Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala I · Causa 72276
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la sentencia de primera instancia. Se imponen las costas a la demandada (art. 556 CPCC). Se difiere la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna (art. 31 de la ley arancelaria).
Causa Nº 72.276
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“BUSTAMANTE, BERTA AZUCENA C/ BUSTAMANTE, OSCAR S/ EJECUCIÓN DE SENTENCIA”
En General San Martín, se reúnen en Acuerdo Ordinario, de conformidad con los Acuerdos Extraordinarios Nº666/2008, 843/20 y 857/21, los señores Jueces que integran la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Martín, Dres. Carlos Ramón Lami y María Silvina Pérez Cuervo, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “BUSTAMANTE, BERTA AZUCENA C/ BUSTAMANTE, OSCAR S/ EJECUCIÓN DE SENTENCIA” y habiéndose practicado oportunamente el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código Procesal, resultó del mismo que la votación debía realizarse en el orden siguiente: Dres. Pérez Cuervo y Lami. El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1 ¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
2 ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión la señora Juez Dra. Pérez Cuervo dijo:
Dictada sentencia de trance y remate con fecha 23/6/2022, en la que además se desestima la excepción de pago opuesta, apela la parte demandada el día 1/7/2022.-
En su memorial, acompañado con fecha 15/7/22, expresa que los comprobantes por ella adjuntados en autos, correspondientes al pago de cánones locativos determinados en la sentencia del juicio principal, conjuntamente con los comprobantes de impuestos ABL, tasa municipal y mejoras sobre el 50% del condominio, constituyen pagos documentados a los efectos que sea admitida la excepción opuesta.-
Contesta agravios la actora el día 19/8/22, cuestionando la presentación de la contraria en los términos del art 260 del CPCC y manifestando la imposibilidad de la viabilidad de su petición en un proceso en el cual debe estarse a la ejecución de la sentencia dictada.-
Ahora bien, surge de las constancias de autos que, en los autos principales, que tramitan en el Juzgado Civil y Comercial N°1 departamental “Bustamante, Berta c/ Bustamante, Oscar s/ Fijación precio alquileres” (Expte.29796/2014) con fecha 14/3/2017 (ver certificación de la actuaria, tramite de fecha 21/4/21) se ha dictado sentencia, en la cual se ha condenado al aquí apelante, al pago de un canon de $2.739 a partir del mes de julio de 2010. Y practicada la liquidación (en los términos del art 501 de CPCC), la misma fue aprobada el día 1/10/18.-
En primer lugar, es dable destacar el proceso judicial que nos atañe (esta Sala en causas 45.007, 54.826, entre otras) dado que, “el ámbito de ejecución de la sentencia se circunscribe como norma al cumplimiento de los actos de ejecución forzada tendientes a obtener la satisfacción de la obligación, actuando así los efectos de la sentencia pronunciada en el proceso de conocimiento y la ejecución debe llevarse a cabo en los términos de ésta, ya que no es más que la materialización de lo resuelto en el pronunciamiento que lo origina, al que no puede enmendar ni ampliar pues lo desnaturalizaría, a la vez que alteraría los efectos de la cosa juzgada (art. 497 del CPCC)”.-
Debe destacarse que en el art. 504 del CPCC se prevé la posibilidad de interponer una defensa de pago, demostrando el ejecutado que ha abonado de manera total o parcial el pago que se le reclama, ante la solicitud de la ejecución en el pago de una deuda.-
Con respecto a ello, el demandado no ofrece o acompaña recibos de pago de los cánones locativos adeudados, sino que adjunta facturas que habría abonado a ARBA, servicios de tasas municipales TSG (tasa de servicios generales), mejoras realizadas en el inmueble que posee en condominio con la actora, etc.-
Estos “pagos” realizados por el demandado, no constituyen un pago documentado al cual refiere la ley, ya que para que se considere como la realización de un pago total, para la procedencia de la defensa de pago como excepción, debió haber sido efectuado cuando el demandado no se encontraba en mora, en tanto para que libere al deudor, debe traducir el cumplimiento exacto de la obligación a su cargo y debió referirse a un pago de canon efectuado a su condómina.-
No se ofrece siquiera prueba de pago de los alquileres adeudados, por lo cual no puede evaluarse la excepción opuesta. Sumándose a ello que al oponer la excepción (12/4/2022), lo que plantea al referir al “pago parcial documentado y total a verificar con la prueba pericial”, es que no le han sido reintegrado por la contraria, los gastos realizados para la conservación del inmueble, mano de obra, pago de materiales y mejoras realizadas, acompañando facturas de lo abonado a tal fin.-
Bajo la titulación de excepción de pago, el demandado introduce una petición diferente, que consiste, como lo mencionara en su memorial, en el reintegro de los gastos realizados en el bien objeto de autos, lo cual sería pertinente encauzar en la acción judicial que considere adecuada.-
En cuanto a las costas, deben imponerse a la parte demanda, dado que la actora, quien contaba con una sentencia a su favor, se vio en la necesidad de iniciar un pleito en sede judicial a los efectos de perseguir su cumplimiento (art. 556 del CPCC).-
Por los fundamentos expuestos, a la primera cuestión, y con los alcances dados, voto por la afirmativa.-
El señor Juez Dr. Lami, votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.-
A la segunda cuestión la señora Juez Dra. Pérez Cuervo dijo:
Atento el resultado de la votación a la cuestión anterior, corresponde confirmar la sentencia de primera instancia, imponer las costas a la demandada (art. 556 CPCC) y diferir la regulación de honorarios para la etapa oportuna (artículo 31 de la ley arancelaria).-
Así lo voto.-
El señor Juez Dr. Lami, votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto, se confirma la sentencia de primera instancia. Se imponen las costas a la demandada (art. 556 CPCC). Se difiere la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna (art. 31 de la ley arancelaria). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.-
Firmas
Funcionario Firmante: 02/03/2023 13:35:07 - LAMI Carlos Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/03/2023 09:00:24 - PEREZ CUERVO Maria Silvina - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/03/2023 09:02:50 - LLAMBIAS Martin Arnaldo - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 03/03/2023 09:52:26 hs. bajo el número RS-20-2023 por LLAMBIAS MARTIN ARNALDO.
Fin de la sentencia