Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 167526
REGISTRO N ° 175-S FOLIO N° 933/940
EXPEDIENTE N° 167526 JUZGADO DE FAMILIA N ° 3
En la ciudad de Mar del Plata, a los16 días del mes de JULIO de 2019, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "PEDRERO MARIANA ALEJANDRA C/ SANCHEZ ROBERTO DANIEL S/EJECUCION DE SENTENCIA" , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1ra.) ¿Es justa la sentencia de fs. 141/143vta.?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo :
I. La sentencia dictada a fs. 141/143vta. viene a conocimiento de este Tribunal, con motivo del recurso de apelación deducido por el ejecutado a fs. 145/vta.
En lo que aquí interesa, la Sra. Jueza dispuso rechazar las excepciones de falta de legitimación activa, prescripción y pago parcial opuestas por el Sr. Roberto Daniel Sánchez; al tiempo que hizo saber a la ejecutante que conforme la aclaración formulada a fs. 116 pto. 3, debía readecuar el monto reclamado a los efectos del art. 500 del CPCCBA. Para así decidirlo, y en cuanto a la primera de las excepciones referidas, argumentó que aquélla no se encuentra prevista para el trámite de ejecución de sentencia.
En relación a la prescripción sostuvo que en el caso se aplica el plazo decenal previsto por el art. 4023 del Código Civil derogado.
Finalmente, respecto del pago parcial, señaló que el alimentado no está obligado a percibir pagos parciales y que su aceptación no implica renuncia a percibir el saldo del precio. Agregó que el reconocimiento de algunos pagos efectuados por el alimentante a la hora de detallar la deuda, la persuadían que en la instancia procesal oportuna, lo abonado debía descontarse de las sumas reclamadas. No obstante lo anterior, indicó que ha sido la propia actora quien al momento del inicio de la ejecución ha descontado los pagos efectuados conforme documental por ella anexada y por tanto excluídos de la suma intimada al obligado al pago, circunstancia por la cual la excepción planteada carecía de fundamento.
II. El ejecutado presentó su memorial a fs. 170/182, el que mereció la réplica de fs. 202/vta –declarada extemporánea a fs. 203-.
III. Síntesis de los agravios.
Se queja el apelante del rechazo de las excepciones de prescripción y de pago parcial (v. fs. 170vta.), pero argumenta el recurso impetrado solamente respecto a esta última, razón por la cual en relación a la desestimación de la primera el agravio se encuentra desierto por falta de crítica. Ello por cuanto únicamente puso de manifiesto su disconformidad con el decisorio atacado sin especificar claramente las razones y fundamentos legales que avalan su pretensión y en virtud de los cuales considera que la cuestión planteada fue incorrectamente resuelta (arts. 260 y 261 CPCCBA; esta Sala, en autos “Lagos, María Carolina c/ Rodríguez Sanmartino, Guillermo Daniel s/ Acción compensación económica” , expte. 162.340, sentencia del 6-9-2017).
En lo que hace a la excepción de pago parcial, reprocha la errónea valoración efectuada por la magistrada de la documentación acompañada motivo del juicio y la equivocada aplicación del art. 868 del CCyC.
En segundo lugar, tacha de arbitraria la sentencia por haberse efectuado una consideración superficial de los elementos de convicción arrimados al proceso, los que indica que la jueza valoró en forma parcial e incompleta (sic).
Por último se agravia de la errónea admisión de una reparación por cuotas atrasadas, y alega que ningún perjuicio se produjo a la ejecutante por cuanto de la documental adjuntada el impugnante sostiene que ha dado cumplimiento conforme “al verdadero convenio vigente entre las partes” (sic).
Sostiene que la colega de la instancia previa no ha valorado la documentación original acompañada por su parte de los pagos efectuados con la cual acreditara el cumplimiento de su parte de las obligaciones a su cargo conforme al acuerdo vigente.
Refiere que el convenio que se ejecuta fue suscripto por las partes de buena fe y a los fines de que aquélla y sus hijos obtuvieran la residencia en España, el que luego fue anulado de común acuerdo y firmaron otro en fecha 25-5-2004 que sí fue homologado por el Juzgado de Primea Instancia e Instrucción N° 3 de Ayamonte (Causa N° 318/04); Tribunal de Ayamonte y en el cual se pactara una cuota alimentaria para sus hijos Steven y Florencia de euros trescientos para cada uno hasta que arribaran a la mayoría de edad.
Señala que la accionante no acompañó la totalidad de los pagos efectuados con la finalidad de “(…) buscar un ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, buscando una sentencia condenatoria basada en falsedades y documentos Nulos y adulterados” (sic).
Alega que en la contestación de demanda dejó sentado que en el último convenio suscripto en Sevilla en fecha 25-5-2005 ante el escribano José Javier De Pablo Carrasco (conf. escritura N° 1128 aprobación y protocolización de convenio regulador) mediante el cual modificaron el convenio del 25-5-2004 y pactaron una nueva cuota alimentaria en la suma de doscientos euros para cada hijo, el cual cumplió a rajatabla hasta que se quedó sin trabajo. Indica que por tal circunstancia adeuda un número mucho menor al reclamado ($ 146.270,08). Aduce que lo acompañó en original y no fue desconocido por la contraria en ningún momento.
Por ello indica que la valoración efectuada por la jueza al momento de resolver la excepción de pago parcial no tuvo en cuenta la documentación relevante acompañada por su parte y de haberla considerada hubiera dado lugar a la excepción planteada.
En cuanto a la hija de las partes Florencia Sánchez, remarca que no sólo adquirió la mayoría de edad, sino que aquélla se encontraba residiendo en España con su parte desde abril de 2010. Además señala que durante todo el año 2010 siguió abonando la cuota por sus dos hijos, cuando solamente convivía con la progenitora Steven. Agrega que del acuerdo surge “mientras los menores residan con el padre, este será eximido de abonar manutención a la madre”.
Además agrega que antes de promover este juicio, inició un proceso contra la abuela paterna caratulado “Pedrero, Mariana Alejandra c/ Trinchín, Neci Susana s/ Alimentos” (expte. 46.366/2011), en el cual se le retienen de la jubilación a su madre la suma de $ 500, a pesar de que el aquí demandado cumplía con la cuota alimentaria durante esos años. Insiste en el enriquecimiento sin causa de la actora, por cuanto ejecuta el equivalente a 20 cuotas mensuales ($ 507.291,47) a partir del año 2009 hasta el año 2015, consignando como fecha tope el mes de junio de 2015; al tiempo que hace un detalle de cada cuota ajustada conforme al índice del Instituto Nacional de Estadísticas de España (IPC) de cada período, por un monto de euros cuatrocientos cincuenta por hijo.
En razón de lo anterior, sostiene que la Sra. Pedrero ha fraguado documentación pública y actuado sobre sus propios actos.
Pide se tenga en consideración la documentación acompañada jamás valorada que detalla a fs. 181vta./182, y en consecuencia se revoque la decisión impugnada y se haga lugar a la excepción de pago parcial planteada, con costas.
IV. Tratamiento del recurso.
Adelanto mi opinión, en el sentido que el recurso habrá de prosperar parcialmente.
1. En el caso bajo análisis, se debate cuál es el monto de la deuda pendiente de pago por el accionado en concepto de alimentos atrasados en favor de la Sra. Pedrero por haberlos solventado ella de su propio peculio en favor de dos de sus hijos (Florencia y Steven) -v. fs. 64-; ya que el nombrado si bien ha reconocido la existencia de mora en el pago, la diferencia habida entre ambas partes -en lo que aquí interesa-, se reduce al quantum de la cuota alimentaria a tomar como base para el cálculo. Ello por haberse suscripto tres convenios sobre la materia mediante los cuales las partes iban reduciendo dicha prestación. Y en cuanto a este aspecto, el demandado ha invocado como prueba de su excepción a los dos últimos.
2. Cabe tener presente que conforme lo autoriza el art. 2629 3° párr. del CCyC, la ejecutante hizo la opción de interposición de la presente demanda ante el juez del lugar de cumplimiento de la obligación; circunstancia consentida por la contraria. Por lo tanto, se han sometido a las normas procesales de nuestro ordenamiento jurídico interno, esto es el CPCCBA y los principios procesales vigentes sobre la materia.
En tal sentido, desde la óptica del Derecho Internacional Privado, y en lo que hace a la dimensión normológica, calificada doctrina autoral ha dicho que el Derecho Internacional Procesal “(…) se reconduce a una sola norma indirecta, que estatuye que todos los problemas procesales se regularán por el Derecho del Estado al que pertenecen los tribunales ante los cuales el proceso se tramita (lex fori)” (Goldschmidt, Werner, “Derecho Internacional Privado – Derecho de la tolerancia basado en la teoría trialista del mundo jurídico” , décima edición actualizada, Avellaneda, Abeledo Perrot, 2009, p. 823).
3. Sentado lo anterior, observo que el título cuya ejecución se pretende es el testimonio de la sentencia pronunciada en el exequátur que se tiene a la vista, mediante la cual se reconociera la sentencia homologatoria del 23-7-2004 dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N° 3 de Ayamonte, Huelva (España) en relación al acuerdo en el que -entre otras cuestiones- las partes pactaran alimentos (450 euros para cada hijo) y fuera celebrado el 26-4-2004.
En dicho convenio estipularon como cláusula tercera que “ ( …) ambos progenitores se comprometen a someter el acuerdo a aprobación judicial, sometiéndose expresamente a los Juzgados y Tribunales españoles” , lo que así hicieron, tal como lo sostuvimos en el párrafo anterior.
Advierto que el aquí ejecutado recién tomó conocimiento de la existencia del exequátur al momento de notificarse de la demanda promovida que diera inicio a la presente causa. Ello implica que no se ha dado cumplimiento con el traslado a aquél conforme el trámite de los incidentes que resulta de aplicación conforme a lo normado por el art. 516 2° párr..del CPCCBA –arg. art. 180 de dicho código ritual-; cuya única finalidad es dar la posibilidad de formular observaciones respecto a la forma, resultando inadmisible en dicho proceso la anticipación indebida de las excepciones del art. 506 del CPCCBA. Atento lo anterior, la sentencia en dicho expediente (18149/2008) ha sido dictada en forma prematura y por tanto no reunía el carácter de ejecutoriada al momento del inicio de la presente acción (art. 516 1° párr. CPCCBA).
Ello merece tres consideraciones esenciales: 1 °) no se han seguido regularmente las pautas establecidas para la conversión de la sentencia extranjera en título ejecutorio; 2 °) el accionado no ha articulado ninguna nulidad al respecto, por tanto dicho vicio ha quedado purgado (art. 170 CPCCBA); y 3 °) la citación de venta y el traslado conferido a los fines de oponer excepciones en este juicio ha sido la primer oportunidad procesal que tuvo el Sr Sánchez –y la aprovechó- para formular los planteos a los que se creía con derecho respecto del instrumento base de la deuda alimentaria (art. 18 C.N.).
4. El ejecutado no solamente ha denunciado el último acuerdo celebrado entre las partes en su primer presentación –escrito de oposición de excepciones-, sino que ha mantenido su postura en la primer audiencia celebrada ante el Consejero de Familia y en las subsiguientes, y agregado documental respecto de aquél. Asimismo ofreció prueba informativa para acreditar su autenticidad y pericial caligráfica y escopométrica (v. fs. 107/108vta. aparts. C) pto. 6 y D); 124). En esta última audiencia (fs. 124) denunció la existencia de documentación en poder de la Dra. Obreque, requerida en dicho acto por el Consejero de Familia e incorporada a la causa y puesta a disposición de los interesados a los fines de su debido contralor, no habiendo sido desconocida por la ejecutante (v. fs. 125/129; 130; 131). Vale señalar que la existencia de tales documentos ya había sido denunciada por el Sr. Sánchez a fs. 105vta./106, habiéndolos ofrecido como prueba documental en poder de terceros.
5. Destaco que corrido el pertinente traslado de las excepciones planteadas por aquél, la ejecutante ha reconocido expresamente la existencia del tercer pacto de fecha 5-5-2005 celebrado en Sevilla, que fuera alegado por el ejecutado como vigente al momento de verificarse el vencimiento de las cuotas que se reclaman –modificatorio de los anteriores: v. fs. 41/50 y 77/82-; y en el que se conviniera una cuota considerablemente inferior: 200 euros para cada uno. Asimismo admitió que en relación a este último instrumento, se arribó a la instancia de protocolización notarial en España (v. fs. 83/88, documental reservada acompañada con el escrito de fs. 127/128 –apart. 1, pto. 36- y fs. 114/115).
Lo anterior, pone de manifiesto que la Sra. Pedrero ya tenía cabal conocimiento a la hora de promover el exequátur (24-6-2008), también de que el segundo convenio de fecha 25-5-2004 había superado la instancia de homologación, acuerdo éste en el que la cuota pactada ya resultaba notablemente inferior (300 euros para cada hijo). Pues surge expresamente del tercer acuerdo, que era modificatorio de aquél (v. fs. 156/166).
De la cláusula TERCERA del último acuerdo, se desprende que ambas partes se comprometieron a “ su elevación a público y a someterlo a ratificación judicial una vez salvadas las urgencias del viaje a Argentina “ ; como así también que declararon expresamente “el carácter obligacional” (sic) de dicho convenio y a ratificarlo ante la autoridad judicial competente a instancia de cualquiera de los dos firmantes, unas vez superadas las anteriores dificultades. Esto último demuestra su manifestación expresa de darle operatividad automática o aptitud aplicativa inmediata entre ambas partes; situación que también reconoció la ejecutante a fs. 114vta. Igual compromiso habían asumido en el primer y segundo acuerdos mencionados (v. fs. 50 y 165, cláusula tercera 2° párrafo: “No obstante ello, el presente acuerdo será de obligado para las partes a partir del día de la fecha” ) .
En manera alguna puedo pasar por alto la conducta asumida por la ejecutante: reconoció la existencia del último convenio al que expresamente ambas partes le dieron carácter obligacional de manera automática, y ejecutó el primero que contiene un monto pactado sustancialmente elevado del comprendido en aquél. En supuestos como el que nos ocupa se ha sostenido que “ (..) El juez, al dictar sentencia, considerará la actitud de las partes como elemento de valoración, en especial cuando la decisión sea dudosa para el magistrado. Ante dicha situación, la parte que haya tenido una conducta omisiva, oclusiva (v. gr., destrucción de pruebas), hesitativa (v. gr., apartarse de la teoría de los actos propios) o mendaz, podrá verse perjudicada con la resolución a dictarse” (Leguisamón Héctor Eduardo, “La prueba en el proceso civil de la provincia de Buenos Aires” , Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2014, p. 414).
Por otro lado, en función de tal conducta desplegada por la nombrada, vale destacar que la buena fe como elemento integrador del objeto de la obligación “ ( …) está dentro del concepto mismo de obligación, pues constituye un elemento de vital importancia para calibrar y modular el objeto de esta última. Ella integra el contenido de la prestación debida y se erige en un instrumento de fundamental importancia para calibrar la ejecución prestacional, el cumplimiento, y en su caso, el incumplimiento” (Pizarro, Ramón D., “Reflexiones en torno al concepto de obligación y a su objeto en el nuevo Código Civil y Comercial”, SJA 30-3-2016, 1; cita online: APDOC/168/2016).
Parafraseando al citado autor, e l principio de la buena fe se concreta a través de tres vías fundamentales: 1 °) como parámetro hermenéutico en la interpretación, a efectos de arribar a una medida razonablemente justa, constituye un límite a la discrecionalidad del intérprete; 2 °) como criterio al cual debe sujetarse el ejercicio de los derechos subjetivos; 3 °) como tipo de conducta en base a la cual se establece el objeto de la obligación y su cumplimiento (art. 729 CCyC).
6. Por su parte, la Casación Bonaerense ha dicho que “(…) se destacan expresamente el respeto a los principios de buena fe y lealtad procesal (art. 706, CCC), ejes de todo el sistema jurídico (arts. 9 y 10, CCC). Y no caben dudas de que la realización de un acuerdo, aunque no haya sido homologado, demuestra que las partes estaban en condiciones de asumir aquello a lo que se comprometieron y esto es un dato de trascendencia a la hora de resolver. (…) Los convenios que las partes celebraron estableciendo una cuota demuestran lo que ambos, en un momento dado, consideraron razonable teniendo en cuenta la necesidad del alimentado y las posibilidades del alimentante. De manera que en caso de que posteriormente se pretendiese la fijación judicial de la cuota, debe tenerse en cuenta dicho monto considerado razonable por las partes (…) ”. (SCBA, C. 119.849, “P., C. c/ V.,L. alimentos”, sentencia del 4-5-2016).
Atento ello, el tercer y último convenio suscripto por ambas partes, que arribara a la instancia de protocolización notarial, con cláusula de operatividad automática, es plenamente eficaz. Y digo esto no solamente por las normas, doctrina y jurisprudencia reseñada, sino y a todo evento, porque idéntica solución cabría en la órbita del derecho extranjero invocado por la propia ejecutante. Pues, a diferencia de lo referenciado por ella, el art. 90 inc. inc. 2 4° párr. del Código Civil español, autoriza la vía de apremio no sólo desde la aprobación del convenio regulador, sino también desde el otorgamiento de la escritura pública.
Por lo tanto, pretender revertir lo pactado en este último, sin haber acreditado válidamente ningún vicio del consentimiento que amerite anular dicho acto jurídico (art. 260, 386 y ccdtes. del CCyC), sin más, configuraría convalidar una conducta que implica desdecirse de lo ya afirmado.
Como bien lo destaca Compagnucci de Caso “ la doctrina de los actos propios importa una barrera opuesta a la pretensión judicial, impidiéndose con ello el obrar incoherente que lesiona la confianza suscitada en la otra parte de la relación e impone a los sujetos un comportamiento probo en las relaciones jurídicas, no es posible permitir que se asuman pautas que susciten expectativas y luego se autocontradigan al efectuar el reclamo judicial” (Compagnucci de Caso, Rubén Héctor, “La doctrina de los actos propios y la declaración tácita de voluntad” , LLt. 1985 A, p. 10).
7. Ahondando aún más en la cuestión, la propia accionante ha denunciado que ha incurrido en un error involuntario al consignar los períodos reclamados por alimentos atrasados en relación a su hija Florencia y desistió de los períodos posteriores a agosto de 2010 (v. fs. 116 apart. 3).
Y por si esto fuera poco, ha habido una duplicidad de reclamos intentados por la Sra. Pedrero respecto del menor de los hijos –Steven-, ya que aparte de la ejecución del exequatur contra el progenitor de los alimentados, ha promovido una acción de alimentos contra la Sra. Trinchín (abuela paterna) –expte. 152113/2011- . En ese proceso se han fijado alimentos provisorios, los que se vienen reteniendo directamente de sus haberes derivados del beneficio de jubilación (conforme compulsa de los movimientos de la cuenta judicial n° 6102-5842716 en el sitio http://saldos.scba.gov.ar/movimientos.aspx ). Ello sin perjuicio de observar que la allí accionada no ha he
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