Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122668
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en las causas C. 122.668, "D'angelo, Osvaldo Carlos contra Mainelli, José Nicolás. Ejecución de sentencia" y C. 122.537, "D'angelo, Osvaldo Carlos contra Mainelli, José Nicolás. Escrituración", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mercedes, mediante el dictado de sentencia única tanto en las presentes actuaciones como en el juicio "D'angelo, Osvaldo Carlos contra Mainelli, José Nicolás. Escrituración" -que, bajo el número C. 122.537, corre agregado por cuerda en esta Sede- desestimó las nulidades pretendidas por el demandado y, en la sentencia de fs. 101/102, confirmó el rechazo de la defensa de pago total dispuesta. Revocó asimismo la parcela de la decisión de primera instancia consistente en la posibilidad del deudor de liberarse dando el equivalente en la moneda de curso legal, así como la intimación y sanción pecuniaria dispuesta a fs. 394 del expediente de escrituración (v. fs. 135/143).
Se interpusieron, por el accionado, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 150/167, presente y 442/459, causa por escrituración), siendo concedidos los primeros y denegados los segundos por el Tribunal de Alzada (v. fs. 169 y vta., presente y 461 y vta., causa por escrituración), lo que motivó la articulación de las quejas individualizadas con los números C. 122.536 y C. 122.537.
Esta Suprema Corte rechazó los recursos extraordinarios de nulidad (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC) e hizo lugar a las quejas traídas, concediendo los dos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley -de idéntico tenor- contra la referida sentencia única, tomándolos como un solo intento revisor (v. fs. 228/231 del presente y copia certificada en la causa C. 122.537: en particular, la intimación a cumplir con un único depósito previo).
Tal como se expresara en la resolución de esta Corte de fs. 228/231, en tanto las impugnaciones portan idéntico desarrollo argumental en las piezas agregadas en los dos expedientes el tratamiento de los planteos articulados en las vías extraordinarias de inaplicabilidad de ley se hará en forma conjunta, considerándose a ambos recursos -tanto a los fines de la respuesta a los mismos como para los eventuales efectos regulatorios- como un solo carril de revisión.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Para una mejor comprensión de la problemática traída a juzgamiento estimo necesario efectuar una breve reseña de ciertas vicisitudes de la causa.
I.1. Osvaldo Carlos D'angelo inició la presente acción por cumplimiento de contrato y escrituración contra José Nicolás Mainelli respecto del 50% indiviso del inmueble designado catastralmente como Circunscripción I, Sección B, Manzana 121, Parcela Ib, Matrícula 2182 de Luján y solicitó que se condene al accionado a escriturar y abonar el saldo de precio impago y la multa pactada en el contrato, con más intereses y costas (v. demanda: fs. 107/113, causa de escrituración de fecha 15-V-2008).
En su libelo de inicio relató que el 24 de agosto de 2007 suscribió con el accionado el boleto de compraventa según el cual, en su carácter de único heredero testamentario de Rosa Amanda De Ángelo, vendió el 50% del bien a José Nicolás Mainelli por la suma total de veintiún mil quinientos dólares estadounidenses (USD 21.500), habiéndose acordado que mil dólares estadounidenses (USD 1.000) serían abonados en el acto de la firma del instrumento privado y veinte mil quinientos dólares estadounidenses (USD 20.500) al momento de la suscripción de la escritura traslativa de dominio. Agregó que en el boleto las partes estipularon que el comprador debía designar escribano dentro de los diez días y comunicarlo al vendedor para escriturar por tracto abreviado dentro de los noventa días. Expresó que ante el incumplimiento de la parte adquirente y luego de haber intimado al comprador mediante carta documento el día 29 de noviembre de 2007, se vio compelido a iniciar el presente reclamo.
Corrido el pertinente traslado, el accionado se presentó, contestó demanda e interpuso la excepción de incumplimiento previo del actor (art. 1.201, Cód. Civ.). En subsidio, peticionó la morigeración de la cláusula penal pactada (v. fs. 122/129 vta., causa de escrituración).
I.2. El magistrado de origen, tras rechazar la defensa opuesta por el demandado, estimó procedente la acción y, en consecuencia, condenó a José Nicolás Mainelli a otorgar la escritura de dominio del inmueble dentro del plazo de veinte días y a integrar en dicho acto el saldo de precio. Asimismo, admitió la multa convenida en la cláusula séptima del contrato, la que redujo al 35% del precio total pactado (v. fs. 232/236 vta., causa de escrituración).
I.3. Apelado dicho pronunciamiento por ambas partes, la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mercedes modificó la decisión en lo atinente a la cláusula penal, la que morigeró en un 25% del precio de venta. A la par, desestimó la adición de intereses moratorios solicitados por la actora, pues consideró que se encontraban asimilados o absorbidos por la referida cláusula (v. fs. 270/284 vta., causa de escrituración).
Esta decisión fue notificada al accionado el día 26 de septiembre de 2013 (v. cédula: fs. 285 vta., causa cit.).
Una vez firme y consentida la sentencia y ante el incumplimiento del demandado, la actora inició la presente ejecución, requiriendo se apliquen intereses moratorios sobre el saldo del precio en virtud del tiempo transcurrido (v. fs. 42/44, fecha: 16-IV-2015).
En el referenciado juicio por escrituración se presentó José Nicolás Mainelli e hizo saber que el 20 de noviembre de 2015 las partes comparecieron ante la escribanía de la notaria Clara Luz Burgos a fin de protocolizar la escritura traslativa del inmueble de autos. Expresó que ofreció la suma debida en pesos a la paridad del dólar tipo vendedor conforme la cotización del Banco de la Nación Argentina del día anterior -atento a la imposibilidad de adquirir dólares estadounidenses en forma libre- y que la actora rechazó el pago y se negó a suscribir la escritura. Por tal motivo, solicitó la apertura de una cuenta judicial para depositar la suma de doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos doce pesos con cincuenta centavos ($259.612,50), la cual -según afirmó- resultaba equivalente al total adeudado en concepto de saldo de precio y multa dispuesto en la sentencia (conf. art. 765, Cód. Civ. y Com.). A fin de acreditar tales extremos, acompañó copia certificada de la operación notarial anulada y constancia del trámite ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y su resultado negativo (v. fs. 337/347, cit. causa C. 122.537).
A fs. 352/353 de las mencionadas actuaciones el demandado agregó la boleta de depósito para que dichas sumas fueran acreditadas en la cuenta perteneciente a autos.
El accionante, al contestar la vista conferida, repelió en su totalidad los planteos efectuados por el demandado. Adujo que el fallo había adquirido firmeza hacía más de dos años y que se encontraba en etapa de ejecución, motivo por el cual el pago ofrecido resultó "incorrecto, insuficiente y extemporáneo". Sostuvo que el deudor solo podía liberarse abonando la suma debida en dólares estadounidenses, con más los intereses y las sanciones que se establecieran en la presente ejecución. De otra parte, alegó que no resultaba aplicable en la especie lo prescripto en el art. 765 citado habida cuenta de que dicha disposición era una norma supletoria y, por lo tanto, no se aplicaba a los contratos en curso de ejecución, debiéndose honrar lo que las partes acordaron al momento de la celebración del negocio (v. fs. 355/356 vta., causa C. 122.537).
El juez de primera instancia desestimó las alegaciones invocadas por el accionado y, tras considerar que se encontraba acreditado el retardo culposo del deudor, intimó a este último para que en el plazo de cinco días diera efectivo cumplimiento al pago del saldo de precio y a la multa establecida en el fallo, bajo apercibimiento de fijar una sanción pecuniaria de cien pesos ($100) por cada día de retardo a partir de la mora (v. fs. 394 y vta., fecha 29-VIII-2016, causa cit.).
Frente a este modo de decidir, Osvaldo Carlos D'angelo interpuso recurso de apelación y José Nicolás Mainelli recurso de nulidad y apelación en subsidio (v. fs. 397 y vta. y 399, causa cit.).
Elevados los autos a la Cámara, la Sala interviniente advirtió que la cuestión principal tratada en la resolución puesta en crisis había sido introducida por las partes en las presentes actuaciones -"D'angelo, Osvaldo Carlos contra Mainelli, José Nicolás. Ejecución de sentencia"- las cuales se encontraban en plena sustanciación y en las que aún no se había dictado pronunciamiento. En razón de ello pospuso el tratamiento de las cuestiones planteadas hasta tanto se dictara sentencia de mérito en la ejecución (v. fs. 424 y vta., fecha 2-II-2017, causa cit.).
II. Paralelamente, en el presente trámite de ejecución de sentencia el demandado opuso las defensas de falsedad de la ejecutoria y pago, reiterando lo expresado en el juicio de escrituración en su presentación del 20 de noviembre de 2015 en torno a las sumas ofrecidas en pago y el depósito efectuado, dejando planteada -a todo evento- la imprevisión, en los términos del art. 1.091 del Código Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 83/84).
El magistrado de origen rechazó las excepciones opuestas y la imprevisión planteada, mandando llevar adelante la ejecución por el capital reclamado de veinticinco mil ochocientos setenta y cinco dólares estadounidenses (USD 25.875), con más los intereses que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones en dicha moneda desde la mora hasta el efectivo pago. Asimismo, dejó establecido que el ejecutado podía liberarse dando el equivalente en la moneda de curso legal, según el tipo de cambio oficial del día de pago (v. fs. 101/102).
Esta decisión, a su vez, fue apelada por ambas partes (v. fs. 103 y 105).
III. En suma, en virtud de los recursos interpuestos contra la resolución de fs. 394 y vta. y lo decidido a fs. 424 y vta. del juicio de escrituración y a fs. 101/102 de las presentes actuaciones, la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mercedes, tras advertir que los planteos puestos a consideración por las partes en uno y otro trámite guardaban similitud, juzgó que por razones de buen orden y economía procesal correspondía proceder al dictado de una sentencia única (v. fs. 136 vta.).
Así las cosas, abocado el Tribunal de Alzada al tratamiento de la totalidad de las cuestiones planteadas, resolvió -en lo que aquí interesa destacar- confirmar el rechazo de la defensa de pago total dispuesta y revocar la parcela de la decisión consistente en la posibilidad del deudor de liberarse dando el equivalente en la moneda de curso legal. Asimismo, dejó sin efecto la intimación y la sanción pecuniaria dispuesta a fs. 394 del expediente de escrituración (v. fs. 135/143).
IV. Ahora bien, conforme emerge de la reseña efectuada en los antecedentes, arriban a conocimiento de esta Corte dos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos en sendas causas, los que en virtud de portar idéntico desarrollo argumental -reitero- serán tratados de manera conjunta y serán considerados como un único carril de revisión.
Aclarado ello, corresponde ingresar en el examen de la impugnación intentada a fs. 156/167 -que ha de tomarse como guía para el análisis- mediante la cual el demandado alega que se han vulnerado los arts. 34 del Código Procesal Civil y Comercial; 509 del Código Civil; 725, 729, 765, 868, 870, 886 y 1.091 del Código Civil y Comercial. Denuncia, asimismo, la violación del principio de congruencia. Hace reserva del caso federal (v. fs. 156/167 y 448/459, expte. ppal.).
V. Adelanto aquí que -en mi opinión- el recurso no puede prosperar.
V.1. De manera liminar, es necesario dejar sentado, en virtud de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación a partir del 1 de agosto de 2015 (ley 26.994, texto según ley 27.077, B.O. de 19-XII-2014), el plexo normativo en que habrá de resolverse la cuestión planteada, en razón de que su art. 7 dispone que "a partir de su entrada en vigencia las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes...".
En el caso, nos encontramos en el marco de una demanda por cumplimiento contractual y escrituración en relación a un negocio celebrado el 24 de agosto de 2007, habiéndose dictado sentencia -firme y consentida- por la cual se condenó al accionado a otorgar la escritura traslativa de dominio y a abonar el saldo de precio de venta, esto es, la suma de veinte mil quinientos dólares estadounidenses (USD 20.500), con más la multa allí establecida, dentro de un plazo de veinte días (v. fallo de 23-IX-2013, fs. 270/284 vta., expte. de escrituración). Por otra parte, arriba indiscutido a esta Sede extraordinaria que el 26 de septiembre de 2013 el accionado fue notificado de esta decisión (v. cédula: fs. 285, causa cit.) y que, ante el incumplimiento de la referida manda judicial, el actor inició la presente ejecución de sentencia (v. libelo de inicio: fs. 42/44, de 17-IV-2015).
Tal como puede apreciarse, toda vez que el incumplimiento de la obligación convenida así como de la condena recaída en autos se produjo bajo el régimen del Código Civil, ley 340, la cuestión traída a debate debe examinarse a la luz de sus disposiciones. Ello así pues la ley aplicable para examinar la responsabilidad que surge de un contrato es la vigente al momento del incumplimiento, sin perjuicio de que los efectos producidos o que se produzcan con posterioridad a la vigencia de la nueva ley queden atrapados en ella (conf. Kemelmajer de Carlucci, Aida; La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones jurídicas existentes , Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015, págs. 93 y sigs.; Segunda Parte, ob. cit., págs. 230 y sigs.).
V.2. Determinada la normativa aplicable al caso, corresponde ingresar en el análisis de la cuestión de fondo traída a debate consistente en los efectos del pago ofrecido por el demandado, cuyo depósito fuera efectuado a fs. 353 de la causa de escrituración.
Adentrándonos ya en el examen del tópico, es preciso recordar que para que el pago tenga efectos extintivos deben concurrir los requisitos en cuanto a las personas, objeto, modo y tiempo. De no ser así, el acreedor no está obligado a aceptar el ofrecimiento de pago de su deudor y, por ende, su negativa a recibirlo resulta legítima (conf. doctr. art. 757, Cód. Civ.).
En lo que aquí interesa destacar, el pago, para ser eficaz, ha de respetar los principios de identidad e integridad. El acreedor no está obligado a recibir el pago de algo distinto a lo debido, ni de algo incompleto (conf. arts. 725, 740, 742 y 758, Cód. Civ.).
V.3. En concordancia con los lineamientos expuestos, el Tribunal de Alzada advirtió que correspondía dilucidar si con el ofrecimiento y puesta a disposición del actor de la suma de pesos equivalente a los dólares estadounidenses que restaban abonar al demandado se había dado cumplimiento en debida forma a la condena de abonar el saldo de precio y la multa establecida en la sentencia (v. fs. 140).
En dicho trance, recordó que el pago debía hacerse el día del vencimiento de la obligación. En caso contrario, se deberían los intereses correspondientes que, en este juicio de ejecución, fueron solicitados en el escrito de inicio (v. fs. 43; 140).
En tal sentido, juzgó que resultaba indudable que el intento -fallido- de pago efectuado por el demandado, tanto al momento de concurrir a la escribanía para suscribir la respectiva escritura de compraventa como al de realizar el depósito de autos, fue efectivizado una vez transcurrido el plazo fijado para el cumplimiento de la condena. Es decir, cuando el demandado ya había incurrido en mora (v. fs. 140 vta.).
Por lo expuesto, subrayó que el deudor para cumplir debidamente con su obligación (art. 509, Cód. Civ.) debió haber abonado, además del capital de condena, los intereses moratorios correspondientes, extremo que no ocurrió. Por lo que el pago incoado no fue íntegro (v. fs. 140 vta. y 141).
Así las cosas, concluyó que resultaba atinada la oposición formulada por el actor a recibir el pago ofrecido, por considerarlo tardío e insuficiente, ya que no se encontraba obligado a recibir una prestación distinta a la debida (v. fs. 141).
Finalmente, revocó la sentencia de fs. 101/102 en cuanto había dispuesto la posibilidad del accionado de liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal según el tipo de cambio oficial al día de pago, tras advertir que esta opción contemplada en la norma del art. 765 del Código Civil y Comercial no era de orden público y, por lo tanto, no resultaba aplicable al caso (conf. art. 766, Cód. Civ. y Com.; fs. 141 vta.).
V.4. Frente a estos sólidos fundamentos, el ejecutado aduce que el rechazo de la defensa de pago total resultó injusta e ilegítima (v. fs. 157).
V.4.a. En tal sentido arguye que, desde el dictado del pronunciamiento en el juicio por escrituración, no fue intimado ni debía accesorio alguno. Sostiene que al momento del ofrecimiento del pago no se encontraba iniciada la presente ejecución, habiendo ofrecido la totalidad del precio adeudado y la multa establecida por sentencia firme. En dicho entendimiento, afirma que la imposición de intereses moratorios vulnera el principio de congruencia y lo decidido a lo largo del presente proceso (v. fs. 157 y vta.).
No le asiste razón al quejoso.
En primer lugar, de la mera lectura de las actuaciones se advierte -contrariamente a lo aseverado por el impugnante- que el pago fue efectuado mucho tiempo después de haber vencido el plazo para hacerlo (v. notificación sent.: 26-IX-2013, fs. 286 y vta.; depósito judicial: 21-XII-2015, fs. 353; inicio de la ejecución: 16-VI-2015, fs. 42/44); circunstancia que trae aparejada -como lógica consecuencia- el devengamiento de intereses. De ello cabe colegir que para que el ofrecimiento de pago pudiera reputarse con efectos extintivos el demandado debió haber ofrecido el capital de condena, con más los intereses debidos por el retardo en el cumplimiento de su obligación.
En efecto, los intereses moratorios tienen una fuente distinta del monto reconocido en la sentencia de escrituración: mientras que -en el caso- la obligación de abonar el saldo de precio originalmente pactado con más la multa reconocen por causa el incumplimiento contractual primigenio, la obligación de pago de intereses, que corresponde adicionar a dicho capital, responde a otro hecho perjudicial que, eventualmente, ha de seguirle: la no asunción en tiempo y forma de lo ordenado por medio de la manda judicial. Así, los intereses hacen a la productividad que se ha frustrado a raíz de permanecer impago el capital adeudado (conf. similar sentido causas C. 101.774, "Ponce", sent. de 21-X-2009; C. 100.375, "Quadrana", sent. de 25-XI-2009; e.o.).
A ello cabe agregar que si bien la sentencia que aquí se ejecuta condenó a integrar el saldo del precio de venta con más la multa, sin determinar un accesorio para el caso de incumplimiento, lo cierto es que fijó un plazo de veinte días para abonar la referida suma y una vez iniciada la presente ejecución -luego de dos
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.