°, el acreedor practicará liquidación del capital, intereses y costas, de la que se dará vista al ejecutado. Aprobada la liquidación, se hará pago inmediato al acreedor del importe que de ella resultare”.
En consecuencia, hasta tanto no se encuentre aprobada la liquidación del crédito reconocido en la sentencia (arts. 557 y 589 CPCC), y se hayan satisfecho -en su caso- los honorarios de los profesionales intervinientes (o al menos afianzado), y las cargas previsionales y tributarias correspondientes (arts. 21 ley 6.716; 340 y 341 Cód. Fiscal -ley 10.397-); los fondos depositados en la cuenta judicial no se encuentran a disposición de la acreedora.
En suma, atento que en la especie existe dinero embargado, es lo cierto que recién cuando se encuentre firme la aprobación del cálculo respectivo, habrá de hacerse a la actora el pago del importe que resulte del cómputo, o en el límite e imputación que corresponda según la suma cautelada; y a su vez, una vez cumplidos -en su caso- los estipendios y los aportes previsionales, a más de la tasa de justicia y su contribución adicional.
Así entonces, conforme acertadamente fuera indicado por el juzgador, se colige que los efectos del embargo preventivo efectivizado en las presentes actuaciones, no pueden equipararse a los del pago cancelatorio de la deuda (art. 865 Cód. Civ. Com.); sin perjuicio de que los montos obtenidos mediante esta medida cautelar, deban imputarse en la oportunidad de solicitarse el pago (art. 557 CPCC).
Por lo demás, también debe remarcarse que la accionante tiene derecho a no aceptar pagos parciales (arts. 867 y 869 Cód. Civ. Com.), razón por la cual los depósitos judiciales originados en el embargo preventivo de los haberes del coejecutado Raúl Alberto Andrade, tampoco pueden reputarse que tuvieran efecto cancelatorio.
Con relación a la procurada actualización de cada uno de los importes cautelados frente a la depreciación económica padecida, se impone recalcar que la demandante no se encontraba obligada a solicitar su preservación, a través de su inversión a plazo fijo renovable automáticamente, o de su dolarización; sobremanera en función de resultar ellos de propiedad del cautelado (art. 19 Const. Nac.).
Tampoco era un deber de los magistrados intervinientes, en tanto el art. 25 del Ac. N°2579/1993 SCBA determina que: “El Banco de la Provincia de Buenos Aires reconocerá el pago de intereses por los fondos situados en cuentas de depósitos judiciales cuando los Jueces o Tribunales, a pedido de parte, así lo soliciten…”.
Asimismo, se advierte que el caso de marras no se trata del supuesto contemplado en el art. 36 inc. 7 del Código adjetivo (dada la inexistencia de menores de edad); ni del previsto en el art. 1 del Ac. N°3163/2019 SCBA, concerniente a los depósitos que se efectúen con motivo de la interposición de recursos extraordinarios locales en concepto de depósitos previos.
Desde otroángulo, se observa que hasta la actualidad la apelante tampoco requirió la inversión de los fondos depositados en la cuenta judicial, resultando así improcedente la pretensión de que las consecuencias de tal omisión recaigan en la parte accionante.
Por lo demás, es preciso remarcar que aun cuando el deudor cumpla voluntaria o forzadamente la prestación que adeuda, no se detendrá el devengamiento de intereses moratorios a favor del acreedor, hasta tanto la percepción efectiva del dinero sea formal y técnicamente posible (art. 557 CPCC).
O sea que antes de este último hito procesal, el interés del actor no puede reputarse satisfecho y, por ende, extinguida la obligación.
En esa directriz, cuando existen fondos en el expediente provenientes del embargo de dinero, o cuando la parte ejecutada realiza el pago de forma voluntaria; ésta se encuentra facultada para practicar la liquidación si no la realiza la ejecutante (art. 589 CPCC); por lo que la deudora cuenta con las herramientas legales necesarias para garantizar la totalidad del crédito en ejecución, si pretende hacer cesar el cómputo de accesorios.
Desde otro punto de vista, esta Sala ha sostenido anteriormente que el acreedor tiene derecho a percibir lo que le es debido (art. 17 Const. Nac.), pero no puede ejercerse de manera abusiva mediante la utilización del proceso como una herramienta directa de encarecimiento de la deuda, haciendo que se torne desproporcionada en relación al monto del contrato y/o adeudado por el sólo hecho de la inactividad del ejecutante (conf. CC0201 LP 139141 RS 36/2025 S 18/02/2025).
No obstante, sólo a través de un análisis particular y puntual de cada caso en concreto (y no de simples indicios no desarrollados) puede determinarse, con vocación de razonabilidad, si la conducta desplegada por la acreedora debe o no considerarse abusiva (conf. prec. cit.).
Y aun de comprobarse ello, no puede llevar -por regla- a anular el pacto de intereses, ya que se generaría un efecto contrario; sino a limitarlo de manera de no tornar atractiva la espera para aquélla -función disuasiva y preventiva- (arts. 10, 1.710 y 1.711 Cód. Civ. Com; CC0201 LP 139141 RS 36/2025 S 18/02/2025).
Sobre esa base, se valora que en el pronunciamiento definitivo de este Tribunal del 08/10/2024 se dispuso la adición de intereses, calculados a la tasa del 7,5% anual, no capitalizables, entre moratorios y punitorios, desde la fecha en que se produjo la mora y hasta la del efectivo pago.
En virtud de lo expuesto, no se aprecia que la inactividad o espera pueda haber sido atractiva para la demandante, dado que no la ha favorecido la innegable demora incurrida aproximadamente desde el 27/10/2008 y hasta el 28/04/2011 en que la causa habría estado paralizada, atento que el crédito no se ha visto encarecido durante dicho período, en razón de la tasa de interés pura fijada (arts. 1, 2, 7, 9, 10 y 12 Cód. Civ. Com; 163, 164, 260, 266, 375 y 384 CPCC).
A su vez, la cuestión de la morigeración de intereses reintroducida por la apelante recién en su memorial, ya ha sido objeto de puntual consideración y pronunciamiento en la aludida sentencia del 08/10/2024; siendo inaudible en esta oportunidad por estar alcanzada por la preclusión, a más de encontrar el valladar que sienta el art. 272 del ordenamiento procesal, pues en el sistema de la doble instancia, informada por el principio dispositivo, no es dable introducir capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 266 y 272 CPCC; conf. CC0201 LP 118312 RSD 262/14 S 11/12/2014; CC0201 LP 119525 RSI 281/15 I 10/12/2015).
Por último, es oportuno puntualizar que quien intente impugnar un cálculo con éxito ha de demostrar fundadamente cuál sería el numeral correcto según su parecer, dando cuenta de la operación que le sirve de antecedente, que ponga de relieve el error que se le endilga al cómputo cuestionado, que no puede ser otro que la falta de ajuste al decisorio sobre el que se asienta (conf. esta Sala, causas 99260, RSD 92/2009 S 21/05/2009, y 135342 RR 397/2025 S 05/08/2025).
En ese carril, se valora que -conforme lo referido por la apelada- la impugnación formulada por la recurrente no se basó en la discordancia del cálculo con las pautas de la sentencia, sino en el descuento de los depósitos judiciales procedentes del embargo de haberes efectivizado actualizados, y en la suspensión del curso de los réditos moratorios durante el lapso de inactividad procesal útil.
Por consiguiente, atento que no se halla mérito para apartarse de la liquidación aprobada por la suma global de $19.810.909,03; corresponde confirmar la apelada resolución de fecha 11/08/2025 (arts. 17 y 19 Const. Nac; 31 Const. Pcia. Bs. As; 1, 2, 7, 9, 10, 12, 865, 867, 869, 871 y cctes. Cód. Civ. Com; 163, 164, 260, 266, 270, 272, 557, 589 y cctes. CPCC; 25 Ac. N°2579/1993).
Consecuentemente, con los alcances indicados voto por la AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. López Muro dijo: Por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante, adhiero a la solución propuesta; y, por tanto, con los alcances indicados también voto por la AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo: En atención al acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo, confirmar la apelada resolución de fecha 11/08/2025; sin perjuicio de que los montos obtenidos mediante el embargo de haberes del coejecutado Raúl Alberto Andrade efectivizado, deban imputarse en la oportunidad de solicitarse el pago (arts. 17 y 19 Const. Nac; 31 Const. Pcia. Bs. As; 865, 867, 869, 871 y cctes. Cód. Civ. Com; 163, 164, 260, 266, 270, 384, 557, 589 y cctes. CPCC).
Postulo que las costas de Alzada sean impuestas a la parte recurrente, dado que sustancialmente reviste la objetiva condición de vencida (arts. 68 y 69 del CPCC).
ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. López Muro dijo: Por idénticos motivos, voto en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, oído que fuera el Fiscal de Cámaras Departamental, se confirma la apelada resolución de fecha 11/08/2025; sin perjuicio de que los montos obtenidos mediante el embargo de haberes del coejecutado Raúl Alberto Andrade efectivizado, deban imputarse en la oportunidad de solicitarse e
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