Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126085
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 29 de septiembre de 2023 y 2) denegar el recurso extraordinario federal deducido, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48; doctr. arts. 3, inc. "d", Acordada 4/2007).
C. 126.085 "VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ ALLEGA RUBEN OSCAR Y OTRO/A S/ EJECUCIÓN PRENDARIA"
I. Con la presentación electrónica de fecha 4 de octubre de 2023, téngase por cumplida en término la intimación dispuesta el 29 de septiembre del mismo año.
II. La parte demandada deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, con sustento en que los planteos traídos no eran propios de la vía incoada, declaró mal concedido el de nulidad, y lo reputó inoficioso a los fines regulatorios (arts. 296, CPCC y 30, ley 14.96; v. resol. de 1-VIII-2023, escrito electrónico titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-DEDUCE" de fecha 31-VIII-2023 y su archivo adjunto identificado como "RECURSO...").
En el caso, en el marco de una ejecución prendaria y en lo que interesa destacar, la Cámara interviniente confirmó el fallo de primera instancia que, a su turno, había rechazado la excepción de incompetencia opuesta por la demandada, conservando la competencia provincial (v. sents. de 10-IX-2021 y 5-V-2022).
III.1. En la vía ahora intentada, los impugnantes fundan la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio, propiedad, igualdad ante la ley, debido proceso, razonabilidad y congruencia (arts. 16, 17, 18, 28 y 116, Const. nac.; 8, CADH; 14, PIDCP; v. págs. 4/6, 10, 12/16 y 19/20, adjunto cit.).
III.2. Sostienen que la resolución en crisis resulta arbitraria, no constituye una derivación razonada del derecho aplicable con las circunstancias comprobadas de la causa y debe ser dejada sin efecto. Ello por cuanto, esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas y de la normativa que rige al caso, rechazó -dogmáticamente y con exceso ritual- el remedio local deducido. Afirman que, en tanto se vulneran -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas, el presente configura una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía. Y citan, en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estiman atinentes al caso (CSJN, Fallos: 296:691; 288:55; 310:464; 310:500; 310:937; 312:1484; 312:1614 y 315:38, entre otros).
En tal sentido, aducen que el fallo atacado omitió tratar y resolver debidamente los planteos esgrimidos en la vía de nulidad -que ahora reproducen- referidos al rechazo de la incompetencia, la revisión de las circunstancias fácticas y de las pruebas aportadas y la omisión de aplicar la normativa constitucional que mencionan. Y aseguran que, contrariamente a lo expuesto, tales agravios resultaban suficientes para demostrar el exceso ritual y absurdo de la sentencia de la Cámara, así como la violación de la doctrina legal invocada en el remedio local y -en consecuencia- refutar las razones dadas por el Tribunal de Alzada (v. págs. 12/21, adjunto cit.).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 6-IX-2023), el mismo fue contestado por la apoderada de la entidad actora (v. trámite titulado "ESCRITO ELECTRÓNICO" cit.).
V.1. Liminarmente, cabe recordar que el recurso extraordinario federal es una vía excepcional en razón de los motivos especiales que lo habilitan (art. 14, ley 48 y su doctrina). No resulta -entonces- admisible dicho remedio cuando se lo articula contra decisiones que no son susceptibles de ser revisadas a través de este medio particular de impugnación.
De allí que las cuestiones referidas a pronunciamientos que resuelven planteos de competencia no autorizan -en principio- la apertura del recurso extraordinario previsto en el citado art. 14 de la ley 48, excepto que concurran circunstancias excepcionales, tales como la denegatoria del fuero federal, la efectiva privación de justicia o la generación de un perjuicio de insuficiente, tardía o dificultosa reparación ulterior (CSJN, Fallos: 330:2017; 338:477; 341:605; 344:1288; 344:2023; entre otros; SCBA, causa C. 123.366, "Tolosa", resol. de 17-VII-2019). Ahora bien, en el caso, el conflicto de competencia planteado ante las instancias anteriores en grado no ingresó a la esfera de esta Corte, pues se declaró mal concedido el remedio local por haberse fundado en agravios que no eran propios de la vía incoada.
Y en ese sentido, se recuerda que los planteos referidos a la admisibilidad de los recursos interpuestos ante los tribunales locales, tampoco justifican -como regla y por su naturaleza- la habilitación de la instancia federal (CSJN, Fallos: 249:530; 295:54; SCBA, causas C. 119.323, "Hernando,", resol. de 6-V-2015; C. 121.757, "Sari", resol. de 21-XI-2018; C. 124.347, "C. E. S. N. S/ Abrigo", resol. de 18-XI-2021; C. 125.085, "Malimowcka", resol. de 10-VIII-2022 y C. 124.480, "Pappalardo", resol. de 10-VIII-2022). En estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en relación a los agravios que la originan, con fundamentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter excepcional.
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por los impugnantes no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
V.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de dogmatismo, autocontradicción, falta de fundamentación, omisión de tratamiento de cuestiones y apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable, tampoco se observan motivos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la acreditación de un supuesto excepcional (doctr. art. 15, cit.).
Al respecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter de excepción y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales pues, para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN Fallos: 313:493; 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que la mentada doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que los interesados se limitan -en rigor- a denunciar la arbitrariedad del fallo en crisis -y de la instancia anterior en grado- por no analizar las cuestiones que entiende esenciales. En efecto, los agravios se centran en disentir con la postura de esta Corte para descartar el remedio de nulidad, reiterando planteos que ya han sido ponderados por este Tribunal para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 8/15 del trámite "ESCRITO ELECTRÓNICO" de fecha 23-V-2022, págs. 12/21, adjunto "RECURSO..." cit. y resol. en crisis).
Y en dicha tarea, soslayan rebatir -debidamente y conforme con el deber impuesto por el inc. "d" del art. 3 de la Acordada 4/2007- las puntuales razones brindadas en la decisión impugnada, que destacan, por un lado, que si bien se invocó la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, no se han desarrollado agravios sustentados en el contenido normativo de tales preceptos y, por el otro, que los cuestionamientos traídos se dirigen a atacar el acierto jurídico del fallo objetado, resultando -por tanto- ajenos al carril anulativo incoado (v. resol. en crisis cit.).
En ese sentido, en lo que atañe a la alegación de excesivo rigor formal en la denegatoria de la vía escogida por los recurrentes corresponde recordar que, si bien es cierto que la interpretación de las normas procesales debe ser hecha en consonancia con su finalidad para evitar excesos rituales incompatibles con el adecuado servicio de justicia (conf. doctr. CSJN, Fallos: 311:274, 600 y 700, entre otros), no lo es menos que la doctrina del exceso ritual no importa respaldar comportamientos negligentes de las partes (conf. Fallos: 319:2883 y doctr. causas: C. 117.228, "Varela", resol. de 4-IX-2013; C. 118.697, "San Martín", resol. de 6-VIII-2014; C. 120.520, "Usuarios", resol. de 28-IX-2016 y C. 124.978, "R. N. A.", resol. de 10-VIII-2022), razón por la cual el planteo intentado resulta improcedente.
V.3. Por otro lado, es dable apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (arts. 16, 17, 18, 28 y 116, Const. nac.; 8, CADH; 14, PIDCP; v. págs. 4/6, 10, 12/16 y 19/20, adjunto cit.) y la mención de los fallos del Tribunal federal que citan, no abastecen el remedio deducido, ya que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 122.884, "Silva", resol. de 26-VI-2019; C. 122.682, "Terminales y Servicios S.A.", resol. de 18-IX-2019; C. 122.829, "Giménez", resol. de 29-IV-2020; C. 124.023, "Bertolin", resol. de 19-IV-2021; C. 121.891, "Aguirre Cruzado", resol. de 18-XI-2021; C. 123.866, "Toncovich Rodríguez", resol. de 20-IV-2022; C. 125.295, "Serafini", resol. de 9-II-2023; C. 125.567, "Sider Group S.A.", resol. de 29-IX-2023; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por cumplida en término la intimación dispuesta por este Tribunal el 29 de septiembre de 2023 y 2) denegar el recurso extraordinario federal deducido, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48; doctr. arts. 3, inc. "d", Acordada 4/2007).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/05/2024 13:54:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/05/2024 18:46:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/05/2024 11:24:16 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 10:53:25 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/06/2024 12:24:59 - LASCANO Maria Cecilia Zulema - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 05/06/2024 13:08:03 hs. bajo el número RR-340-2024 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia