Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 127460
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar la queja traída por encontrarse insuficientemente fundada (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812; 292, CPCC) y 2) declararla inoficiosa a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967).
C. 127.460 "MENEGOZZI HUGO DARÍO C/ MENEGOZZI ALBERTO CLAUDIO S/ EJECUCIÓN DE SENTENCIA S/ QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA"
I. La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Martín rechazó la queja interpuesta por Silvina Elisabeth Salinas por la apelación denegada frente al pronunciamiento que -en lo que ahora interesa destacar- desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva por no encontrarse prevista dicha defensa en el trámite de ejecución de sentencia (v. resol. de 22-VIII-2023).
Ante tal decisión, la interesada interpuso recurso extraordinario de nulidad y otro que denominó "recurso extraordinario de arbitrariedad", los que fueron denegados (v. resol. de 1-XII-2023). Para así decidir, el Tribunal de Alzada señaló que el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires prevé tres recursos extraordinarios a través de los que esta Suprema Corte ejerce el control casatorio, por lo que no encontrándose la vía extraordinaria "de arbitrariedad" contemplada en el ordenamiento adjetivo, correspondía su rechazo. Respecto del recurso extraordinario de nulidad expuso que el carril impugnativo debía desestimarse con fundamento en la falta de definitividad del auto impugnado (v. resol. cit.). Ello motivó una queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 10-XII-2023).
II. Al respecto, y sin perjuicio de otras observaciones que también podrían efectuarse, se impone señalar que esta Corte reiteradamente ha sostenido que para cumplir con la exigencia del art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial, la impugnante debe atacar los fundamentos que diera la Cámara para desestimar los remedios incoados, a fin de que la presentación tenga la suficiencia necesaria para ser considerada por este Tribunal (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812; 292, CPCC; conf. doctr. causas C. 124.202, "Artico", resol. de 25-XI-2020; C. 124.485, "Rivas", resol. de 2-III-2021; C. 125.309, "Alsina", resol. de 10-VIII-2022 y C. 126.150, "Cons. Prop. Ed. Entre Ríos 1951", resol. de 9-II-2023).
En el caso, la recurrente no cumple con la carga técnica aludida, desde que en su presentación omite rebatir de manera específica y contundente los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada en la resolución denegatoria.
Así, en la vía directa traída la parte soslaya toda referencia a lo señalado por la Cámara respecto de cuáles son los carriles impugnativos previstos en el ordenamiento procesal local. Tampoco relaciona su impugnación a alguno de ellos. En tal sentido, cabe recordar que, conforme ha sostenido esta Corte en reiteradas oportunidades, la queja prevista en el art. 292 del Código de rito sólo procede contra las resoluciones de las Cámaras de Apelación por las que se deniegan o declaran desiertos los remedios extraordinarios reglados por los arts. 278, 296 y 299 del Código ritual referido (conf. doctr. causas C. 123.484, "Ardal S.A.", resol. de 23-IX-2020; C. 124.689, "Abel", resol. de 10-III-2021 y C. 126.722, "De Leo", resol. de 14-XI-2023).
En el caso, se aprecia que los argumentos expuestos en el recurso de hecho sobre la denegatoria del pretendido "recurso extraordinario de arbitrariedad" no se orientan a rebatir las razones del pronunciamiento impugnado. En tales condiciones, las manifestaciones vertidas insistiendo en la procedencia del carril impugnativo, que, además, no se fundan -en su desarrollo- en ningún precepto del digesto adjetivo provincial, resultan inadmisibles y conducen sin más a la desestimación de la queja incoada (v. escrito electrónico de 10-XII-2023).
Por otra parte, con relación al motivo en el que se fundara el rechazo del recurso extraordinario de nulidad, esta Corte tiene dicho que las vías extraordinarias sólo proceden contra las sentencias definitivas, es decir, aquéllas que ponen fin al proceso que motivó el pleito, pero no contra las decisiones que puedan plantearse durante su ejecución las que, en principio, deben quedar concluidas en la instancia ordinaria (conf. doctr. causas C. 122.978, "Palladino", resol. de 26-XII-2018; C. 123.116, "Ortega", resol. de 5-VI-2019; C. 125.264, "Rositto", resol. de 10-VIII-2022 y C. 125.917, "Neto Olinda", resol. de 19-XII-2022).
Además, deviene oportuno destacar que en numerosos precedentes se ha dicho que corresponde relacionar el concepto de sentencia definitiva con la posibilidad de cancelar vías hábiles para lograr la reparación del derecho lesionado y la imposibilidad de renovar la cuestión en otra oportunidad procesal u otro juicio (causas C. 118.511, "Caligiuri", resol. de 28-V-2014; C. 121.925, "Toledo", resol. de 20-XII-2017; C. 124.333, "Galarza", resol. de 23-XII-2020 y C. 126.392, "Comisión mixta del sector industrial planificado de Almirante Brown", resol. de 29-IX-2023).
Frente a la resolución desestimatoria de la vía anulativa, la interesada se limitó a sostener que la decisión puesta en crisis mediante el canal extraordinario denegado le genera un gravamen irreparable. En tal sentido, de la lectura del escrito impugnativo se aprecia que la parte presenta agravios relacionados al embargo que motivara su intervención. Así, se advierte que las manifestaciones vertidas en el recurso de hecho, además de ser meramente genéricas respecto del perjuicio invocado, omiten toda consideración acerca del fundamento claramente expresado por la Cámara al denegar la vía revisora -falta de definitividad del pronunciamiento impugnado-, desentendiéndose del mismo, con lo cual no se satisface cabalmente la carga técnica antes mencionada, lo que determina el rechazo de la queja debido a la insuficiencia de su fundamentación (conf. doctr. causas C. 122.022, "Szabady", resol. de 7-III-2018; C. 122.453, "Acha Plast S.A.", resol. de 27-VI-2018; C. 122.872, "Mena", resol. de 13-III-2019 y C. 123.811, "Fernandez", resol. de 11-II-2021).
Por lo demás, debe señalarse que de acuerdo a los términos del fallo impugnado y en el marco procesal descripto, no se aprecia -en principio- la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia extraordinaria para la parte recurrente. Ello toda vez que, no obstante alegarse la supuesta afectación de garantías constitucionales y convencionales -como las de acceso a justicia, derecho de defensa y propiedad que se mencionan (v. escrito de queja de 10-XII-2023)-, en la decisión impugnada se resuelven cuestiones concernientes a la interpretación y aplicación de normas de derecho común y procesal, sin que en el remedio extraordinario se haya demostrado a este respecto que se encuentre involucrada, de manera directa e inmediata, una cuestión de tal linaje (conf. doctr. causas C. 121.885, "Andersen", resol. de 11-X-2017; C. 122.590, "Lemos", resol. de 22-VIII-2018; C. 122.447, "Israel Silicaro", resol. de 18-XII-2019; C. 123.632, "Aveldaño", resol. de 11-III-2020 y C. 125.999, "Arévalo", resol. de 23-III-2023).
III. Finalmente y en cuanto al escueto planteo de falta de juzgamiento con perspectiva de género (v. escrito de 10-XII-2023), no resulta óbice destacar el papel fundamental que en nuestro ordenamiento jurídico interno ocupa la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Este instrumento robustece el principio de igualdad y no discriminación, resultando ser de orden público -salvo las excepciones allí contempladas- y de aplicación obligatoria para los jueces, pues resulta ser transversal de todo el ordenamiento jurídico interno (arts. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 16 ley 26.485). Del mismo se extrae la importancia de contar con una justicia que ponga el énfasis en juzgar con perspectiva de género, obligada mirada que no solo está presente en esta ley sino también -con mucha fuerza- en el Código Civil y Comercial.
Esta obligada mirada que impone el paraguas protector de la normativa aplicable al caso al ejercicio jurisdiccional (arts. 2, 3, 6 y 7 incs. "b", "d", "f" y "g" de la Convención de Belém do Pará; 3 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 24 de la Convención Americana; Observación General 21 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, párrs. 10, 12 y 17; Recomendación General 28 de la C.E.D.A.W., párr. 18; Observaciones Finales de la C.E.D.A.W. sobre Argentina del 16 de agosto del 2010, puntos 23 y 24; art. 16 incs. "e", "i", ley 26.485) posibilita el nacimiento de cambios profundos tendientes a garantizar una vida libre de violencia.
Sentado ello, cabe observar que ni del acotado marco de lo que viene en esta oportunidad a conocimiento de la Corte y lo allí resuelto, ni de los argumentos vertidos en el remedio en estudio, se desprende que las decisiones dictadas en la instancia ordinaria que aquí se pretenden impugnar de algún modo afecten los derechos de la recurrente amparados por la normativa constitucional y convencional citada.
Con relación a ello, corresponde también aclarar que el precedente de esta Corte citado en la queja (v. escrito electrónico de 10-XII-2023), no resulta aplicable al supuesto de autos, toda vez que se refiere a situaciones diversas a la aquí traída.
En virtud de todo lo expuesto, el insuficiente planteo traído en la queja a fin de evidenciar el desacierto de la resolución denegatoria cuestionada determina su rechazo (arts. 292, CPCC y 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812; conf. doctr. causas C. 123.953, "Magnone", resol. de 29-VI-2020; C. 125.084, "Petplast S.A.", resol. de 5-XI-2021; C. 124.310, "Malaplat", resol. de 2-III-2021 y C. 126.927, "Ferraiuolo", resol. de 27-XI-2023).
Se impone, asimismo, declarar inoficioso a los fines regulatorios el escrito que contiene el recurso de hecho traído ante esta Corte (art. 30, ley 14.967; doctr. causas cits.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Desestimar la queja traída por encontrarse insuficientemente fundada (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812; 292, CPCC) y 2) declararla inoficiosa a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/08/2024 18:22:48 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/08/2024 13:20:46 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2024 11:06:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/09/2024 09:06:42 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2024 09:44:54 - LASCANO Maria Cecilia Zulema - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/09/2024 10:56:33 hs. bajo el número RR-659-2024 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia