Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 165200
REGISTRO N ° 100-S FOLIO N° 518/24
Expte. N º 165.200 Juzgado de Familia N ° 4
//En la ciudad de Mar del Plata, a los 7 días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: " P. A. L. C/ V. A. D. S/ EJECUCIÓN DE SENTENCIA ". Habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó del mismo que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto José Loustaunau y Ricardo Domingo Monterisi.
1. ¿Es justa la resolución de fs. 149/150?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION EL SR. JUEZ DR. ROBERTO JOSÉ LOUSTAUNAU DIJO :
I. En el auto atacado, el a quo hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por el alimentante, en relación a las cuotas alimentarias reclamadas desde noviembre de 2008 hasta el mes de febrero de 2015, y alegó que la actora tuvo tiempo suficiente para ampliar temporáneamente el reclamo inicial o interrumpir la prescripción en curso de manera fehaciente de las cuotas que se iban devengando, por lo que no resulta un argumento atendible el desconocimiento del paradero del alimentante, dado que en último caso, el acto procesal relevante a los fines de su interrupción era la presentación de la ampliación y no la notificación del demandado, cuestión que podría haberse demorado hasta tanto se lo localizara.
El pronunciamiento es apelado por la actora a través de presentación electrónica de fecha 13/8/2018, y fundado el 26/10/2018, ambos presentados electrónicamente. El recurso es contestado a través de la presentación electrónica del 6/11/2018.
II. Sostiene el recurrente que la resolución atacada causa un gravamen irreparable, pues no le reconoce el legítimo derecho a las cuotas alimentarias devengadas entre los años 2008 a 2015, por un importe de $ 375 mensuales, tal lo acordado entre las partes en el año 2007 y posteriormente homologado.
Afirma que, después de muchos años sin tener noticias ni poder localizarlo, a principios de 2017 le informaron que el Sr. V. residía en Entre Ríos y trabajaba en la Afip y, por ello, solicitó que se oficiara al Organismo para que denunciara su domicilio, y éste comunicó que se encontraba viviendo en la ciudad de Balcarce. Alega que le notificaron los períodos adeudados hasta la fecha de presentación, de los que tuvo conocimiento por haber suscripto el acuerdo homologado en base al que se promovió la presente ejecución.
Explica que el demandado no sólo se desentendió de su hija desde que era un bebé, sino que, además, se encargó de evadir todos los intentos de su parte para localizarlo, y que aún cuando se encontraba a pocos kilómetros de esta ciudad y tenía solvencia económica para afrontar sus obligaciones decidió mantenerse oculto e incumplir sistemáticamente con la cuota alimentaria de su hija.
Manifiesta que el 17/10/2017 el a quo rechazó el planteo de prescripción deducido por el accionado, ya que por tratarse de un acuerdo homologado, la única excepción procedente sería la de pago documentado, agregando que, al resolver el recurso de apelación, este Tribunal dispuso que aquélla debería ser tratada en primera instancia y, 10 meses después, con una fundamentación escueta, cambió radicalmente su criterio y la admitió.
Señala que no puede presumirse su falta de necesidad, pues no se trata de un juicio de alimentos ni del inicio de una ejecución de cuota alimentaria. En este caso hay un acuerdo homologado, con una ejecución iniciada, y un padre que nunca ejerció sus deberes como tal; que cambiaba de trabajos -sin registrar- y de lugares de residencia para no ser localizado; que posteriormente, a raíz del embargo sobre sus haberes, se presentó a oponer la prescripción, preguntándose si ante estas conductas corresponde beneficiarlo.
Destaca que para que opere la prescripción liberatoria se requiere la pasividad del acreedor, situación que aquí no se configuró ya que su parte hizo muchos intentos para cobrar los alimentos que el obligado nunca abonó y afrontó gastos para tratar de ubicarlo; que además de iniciar esta ejecución, promovió un incidente de aumento de cuota alimentaria en 2009 y efectuó una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, realizando presentaciones en 2009, 2011 y 2012, sin poder notificarlo.
Entiende que tales conductas revelan la voluntad inequívoca de conservar y mantener la vigencia de su derecho, toda vez que, en el caso, el obstáculo se configuró por la imposibilidad de localizarlo, ya que perdió todo contacto con él y recién en 2016 se enteró que trabajaba para la Afip, dato que le permitió obtener su domicilio.
Plantea que, en la actualidad, el demandado continúa sin pagar voluntariamente los alimentos y fue necesario solicitar una retención directa de sus haberes, reiterando que la cuota es de $ 375 mensuales, y que el Sr. V. nunca se hizo cargo de sus obligaciones como padre y ahora pretende ser beneficiado por su comportamiento, por haberse “escondido bien” y haber evadido la acción de la justicia durante todo este tiempo. Por ello, pide que se rechace la excepción de prescripción articulada por el accionado.
III. Tratamiento del recurso .
1. De los antecedentes de la causa se desprende que, el 14/10/2008 , la Sra. P. promovió la ejecución de los alimentos acordados -de $ 375- con el demandado el 29/6/2007 (homologado el 18/7/2007), quien incumplió con el pago de los alimentos de su hija, desde diciembre/2007 a la fecha. Solicitó que se trabara embargo sobre los haberes que éste percibía como supervisor de ventas de Movistar por la suma de $ 4.125, y su inscripción en el Registro de deudores alimentarios morosos (v. fs. 12/17).
- A fs. 19 el alimentante fue intimado a abonar los alimentos adeudados a octubre de 2008 ($ 4.125), en los términos de los arts. 500, 502 y 645 del CPC (la cédula fue devuelta sin diligenciar porque en el domicilio denunciado desconocían al requerido).
- A fs. 21, la actora denunció que el accionado trabajaba para la firma Open Sport como auditor, y reiteró el pedido de embargo sobre sus haberes en la proporción de ley, hasta cubrir el monto reclamado. Se difirió el proveimiento de lo peticionado, hasta que el Sr. V. fuera notificado fehacientemente (v. fs. 22).
- A fs. 23 la Sra. P. solicitó que se librara nueva cédula, bajo responsabilidad de parte, cuya constancia obra a fs. 25, informando vecinos del lugar que el demandado se había mudado -aproximadamente- hacía un año.
- A fs. 26, la progenitora requirió nuevamente el embargo de los haberes, que fue decretado a fs. 27 por la suma de $ 4.125, más $ 825 para intereses y costas (el 26/6/20098).
- A fs. 30, la empleadora Open Sport comunicó que V. tenía 4 embargo de haberes recibidos con anterioridad, por lo cual éste quedaría en espera hasta finalizar los que tenía en curso (4/8/2009).
- En su escrito de fs. 32/33, la actora pidió que el porcentaje de embargo de sueldo se ampliara al 40%, pues el límite no se aplicaba a las cuotas alimentarias.
- La resolución de fs. 34/35 -del 10/9/2009- desestimó lo peticionado, ya que el objeto de la presente era reintegrar lo efectivamente sufragado para cubrir las necesidades de su hija ante el incumplimiento del progenitor. La revocatoria con reconsideración en subsidio deducida por la Sra. P. fue rechazada el 15/12/2009 (v. fs. 40/43).
- En marzo de 2011 la accionante requirió la desparalización del expediente, y a fs. 48/49 solicitó embargo de la cuota alimentaria fijada en favor de su hija , y denunció el domicilio del progenitor. Alegó que desde diciembre de 2007 a la fecha 14/4/2011 , el demandado no había abonado los alimentos acordados, y no obstante haberse decretado el embargo sobre sus remuneraciones, en razón de los 4 anteriores, no había podido ser efectivizado. Por ello, pidió que se ordenara a la empleadora la retención directa de la prestación alimentaria de $ 375 , y que se ampliara el porcentaje del embargo al 40%.
- A fs. 50 se proveyó: estése a lo dispuesto a fs. 34 y 43, erróneamente y sin advertir que lo peticionado no era -como en aquella oportunidad- el embargo correspondiente a los alimentos atrasados, sino la cuota alimentaria establecida para la hija menor de edad, con la que el Sr. V. nunca había cumplido .
- En octubre de 2016, la actora solicitó la desparalización del expediente, y a fs. 53/54 se refirió al incumplimiento del progenitor en el pago de los alimentos, lo que motivó el inicio de la presente ejecución por la suma de $ 4.125 (diciembre/2007 a octubre/2008). Señaló que ampliaba los posteriores períodos adeudados, pues a pesar del tiempo transcurrido, la prestación alimentaria nunca había sido abonada.
Reclamó de noviembre/2008 a diciembre/2016 (98 meses x $ 375 = $ 36.750), y explicó que no se pudo efectivizar el embargo; que jamás se conoció un empleo registrado de V.; que adeudaba $ 40.875 ($ 4.125 + $ 36.750), reiterando que nunca cumplió con las cuotas atrasadas ni con la establecida para la hija; que durante todos estos años no tuvieron noticias suyas ni pudieron localizar su paradero; que hace poco tiempo se enteraron que se encontraría trabajando en una repartición de la Afip en Entre Ríos, y solicitó que se trabara embargo sobre el 35% de sus haberes, hasta cubrir la suma de $ 4.125, más lo que se presupuestara para intereses y costas.
- A fs. 55 se intimó al accionado a abonar los alimentos fijados en los autos principales, por el período noviembre/2008 a diciembre/2016, dentro del plazo de 5 días y/o a acompañar la documental que acreditara el eventual pago que pudiera alegar, conforme a la liquidación practicada.
- A solicitud de la actora (que indicó que en 2009 se había decretado embargo ejecutorio por $ 4.125, más $ 825, pero no se pudo hacer efectivo, y encontrándose firme y notificado el demandado, requería que la medida cautelar se dispusiera sobre el 35% del sueldo), se ordenó librar oficio a la empleadora a los mismos fines y efectos que el dispuesto a fs. 27 (embargo del 26/6/2009) (v. fs. 56 y 57).
- Al contestar el oficio, la Afip adjuntó informe con los datos relacionados con el Sr. V., y comunicó que era agente del Organismo y prestaba servicios en Balcarce, indicando su domicilio en esa localidad (v. fs. 84/86).
- A fs. 88/89 la actora amplió los períodos adeudados correspondiente a los meses de enero a julio/2017 ($ 2.625), es decir, que la deuda ascendía a $ 39.375 ($ 36.750 + $ 2.625). Solicitó embargo del 35% del sueldo.
- A fs. 90 se tuvieron por ampliados los períodos que se denunciaron adeudados y el alimentante fue intimado en los términos del art. 645 del CPC.
- A fs. 94/95 se presentó el demandado y opuso excepción de prescripción en relación a todos los períodos anteriores a dos años (a febrero de 2015), contados desde la presentación del 6/2/2017, fecha en la que fue intimado. Alegó que la Sra. P. reclamó por primera vez los alimentos atrasados, sin hacerlo antes de esa fecha, y refirió que la cuota alimentaria se encuentra alcanzada por el plazo de prescripción -de 2 años- previsto en el art. 2562 inc. “c” del CCyC.
- En la resolución de fs. 104, el a quo expresó que la única excepción admisible en la etapa de ejecución de sentencia de un acuerdo homologado, es la de pago documentado. Por ello, encontrándose debidamente intimado, amplió el embargo ejecutorio de fs. 27 sobre los haberes del alimentante por la suma de $ 39.375 más $ 7.800 para intereses y costas, y dispuso que se notificara al empleador y su inscripción en el Registro de deudores alimentarios morosos.
- Apelada la resolución por el demandado, este Tribunal admitió el recurso y dispuso que el a quo debía resolver la excepción de prescripción opuesta por el Sr. V. (v. fs. 132/133).
-En el decisorio de fs. 149/150, del 10/8/2018, el Juez de primera Instancia hizo lugar a la excepción articulada y declaró prescriptas las cuotas alimentarias reclamadas desde noviembre de 2008 hasta febrero de 2015, señalando que la actora tuvo tiempo suficiente para ampliar temporáneamente el reclamo inicial o interrumpir la prescripción en curso de las que se iban devengando.
2. De los antecedentes reseñados se desprenden algunas cuestiones que deben ser objeto de consideración.
Veamos. Con la promoción de la presente ejecución -el 14/10/2008 -, la actora efectuó el primer reclamo de los alimentos atrasados, acordados con el demandado -el 29/6/2007 - en $ 375 mensuales, y pidió el embargo sobre el sueldo que percibía como supervisor de ventas de Movistar, por la suma de $ 4.125.
Se advierte, también, que en el transcurso de las actuaciones, la Sra. P. realizó las diligencias necesarias no sólo para notificarlo de la intimación a abonar las sumas adeudadas, sino también para efectivizar la traba del embargo ordenado en junio de 2009, por $ 4.125 más $ 825 para intereses y costas, sobre los haberes que, en ese momento, cobraba en Open Sport (aunque la firma comunicó que el embargo quedaría en espera hasta que finalizaran los 4 embargos anteriores).
No cabe duda que los permanentes cambios de domicilio y de trabajo hicieron que tales diligencias resultaran infructuosas y, consecuentemente, impidieron que el alimentante fuera fehacientemente anoticiado, sin perjuicio de que, en razón de los deberes-derechos derivados de la responsabilidad parental sobre su hija menor de edad y del acuerdo que había suscripto con la actora, no podía ignorar los alcances de la obligación alimentaria que sobre él pesaba y con la que nunca cumplió.
3. Cabe destacar que el tiempo no es un elemento neutral en el ordenamiento jurídico; no lo es en las relaciones fundadas en el derecho común, menos aún en las relaciones jurídicas ancladas en la vida familiar. El paso de los días, meses o años consolida situaciones personales, sociales y familiares, y afianza derechos (...) Pero también los atenúa, debilita, o incluso aniquila en aras de la seguridad jurídica o la paz familiar, como sucede -entre otros- con la prescripción (…) La problemática involucra un tema de hondo contenido social pues se trata de determinar hasta qué punto el transcurso del tiempo afecta los derechos del acreedor de alimentos, haciéndole perder la posibilidad de reclamar el pago de los atrasos (argto. KEMELMAJER de CARLUCCI, Aída y MOLINA de JUAN, Mariel F., “Prescripción de la acción para reclamar alimentos fijados en sentencia”, pub. en La Ley 27/8/2014,6 – La Ley 2014-E, 121. Cita Online: AR/DOC/2931/2014).
En este lineamiento, si bien es cierto que el artículo 4027 inc. 1° del Código Civil dispone que se prescribe por cinco años la obligación de pagar los atrasos de pensiones alimenticias, en relación a las cuotas que han sido ya fijadas por una sentencia firme es aplicable la prescripción liberatoria decenal ordinaria del art. 4023 del mismo código que corresponde a la "actio iudicati" (conf. arts. 4027 y 4023 del Cód. Civ.; CC0101 LP 251572 RSD-65-9 del 05/05/2009).
Se ha sostenido que el debate planteado respecto a la prescripción de los alimentos fijados en una sentencia forma parte de uno más general, cual es, el de si el plazo de prescripción especial cambia al general cuando el crédito (cualquiera sea, honorarios, alquileres, accidentes de tránsito, etc.) ha sido reconocido en una sentencia que ha pasado en autoridad de cosa juzgada, tal como lo sostiene en nuestro país la doctrina y jurisprudencia mayoritaria (KEMELMAJER, op. cit.).
Para la posición -a la que adhiero- que afirma que el plazo para ejecutar los alimentos fijados por sentencia es el ordinario (antes decenal, hoy quinquenal) la norma especial resulta aplicable a las cuotas fijadas por convenio (no homologado judicialmente) más no a las estipuladas en una sentencia (condenatoria u homologatoria de un acuerdo, a las que se aplica la regla general de la prescripción de la llamada actio iudicati .
Entre otros argumentos, esta interpretación se compadece con el principio según el cual de dos o más posibles soluciones ha de estarse por la que preserva el derecho, y no por la que lo aniquila. Responde, también, a una interpretación integradora, pues la declamada y discutida especificidad, en los casos en que la cuota alimentaria encuentra amparo en una sentencia se diluye frente al régimen aplicable a la actio iudicati (…) La manera de interrumpir el curso de la prescripción de la "actio judicati" es ejercer actos que tiendan a hacer efectiva tal ejecutoria, o sea continuar adelante con el trámite de la ejecución de sentencia (argto. CNCiv., Sala C, 07/11/1989, L. L. 1990-D, 49 — DJ 1991-1, 988, en KEMELMAJER, op. cit.).
En definitiva, el convenio celebrado entre las partes -tal el caso aquí planteado- fue homologado, lo que le confiere la misma eficacia y efectos que una sentencia judicial. Por ello, una vez pronunciada la sentencia (u homologado un acuerdo), se gesta una situación que origina la acción conocida como actio judicati , orientada al cumplimiento de la decisión que es materia de cosa juzgada y cuyo plazo de prescripción es el ordinario del artículo 4023 del Código Civil, con total independencia del término prescriptivo menor que pudiere caracterizar a la acción originaria concluida por cualesquiera de esos actos procesales (argto. CC0002 SM 58836 RSD-71-7 del 13/03/2007). Ello, sin perjuicio de que, conforme al art. 2537 del CCyC, a partir del 1°/8/2015, se aplica el plazo ordinario de 5 años (conf. art. 2560 del CCyC), de lo que se sigue que, en este caso, la prescripción operaría en el año 2020.
4. Ahora bien, al analizar el cumplimiento de los presupuestos de la prescripción liberatoria, lo relevante es si se ha configurado la inactividad, la desidia o desinterés del titular del derecho.
Si bien el tiempo es un factor determinante en este instituto, tal como lo destaca Diez Picazo, hacer hincapié en el factor temporal “… es algo que no deja de contribuir a oscurecer el problema…”, sencillamente porque no es lo relevante en la prescripción sino que, lo que juega, es que el titular de ese derecho haya permanecido inactivo (DIEZ PICAZO, Luis, La prescripción en el Código Civil , Editorial Bosch, Barcelona, p. 24; DIEZ PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio, Instituciones de derecho civil , Editorial Tecnos, Madrid, p. 303 y sgtes.; esta Sala en causa N° 125.863 RSD-3-13 del 5/2/2013).
Es la falta de actividad, de ejercicio, lo que debe buscarse para poner en funcionamiento esta extinción de la acción con todas sus facultades o pretensiones (SPOTA, Alberto J., Tratado de derecho civil , Tomo I, Parte general, vol. 10, Editorial Depalma, p. 6; LLAMBÍAS, Jorge Joaquín, Tratado de derecho civil. Parte general , Editorial Perrot, Tomo II, p. 671; PIZARRO, Ramón D. y VALLESPINOS, Carlos G., Instituciones de derecho privado. Obligaciones , Tomo 3, Editorial Hammurabi, p. 656).
5. De esta manera, el espíritu de la ley exige que el acreedor haya demostrado el interés de ocuparse de su crédito y de mantenerlo vivo. Advierto que, en este caso, la actora promovió la presente ejecución de la sentencia homologatoria del acuerdo celebrado por las partes en 2007, a la que cabe conferir el efecto interruptivo previsto en el art. 3986 del Código Civil, ya que puso de manifiesto su intención de percibir las cuotas atrasadas e incumplidas por el Sr. V..
Asimismo, y a un mayor abundamiento, se observa que en el transcurso del proceso la progenitora realizó todos los intentos posibles para hacer efectivo su crédito. Denunció su domicilio (pero ya se había mudado un año antes), sus lugares de trabajo (Movistar y luego Open Sport) y solicitó el embargo del monto reclamado sobre sus haberes. El entonces Tribunal de Familia interviniente admitió la medida y la decretó, pero Open Sport decidió que ésta quedaría en espera hasta que finalizaran los 4 embargos anteriores. Un año más tarde -en 2009- reiteró el pe
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.